La Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional pusieron en evidencia a una red
ilegal que sería la responsable de adulterar medicamentos para enfermedades de alto costo y
de uso exclusivo del sistema de salud, para ponerlos a la venta en Medellín (Antioquia),
Montería (Córdoba), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).
La organización ilegal, al parecer, obtenía los productos de manera subrepticia en Entidades
Prestadoras de Salud (EPS). Posteriormente, les modificaba las fechas de vencimiento y lotes
de fabricación, les cubría las leyendas de uso institucional, y los comercializaba a un mayor
costo.
Durante la investigación se conoció que los tratamientos alterados, presuntamente, fueron
distribuidos a través de una asociación dedicada a la atención de personas enfermas de cáncer
en Antioquia, y en cadenas de droguerías de diferentes ciudades.
De igual forma, se estableció que se habrían ofrecido sin autorización medicamentos que
producen adicción o dependencia, elaborados con narcóticos y opioides, los cuales tienen una
restricción y regulación especial.
En 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y Montería fueron
capturados 11 señalados integrantes de la estructura. En los procedimientos se detectó lo que
sería una fábrica ilegal de cosméticos, centros de almacenamiento de medicamentos vencidos
o en mal estado, así como los lugares en los que se alteraban cajas y empaques. En total, fue
incautada una tonelada de productos.
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los detenidos, según el posible nivel de participación, delitos como: usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; y estímulo al uso ilícito.
Entre los procesados está el presunto cabecilla de la red, Ramón Antonio Pérez Díaz, supuesto
socio capitalista del andamiaje ilegal, y a quien se le atribuye la posible distribución a gran escala de opioides sintéticos y sustancias médicas de uso controlado que generan dependencia.
Los demás investigados cumplían diferentes roles ilícitos. Algunos serían los encargados de
conseguir mediante diferentes maniobras los medicamentos, otros los alteraban y modificaban
su presentación, y un grupo se dedicaba a la comercialización. Ellos son:
• Pedro Rafael Negrete Daguer.
• Jorge David Figueroa Beltrán.
• Jesús Alberto Negrete Marrugo.
• Orlando José Laguna Ortiz.
• Mary Luz Hernández Moreno.
• Giovanny Montoya Márquez.
• Cristian Camilo Orrego Monsalve.
• Javier Alberto Henao Orrego.
• Nora Nancy Martínez Bustamante.
• Rubén Darío Ramírez Ramírez.
