La Defensoría del Pueblo advirtió que la crisis hospitalaria en Colombia se intensifica debido a las millonarias deudas que las EPS mantienen con clínicas y hospitales, en especial la Nueva EPS, que concentra más del 22 % de los afiliados en el país.
De acuerdo con la entidad, los incumplimientos en los pagos afectan la sostenibilidad del sistema de salud, pues dificultan el cubrimiento de nóminas, la compra de insumos y la continuidad en la prestación de servicios. Aunque se han establecido mesas de conciliación y acuerdos de pago, estos compromisos no se han materializado.
El panorama más crítico se vive en regiones como el Eje Cafetero, donde la deuda de la Nueva EPS con hospitales públicos supera los $260.000 millones, lo que llevó a declarar alerta roja en Risaralda y Quindío. En Chocó, el Hospital San Francisco de Asís enfrenta una sobreocupación del 287 % y un déficit mensual de $5.500 millones. A su vez, en Sucre se anuncian cierres de servicios desde el 1 de octubre, en Cesar las deudas superan los $190.000 millones y en Amazonas los giros resultan insuficientes para operar.
La crisis también se evidencia en la voz de los pacientes. Entre enero de 2024 y agosto de 2025 se presentaron más de un millón de tutelas en salud, principalmente por demoras en procedimientos médicos, entrega de medicamentos y asignación de citas. En paralelo, la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de 695.000 quejas por falta de suministro de medicamentos en el mismo periodo.
La Defensoría alertó que, además de los problemas financieros, hay un desabastecimiento de 584 medicamentos que afectan a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, afecciones neurológicas y de salud mental. Según la entidad, la falta de pagos de las EPS, encabezada por la Nueva EPS, no solo compromete la viabilidad hospitalaria, sino que vulnera directamente el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
