La junta directiva de Ecopetrol se reúne para analizar la situación del presidente Ricardo Roa, en medio de investigaciones judiciales en su contra por presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades en campañas políticas.

Durante la sesión, el máximo órgano de la compañía estudia tres escenarios: ratificar a Roa en el cargo con un seguimiento especial a su situación legal, solicitarle una licencia temporal o pedir su renuncia con el fin de proteger la estabilidad y reputación de la empresa.

Hasta marzo de 2026, la junta había reiterado su respaldo al directivo, apelando a la presunción de inocencia, aunque manteniendo un monitoreo constante sobre los posibles impactos financieros y regulatorios derivados de los procesos en curso.

De acuerdo con las investigaciones, Roa fue imputado por la Fiscalía General de la Nación ante un juzgado de Bogotá, por supuestamente intervenir en la asignación de un contrato a un empresario vinculado a la compra de un apartamento avaluado en 1.800 millones de pesos, operación que presenta pagos diferidos bajo sospecha. Asimismo, enfrenta otro proceso relacionado con presuntos sobrecostos en la campaña presidencial de 2022.

En medio de este panorama, la Unión Sindical Obrera ha solicitado su retiro temporal, aumentando la presión sobre la junta directiva. Entre tanto, la empresa ha insistido en que cualquier decisión se tomará bajo criterios objetivos, con el propósito de preservar la confianza de inversionistas y del mercado.