Autor: Editor General

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, concluyó una visita oficial a la República Popular China, donde participó en el Foro de Reducción de la Pobreza y Desarrollo y sostuvo encuentros con altos funcionarios del gobierno de ese país para fortalecer la cooperación bilateral y ampliar las oportunidades para el sector agropecuario colombiano.

Uno de los principales resultados de la gira fue el anuncio de la Administración General de Aduanas de China (GACC) sobre la aceleración del proceso de admisibilidad sanitaria y fitosanitaria del cacao colombiano. La ministra destacó que este producto es estratégico para el desarrollo rural, la sustitución de economías ilícitas y la construcción de paz, al tiempo que reiteró el interés de Colombia en aumentar las exportaciones de café, banano, lima Tahití, aguacate y otras frutas al mercado chino.

Durante una reunión con el viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Zhang Zhili, ambas delegaciones acordaron profundizar la cooperación en transferencia tecnológica, investigación, industrialización agrícola, formación de talento humano y fortalecimiento de las cadenas productivas de café y cacao. Asimismo, se planteó ampliar el comercio agropecuario y promover nuevas inversiones chinas en el campo colombiano.

En el Foro de Reducción de la Pobreza, Carvajalino destacó la importancia de la reforma agraria, la inversión pública y la agroindustrialización para combatir la pobreza rural. También resaltó la experiencia china, país que logró sacar de la pobreza extrema a cerca de 800 millones de personas, como un referente para el desarrollo de otras naciones.

La agenda incluyó además la participación de Colombia en la Alianza Contra el Hambre y la Pobreza, reuniones con empresas interesadas en productos agrícolas colombianos y una rueda de prensa en la que la ministra presentó los resultados de la visita. Según señaló, los avances alcanzados fortalecen la apertura de mercados, la cooperación tecnológica y las relaciones bilaterales, generando nuevas oportunidades para el crecimiento y la modernización del sector agropecuario nacional.

Tras el caso de Yulixa Toloza, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) pidió avanzar en una regulación más estricta para los procedimientos quirúrgicos con fines estéticos y reiteró la necesidad de fortalecer los controles frente al ejercicio ilegal de la medicina.

A través de un comunicado, el gremio señaló que esta situación reabre una discusión que la comunidad científica ha promovido durante años: establecer reglas claras sobre quiénes pueden realizar este tipo de intervenciones y bajo qué condiciones. La organización recordó que ha participado en varias iniciativas legislativas sobre la materia, aunque ninguna ha logrado convertirse en ley.

Según la SCCP, los debates adelantados en el Congreso permitieron identificar falencias relacionadas con la formación del personal médico, la vigilancia sanitaria, la habilitación de servicios de salud y los mecanismos para combatir las prácticas irregulares.

La entidad también manifestó preocupación por la creciente promoción de procedimientos estéticos en redes sociales y plataformas digitales, donde con frecuencia circula información insuficiente o no verificada. Por ello, insistió en que los pacientes deben contar con orientación clara y confiable antes de tomar decisiones que comprometan su salud.

La presidenta de la SCCP, Damaris Romero Chamorro, afirmó que la seguridad de los pacientes debe ser la prioridad y reiteró la disposición del gremio para aportar su experiencia técnica en futuras reformas. Además, recordó que en Colombia no existe una especialidad médica denominada “cirugía estética”, sino la de cirugía plástica estética y reconstructiva, que exige formación académica y entrenamiento quirúrgico certificado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que los próximos 3, 4 y 5 de junio realizará en Villavicencio la Audiencia de Reconocimiento por los casos de falsos positivos ocurridos en el Meta entre 2002 y 2007.

Durante la diligencia, los generales en retiro Francisco José Ardila y Carlos Ovidio Saavedra, excomandantes de la Brigada 7 del Ejército, junto con varios coroneles, oficiales y suboficiales retirados, reconocerán su responsabilidad y pedirán perdón por 209 ejecuciones extrajudiciales documentadas por el tribunal.

Entre los comparecientes también figuran los excomandantes del Batallón Vargas, coroneles retirados Alejandro Cabuya y Néstor Sánchez Aguirre, así como antiguos mandos del Gaula Meta. Además de los falsos positivos, los exmilitares se pronunciarán sobre los vínculos que mantuvieron con estructuras paramilitares que operaban en la región.

Según la investigación de la JEP, apoyada en expedientes de la Fiscalía y de Justicia y Paz, integrantes del Batallón Vargas habrían coordinado acciones con el Bloque Centauros de las AUC. El tribunal estableció que, en el marco de esa relación, se cometieron al menos 117 ejecuciones extrajudiciales con participación de miembros de las Autodefensas.

La JEP señaló que estos hechos causaron graves afectaciones a las víctimas, sus familias y comunidades. Asimismo, informó que los coroneles retirados Jorge Enrique Galarcio y Fernando Ortiz González, quienes no aceptaron responsabilidad, fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para avanzar hacia juicio. En cuanto al general retirado Carlos Eduardo Ávila, su situación jurídica continúa siendo evaluada por la Sala de Reconocimiento.

A pocas horas de la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales de 2026, Colombia se prepara para una nueva jornada democrática en la que los ciudadanos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo 31 de mayo. La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en los puestos de votación dispuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el país.

Los candidatos que aspiran a la Presidencia son Iván Cepeda, junto a Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial; Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo; Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo; Sergio Fajardo y Edna Bonilla; Claudia López y Leonardo Huerta; Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas; Sondra Macollins y Leonardo Karam; Roy Barreras y Martha Lucía Zamora; Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre; Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas; y Gustavo Matamoros con Mila María Paz.

Aunque en el tarjetón también aparecen los nombres de Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, ambos retiraron sus candidaturas para respaldar la aspiración de Iván Cepeda. Por esta razón, el Consejo Nacional Electoral informó que los votos depositados a su favor serán contabilizados como tarjetas no marcadas.

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos, los dos aspirantes más votados avanzarán a una segunda vuelta presidencial, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la legislación electoral colombiana.

El Gobierno de Colombia respondió al anuncio realizado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la eliminación de los aranceles a los productos colombianos a partir del próximo 1 de junio, aclarando que esta decisión no puede interpretarse como resultado de gestiones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

A través de un pronunciamiento, la Cancillería señaló que el levantamiento de los aranceles corresponde al cumplimiento de las normas y compromisos establecidos en el marco de la Comunidad Andina (CAN), y no a acuerdos o iniciativas de carácter electoral.

Además, el Gobierno expresó su rechazo a lo que considera una intervención indebida en la campaña presidencial colombiana. Según indicó, las declaraciones realizadas durante la transmisión representan una vulneración al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado.

“Rechazamos la deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia. Esta intromisión constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos”, señaló la Cancillería en su comunicado.

La controversia surgió luego de que Daniel Noboa anunciara la eliminación de los aranceles durante una conversación transmitida por redes sociales junto a Abelardo de la Espriella, asegurando que la medida entrará en vigencia desde el 1 de junio de 2026.

El Gobierno Nacional informó que culminó el pago total del Total Return Swap (TRS), una operación que hace parte de la estrategia de manejo de deuda pública y que, según el Ministerio de Hacienda, contribuirá a fortalecer las finanzas del país y reducir su vulnerabilidad frente a choques externos.

La cartera destacó que la cancelación de este instrumento permitió disminuir los costos de endeudamiento, mejorar la posición financiera de la Nación y avanzar en la reducción de la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales.

Como resultado de esta estrategia, la deuda externa pasó de representar el 41,8 % del total de la deuda pública al cierre de 2022 a cerca del 24,1 % en mayo de 2026, uno de los niveles más bajos registrados en los últimos años.

Asimismo, el Ministerio señaló que la deuda neta de la Nación se ubica actualmente alrededor del 57 % del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que estimaban niveles cercanos al 63 % para 2026.

El presidente Gustavo Petro destacó que la reducción de la deuda externa fortalece la capacidad del país para enfrentar eventuales crisis económicas internacionales y mejora la estabilidad de las finanzas públicas.

De igual forma, Hacienda informó que el Tesoro Nacional cerró la última semana de mayo con niveles de liquidez cercanos a los 27 billones de pesos, lo que, según la entidad, proporciona una mayor capacidad para atender las necesidades de financiamiento del Estado y consolidar una posición fiscal más sólida.

La industria de autopartes y motopartes en Colombia genera actualmente más de 560.000 empleos, pero enfrenta un desafío persistente: la alta informalidad laboral. Así lo advirtió la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes), al presentar los resultados más recientes del Radar de las Autopartes-CVN, elaborado con base en cifras del DANE.

Según el gremio, las actividades de reparación, mantenimiento, comercialización y fabricación de autopartes representan el 2,32 % del empleo nacional. Sin embargo, cerca del 48 % de los trabajadores del sector aún se desempeña en condiciones de informalidad, lo que limita el acceso a estabilidad laboral, protección social y mayores niveles de productividad.

Asopartes señaló que la formalidad laboral alcanzó el 52 % en febrero de 2026, una mejora frente al año anterior, aunque todavía persisten importantes retos. Para el presidente del gremio, Carlos Andrés Pineda Osorio, el objetivo ya no es únicamente conservar los puestos de trabajo, sino avanzar hacia mejores condiciones laborales y mayores niveles de competitividad.

“El gran reto ahora no es solo seguir generando empleo, sino avanzar decididamente en la formalización y en mejores condiciones de competitividad para quienes hacen parte de esta actividad económica”, afirmó el dirigente.

Las cifras muestran que el segmento de comercio, reparación y mantenimiento de vehículos concentra más de 407.000 trabajadores, equivalentes al 72,7 % del empleo sectorial. A esto se suman cerca de 116.000 empleos vinculados al comercio y reparación de motocicletas, alrededor de 12.000 en fabricación de partes y piezas, y otros 25.000 en actividades complementarias de la industria motriz.

El informe coincide con la recuperación del mercado laboral colombiano. De acuerdo con datos del DANE citados por Asopartes, el país registró 24,1 millones de personas ocupadas a febrero de 2026, con más de 600.000 empleos adicionales frente al mismo periodo del año anterior. En este contexto, la rama de comercio y reparación de vehículos y motocicletas continúa siendo la actividad económica que más empleo genera en Colombia, con 4,1 millones de ocupados y una participación del 17,3 % sobre el total nacional.

Además de combatir la informalidad, el gremio considera prioritario fortalecer la capacitación técnica del talento humano, promover la legalidad y mejorar las condiciones de competitividad para garantizar la sostenibilidad de la industria frente a las nuevas exigencias del mercado automotor.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que a partir del próximo 1 de junio quedará eliminada la denominada «tasa de seguridad» que gravaba las importaciones provenientes de Colombia.

El anuncio se produjo durante una conversación con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien divulgó el encuentro en sus redes sociales a dos días de las elecciones. Según Noboa, la decisión se tomó tras dialogar con el aspirante y conocer su propuesta de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Por su parte, De la Espriella aseguró que, de llegar a la Presidencia, buscará estrechar las relaciones con Ecuador y adelantó que sostendría un encuentro con Noboa en la zona fronteriza para fortalecer el trabajo conjunto entre ambos países. El candidato figura segundo en varias encuestas de intención de voto, detrás de Iván Cepeda y por delante de Paloma Valencia.

La eliminación del arancel se produce en medio de las tensiones comerciales surgidas a comienzos de año, cuando el Gobierno ecuatoriano impuso el gravamen argumentando preocupaciones por la seguridad en la frontera común. La medida comenzó con una tarifa del 30 %, luego aumentó al 50 % y desde el pasado 1 de mayo había alcanzado el 100 %, generando críticas de empresarios y comerciantes de ambos países.

El Frente de Guerra Oriental del ELN informó que dejó en libertad a Alfredo Iván Guzmán, quien había sido secuestrado el pasado 25 de mayo en el municipio de Tame, Arauca.

A través de un comunicado, la guerrilla señaló que la retención obedeció a labores de seguridad y control territorial. Asimismo, aseguró que, tras realizar las respectivas verificaciones, no encontró vínculos entre Guzmán y las actividades atribuidas a su padre, el exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, a quien señala de presuntos secuestros, despojos y homicidios de campesinos en Arauca.

En la misma acción, el grupo armado también dejó en libertad a Plácido Ovallos, de 58 años y residente en el municipio de Fortul. Según el ELN, durante las indagaciones no se logró establecer ninguna relación del hombre con estructuras paramilitares.

La organización insurgente afirmó que ambas liberaciones se realizaron en cumplimiento de sus procedimientos internos y bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, lanzó una advertencia sobre los graves riesgos para la salud asociados al consumo de la sustancia conocida como “Tusi”, luego de recientes casos de complicaciones médicas reportados por la Secretaría de Salud de Antioquia y atendidos en Medellín.

De acuerdo con la entidad, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Observatorio de Drogas de Colombia realiza desde 2013 un seguimiento a esta droga mediante el análisis de muestras recogidas en entornos de consumo, evidenciando que el “Tusi” no tiene una composición fija y puede contener múltiples sustancias psicoactivas y adulterantes.

Entre los componentes identificados en distintas muestras se encuentran derivados anfetamínicos como MDMA, MDA y metanfetamina, además de ketamina, cafeína y paracetamol. También se han detectado otras sustancias como PMMA, oxicodona, tramadol, clonazepam, cocaína y catinonas sintéticas, lo que refleja la alta variabilidad y peligrosidad de su composición.

Asimismo, los análisis han encontrado adulterantes como fenacetina, fluoxetina, pregabalina, lidocaína, aminopirina, y en algunos casos medicamentos de uso veterinario como levamisol y xilazina. Según el Ministerio, algunas muestras pueden contener hasta nueve sustancias diferentes, lo que incrementa significativamente el riesgo para la salud y dificulta predecir sus efectos.

La entidad advirtió que esta variabilidad podría generar nuevos casos en diferentes regiones del país, debido a la expansión del consumo y a la naturaleza impredecible de las mezclas utilizadas en su fabricación. En los casos recientes se han reportado principalmente afectaciones vasculares, aunque también podrían presentarse daños en órganos como la vejiga y el sistema urinario.

El Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que el Sistema de Alertas Tempranas ha puesto a disposición su equipo técnico para fortalecer la recolección y análisis de muestras, con el fin de generar evidencia científica que permita comprender mejor los efectos de esta sustancia.

Finalmente, el Gobierno nacional hizo un llamado al sector salud para reforzar la vigilancia epidemiológica y el seguimiento a personas con antecedentes de consumo de “Tusi”, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y reducción de riesgos asociados a esta droga.