Nuevos enfrentamientos estallaron el martes en Francia en las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, cuyo gobierno invitó a los sindicatos a una reunión la próxima semana tras rechazar un pedido de «mediación» inicial.
En esta nueva movilización social, la policía reprimió a manifestantes en París y otras ciudades de Francia. Desde el Gobierno ya preveían que podía haber disturbios y dispuso 5.000 policías en las calles de la capital para «contener» la protesta.
Las centrales sindicales son la punta de lanza de la movilización contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, pero la decisión el 16 de marzo de Macron de aplicarla por decreto radicalizó las protestas.
Las centrales sindicales piden la retirada de esta reforma que retrasa la edad de jubilación para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una pensión completa.
Los disturbios e incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad continuaron este martes en decenas de ciudades de Francia, de Lille (norte) a Toulouse (sur), pasando por Rennes (oeste) o Lyon (este), pero de menor intensidad.
«Un total de 750.000 personas se reunieron en Francia, incluidas 93.000 en París», informó la cadena de televisión BFMTV, que citó al Ministerio del Interior francés, mientras que desde la CGT estimaron que hubo alrededor de dos millones de manifestantes en todo el país. Industriales, comerciantes, sindicalistas y estudiantes expresaron su rotundo rechazo a las medidas de Macron.
El polémico General (R) Rodolfo Palomino publicó en su cuenta de Twitter sobre el accidente que sufrió en una vía en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca, donde suele transitar en su bicicleta y un carro lo chocó fuertemente, causándole una lesión en la cadera, que por ahora no afectaría su salud.
Según el exoficial, todo se debió a una imprudencia de dos vehículos que terminaron embistiéndolo, además invitó a todos los conductores del país a que tengan precaución con las personas que andan en bicicleta por las vías pues son las más vulnerables en estos accidentes.
“Mi Dios es muy grande, ojalá los conductores temerarios que usan las vías para competir entiendan que la osadía no se mide en kms por hora”, escribió el general (r) sobre le hecho, en el que mostró cómo quedaron los dos vehículos, uno de ellos terminó contra un poste y el otro perdió una llanta.
Luego del aparatoso accidente de tránsito del que fue víctima el exdirector Rodolfo Palomino, fue atendido primero en el Hospital de Sesquilé y después lo trasladaron al Hospital Central de la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación informó por medio de un comunicado que en uso de las facultades legales y constitucionales que le asisten; y en atención al principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, expidió la Resolución 0-0153 del 24 de marzo de 2023, mediante la cual suspende todas y cada una de las órdenes de captura contra las personas que el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reconoció en la Resolución No. 038 del 8 de marzo 2023, como representantes con estatus político del grupo armado autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, y que integrarán el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV).
Las personas sobre las cuales tiene efecto esta decisión son: Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño.
La presente disposición estará vigente hasta el 30 de junio de 2023, y será comunicada a la INTERPOL y a otras autoridades para efectos de que se dé inmediato y estricto cumplimiento.
De esta manera, se reitera el compromiso de la Fiscalía General de la Nación y del Fiscal General de apoyar, desde sus competencias, las decisiones que beneficien la obtención de la paz.
El Papa Francisco pidió este viernes a los obispos de Colombia respaldar todo esfuerzo por la paz del país, durante la visita que hicieron a Roma los dignatarios de la Iglesia católica.
El grupo de prelados colombianos concluyó la visita ad limina, que realizan periódicamente los obispos a Roma, para visitar diversos sitios sagrados e informar la situación de sus territorios eclesiásticos.
“Nos dice el Papa que tenemos que tener mucha paciencia en los procesos de paz. Y a veces pretendemos que todo se logra de un momento a otro, cuando hay tantas rupturas, cuando hay tantas diferencias, cuando ha sido un proceso de violencia largo en el caso de nuestro país”, dijo el Arzobispo de Nueva Pamplona, monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, en una rueda de prensa ofrecida en el Vaticano.
Agregó que el Pontífice les advirtió que deben “tener paciencia, ir aclimatando la paz, rodear las buenas acciones, rodear siempre a los dirigentes que busquen la paz, sea quien sea, de la corriente que sea; también ser críticos cuando las cosas creemos que no se hacen bien, tener esa libertad para presentar también los caminos”, expresó.
En el encuentro con el Papa participaron también el Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis José Rueda Aparicio; y los obispos de Florencia, Ómar de Jesús Mejía Giraldo; Ibagué, Orlando Roa Barbosa; Tunja, Gabriel Ángel Villa; Villavicencio, Misael Vacca Ramírez, y San José del Guaviare, Nelson Jair Cardona Ramírez.
Los obispos informaron que el Papa Francisco también habló con ellos sobre la importancia de proteger la Amazonía y luchar contra la corrupción.
Esta terna, conformada por Germán Alberto Bahamón Jaramillo, Sandra Morelli Rico, Santiago Pardo Salguero, se presentará el próximo 27 de abril al Congreso Nacional de Cafeteros (Extraordinario), que como máxima autoridad e instancia de deliberación gremial elegirá al (a) nuevo (a) gerente general, en sucesión de Roberto Vélez Vallejo, quien deja importantes logros de gestión.
Cada uno de los candidatos de la terna cuenta con la trayectoria y capacidades profesionales y personales necesarias para dirigir el gremio agrícola más importante del país.
Entre el 27 de marzo y el 14 de abril, los candidatos deberán presentar sus propuestas y/o programas ante cada uno de los 15 comités departamentales de cafeteros, con base en un cronograma y reglas definidas y aprobadas hoy por el Comité Nacional.
Para facilitar el diálogo y la retroalimentación entre los tres candidatos finalistas y los caficultores colombianos, la FNC pondrá a su disposición, en igualdad de condiciones, todos sus canales de comunicación nacional.
Conozca los perfiles de la terna al cargo de gerente general de la FNC
Tras un análisis riguroso de sus hojas de vida, trayectoria y capacidades profesionales, el Comité Nacional de Cafeteros seleccionó la terna final de candidatos al cargo de gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Esta terna se presentará el próximo 27 de abril al Congreso Nacional de Cafeteros (Extraordinario), que como máxima autoridad e instancia de deliberación gremial elegirá al nuevo gerente.
Germán Alberto Bahamón Jaramillo
Huilense, ingeniero de producción agroindustrial por la Universidad de la Sabana, con especialización en mercadeo estratégico por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y en mercadeo ejecutivo por la Escuela de Administración Kellog, de la Universidad Northwestern, en Chicago. Ha sido profesor y catedrático.
Profesional y líder en los sectores público y privado, con más de 20 años de experiencia en cargos de dirección general en Ecuador, Centro América y Caribe, Colombia y México, en algunas de las empresas más reconocidas a escala global como Apple, Sony Ericsson, Sony Corp, Kimberly Clark y Alqueria. Con experiencia en trabajo con comunidades desfavorecidas y formalización de tierras.
Caficultor, con cultivo propio, de tercera generación, emprendedor cafetero con enfoque en la producción de cafés de alta calidad y exportación con valor agregado. Creador de la marca de café especial Zuluaga Coffee (tienda en línea y física), con integración completa de la cadena (producción, transformación y venta al consumidor final), en Gigante, Huila.
Sandra Morelli Rico
Bogotana, abogada por la Universidad Externado, donde se graduó con honores. Tiene estudios de posgrado en derecho administrativo y ciencia de la administración en la U. de Bolonia, Italia, con breves estancias en la Sorbona de París (como becaria) y en la U. de Yale, EEUU.
Ha sido catedrática en el país y en el exterior, e investigadora de tiempo completo, con múltiples publicaciones. Creó y dirigió la revista Derecho del Estado. Es socia fundadora y representante legal de Morelli Abogados.
Ha ocupado varios cargos públicos, entre ellos Contralora General de la República (2010-14) siendo la primera mujer en este cargo.
En 1998 fue directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros, siendo también una de las primeras mujeres directivas de la FNC y cuyo rol institucional como administradora del Fondo Nacional del Café (FoNC) defendió, entre otras acciones en beneficio de los productores, incluida la explotación de la marca Juan Valdez. Ha sido asesora de Almacafé.
Es consciente de que de una relación armoniosa y respetuosa entre la FNC y el Gobierno depende el mejoramiento de las condiciones de vida de los caficultores y la estabilidad financiera de los recursos administrados.
Ampliar la frontera cafetera, intensificar la producción de arábigo, buscar nuevos canales de consumo de café, canalizar transferencias monetarias y no monetarias (subsidios) a los productores, racionalizar costos administrativos para aumentar el número de extensionistas y trabajar con los gobiernos departamentales y municipales para mejorar el nivel educativo de las familias cafeteras y el acceso a la atención en salud son algunas propuestas que plantea.
Santiago Pardo Salguero
Bogotano, economista por la Universidad de los Andes, con maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York, con más de 15 años de experiencia en cargos directivos en el sector gremial y en el sector público, en tres diferentes gobiernos.
Ha liderado equipos multidisciplinarios, con logros concretos en áreas relacionadas con el sector cafetero, gestión gremial, diplomacia, asuntos públicos, comercio internacional, negociaciones comerciales, relaciones internacionales, atracción de inversiones y cooperación.
Su experiencia ha estado ligada por años al sector cafetero colombiano desde diferentes perspectivas.
En el ámbito gremial, como representante en Asia de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) entre 2011 y 2019, donde consolidó alianzas comerciales de valor agregado con la industria de café en Asia para café verde, café instantáneo y extracto de café, y fomentó la implementación de proyectos sociales y sostenibles para las familias caficultoras, entre otros logros, y desde las posiciones que ocupó en Analdex y el Consejo Gremial Nacional.
Y en el sector público, como jefe negociador de los tratados comerciales, donde consiguió mediante un trabajo mancomunado con la FNC, condiciones preferenciales permanentes para el café y productos de café, que han posibilitado ampliar y diversificar las exportaciones en diferentes mercados, y como embajador de Colombia en Japón donde promovió la diplomacia cafetera y la promoción del café colombiano, considerando que dicho país ha sido tradicionalmente de los principales destinos de las exportaciones colombianas de café y productos de café.
El Embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, anunció la reactivación de los canales de comunicación con el Instituto Nacional de Migración (Inami) de ese país, que permitirá revisar la atención a los colombianos y los procesos de inadmisión.
Este nuevo paso en las relaciones bilaterales se dio en medio de una visita al aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México (CDMX), por parte del Embajador Ninco; el Comisionado del Inami, Francisco Garduño Yañez, y el Cónsul General en CDMX, Andrés Hernández.
“Con una gran disposición y apertura, el Instituto Nacional de Migración nos permitió revisar cómo se hacen los procedimientos de ingreso, segunda revisión e inadmisión, sobre los cuales compartimos nuestras observaciones poniendo en el centro los derechos de las y los connacionales”, explicó el representante de Colombia en México a través de su cuenta de Twitter.
Colombia y México reactivan los canales de comunicación para atender temas migratorios, anuncia Embajador Ninco Daza
Agregó además que, durante el encuentro, se compartieron experiencias sobre las condiciones de espera de las personas que llegan a Colombia.
Finalmente, el Embajador agradeció la disposición y colaboración de las autoridades mexicanas al establecer esta nueva dinámica de trabajo con la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Inam y Migración Colombia, ratificando así el compromiso del Gobierno del Cambio con los derechos humanos y las relaciones entre las dos naciones.
El Gobierno del Cambio radica este miércoles una reforma que garantiza una renta básica de jubilación para 2,5 millones de adultos mayores de 65 años sin posibilidad de pensión e implementa en Colombia un sistema de pilares para hacer más equitativo el régimen de pensión y amplía su cobertura.
La Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, calificó esta iniciativa como “un cambio cualitativo. Es decir, pasamos de un régimen que está en competencia y paralelo a un régimen unificado. Esto nos va a garantizar que a diferencia de lo que ocurre hoy que, por cada cuatro adultos mayores, solo uno alcanza la pensión, que efectivamente este derecho lo extendamos a muchos más colombianos y colombianas”.
Sistema de pilares
El pilar solidario se aplicará a todos los mayores de 65 años en el país, cobijará a 2.596.098 de personas que corresponden a la población vulnerable (hasta el nivel C3 del Sisben). A esta población se les otorgará una renta equivalente a $223.800, equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para el 2024.
El pilar semicontributivo asignará una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual de una Administradora de los Fondos de Pensiones (AFP). Para recibir, el proyecto establece que el beneficiario debe ser mayor de 65 años, haber cotizado mínimo 150 y máximo 999 semanas.
Las personas de este grupo, que además estén hasta el nivel C3 del Sisben, recibirán también el valor del pilar solidario.
En el pilar contributivo estarán todas las personas afiliadas al sistema de la siguiente manera: Colpensiones recibirá los aportes hasta tres salarios mínimos y las AFP, las cotizaciones que excedan los 3 salarios mínimos. Esas dos prestaciones se unirán o complementarán para sumar una única pensión de vejez.
Los parámetros para reconocer la pensión de vejez, tales como edad, semanas y taza de reemplazo se mantienen.
Quienes tengan capacidad de aportar mediante la figura del ahorro voluntario podrán invertir sin restricción alguna sus recursos para obtener una mejor pensión.
Fondo para el ahorro
Consiste en 20% del total aportes al sistema de cotización que recibirá Colpensiones pasará a un fondo de ahorro que aumentará ese porcentaje progresivamente cada 10 años. La creación de este sistema evitará impactos al mercado de valores y la adquisición de Títulos de Tesorería (TES).
Dichos recursos solo serán utilizados cuando el gasto de la nación en los pilares semicontributivo y contributivo, supere el 1% del PIB (Producto Interno Bruto) del año respectivo.
Cierre de brechas de género
El proyecto le apuesta a ser pionero en el cierre de brechas de género, ya que propone la reducción de casi un año por cada hijo y con un tope de 150 semanas, para compensar el trabajo de cuidado y garantizando que las mujeres se jubilen con una pensión justa.
Tenga en cuenta:
• Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes continúan igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidas por Colpensiones.
• Se respetarán los derechos adquiridos, lo que significa que las personas pensionadas mantienen las mismas condiciones.
• Se establece un término de 2 años para que las personas que, aunque les falte menos de 10 años para pensionarse y tengan 1.000 semanas o más de cotización, puedan trasladarse al régimen que más les convenga de acuerdo a lo estipulado en la Ley 100 de 1993, una vez hayan recibido la doble asesoría.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Salud y la Protección Social, y del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, por la presunta omisión de medidas frente a la posible escasez de algunos medicamentos en el país, lo que afecta los derechos fundamentales a la salud y a la vida.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se han agotado las instancias orientadas a obtener una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional, al que desde octubre de 2022 enviaron comunicaciones con solicitudes precisas e instando a garantizar el ininterrumpido suministro de medicamentos esenciales para la población, los cuales resultaron infructuosos.
El Ente de Control ha hecho requerimientos a la ministra de la cartera y al director del Instituto sobre la problemática que se presenta para los afiliados al sistema general de seguridad social debido al desabastecimiento de insumos, y pidió información acerca de las medidas adoptadas para atender la situación, que produjo incluso la declaratorio de alerta sanitaria.
La Entidad ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de individualizar los responsables, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
La Secretaría de Gestión de Riesgos del Gobierno ecuatoriano ha confirmado por el momento 13 personas ha sido confirmada como fallecidas a causa del fuerte temblor ocurrido hoy sobre las 12:15 del mediodía.
El movimiento de tierra ocurrió a una profundidad de 44 kilómetros, y a 29,12 kilómetros de Balao (Guayas), en el suroeste de Ecuador.
El terremoto fue sentido en trece provincias de todo el Ecuador, aunque los daños se centran en Guayas, Azuay, El Oro y Chimborazo, principalmente en ciudades como Cuenca, Machala y Guayaquil.
Presidente convoca al COE Nacional
El presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, convocó al Comité de Operaciones de Emergencia en el ECU-911 de Guayaquil, para tomar acciones inmediatas luego del sismo de magnitud 6,5.
El mandatario pidió a la Secretaría de Gestión de Riesgos que evalúe la situación en el cantón Balao e hizo un llamado a la población para que se informe por canales oficiales.
Finalmente, Gestión de Riesgos aseguró que no se reportan novedades en los aeropuertos de Quito y Cuenca, por lo que están operativos.
El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
Asimismo, las altas cortes internacionales indicaron que la acciones se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este.
También emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.
La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.
La Organización Mundial de Sanidad Animal reconoció a los 29 municipios de Norte de Santander, que integraban la antigua Zona de Protección I, como libres de fiebre aftosa con vacunación, luego de la solicitud elevada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Los 29 municipios son Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Chinácota, Chitagá, Cácota, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Tarra, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Silos, Tibú, Toledo y Villa del Rosario.
De acuerdo a lo informado por el ICA, la certificación se entregará a Colombia, de manera oficial, durante la 90 sesión general del organismo, que tendrá lugar en mayo de 2023 en París, Francia.
Al respecto, la Ministra de Agricultura, Cecilia López, señaló que “con este reconocimiento, el total del territorio colombiano queda certificado como libre de fiebre aftosa, lo que demuestra la fortaleza del servicio veterinario oficial y el trabajo conjunto con los ganaderos de la zona”.
Agregó, además, que “mantener la sanidad y la inocuidad del sector pecuario es una prioridad del Gobierno Nacional para garantizar la transformación del campo, la soberanía alimentaria y aportar a la construcción de la paz”.
Vale la pena resaltar que después de este reconocimiento, los productores podrán movilizar sus animales y subproductos al interior del país, cumpliendo con los requisitos establecidos.
Por su parte, el gerente encargado del Instituto Colombiano Agropecuario, Juan Fernando Roa, explicó que “este reconocimiento se da luego de que el ICA llevara a cabo las acciones tendientes a demostrar que la fiebre aftosa no está presente en esa región del país. Para tal fin, el Instituto realizó controles a la movilización, vigilancia epidemiológica, al ingreso de animales de forma ilegal y trabajó con los ganaderos para la obtención de altas coberturas de vacunación en la denominada Zona de Protección I”.
La entidad acatará las recomendaciones de la Comisión Científica de la OMSA para mantener el estatus, dentro de las que se destacan:
• Implementación completa del sistema de identificación individual para bovinos y búfalos.
• Continuar con la vigilancia epidemiológica de la enfermedad.
• Mantenimiento de altas coberturas de vacunación contra la fiebre aftosa.
La autoridad sanitaria colombiana continuará adelantando actividades para el fortalecimiento de los procesos enmarcados dentro del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa, el control a la movilización de especies susceptibles, a la ilegalidad y al contrabando. Igualmente, realiza los análisis de los estudios de ausencia de circulación viral e inmunidad para confirmar que en ninguna región del país esté presente el virus.
Ante la Secretaría General del Senado de la República, los senadores Juan Diego Echavarría Sánchez del partido Liberal y Juan Carlos Garcés Rojas del Partido de la U, radicaron el proyecto de ley 286 de 2023, que busca declarar la inembargabilidad de los seres sintientes (animales de compañía), en el Código General del Proceso.
De acuerdo a la exposición de motivos de dicho proyecto, este código establece en el art. 594 los bienes inembargables; se evidencian ciertos bienes que por sus características gozan de un amparo frente al deudor por considerarse vitales para su existencia y para resguardar derechos de carácter público y privado, amparados por la protección de la dignidad humana y el bien común.
Esta iniciativa considera que los seres sintientes ocupan en la actualidad un espacio social que debe ser protegido en amparo de derechos con mayor interés, como es la salud mental, unidad familiar y el derecho de los niños, los que prevalecen sobre los demás.
El senador liberal, uno de los autores de este proyecto, cuestionó una dificultad que se presentó en semanas anteriores, en donde se llevó a cabo un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico ante un tribunal, y en una decisión inédita se procedió a decretar el embargo de unas mascotas de compañía; después de esto a través de una acción de tutela, llegó la decisión a la Corte Suprema de Justicia quien no se pronunció a fondo.
El congresista antioqueño fue enfático en afirmar, “hoy para subsanar este inconveniente, radicamos esta iniciativa que pretende modificar el Código General del Proceso en su artículo 594, al incluir el numeral 19, que consiste en prohibir el embargo de todos aquellos seres sintientes de compañía”.
En la radicación de esta iniciativa, también se pronunció el senador del partido de la U, Juan Carlos Garcés Rojas, y adujo que no puede ser posible que hoy por unas decisiones de las Cortes, los animales puedan ser embargados, “Colombia no se imagina que puedan embargar a un perro, a un gato, a estas mascotas… con esta ley que radicamos vamos a evitar que esto suceda, seguiremos protegiendo a los animales como lo hemos venido haciendo”, aseguró.
Cabe anotar que en el texto de este proyecto de ley, también señala que la ley 1774 de 2016, por medio del cual se modifican el Código Civil, la ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, determinó que los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo que en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Dicha disposición normativa modifica la condición jurídica de los animales para que no sean categorizados como simples cosas muebles.
Una lucha real contra la desarticulación de mafias organizadas y detener las afectaciones en la salud de los campesinos, son las razones que llevaron a radicar el Proyecto de Ley 287 de 2023 ante el Senado de la República, que tiene como objetivo la prohibición del uso del glifosato para la erradicación cultivos ilícitos. Este es una de las propuestas banderas del Gobierno Nacional, que, en cabeza del presidente Gustavo Petro, busca erradicar de una vez por todas estas aspersiones en cultivos de coca.
Para la senadora Esmeralda Hernández Silva, Coalición Pacto Histórico, ponente del proyecto, “el principal método de erradicación, durante años de lucha antidrogas, ha sido la fumigación con glifosato, y hoy, después de décadas, se ha demostrado que es una estrategia inefectiva e ineficiente, y al contrario, ha estado cobijada por una falsa lucha contra la ilegalidad”.
Señaló por último la congresista Hernández Silva, que en 1997 en Colombia hubo 160 mil hectáreas de coca, y que para 2021 esta cifra ascendió a las 204 mil, lo que lo calificó como una “estrategia fracasada”.
¿Qué es el glifosato y por qué es tema de discusión?
Según Greenpeace, una ONG líder en temas ambientales, y con oficinas en más de 55 países del mundo, el glifosato se utiliza para destruir las llamadas “malas hierbas”, pues evita que las plantas produzcan las proteínas necesarias para crecer, y finalmente mueren. Al tratarse de una aspersión que no discrimina el tipo de plantas, sus residuos permanecen en los cultivos, e ingresan al ser humano mediante el consumo de alimentos.
Lo anterior, también es apoyado por la Organización Mundial de la Salud, que desde el 2015 señaló a este herbicida como “cancerígeno probable”, y causante de enfermedades endocrinas. Esta opinión no es compartida ni por la European Food Safety Authority (EFSA), la mayor autoridad sanitaria europea, ni por la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que han concluido, en densas investigaciones, que el glifosato no implica riesgo de cáncer en las personas.
Cabe precisar que la senadora Esmeralda Hernández, integrante de la comisión quinta constitucional de senado y reconocida por su activismo ambiental, no comparte estas aseveraciones, y considera urgente buscar una alternativa que sustituya esta acción, al tiempo que se interrumpe la siembra por parte de organizaciones criminales.
Recordó que en 2017, durante los Acuerdos de Paz, con la implementación de sustitución voluntaria, se logró la vinculación de 99 mil familias, se erradicaron 47 hectáreas de coca, “y la tasa de siembra después de seis años disminuyó en un 7%, y en su momento llegó al 1%”, y agregó: “Para entonces, no hubo voluntad política de darle continuidad al programa, y por eso hoy vamos a sepultar este método en un debate con altura en el Congreso”.
De darse la aprobación de este proyecto de ley, Colombia sería el primer país en Latinoamérica en erradicar su uso, pues si bien en el 2015 la Corte Constitucional prohibió el uso de glifosato en cultivos ilícitos, la intervención del Consejo Nacional de Estupefacientes reversó esta decisión.
La herramienta principal para hacer realidad la política de “Paz Total” propuesta por el gobierno del Presidente Gustavo Petro a los colombianos, comenzó su trámite en el Congreso. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y del Interior, Alfonso Prada, radicaron en el senado el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, más conocido como “Ley de sometimiento”.
De entrada, el presidente del senado, Roy Barreras Montealegre, Coalición Pacto Histórico, pidió al gobierno tramitar esta iniciativa con mensaje de urgencia, “para que la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse”. Cabe destacar que si el proyecto es aprobado, las llamadas bandas criminales tendrían un plazo de dos años para desarticularse de manera voluntaria.
La virtual Ley de sometimiento establece que estas estructuras criminales deben aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entregar información sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas, y a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre 6 y 8 años de cárcel efectiva. Adicionalmente, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras desarrollan actividades de restauración y de reparación a sus víctimas. Cualquier integrante de estas bandas que incumpla estas condiciones pagará el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios.
El texto señala también que esos grupos delincuenciales, deben entregar todos sus bienes, y si cumplen, tendrán derecho a conservar el equivalente al seis por ciento de su valor, con un tope máximo de 10 mil salarios mínimos.
El presidente del senador Barreras Montealegre, le envió un mensaje a los sectores de oposición que ya han anunciado que no están dispuestos a apoyar parte de esta iniciativa; “El camino es el de la concertación de todas las reformas para ofrecerles soluciones reales al pueblo colombiano, soluciones que sean viables, sensatas y concertadas”.
El senador del Pacto Histórico, presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda Castro sostuvo por su parte que este proyecto, “no brinda ninguna clase de impunidad”. De hecho, el proyecto descarta cualquier reconocimiento político para estas estructuras ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal. “Es un camino que se abre para la paz total que avanza, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas que implica una política de paz ambiciosa como la de este Gobierno”, puntualizó, Cepeda Castro
Finalmente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró: “Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales, y reparan a las víctimas, el estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa; esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tiene vocación política”.
El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció este miércoles en Colombia Hoy Radio que radicará en la Fiscalía General de la Nación la denuncia por delito de estafa contra los directivos de la aerolínea Viva Air por la venta de tiquetes, siendo conscientes de su salida de la operación aérea.
“Estamos poniendo la cara como Gobierno del Cambio por nuestros pasajeros, por nuestros usuarios, por nuestras agencias de viaje, por nuestra defensa del transporte aéreo”, aseguró el titular de la cartera de Transporte.
Sobre la situación laboral de los trabajadores de la compañía, el funcionario explicó que Viva Air cuenta con los recursos para hacer la liquidación de todos los empleados. Sin embargo, otras empresas del mercado como Latam y Avianca han venido contratando parte de las personas afectadas; una situación que ha contado con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo.
Ultra Air
El Ministro Reyes se refirió, también, a la presunta suspensión de operaciones por parte de la aerolínea Ultra Air, aspecto al que mantiene vigilancia y permanente monitoreo.
“Nosotros, con la Superintendencia de Transporte, estamos obteniendo toda la información -estados financieros actualizados- sobre el estado de balances de pasivos y activos para determinar: uno, hay un proceso de un crédito que está tramitando si efectivamente se va a dar la capitalización y el acompañamiento necesario, pero también advertir a nuestros pasajeros los riesgos que se están padeciendo”, precisó.
El Gobierno, en cabeza el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que hoy se conocería la decisión de la Aerocivil respecto a la integración entre Avianca y Viva Air. Andrés Palacios, experto en Derecho de la Competencia y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, considera que “es muy posible que la decisión de dicha entidad sea favorable a las dos aerolíneas intervinientes”.
Para el experto, “hay varias lecciones para aprender de esta crisis que generó la integración entre Avianca y Viva. En primer lugar, muestra que las normas de libre competencia y de responsabilidad en materia de sociedades y de transporte no pueden contener a las grandes empresas ni su poder de mercado”.
“Hay por lo menos tres actuaciones administrativas en curso a raíz de la solicitud de la integración o de actos relacionados con la misma, destinadas precisamente a hacer respetar esas normas. Ni en conjunto, ni de manera individual, estas actuaciones pudieron evitar que Viva saliera del mercado. Tampoco van a poder contener los perjuicios causados a la libre competencia y a los consumidores. Es hora de revaluar seriamente tanto el alcance de las normas como la capacidad del Estado de hacerlas cumplir”, señaló Palacios.
“En segundo lugar, esta crisis muestra lo importante que es la libre competencia y los costos y riesgos que están dispuestas a correr las empresas para acabar con ella. Los colombianos vivimos preocupados con el poder que tienen nuestros dirigentes políticos, a quienes elegimos por términos fijos para cargos definidos. Pero difícilmente nos preocupamos por el poder que tienen las grandes empresas, a quienes escogemos sin que haya mayor oferta”, explicó el académico.
Para el experto en Derecho de la Competencia de la Universidad del Rosario, “esta crisis debería llevar al actual gobierno a pensar qué tipo de cambio quiere dar y cómo lo puede dar. Basta un poco de cuidado para advertir que el ordenamiento jurídico colombiano tiene varias normas e instituciones que le permitirían lograr los cambios que ha venido manifestando desde campaña”.
“Basta leer con atención las facultades de la Aerocivil, de la SIC y de la Supertransporte para advertir que dichas instituciones son demasiado importantes para dejarlas en manos de cuotas burocráticas que no están dispuestas a tomar las decisiones necesarias para hacer valer las normas y proteger a los consumidores. Si este gobierno quiere dar un cambio a partir de la institucionalidad, puede comenzar por fortalecer estas instituciones”, dijo Palacios.
Procesos en curso integración Avianca y Viva
Con el propósito de explicar qué puede pasar con los procesos en curso en cuanto a la integración de Avianca y Viva Air, Andrés Palacios, experto en Derecho de la Competencia y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, habló de la solicitud de integración ante la Aerocivil y las investigaciones de la SIC y de la Supertransporte:
Solicitud de integración ante la Aerocivil
Esta solicitud fue el primer proceso que inició y es posible que sea el primero en terminar. Avianca y Viva anunciaron al público que había culminado con éxito la negociación y que harían algunas operaciones conjuntas a comienzos de 2022, pero fue en agosto 8 de ese año que solicitaron formalmente la autorización de la Aerocivil.
“En ese momento, ambas aerolíneas alertaron sobre el deterioro financiero de Viva. La Aerocivil en noviembre se pronunció en contra de la integración, aludiendo que las partes no habían probado que la integración fuera la menos lesiva de todas alternativas para la competencia. En enero la Aerocivil manifestó que había incurrido en un error procesal y que, por lo tanto, todo el trámite de la integración tenía que surtirse de nuevo. La decisión que anunció el Ministro Reyes es precisamente la culminación de este proceso”, anotó el académico.
El cese de actividades de Viva que tuvo lugar el 27 de febrero afecta de manera importante el análisis de la integración. Primero, porque representó la salida de Viva del mercado. Y segundo, porque no permite dar marcha atrás, ya que Viva no tiene como volver a prestar sus servicios de manera independiente.
Para el experto, ambas cosas benefician a Avianca. En el mercado, ya no tiene un rival incómodo. Y ante la Aerocivil, la integración pasó de ser una discusión de una aerolínea comprando a su rival, a una discusión sobre la adquisición de activos estratégicos: los “slots” y las rutas de Viva.
Investigación de la SIC por integración sin obtener la debida autorización previa
Esta investigación contra Avianca, Viva y algunos de sus directivos comenzó con una averiguación preliminar por parte de la SIC. Como resultado de sus hallazgos, la SIC asevera que, además de haber adquirido los derechos económicos, Avianca también ejercía algunos derechos políticos sobre Viva, lo cual le daba control sobre esta empresa rival y todo esto antes de haber solicitado la debida autorización de integración ante la Aerocivil, resaltó Palacios.
Para el experto, “la investigación de la SIC es posiblemente la más complicada para las partes investigadas. Es muy difícil confiar en empresas que enfrentan cargos serios y muy posiblemente sanciones altísimas por burlar la ley, nada más y nada menos que de libre competencia”.
Esta investigación puede desembocar en multas cuantiosas para las empresas y sus directivos. Sin embargo, no es factible que la SIC ordene la reversión de la operación, precisamente porque Viva desapareció como operador. Por ello, si bien es posible que el resultado del proceso sea una sanción, no es claro que la SIC además imparta una orden que le impida a Avianca continuar hoy con sus operaciones y con las de Viva, dijo Palacios.
Investigación Supertransporte
“Si hay una entidad que tiene las facultades para averiguar cuándo se deterioró la salud financiera de Viva, cuándo los riesgos de insolvencia e iliquidez se volvieron preponderantes y qué medidas se tomaron para evitar que se concretaran, es la Supertransporte. Por eso sorprende que dicha entidad vino a aparecer con un sometimiento a control para ordenar la reorganización de Viva, cuando ya no hay mucho para reorganizar”, afirmó Palacios.
Para el experto, “resulta extraño que cuando Viva manifestó que estaba en crisis, y que era de tal magnitud que solo integrándose con Avianca podría continuar, la Supertransporte guardara silencio”.
Verónica Alcocer García, Primera Dama de los Colombianos, dio a conocer a través de un comunicado de prensa de la Casa de Nariño, que hoy 14 de marzo, será intervenida quirúrgicamente.
“Por recomendación médica, la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer García, se someterá este martes, 14 de marzo de 2023, a una cirugía para el cambio de sus prótesis mamarias, con el fin de evitar riesgos futuros en su estado de salud”, indicaron las fuentes oficiales.
Finalmente, se logró conocer que a causa de la intervención quirúrgica, tendrá una pausa en su agenda laboral.
“Por esta razón, la señora Verónica tomará una pausa en su agenda de trabajo y se ausentará unas semanas, hasta que el personal médico autorice retomar sus labores”, concluyeron.
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por las centrales sindicales, gremios y el gobierno, sesionó este lunes para avanzar en la consolidación del texto final de la reforma laboral y que se radicará este jueves 16 de marzo ante el Congreso de la República.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reconoció y agradeció a los integrantes del tripartismo, la manera juiciosa como se ha trabajado para poder avanzar en el objetivo propuesto, que es el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso de la República.
“Haremos un esfuerzo para avanzar con el articulado y se debe seguir fortaleciendo a través del diálogo social para su construcción, en medio de la diferencia. Además, reitero la voluntad y decisión política que tiene la Comisión de Concertación para plantearle al país, los elementos centrales que estamos recogiendo y que necesitamos para el cambio”, aseguró la Ministra Ramírez.
Para la construcción de las iniciativas de ley, se han realizado más de 142 reuniones en las subcomisiones con expertos, en las mesas regionales y alternas del proceso y ha acogido los principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
El documento de la reforma por medio del cual se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002 fue desarrollada en tres partes: Principios constitucionales del derecho laboral con igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima, con beneficios mínimos con garantía a la seguridad social, protección especial a la mujer, la maternidad entre otros. El segundo componente, hace referencia al derecho individual del trabajo para que haya una estabilidad laboral reforzada, priorizando los contratos a término indefinido y derecho colectivo del trabajo, dejando a su mínima expresión la tercerización laboral, definir la jornada diaria, recuperar los recargos nocturnos y festivos, protección para el trabajo en las plataformas digitales, especialmente en las de reparto o entrega, trabajo agropecuario, futuro de la atomización y descarbonización de puestos de trabajo y reducción de brechas.
El tercer componente, tiene que ver con el derecho colectivo al trabajo como la asociación sindical, negociación colectiva y huelga.
Por su parte, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, manifestó: “estamos haciendo un esfuerzo para que las reformas se conviertan en una realidad”.
El presidente de la ANDI,Bruce Mac Master, celebró que con el diálogo social es la vía para buscar los consensos y disminuir las diferencias: “Hago un reconocimiento especial a la Ministra, por activar la subcomisión tanto con los empresarios y las centrales sindicales en donde hay varios aspectos acordados relacionados con la defensa de los derechos de los trabajadores y que tienen que ver de no afectar el empleo y disminuir la informalidad del país”.
Finalmente, el presidente de la Junta Directiva Nacional de ACOPI, Jairo Pulecio, dijo: “Estamos complacidos de haber llevado este ejercicio verdaderamente democrático y a consensos en los temas fundamentales y estructurales para el fortalecimiento empresarial y en la defensa de los derechos laborales”.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó a la opinión pública que el día 9 de febrero pasado, el presidente Gustavo Petro, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, emitió la Resolución 0014 en la cual solicitó al Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, la suspensión de órdenes de captura contra 20 personas que serían reconocidas como representantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP, para acercamientos con el Gobierno nacional.
El día 16 de febrero pasado, el Fiscal General de la Nación remitió al Presidente Petro una comunicación en la cual solicitaba aclarar si 11 de esas personas hacían parte de un grupo armado organizado al margen de la ley que decidió no suscribir el Acuerdo de Paz de la Habana, y por lo tanto, si eran integrantes de alguna organización criminal con la cual se adelantara un nuevo Acuerdo de Paz.
El 8 de marzo, el Presidente, le envió respuesta al Fiscal General en la cual planteó sus razones constitucionales y legales para pedir la suspensión de esas órdenes de captura y señaló en la comunicación que remplazaba la primera resolución, por la resolución 039 de 2023, en la cual se excluía la solicitud inicial para suspender la orden de captura contra Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas.
El Fiscal General de la Nación, luego de sopesar los argumentos presentados por el Presidente Petro, y de acuerdo a sus competencias legales y constitucionales, decidió suspender las órdenes de captura dictadas o que sean dictadas en contra de 19 personas. Ellas son: Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo; Farby Edison Parra Parra, alias Richard; Robinson de Jesús González, alias Caicedo; Willinton Henao Gutierrez, alias Olmedo; Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrei; Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina; Ciro Alfonso Romero Ospina, alias Willy Romero; Ivan Jacob Idribo Arredondo, alias Marlon; Diverney Valencia, alias Herson; Deison Rodrigo Ortiz Camallo, alias Esteban González; Wilmar Pasu Rivera, alias David Arenas; Luis Carlos Pinilla Cortéz, alias Oscar Barreto; Anderson Andrei Vargas, alias Kevin; Oscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernán Ochoa, Fabio Giraldo Giraldo, Jaime Muñoz Dorado, Leydy Tatiana Rojas y Eliecer Palomeque Córdoba.
Es importante destacar que ninguna de las personas solicitadas en la resolución 039 de 2023, en la que ya estaba excluido alias Jhon Mechas, tienen órdenes de captura con fines de extradición.
Esta decisión es diferente a la solicitud hecha por el presidente el 11 de enero de este año, que buscaba beneficiar a miembros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; narcotraficantes y paramilitares, en donde sigue considerando la Fiscalía que no existe un fundamento jurídico y constitucional para poder pedir el levantamiento de esas órdenes de captura.
En este caso concreto, para la Fiscalía existe el fundamento porque el Presidente Petro le dio carácter político a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y a los disidentes que firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y lo incumplieron, en ese sentido es una decisión política del Presidente de la República de avanzar en los diálogos.
Es importante destacar que los procesos penales y de extinción de dominio contra estas personas continúan vigentes y esta decisión no afecta su desenlace.
Reiteramos que la Fiscalía General de la Nación y el Fiscal General de la Nación apoya la Paz Total bien hecha, y acompaña institucionalmente su ejecución.
Fiscal General de Nación Francisco Barbosa Delgado.
El gobierno de Nicaragua ha solicitado a la Santa Sede el cierre de sus respectivas sedes diplomáticas. No se trata de una ruptura de relaciones, como habían anunciado algunos medios de comunicación.
Exactamente hace un año, el 12 de marzo de 2022, el nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, había sido expulsado del país. La Santa Sede había recibido la decisión del gobierno de Nicaragua con gran sorpresa y dolor.
“Tal disposición resulta incomprensible -subrayaba un comunicado de la Santa Sede- ya que, durante su misión, S.E. Mons. Sommertag ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables, buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las Autoridades de Nicaragua”.
En una entrevista concedida al diario español ABC el pasado mes de diciembre, el Papa Francisco, respondiendo a una pregunta sobre la diplomacia vaticana respecto a Nicaragua, había reiterado que la Santa Sede siempre busca salvar a los pueblos y que su arma es el diálogo.
“La Santa Sede nunca se va. La echan. Siempre trata de salvar las relaciones diplomáticas y salvar lo que se pueda salvar con la paciencia y el diálogo”, había afirmado el Papa.
La situación social y política en Nicaragua se ha agravado en los últimos años con la represión violenta de manifestaciones, detenciones y expulsiones.
Después de haber estado bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, hace un mes fue condenado arbitrariamente a 26 años de cárcel, y desde entonces no ha habido más informaciones acerca de él.
