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La Organización Terpel confirmó la firma de un contrato de suministro de combustibles con Ecopetrol, que entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2026, según informaron ambas compañías.

El acuerdo contempla la provisión de una amplia gama de productos energéticos, entre ellos ACPM y mezclas de diésel, diésel marino —con o sin biodiésel—, así como gasolina corriente y extra, tanto de origen nacional como importado.

Uno de los aspectos destacados del contrato es la inclusión de gasolina extra con compensación de carbono producida en el país, en línea con las tendencias de sostenibilidad que vienen marcando el sector energético.

El negocio tiene una cuantía estimada de $10,4 billones y, de acuerdo con Terpel, el pago se realizará bajo la modalidad de crédito.

En cuanto a su duración, el contrato tendrá una vigencia de once meses, desde el 1 de abril de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.

La compañía precisó que la firma del acuerdo fue aprobada por su representante legal conforme a las facultades estatutarias y aclaró que no existen condiciones adicionales relevantes para el emisor más allá de las ya divulgadas.

Este anuncio se da en medio del reconocimiento reciente a Terpel por su desempeño en criterios ambientales y sociales, tras ser incluida en el Sustainability Yearbook 2024 d

El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, publicó para comentarios un proyecto de resolución que define la metodología para calcular el ingreso al productor del Aceite Combustible para Motores (ACPM) destinado a vehículos particulares, diplomáticos y oficiales.

La propuesta plantea que este cálculo se base en el precio de paridad internacional, utilizando un promedio semanal de las cotizaciones diarias del mercado global. Con ello, se busca reflejar de manera más precisa las variaciones externas y dar mayor estabilidad a la formación de precios del combustible.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la iniciativa apunta a establecer reglas claras y técnicas. “Este proyecto busca transparentar el cálculo del ACPM, alinearlo con la realidad internacional y avanzar en la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social”, afirmó.

La medida también se articula con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), con el propósito de optimizar el uso de recursos públicos y reducir la presión fiscal generada por los subsidios. Según el Gobierno, esto permitirá mejorar la eficiencia del fondo y focalizar mejor sus beneficios.

En línea con el Decreto 1428 de 2025, el proyecto establece límites para el ingreso al productor: no podrá ser inferior al precio de paridad internacional ni superar el de paridad de importación, buscando un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y funcionamiento del mercado.

Además, contempla obligaciones para los agentes de la cadena en materia de publicación y divulgación de precios, con el fin de fortalecer la trazabilidad, el control y la vigilancia del sistema.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo avanza en su objetivo de consolidar una política energética más transparente y técnica, e invitó a la ciudadanía y a los actores del sector a participar en el proceso de consulta pública.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la circulación de varios lotes falsificados de Electrolit en presentación de 625 mililitros en Colombia, los cuales presentan alteraciones frente al producto original.

La advertencia surgió tras una denuncia confirmada por el titular del registro sanitario, Laboratorios Pisa S.A. de C.V., que detectó inconsistencias en distintos lotes, lo que encendió las alarmas por posibles riesgos para la salud de los consumidores.

Según el Invima, los productos adulterados presentan irregularidades en aspectos como el sabor, el color, el etiquetado y los sellos de seguridad. En algunos casos, incluso, el contenido no coincide con lo indicado en el envase, lo que evidencia una manipulación que compromete la calidad del producto.

Entre los lotes identificados se encuentra el M24N339, originalmente de sabor maracuyá, pero comercializado como fresa-kiwi. También el M24G354, que siendo de fresa aparece como mora azul, y el M24S323, que pasó de maracuyá a Jamaica. A estos se suman el lote M24T302, de fresa, alterado a fresa-kiwi, y el M24T472, de uva, que ha sido detectado como ponche de frutas.

La entidad también reportó anomalías en los envases, como fallas en los puntos de sellado, tapas con acabados diferentes y sellos de seguridad con cortes irregulares. Además, se han identificado señales de alerta como sedimentos en el fondo, cambios en el olor y deficiencias en la impresión de las etiquetas, con logos borrosos o de baja calidad.

El Invima advirtió que estos productos son fraudulentos y no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia, ya que se desconoce su composición y las condiciones en las que fueron elaborados. Por ello, recomendó suspender su consumo ante cualquier anomalía y reportar los casos a las autoridades sanitarias.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a las autoridades locales, prestadores de salud y comercios a reforzar los controles de inspección, vigilancia y control, con el fin de evitar la distribución de estos productos en el país.

La Policía Metropolitana de Neiva, en el marco de las actividades de control y prevención del delito, logró la captura de un ciudadano por el delito de receptación y la recuperación de una motocicleta que había sido reportada como hurtada.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Tesoro, donde unidades policiales que realizaban labores de patrullaje observaron a un individuo empujando una motocicleta. Al notar la presencia de los uniformados, este hombre abandona el vehículo e intenta huir, siendo interceptado metros más adelante.

Al ser requerido por las autoridades sobre la procedencia de la motocicleta, manifestó que la trasladaba hacia un taller. No obstante, al verificar la placa, los uniformados evidenciaron que el automotor había sido hurtado el pasado 18 de marzo de 2026 en jurisdicción del CAI Palmas.

“El trabajo preventivo y operativo de nuestros uniformados permite contrarrestar delitos como la receptación y recuperar bienes de la ciudadanía. Invitamos a la comunidad a verificar la procedencia de los vehículos y a denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso”, manifestó el señor teniente coronel Oscar Humberto Aguilar Carvajal, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva (encargado).

El capturado fue informado de sus derechos y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.

La producción petrolera en Colombia durante febrero de 2026 alcanzó los 734.924 barriles diarios (Bopd), cifra que se ubicó 2,3 % por encima del nivel de reservas probadas (1P), estimado en 718.168 Bopd. Este comportamiento garantiza el abastecimiento nacional, según informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

De acuerdo con la entidad, se trata de un indicador altamente positivo para la estabilidad energética y fiscal del país, ya que se mantiene dentro de los rangos operativos previstos. En términos técnicos, el resultado refleja que la producción nacional ha estado alineada con las metas establecidas.

La ANH explicó que superar este umbral no solo asegura el cumplimiento del nivel mínimo de producción, sino que lo excede de manera sostenida. Esto fortalece la confiabilidad del abastecimiento interno, la seguridad energética y la generación de ingresos tanto para la Nación como para las entidades territoriales, además de impulsar inversiones en el desarrollo de las comunidades.

El informe también destaca que este desempeño responde a una adecuada gestión operativa de los campos y a una planeación técnica consistente frente a las condiciones actuales del mercado.

No obstante, en comparación con enero de 2026, la producción registró una disminución de 11.519 Bopd (1,54 %), atribuida a factores temporales como situaciones de relacionamiento con comunidades en el campo Índico (Meta), la madurez de los campos —incluyendo declinación natural y mantenimientos programados— y fluctuaciones en la infraestructura eléctrica.

Pese a ello, la entidad resaltó el aporte de nuevos proyectos, especialmente en Arauca, donde la entrada en operación del pozo Rex NE-14 en el campo Rex NE y del pozo Andina-3HZ en el campo Andina han contribuido a sostener los niveles de producción nacional.

Finalmente, la ANH reiteró que continuará con el seguimiento técnico permanente del comportamiento del sector, con el fin de garantizar su estabilidad y fortalecimiento.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que alias ‘Iván Mordisco’ no se encuentra entre los cuerpos recuperados tras el reciente bombardeo realizado en zona selvática entre Guaviare y Vaupés.

Según el informe oficial del 29 de marzo de 2026, la entidad concluyó los análisis forenses de seis cuerpos que ingresaron el día anterior. Las víctimas corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, presuntamente vinculados a estructuras armadas que operan en la región.

Los estudios permitieron la identificación plena de cuatro personas: Ehisen Camilo Orozco Viscue (19 años), Claudia Yaneth Valencia (26), Angeline Andrea González Córdoba (18) y Yeiferson José Rincón Becerra (24). Otros dos cuerpos, ambos femeninos, permanecen sin identificar mientras continúan los procedimientos técnicos.

En el reporte no aparece el nombre de Gregorio Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’, considerado uno de los hombres más buscados del país, lo que descarta su muerte en este operativo militar.

No obstante, fuentes cercanas a la operación señalan que el cabecilla habría resultado gravemente herido y estaría en fuga en la selva amazónica. En el lugar del ataque también se hallaron municiones y objetos personales que podrían pertenecerle, entre ellos unas gafas que, según versiones preliminares, serían de su uso.

El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), definió una estrategia interinstitucional junto a siete sectores para garantizar una respuesta articulada, eficiente y oportuna frente a las emergencias registradas en el país.

Del total de recursos anunciados, 6,3 billones de pesos serán canalizados por la UNGRD, que se encargará de transferirlos a cada sector para su ejecución directa en las regiones más afectadas.

El plan contempla intervenciones en transporte, vivienda, energía, educación, ambiente y atención social. Entre las principales acciones se destacan la rehabilitación de vías y puentes, el restablecimiento del servicio eléctrico, la entrega de soluciones habitacionales y la recuperación de infraestructura educativa, así como el apoyo al sector agrícola.

En el componente ambiental, se priorizará la restauración de ecosistemas estratégicos y la puesta en marcha del Centro Regional de Monitoreo, Pronóstico y Alertas del Valle del Sinú.

Aunque los recursos estarán disponibles a partir de abril, la UNGRD ya adelanta acciones en terreno, especialmente en Córdoba, donde se han ejecutado más de 15.000 horas de maquinaria amarilla y 1.000 horas de volquetas para la recuperación de vías y limpieza de canales. También se han distribuido más de un millón de litros de agua potable y se mantienen operativas motobombas para mitigar inundaciones.

Adicionalmente, fueron asignados tres puentes para restablecer la conectividad en zonas críticas, mientras equipos técnicos continúan trabajando con autoridades locales para focalizar las intervenciones y agilizar la atención en los territorios más afectados.

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño lanzó una nueva alerta sobre la seguridad de los investigadores del asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el año pasado.

A través de una carta pública dirigida a la ciudadanía y divulgada el 28 de marzo, Uribe Londoño denunció la existencia de un presunto plan para atentar contra la vida de los fiscales que adelantan el proceso, y pidió acciones urgentes para garantizar su protección.

En el documento, calificó el hecho como un “crimen atroz” y un “magnicidio”, que incluso podría considerarse un delito de lesa humanidad. Sin embargo, advirtió que la situación se agrava con las amenazas directas contra quienes lideran la investigación. Según indicó, la propia Fiscalía General de la Nación habría alertado sobre un plan para asesinar a los fiscales del caso, al que se sumarían versiones sobre ofrecimientos económicos para ejecutar esos ataques.

En ese contexto, el dirigente responsabilizó a la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, a la que señaló de intentar “silenciar la justicia” y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

Ante este panorama, hizo un llamado urgente a la Fiscalía para reforzar de manera inmediata las medidas de seguridad, no solo para los funcionarios judiciales, sino también para sus familias, frente a los riesgos que enfrentan.

Finalmente, la carta advierte que lo que está en juego trasciende el caso puntual. “No solo se investiga un crimen, se defiende la democracia y sus instituciones”, señala el documento. Además, confirmó que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares que protejan la vida e integridad de los investigadores y permitan avanzar en el proceso sin presiones ni amenazas.

En su segunda visita a Medellín en lo corrido del año, el candidato presidencial Iván Cepeda se reunió con cientos de simpatizantes en el Parque de San Antonio, donde fue esperado durante varias horas. En medio de la expectativa, el aspirante del Pacto Histórico lanzó nuevas críticas contra figuras políticas de Antioquia, entre ellas Álvaro Uribe Vélez, Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez.

La visita se dio en un contexto de controversia, tras las declaraciones que Cepeda hizo semanas atrás en las que señaló a Antioquia como cuna de fenómenos como el paramilitarismo, lo que generó rechazo en distintos sectores del departamento e incluso su declaratoria como persona no grata.

Lejos de retractarse, Cepeda reiteró sus críticas y arremetió directamente contra Uribe. Aseguró que la trayectoria política del exmandatario en las décadas de 1980 y 1990 estuvo vinculada a clanes familiares relacionados con el Cartel de Medellín. Además, en compañía de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, afirmó que la familia Uribe Vélez tuvo vínculos con estructuras paramilitares y del narcotráfico.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Uribe, quien, a través de su cuenta en X, lanzó duros cuestionamientos contra Cepeda, acusándolo de servir a intereses criminales y de poner en riesgo su vida con esos señalamientos. A estas críticas se sumaron líderes regionales como el gobernador Rendón, quien defendió el papel de Antioquia y la calificó como “muro de contención contra el comunismo”.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez rechazó las afirmaciones del candidato presidencial y destacó la resiliencia de Medellín y Antioquia frente a las adversidades, asegurando que la región seguirá avanzando pese a los ataques.

Pese al ambiente de confrontación, desde el Pacto Histórico calificaron la jornada como “inolvidable”. Durante el evento, Cepeda recibió un “pasaporte simbólico” que lo declara persona grata, en contraste con la decisión previa de la Asamblea Departamental.

En medio de la visita oficial de organismos internacionales a Colombia, la Procuraduría General de la Nación participó en una mesa de trabajo con un grupo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de analizar el uso de mercenarios y su impacto en los derechos humanos.

Durante el encuentro, el ente de control abordó este fenómeno desde una perspectiva transnacional, destacando que no se trata de una problemática exclusiva del país, sino de una dinámica global que requiere acciones coordinadas entre los Estados y la comunidad internacional.

La Procuraduría advirtió que el uso de mercenarios no solo representa un desafío en materia de seguridad, sino que también conlleva graves vulneraciones a los derechos humanos, especialmente cuando está vinculado a redes ilegales que operan más allá de las fronteras.

En ese sentido, insistió en la necesidad de analizar cada caso de forma individual, con el fin de identificar posibles conexiones con delitos como la trata de personas, lo que permitiría fortalecer las estrategias de prevención, investigación y protección a las víctimas.

Uno de los puntos centrales fue el llamado a garantizar una atención integral a los colombianos afectados en el exterior, bajo principios de dignidad y solidaridad, sin ningún tipo de discriminación.

Finalmente, la entidad reiteró la urgencia de avanzar en una estrategia interinstitucional enfocada en la prevención, que incluya alertas a la ciudadanía sobre los riesgos de ofertas laborales engañosas en el extranjero, así como la posible creación de una instancia especializada para abordar esta problemática a nivel nacional.

Colombia se prepara para una de las semanas más exigentes del año en materia de movilidad. Durante la temporada de Semana Santa, se proyecta el desplazamiento de más de 15 millones de viajeros por carreteras, terminales terrestres y transporte aéreo, en medio de un panorama marcado por alta demanda, restricciones y condiciones climáticas adversas.

Según estimaciones del Ministerio de Transporte, más de 10 millones de vehículos circularán por las vías del país, mientras que cerca de 4 millones de pasajeros se movilizarán desde terminales terrestres y alrededor de 1,8 millones lo harán por vía aérea. En los días de mayor flujo, se podrían registrar picos de hasta 190 mil vehículos diarios, lo que pondrá a prueba la infraestructura y la capacidad operativa del Estado.

Frente a este escenario, el Gobierno activó un plan nacional que incluye restricciones a vehículos de carga pesada en corredores estratégicos durante los días de mayor tráfico, con el fin de reducir la congestión y facilitar la movilidad. Además, se desplegarán cerca de 15.000 funcionarios, entre la Policía de Tránsito y entidades del sector, en carreteras, aeropuertos y terminales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que las medidas serán dinámicas y se ajustarán según el comportamiento del tráfico. “Las decisiones se tomarán en tiempo real de acuerdo con los picos de movilidad, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros”, señaló.

El panorama se complica por el estado de la red vial. La temporada inicia con cinco cierres totales y 22 parciales en al menos diez departamentos, debido a afectaciones por lluvias como deslizamientos, caída de rocas, pérdida de banca y daños en puentes, lo que incrementa el riesgo de congestión y prolonga los tiempos de viaje.

En el transporte aéreo, especialmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se espera una alta demanda. Por ello, las autoridades recomiendan a los viajeros llegar con al menos dos horas de anticipación, incluso para vuelos nacionales, ante posibles congestiones en los controles de seguridad.

Más allá del reto logístico, la principal preocupación es la seguridad vial. Durante la Semana Santa de 2025 se registraron 246 muertes por siniestros viales, una cifra que el Gobierno busca reducir este año mediante controles, monitoreo en tiempo real y presencia en puntos críticos del país.

El plan contempla vigilancia en 41 corredores concesionados que suman 7.499 kilómetros, el despliegue de más de 6.450 personas en vía, 700 equipos de emergencia y seguimiento permanente desde centros de control, con el objetivo de garantizar una movilidad segura durante la temporada.

La Asociación Colombiana de Epidemiología emitió una alerta preventiva a nivel nacional ante el comportamiento de diversos eventos de interés en salud pública durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por el incremento de desplazamientos y la interacción social durante la Semana Santa.

El pronunciamiento, sustentado en reportes del Instituto Nacional de Salud, así como de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, advierte que Colombia enfrenta simultáneamente múltiples enfermedades transmisibles con brotes activos o alertas vigentes tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre los eventos priorizados se encuentran la fiebre amarilla, el dengue y la tosferina en el país, y el sarampión y la influenza en el contexto regional.

De acuerdo con el análisis, esta confluencia epidemiológica, sumada al alto flujo de viajeros, aumenta el riesgo de propagación de contagios, la importación de casos, la presión sobre los servicios de salud y la aparición de complicaciones graves.

En cuanto a la fiebre amarilla, se evidencia una expansión hacia zonas sin antecedentes recientes de transmisión, junto con una alta proporción de población no vacunada. En el caso del sarampión, las autoridades advierten sobre su reemergencia en las Américas, principalmente en personas con esquemas de vacunación incompletos.

El dengue mantiene comportamiento de brote en varias regiones del país, con incremento de casos con signos de alarma y dengue grave, mientras que la tosferina presenta un aumento significativo, especialmente en menores de un año. A esto se suma el alza estacional de infecciones respiratorias agudas, como la influenza y el COVID-19, favorecida por las aglomeraciones y los viajes.

La alerta también advierte sobre riesgos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, debido al consumo en espacios públicos, y el incremento de lesiones por siniestros viales en periodos de alta movilidad.

Ante este panorama, la Asociación reiteró la importancia de la vacunación, el uso de medidas de protección personal, la consulta oportuna ante síntomas y la adopción de prácticas seguras durante los desplazamientos. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a fortalecer la vigilancia epidemiológica, garantizar la capacidad de los servicios de salud y reforzar las estrategias de prevención en todo el territorio nacional.