Categoría: Actualidad

El senador Carlos Julio González Villa lanzó una nueva alerta sobre la crisis del sistema de salud en Colombia y pidió implementar de inmediato un plan de choque, respaldado por un acuerdo nacional que permita tomar decisiones urgentes.

El legislador fue enfático en que la situación no da espera: desabastecimiento de medicamentos, falta de financiación, demoras en procedimientos y el colapso de varias EPS evidencian, según dijo, un sistema en estado crítico.

“La salud de los colombianos no puede seguir en medio de cálculos políticos. Se requieren acciones inmediatas para evitar un agravamiento de la crisis”, señaló.

El senador también advirtió sobre el avance de enfermedades como el cáncer y la diabetes, esta última con un alto subregistro y deficiencias en su tratamiento, lo que podría aumentar significativamente en los próximos años.

En materia de salud mental, insistió en aplicar la Ley 2491 de 2025, orientada a la educación socioemocional en colegios, y reiteró su compromiso con reformas estructurales en áreas como educación, autonomía territorial y fortalecimiento institucional.

Un grupo de 23 congresistas radicó una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que existe responsabilidad política en la actual crisis del sistema, marcada por fallas en la entrega de medicamentos y en la atención a los pacientes.

En el documento presentado ante el Congreso de la República, los legisladores advierten que la situación no obedece a hechos aislados, sino a problemas estructurales que estarían afectando la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia.

“El aumento sostenido de tutelas, la crisis en la entrega de medicamentos y la falta de respuestas estructurales configuran un escenario de responsabilidad política por deficiencia en la conducción del sector”, señala el texto.

Los firmantes también aseguran que la permanencia del ministro compromete la credibilidad institucional y la garantía efectiva del derecho a la salud, en medio de crecientes denuncias de pacientes por interrupciones en tratamientos y dificultades de acceso a los servicios.

En ese sentido, sostienen que, como cabeza del sector, el ministro tiene la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, por lo que consideran necesario que el Congreso adelante el respectivo control político mediante esta moción de censura.

Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia y Ecopetrol S.A. confirmaron un nuevo descubrimiento de gas natural costa afuera tras la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-0, en aguas profundas del Caribe colombiano.

El hallazgo fortalece la provincia gasífera de esta zona y confirma el alto potencial de hidrocarburos en el área, aportando nuevos volúmenes de gas que contribuirán a la seguridad energética del país.

El pozo Copoazú-1 se localiza a unos 36 kilómetros de la costa, en una profundidad de agua cercana a los 964 metros. Además, se encuentra a más de 8 kilómetros de los pozos Sirius-1, considerado descubridor de gas, y Sirius-2, delimitador, lo que resalta su importancia dentro del desarrollo exploratorio del bloque.

La perforación inició el 11 de noviembre de 2025 y, según las compañías, se ha ejecutado bajo estrictos estándares de seguridad, con respeto por el medio ambiente y las comunidades.

Durante las labores, los intervalos con presencia de gas fueron verificados mediante perfiles eléctricos y muestreo de fluidos, confirmando acumulaciones más allá del objetivo inicial, lo que incrementa la relevancia del descubrimiento. Estas zonas serán objeto de estudios adicionales para determinar su alcance.

Petrobras destacó que este avance hace parte de su estrategia de largo plazo para fortalecer reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras, en alianza con otras compañías, en medio del proceso de transición energética global.

Por su parte, ambas empresas reiteraron su compromiso de desarrollar las operaciones costa afuera con responsabilidad social y ambiental, trabajando de manera articulada con las comunidades de La Guajira y Magdalena, y cumpliendo con los requerimientos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El proyecto se adelanta bajo el Contrato GUA-OFF-0, en el que Petrobras actúa como operador con una participación del 44,4%, mientras que Ecopetrol cuenta con el 55,6%.

El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno enviará una nota de protesta diplomática a Ecuador, tras asegurar que la bomba sin explotar hallada en Putumayo pertenece al Ejército de ese país.

Según el mandatario, ya se comprobó el origen del artefacto, encontrado en zona fronteriza, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo llegó al territorio colombiano. Petro había advertido previamente que el explosivo habría sido lanzado durante un bombardeo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, indicó que expertos militares adelantan los análisis técnicos para determinar con precisión la procedencia y las circunstancias del hallazgo.

La situación generó una rápida reacción del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien negó las acusaciones y aseguró que las operaciones militares de su país se han realizado exclusivamente dentro de su territorio.

Noboa calificó como falsas las declaraciones de Petro y defendió las acciones de su Gobierno contra el crimen organizado en la zona fronteriza, mientras el mandatario colombiano insistió en que la explicación no es creíble y advirtió sobre la gravedad del hecho.

El jefe de Estado colombiano también aseguró que el artefacto fue encontrado cerca de una vivienda campesina y señaló que, por sus características, habría sido lanzado desde una aeronave, lo que aumenta la preocupación por un posible incidente internacional.

El Gobierno Nacional eliminó los subsidios al diésel utilizado en quemadores industriales mediante el Decreto 0268 de 2026, con el objetivo de proteger la sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

La medida establece que los combustibles derivados del petróleo usados como materia prima para producir otros energéticos no podrán acceder al mecanismo de estabilización, cerrando así el acceso a estos beneficios para procesos industriales.

Según el Ejecutivo, la decisión busca garantizar que los recursos del FEPC cumplan su finalidad: proteger a los consumidores finales frente a las variaciones internacionales en los precios de los combustibles, evitando que los subsidios terminen favoreciendo eslabones intermedios de la producción.

El Gobierno también advirtió sobre un fuerte incremento en el consumo de diésel para uso industrial, que pasó de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones en 2024, generando presiones fiscales sobre el fondo.

Entre enero y abril de 2025, este tipo de consumo representó un impacto cercano a $131.000 millones, lo que llevó a la adopción de medidas para mejorar la focalización de los subsidios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la decisión apunta a un uso responsable de los recursos públicos y reiteró que el FEPC debe destinarse a estabilizar los precios para los ciudadanos, no a subsidiar procesos industriales que no benefician directamente al consumidor final.

El Gobierno Nacional expidió tres decretos con los que busca fortalecer y proteger distintos sectores de la industria nacional frente a la competencia internacional.

Entre las medidas, se destaca la imposición de un arancel del 35 % a productos de la industria metalúrgica provenientes de países como China, Turquía, Rusia e India, cuyos bienes llegan al país a precios bajos. La medida aplica para productos como barras de acero, grapas y alambres, y estará vigente hasta marzo de 2027.

Asimismo, se fijó un arancel del 25 % para la importación de distintos tipos de baldosas, con vigencia hasta marzo de 2028, como parte de la estrategia para respaldar la producción local.

Finalmente, el Gobierno ajustó los incentivos para la industria automotriz, permitiendo la importación sin arancel de vehículos dentro de contingentes por parte de empresas con alianzas estratégicas, así como la cesión de estos beneficios entre compañías del mismo grupo empresarial establecidas en Colombia.

Continúan las reacciones tras la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un presunto bombardeo en zona fronteriza que, según afirmó, habría sido ejecutado desde territorio de Ecuador hacia Colombia.

Durante el más reciente consejo de ministros, el mandatario reiteró sus cuestionamientos y aseguró que las explosiones registradas en la frontera no corresponderían a acciones de grupos armados ilegales ni a operaciones de la Fuerza Pública colombiana.

Petro también señaló que habría al menos 27 cuerpos calcinados en el área afectada, lo que incrementa la gravedad de la denuncia.

En ese sentido, afirmó que la versión entregada por el gobierno ecuatoriano “no es creíble”, al considerar que existen inconsistencias frente a lo ocurrido.

“El tipo de bombas encontradas están en el piso cerca de familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, expresó el jefe de Estado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le restituyó la visa diplomática, la cual había sido revocada en septiembre de 2025. Según el mandatario, el documento estará vigente hasta el final de su periodo presidencial.

La visa había sido retirada por el Departamento de Estado durante la administración de Donald Trump, que argumentó que Petro incurrió en “acciones imprudentes e incendiarias” durante una protesta pro palestina en Times Square, en Nueva York.

Tras varios intentos diplomáticos, el jefe de Estado anunció a través de sus redes sociales que la situación fue resuelta. “Mi visa hacia EE. UU. como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”, afirmó.

Sin embargo, Petro continúa incluido en la llamada lista OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense, un registro que sanciona a personas y organizaciones vinculadas a delitos como narcotráfico, lavado de activos o terrorismo. De acuerdo con versiones de medios, el mandatario habría solicitado su exclusión durante un encuentro con Trump en Washington.

El presidente colombiano indicó que, tras la restitución de la visa, espera ahora ser retirado de esta lista, al considerar que no existen razones para su permanencia en ese registro.

Por: Julio Díaz Sánchez

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó este martes las afirmaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien había denunciado presuntos bombardeos en territorio colombiano.

A través de su cuenta en la red social X, Noboa aseguró que las declaraciones de Petro son “falsas” y enfatizó que las operaciones militares contra el narcotráfico se están desarrollando exclusivamente dentro de Ecuador. “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió el mandatario ecuatoriano.

El jefe de Estado también defendió la estrategia de su Gobierno frente a las estructuras criminales, a las que calificó como “narcoterroristas”, y señaló que las acciones incluyen bombardeos dirigidos a zonas utilizadas como refugio en territorio ecuatoriano por grupos armados y criminales de Colombia, debido a las fallas de control fronterizo por el gobierno colombiano.

Por: Redacción Noticias

¿Hasta cuándo continúa esta odisea?…Jeison Javier Pinzón, un joven de 20 años quien padecía leucemia aguda murió en las últimas horas esperando que la Nueva EPS intervenida por el gobierno Petro le entregara sus medicamentos para poder controlar la enfermedad.

El usuario Pinzón Sandoval, había denunciado el pasado 6 de marzo las dificultades que enfrentaba para acceder al medicamento denominado (blinatumumab), formulado por los especialistas para tratar su enfermedad. El joven de 20 años fue diagnosticado con leucemia aguda en febrero de 2025 y desde octubre del mismo año comenzó a presentar problemas con la entrega del medicamento por parte de la EPS.

De acuerdo con los especialistas (Blinatumumab) es un medicamento de inmunoterapia utilizado para tratar la ‘leucemia linfoblástica aguda’ de precursores de células B. Este tratamiento actúa uniendo las células cancerosas con las células (T ) del sistema inmunitario para que el organismo pueda destruirlas, pero lamentablemente el paciente Jeison falleció.

En una entrevista con algunos medios, Jeison Javier, había relatado que durante cinco meses no recibió el medicamento, ni siquiera con un fallo judicial a su favor y una orden de desacato contra la Nueva EPS para garantizar su entrega. “Por parte de Nueva EPS siempre se reciben evasivas, pero ninguna respuesta clara sobre qué pasa con el medicamento”, aseguró en su momento antes de fallecer.

Durante un Consejo de Ministros televisado, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República de Colombia.

El mandatario instruyó a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a avanzar con esta medida al considerar que ya no existen alternativas. Además, fue enfático en que el Gobierno no asumirá la deuda de las EPS, estimada en 50 billones de pesos, al advertir que hacerlo afectaría la estabilidad fiscal del país.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan. Ya no tenemos alternativas”, afirmó el jefe de Estado, quien calificó como un “suicidio” destinar recursos públicos para cubrir las obligaciones de estas entidades privadas.

Petro también anunció que su Gobierno volverá a presentar la reforma a la salud el próximo 20 de julio de 2026, cuando se instale un nuevo Congreso. En la misma fecha, se radicará nuevamente la reforma tributaria que fue archivada por el actual legislativo.

La decisión de liquidar las EPS, según explicó el mandatario, también se da tras la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, medida que, en su concepto, frenó el reordenamiento del sistema y afectó su eficiencia.

Finalmente, Petro defendió que su Gobierno no es responsable de la crisis financiera de las EPS y aseguró que, por el contrario, se han destinado más recursos que en administraciones anteriores. Además, lanzó duras críticas contra los propietarios de estas entidades, a quienes acusó de haber manejado de forma indebida los recursos de la salud durante décadas.

El Ministerio de Educación informó que más de 34.800 educadores de 30 departamentos se inscribieron para la evaluación docente, de los cuales más de 34.600 presentaron la prueba el pasado 22 de febrero.

Del total de participantes, 26.344 docentes (75,58 %) lograron aprobar, lo que les permitirá ascender en el escalafón o acceder a una reubicación salarial.

Los resultados fueron publicados este 16 de marzo en la plataforma oficial, en un proceso liderado por el Ministerio de Educación en conjunto con la Universidad de Antioquia. Desde la entidad, la viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, felicitó a los maestros por su compromiso con la calidad educativa del país.

Quienes deseen presentar reclamaciones podrán hacerlo entre el 17 y el 24 de marzo a través del módulo dispuesto en la plataforma oficial. Posteriormente, el 12 de mayo se dará a conocer el listado definitivo de docentes aprobados tras la revisión de las solicitudes.

Una vez en firme los resultados, las entidades territoriales certificadas deberán expedir los actos administrativos correspondientes para los ascensos o ajustes salariales. Con este proceso, el Gobierno busca fortalecer el desarrollo profesional docente y reconocer el mérito en el sector educativo.

Tres generales del Ejército Nacional saldrán en las próximas horas de la institución tras ser convocados por el Gobierno Nacional para calificar sus servicios, esto según informes dados a conocer por medios nacionales.

La decisión estaría vinculada a investigaciones internas que se adelantan dentro de la institución, aunque no se han dado detalles sobre los procesos específicos.

Entre los oficiales que dejarán sus cargos se encuentran: el general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División en el Meta; el general Luis Fernando Salgado, al frente de la Sexta División con sede en Florencia, Caquetá; y el general Jorge Hernández, quien lideraba la Brigada 10.

Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, inició un proceso legal en Colombia para que el sistema de salud le permita acceder al suicidio médicamente asistido, una práctica que actualmente no cuenta con regulación específica en el país.

Su solicitud, presentada ante su EPS en 2025, fue rechazada debido a la falta de normas que permitan realizar este procedimiento. Mientras su caso avanza en instancias judiciales, la joven expuso su situación en una investigación periodística, donde relató el sufrimiento que ha enfrentado durante años.

Giraldo asegura que padece trastornos mentales severos desde hace más de la mitad de su vida, lo que le genera una sensación constante de angustia. Según explicó, pese a haber intentado múltiples tratamientos, terapias y hospitalizaciones, no ha logrado una mejoría significativa.

En 2025 decidió solicitar el derecho a morir dignamente, pero bajo una modalidad distinta a la eutanasia: pide que un médico le suministre el medicamento, pero que sea ella misma quien lo administre. Argumenta que busca una alternativa segura que evite causar un impacto traumático en su familia.

No obstante, su EPS negó la petición alegando que no existen condiciones normativas ni operativas para autorizar el procedimiento. Posteriormente, un juez rechazó una tutela interpuesta por la joven, al considerar que podría optar por la eutanasia, opción que ella descarta al insistir en que se trata de una decisión diferente.

El caso podría llegar ahora a la Corte Constitucional, que tendría la última palabra. Mientras tanto, Giraldo sostiene que su lucha va más allá de lo personal y busca abrir el debate sobre este tipo de asistencia en Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que Colombia podría estar siendo bombardeada desde Ecuador tras el hallazgo de una bomba en la zona fronteriza, lo que marcaría un nuevo nivel de tensión entre ambos países, que ya enfrentan un conflicto arancelario.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión —se investigarán los detalles— muy cerca de la frontera con Ecuador”, dijo Petro en un evento televisado. Añadió que este hallazgo coincide con sus sospechas de que “nos están bombardeando desde Ecuador, y no son los grupos armados”.

El mandatario señaló que solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intervenga y llame a su homólogo ecuatoriano para evitar un conflicto armado. “Nosotros no queremos ir a una guerra”, puntualizó, sin precisar la fecha de su solicitud.

Petro no especificó cuándo habría ocurrido el supuesto bombardeo, que actualmente se investiga para “tomar las decisiones correspondientes”.

Colombia y Ecuador mantienen una guerra comercial desde febrero, luego de que el presidente ecuatoriano, Noboa, impusiera aranceles alegando que Colombia no hacía suficientes esfuerzos contra el narcotráfico en la frontera.

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que Luis Carlos Reyes ya no será su fórmula vicepresidencial, debido a una posible complicación en el embarazo de la esposa de Reyes.

“Le he pedido, como padre de familia, que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia”, expresó Lizcano a través de su cuenta de X.

Días atrás, Lizcano había presentado a Reyes como su compañero de fórmula con el objetivo de ofrecer al país “una propuesta independiente que combinara liderazgo político y rigor técnico para enfrentar los principales retos del país y cerrar el paso a la corrupción”. Esta alianza se construyó en torno a la denuncia de presuntas irregularidades en los llamados cupos indicativos y la desvinculación de ambos del Gobierno del presidente Gustavo Petro tras los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pasado 13 de marzo, durante la presentación oficial de Reyes como fórmula vicepresidencial frente a la Casa de Nariño en Bogotá, Lizcano destacó su independencia y valentía: “Luis Carlos Reyes no era leal a los partidos, sino a los colombianos. Tiene la capacidad y la valentía de denunciar incluso a sus propios compañeros cuando hay corrupción”.

Uno de los episodios recordados por Lizcano ocurrió durante un consejo de ministros, cuando Reyes denunció ante el presidente Petro que el ministro de Hacienda estaba involucrado en la compra de cupos indicativos, subrayando la importancia de frenar estas prácticas.