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La industria farmacéutica en Colombia cerró 2025 con una cartera total de $4,7 billones, según el último informe de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido), en colaboración con la firma Sectorial. Del total, entre $1,59 y $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es decir, facturas con pagos atrasados, representando más de un tercio del total adeudado.

El estudio, con corte al cuarto trimestre de 2025, muestra un deterioro progresivo frente a años anteriores: la cartera vencida pasó de 17,5 % en 2023, a 23,4 % en 2024, y llegó a 37,4 % al cierre del año pasado, evidenciando un aumento sostenido de la morosidad en el sistema de salud.

El canal institucional, encargado de la entrega de medicamentos dentro del proceso de aseguramiento, es uno de los más afectados, con una deuda de $3,4 billones, de los cuales $997 mil millones se encuentran vencidos, equivalentes al 28,7 % del total de este segmento.

En términos generales, la cartera corriente representa 66,6 % del total (aproximadamente $3,18 billones), pero dentro de ese monto, el 20,5 % presenta retrasos superiores a 121 días, aumentando el riesgo de impago. Además, la cartera castigada, considerada difícil o imposible de recuperar, pasó de 3,59 % en septiembre de 2025 a 6,53 % en diciembre.

El informe también señala que el tiempo promedio de pago se extendió a 196 días, frente a 134 días en 2024 y 125 días en 2023, afectando la liquidez de las compañías farmacéuticas. Entre enero y octubre de 2025, se giraron $80 billones al sistema de salud, un crecimiento del 7,23 %, inferior al promedio superior al 10 % registrado en años anteriores, en un contexto de mayor demanda y aumento de costos.

Afrido destacó la necesidad de revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo incremento para 2026 fue fijado en 9,03 %, pese a que estudios técnicos estimaban un ajuste cercano al 15 % para cubrir los costos reales del sistema. El gremio propuso además instalar mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradores y prestadores, fortalecer la trazabilidad de los recursos y explorar fuentes complementarias de financiación.

El análisis concluye que el 58 % de la población asegurada estaría afiliada a entidades con dificultades financieras y operativas, lo que podría afectar el acceso oportuno a servicios de salud para millones de usuarios.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la aprehensión de un menor de edad y la captura de un adulto por su presunta participación en el asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle, de 17, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados y con signos de violencia en un sector enmontado del barrio Maranatha, en Malambo.

Las jóvenes, residentes del barrio La Sierrita, en Barranquilla, habían sido reportadas como desaparecidas durante los carnavales. El caso se conoció públicamente el pasado 2 de marzo, cuando su madre identificó los cuerpos en Medicina Legal.

Según versiones que aún son materia de investigación, las menores habrían sido asesinadas en la madrugada del Miércoles de Ceniza, presuntamente en medio de disputas entre estructuras armadas ilegales. También se indaga si los acompañantes que las sacaron de su vivienda en la noche del Martes de Carnaval tendrían responsabilidad en el crimen.

Las autoridades investigan además si los hoy capturados habrían intentado extorsionar a los familiares de las víctimas tras cometer el doble homicidio. El caso sigue en manos de la Fiscalía.

El juzgado 16 de ejecución de penas y medidas otorgó recientemente libertad condicional al general retirado Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), condenado a 30 años de prisión por el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989.

Aunque la decisión judicial fue tomada el viernes pasado, su ejecución aún no se ha producido. Según el registro judicial, ayer en la tarde fue admitida una acción de tutela interpuesta por Maza Márquez, quien argumenta la supuesta violación de sus derechos constitucionales para que se haga efectiva de inmediato la libertad condicional.

Condiciones de la libertad condicional

La libertad concedida no es irrestricta y tiene varias condiciones:

• Maza Márquez deberá cumplir 11 años y un mes de libertad condicional, lo que prácticamente coincide con el resto de su vida, considerando que en diciembre cumplió 88 años.
• Debe depositar una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos legales vigentes.

Antecedentes de Miguel Maza Márquez

Maza Márquez fue uno de los miembros más poderosos de la inteligencia colombiana, dirigiendo el DAS entre 1985 y 1991, durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria. Fue el presidente Gaviria quien finalmente lo removió del cargo, nombrando a Fernando Brito Ruíz como director civil del organismo.

El general fue condenado por concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas en relación con el asesinato de Luis Carlos Galán. Además, su nombre apareció en investigaciones del caso DMG, donde interceptaciones telefónicas revelan su participación en un plan de lobby para influir en decisiones de la Fiscalía. En uno de los diálogos interceptados, Daniel Ángel y William Suárez mencionan la intervención de Maza en este entramado.

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó la libertad inmediata de Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien había sido capturado en la mañana de este martes en Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos en efectivo. El juez declaró ilegal la detención y ordenó la devolución del dinero incautado.

Acuña hace parte del esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. La decisión se adoptó luego de que el abogado Iván Cancino señalara irregularidades en el procedimiento de captura, enfatizando que “la presunción de inocencia y el debido proceso no son algo ligero”.

Según el informe oficial, el escolta se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla con el dinero y material político del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador, quien busca la curul del senador Carlos Trujillo.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó la captura e indicó que existe una instrucción directa del presidente Gustavo Petro para fortalecer las acciones contra los delitos electorales, a pocos días de las elecciones legislativas.

Rodríguez aclaró, sin embargo, que aunque Acuña hace parte de la entidad, el vehículo en el que fue encontrado el dinero no pertenece a la UNP. Los tres políticos involucrados —Lacouture, Trujillo y Restrepo— hacen parte del mismo grupo político.

A tan solo cuatro días y once horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y participar en las consultas presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana.

Esta decisión marca un punto clave en el panorama político, ya que garantiza la participación de representantes y candidatas como María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal, quienes habían sido avaladas por Colombia Humana en 2022 y ahora lo serán oficialmente por el Pacto Histórico en 2026.

Con la unión avalada por el CNE, se disipa la tesis de que algunos congresistas incurrían en doble militancia al inscribirse por una colectividad distinta a la que los respaldó en las elecciones anteriores.

La resolución será ratificada este martes a las 7:00 de la mañana durante una audiencia pública convocada por el organismo electoral.

La votación final del CNE fue de 7 a 1, con el magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, como único voto en contra.

Los ataques y el asesinato contra dirigentes de derecha y de la oposición no cesan en Colombia. Este martes hombres armados asesinaron a Wilfredo Braca, reconocido líder comunitario y militante del Uribismo en el departamento de Arauca.

Según informó el partido Centro Democrático el asesinato se registró en el municipio de Puerto Rondón y es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

A través de un comunicado, el Centro Democrático rechazó lo sucedido y señaló que Braca “fue atacado mientras ejercía su derecho legítimo a participar en política y a trabajar por su comunidad”. La colectividad afirmó que el crimen “enluta a su familia y representa un golpe directo contra la democracia colombiana”.

La colectividad también se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró: “Siguen intimidando y asesinando a miembros de la oposición, incluso en medio del discurso oficial de la llamada «paz total», mientras amplias regiones del país permanecen bajo el asedio de los grupos armados ilegales”.

El crimen de dos adolescentes en el municipio de Malambo (Atlántico) tiene hoy en el centro del debate la presunta falta de reacción institucional ante las alertas de su familia.

María Noriega Cruz confirmó que los cuerpos hallados en una zona boscosa del sector Maranatha corresponden a sus hijas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, quienes estaban desaparecidas desde el martes de Carnaval tras salir de su vivienda en el barrio La Sierrita, en Barranquilla.

Según la familia, durante 13 días acudieron de manera reiterada al Gaula de la Policía Nacional tras recibir llamadas extorsivas en las que exigían cinco millones de pesos por cada menor. También habrían entregado fotografías y videos en los que, aseguran, se veía a una de las adolescentes siendo amenazada con un arma.

Los allegados sostienen que la respuesta inicial fue considerar la posibilidad de un “autosecuestro”, hipótesis que, según denuncian, retrasó acciones urgentes. Además, pidieron que se investigue a las personas con quienes las jóvenes fueron vistas por última vez.

Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades anunciaron la conformación de un grupo especial para esclarecer el doble homicidio. La familia exige respuestas y justicia, mientras avanza la investigación para establecer responsabilidades.

Un escolta del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado en zona rural de Hatonuevo, en el departamento de La Guajira, cuando transportaba $145 millones en efectivo y material político.

El detenido fue identificado como Luis Alfredo Acuña, quien se movilizaba en un vehículo particular en el que las autoridades hallaron el dinero oculto en siete sobres marcados con nombres de municipios y un corregimiento. En el carro también había propaganda del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador Colombiano.

El director de la Unidad Nacional de Protección confirmó que el hombre hacía parte del esquema asignado a Lacouture, aunque aclaró que el vehículo no era oficial. La Policía Nacional de Colombia indicó que el dinero estaría destinado a la compra de votos. En el procedimiento fueron capturadas dos personas y se incautó un arma de fuego con munición.

El presidente Gustavo Petro aseguró que hay orden de judicializar a quienes incurran en delitos contra el sufragio. Las autoridades avanzan en la investigación.

Tras el ataque con drones atribuido a Irán contra la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, el embajador de Colombia en ese país, Rayan El Barkachi Abou Trabi, hizo un llamado a la precaución y calma a la comunidad colombiana residente en la región.

Ell diplomático confirmó que no hubo víctimas, pero reconoció que la situación “es de tensión” ante un posible escalamiento del conflicto en el Golfo Pérsico. “Lo más importante es resguardarse”, insistió, al tiempo que recordó las instrucciones oficiales enviadas a los cerca de 1.100 colombianos residentes en Arabia Saudita, así como a otros 900 con doble nacionalidad.

El embajador explicó que la embajada ha recomendado salir únicamente para realizar actividades estrictamente necesarias y seguir las indicaciones de las autoridades locales y consulares.

El ataque, ejecutado con al menos ocho drones, de los cuales dos impactaron el edificio diplomático estadounidense, provocó daños menores, aunque las imágenes del incendio en la embajada circularon ampliamente en medios internacionales. Tanto Arabia Saudita como Estados Unidos advirtieron que “se reservan el derecho a responder” a la agresión.

Consultado sobre la preparación de Riad frente a este tipo de situaciones, El Barkachi aclaró que no existen zonas designadas como refugio, pero destacó la capacidad de respuesta saudí: “El país cuenta con un sistema de alerta que notifica a todos los teléfonos móviles ante cualquier emergencia”.

A pesar del contexto bélico, el embajador aseguró que la vida cotidiana se mantiene con normalidad, especialmente durante el mes de Ramadán, sin reportes de compras de pánico ni alteraciones del orden público.

Finalmente, El Barkachi reiteró el llamado de la Cancillería de Colombia a los nacionales en Arabia Saudita, Egipto y Omán para que permanezcan en sus residencias y eviten desplazamientos o cercanías a instalaciones militares. La mayoría de los colombianos en el país árabe —dijo— trabaja en sectores como petróleo, construcción, salud y educación, además de un pequeño grupo de estudiantes universitarios.

En una comparecencia ante la JEP, los exmiembros del último Secretariado de las Farc admitieron la existencia de una política de reclutamiento de menores y reconocieron violencias sexuales, abortos forzados y otros tratos crueles contra niñas y adolescentes dentro de la organización.

Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante de la guerrilla, señaló que este reconocimiento fue “difícil y doloroso” y pidió perdón a las víctimas y a la sociedad. “El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió ocurrir. Numerosos menores pasaron por nuestras filas y sus proyectos de vida fueron gravemente afectados”, afirmó.

Londoño agregó que estos menores fueron expuestos a la muerte y a contextos hostiles que facilitaron la violencia, en especial hacia las niñas, quienes sufrieron abusos sexuales, planificación obligatoria y abortos forzados. Además, reconoció que los hechos generaron daños físicos y psicológicos persistentes.

Otros miembros de la dirigencia, como Pastor Alape y Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, también admitieron la existencia del reclutamiento y de violencias sexuales, y asumieron responsabilidades por omisiones y fallas de mando. Jaime Parra reconoció su implicación directa en la política de planificación obligatoria que afectó principalmente a las mujeres.

Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, agregó que algunos menores tenían menos de 15 años y fueron sometidos a los rigores del conflicto sin ninguna protección especial. “Somos conscientes de que estos hechos constituyen crímenes de guerra y pedimos perdón no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad colombiana”, manifestó.

Tras las intervenciones, la magistrada Lily Rueda, relatora del caso 07, indicó que estas declaraciones serán la base para diseñar encuentros restaurativos con las víctimas, respetando seguridad, protección e intimidad. Subrayó que el proceso continuará garantizando la centralidad de las víctimas y buscando que estos crímenes no queden en la impunidad ni en el olvido.

Ya se encuentra en marcha el proceso electoral en el exterior, de acuerdo con la Registraduría las agrupaciones políticas presentaron 12.233 postulaciones de hombres y mujeres encargados de vigilancia y control en las mesas habilitadas fuera del país, con el objetivo de garantizar la legitimidad y transparencia en las elecciones de Congreso de la República.

El balance indica 11.362 auditores y 8.750 observadores nacionales e internacionales inscritos para hacer seguimiento al proceso. En total, 15 agrupaciones políticas lograron cobertura en 41 países, alcanzando presencia en el 61 % de los consulados habilitados y en el 89 % de las mesas en el exterior.

Hasta la fecha, el CNE ha acreditado oficialmente a 11.960 testigos electorales, 11.326 auditores de sistemas y 5.404 observadores, quienes ya cuentan con validación para ejercer sus funciones, fortaleciendo los estándares de transparencia y legitimidad en el proceso democrático. Todas las postulaciones y acreditaciones se realizaron mediante la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta tecnológica que operó con estabilidad, seguridad y disponibilidad durante todo el plazo, permitiendo la carga ágil de información.

Los testigos en el exterior tendrán a su cargo la vigilancia integral de la jornada, desde la apertura de urnas hasta la culminación de los escrutinios. A través de la plataforma, podrán reportar en tiempo real los formularios E-14, informar posibles inconsistencias y activar los mecanismos legales correspondientes, fortaleciendo el control y la trazabilidad de los resultados.

Por su parte, los auditores de sistemas se encargarán del control técnico y acompañamiento permanente de los procesos informáticos, incluido el preconteo y la transmisión de resultados, contribuyendo a blindar tecnológicamente la jornada y garantizar la seguridad de la información electoral.

La Defensoría del Pueblo presentó un balance preocupante sobre las dinámicas de desplazamiento forzado, confinamiento y movimientos migratorios en Colombia durante enero de 2026, evidenciando situaciones críticas en varias regiones del país.

Durante el primer mes del año se registraron 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3.409 personas. Los casos se concentraron en Cauca (Argelia, Buenos Aires y Suárez), Norte de Santander (El Tarra y Tibú), Magdalena (Ciénaga), Antioquia (Briceño, El Bagre y Yondó), Valle del Cauca (Bolívar) y Vichada (La Primavera). La entidad señaló que estos hechos reflejan la persistencia de factores de violencia y disputas armadas que obligan a comunidades enteras a abandonar sus territorios.

En materia de confinamiento, se reportaron siete eventos que afectaron a 17.651 personas, impidiéndoles acceder a alimentos, salud y actividades económicas. Los departamentos más afectados fueron Caquetá, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo y Chocó. La Defensoría reiteró que el confinamiento constituye una grave vulneración de derechos humanos.

El informe también registró cinco eventos de desplazamiento asociados a fenómenos ambientales, como desastres, cambio climático y degradación ambiental, que impactaron a unas 21.173 personas en Nariño, Antioquia y Cauca. Las cifras continúan en verificación mientras avanzan los censos de damnificados.

En cuanto a movimientos migratorios, se reportaron 10.277 personas en tránsito irregular por el país durante enero, principalmente venezolanos, y un flujo inverso de 968 personas ingresando desde Panamá, en su mayoría también venezolanos. Entre los migrantes se registraron hombres, mujeres y niños, reflejando la diversidad de los movimientos.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer la prevención, la protección y la atención humanitaria integral, especialmente en los departamentos más afectados por la violencia y los fenómenos ambientales.