Categoría: Actualidad

Durante el Consejo de Ministros realizado este martes 24 de febrero, el presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron la solicitud para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, con el fin de promover cambios estructurales en el país.

Entre los funcionarios que acompañaron la firma se encuentran la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón Ortiz; el jefe de despacho, José Raúl Moreno; y los ministros de Minas, Edwin Palma; Educación, Daniel Rojas; Vivienda, Helga María Rivas; Cultura, Yannai Kadamani; Comercio, Diana Morales; y Hacienda, Germán Ávila.

El primero en respaldar la iniciativa fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la semana pasada publicó su firma en uno de los formularios de recolección, convirtiéndose en el primer miembro del gabinete en hacerlo públicamente.

Con la firma del presidente Petro, el Gobierno oficializa el inicio de la recolección de firmas ciudadanas, con el objetivo de reunir 2′050.000 apoyos, equivalentes al 5 % del censo electoral nacional, requisito para presentar la propuesta ante las autoridades competentes.

El presidente Petro ha defendido esta convocatoria al considerar que existe un bloqueo institucional que ha impedido el avance de sus reformas sociales y proyectos clave en el Congreso. Según el mandatario, la Asamblea Constituyente permitiría que el pueblo colombiano respalde de manera directa los cambios estructurales que considera necesarios para transformar el país.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Emilio Cortés Martínez, confirmó que las muestras analizadas por la entidad corresponden al cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo, figura histórica conocida por su papel como líder social y militante de la guerrilla del ELN.

Según explicó, los resultados de las pruebas científicas arrojaron una coincidencia de 844 millones de veces, lo que permite afirmar con un 99 % de probabilidad que los restos pertenecen al sacerdote.

Cortés señaló que en enero de 2026 la institución había entregado un primer informe a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en el cual ya se advertían indicios sobre la posible identificación de los restos. Posteriormente, se realizaron análisis genéticos comparativos con muestras del padre y de la abuela de Camilo Torres, lo que permitió confirmar la identidad.

El funcionario añadió que el proceso de entrega de los restos fue complejo y que, en su opinión, resultó “riesgoso” haberlos entregado antes de contar con la confirmación científica definitiva.

El precandidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre las recientes menciones en los computadores del exjefe guerrillero ‘Raúl Reyes’ y aseguró que los contenidos “carecen de valor probatorio”, al afirmar que “no tuvieron cadena de custodia y fueron manipulados”.

Cepeda, quien aspira a la Presidencia por el Pacto Histórico, anunció junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que considera “actos de persecución política” en su contra durante el actual proceso electoral.

“Se han puesto en marcha toda una serie de campañas, mecanismos y métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico”, declaró Cepeda.

El senador también cuestionó el uso político de información proveniente de operaciones militares pasadas, señalando que este tipo de hechos busca afectar su imagen y la de su movimiento en medio de la contienda electoral.

Una mujer identificada como Diana Ospina, quien había sido reportada como desaparecida tras salir de una discoteca en Bogotá, fue encontrada con vida y ya se reencontró con su familia.

Ospina, de aproximadamente 47 años, había perdido contacto con sus familiares desde la madrugada del domingo 22 de febrero, luego de asistir a una fiesta en Theatron, un reconocido bar de la localidad de Chapinero y tomar un taxi para regresar a su casa.

Las autoridades informaron que la mujer fue hallada sana y salva en la vía que conecta Bogotá con el municipio de Choachí, en Cundinamarca. Al llegar al CAI Mirador, fue auxiliada por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y trasladada a su residencia para reunirse con sus seres queridos.

Según versiones preliminares de la investigación, Ospina habría sido víctima de un presunto “paseo millonario”, una modalidad delictiva en la que la víctima es retenida y llevada a distintos lugares mientras delincuentes acceden a sus cuentas bancarias y realizan retiros o transacciones no autorizadas. En este caso, se cree que durante el tiempo en que estuvo desaparecida hicieron movimientos sospechosos en sus cuentas.

El alcalde Galán aseguró que la investigación sigue su curso y que las autoridades trabajan para identificar y capturar a los responsables del hecho, que incluyó el secuestro y el robo de la víctima. Asimismo, destacó que el reencuentro familiar fue emotivo y que Ospina se encuentra en buen estado de salud tras las horas de incertidumbre.

El procurador Gregorio Eljach rechazó las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro, en las que cuestionó la legalidad y transparencia de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales programadas para el 8 de marzo.

Eljach señaló que no se puede irrespetar ni cuestionar a las entidades de control que supervisan el proceso electoral:

“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea […] Aquí tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Nadie puede jugar con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento”, afirmó.

El jefe del Ministerio Público informó que mañana se reunirá con el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para revisar las acciones relacionadas con la jornada electoral.

“Si encontramos algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como hasta ahora no hemos encontrado, que todo está en orden, diremos que está bien”, explicó Eljach.

Hasta el momento, el procurador indicó que no se ha hallado evidencia de irregularidades o fraude, tal como lo había insinuado Petro en varias ocasiones. Por su parte, Penagos también pidió respeto por la independencia de las entidades que organizan las elecciones, asegurando que el proceso se realiza “de la mejor manera”.

En la Casa de Nariño, la canciller Rosa Villavicencio entregó oficialmente al presidente Gustavo Petro la nueva libreta de pasaporte colombiana, que contará con diseño vinotinto y elementos distintivos como un fondo irisado y un dispositivo de identificación difractado que incorpora el escudo de la República de Colombia y mariposas amarillas.

El mandatario confirmó que en abril comenzará el proceso de transición para que los pasaportes se produzcan completamente en el país. Mientras tanto, la Casa de la Moneda de Portugal seguirá encargándose de la fabricación de las libretas. La Cancillería recopilará los datos de los ciudadanos mientras la Imprenta Nacional se equipa con la maquinaria necesaria para la producción nacional.

El pasado 19 de febrero, durante su discurso en la Plaza de Bolívar, Petro mostró el diseño del nuevo pasaporte y destacó su valor simbólico: “Es hermoso, tiene mariposas amarillas, guitarras, pescadores, tiene el pueblo de Colombia en sus dibujos”. Además, aseguró que el documento ya cumplió con todas las certificaciones internacionales. Sin embargo, aún se desconocen algunos detalles técnicos de seguridad; según el presidente, el papel será más delgado y se prevé que el pasaporte sea uno de los mejores del mundo en su categoría.

Respecto al uso del pasaporte actual, la Cancillería aclaró que seguirá siendo válido para ingresar y salir del país hasta la fecha de transición en abril. Recomendaron a los viajeros verificar la vigencia de su documento y renovar el pasaporte al menos seis meses antes de su vencimiento.

El pasaporte colombiano tiene una validez de 10 años y se expide en dos modalidades: ordinario, con 32 páginas, utilizado por la mayoría de los ciudadanos; y ejecutivo, de 48 páginas, destinado a viajeros frecuentes.

La juez primera Penal Especializada de Bogotá aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Katherine Martínez Martínez, conocida como alias ‘Gabriela’, quien reconoció su responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El crimen ocurrió la tarde del sábado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Con esta decisión, la única mujer procesada por el caso será condenada a 254 meses de prisión, equivalentes a 21 años y 2 meses.

Alias ‘Gabriela’ admitió haber cometido los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación y porte de armas de fuego, y utilización de menores de edad para la comisión de un delito.

En el marco del preacuerdo con la Fiscalía, la mujer pidió perdón a la familia de Uribe Turbay, en especial a su esposa, María Claudia Tarazona. En sus palabras, reconoció la magnitud de su error: “Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, sé que no aliviará todo el dolor de la familia de Miguel. Con todo el amor y la sinceridad del mundo, les pido disculpas, porque yo también tengo familiares y entiendo lo doloroso que es perder a un ser querido. En el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que nunca quise hacerle daño a Miguel; sin embargo, mis actos demostraron lo contrario (…)”.

Asimismo, manifestó sentirse profundamente culpable y reiteró su disculpa: “Siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con todos, especialmente con su esposa y su hermana”.

La aerolínea Latam Airlines Colombia reanudó este lunes 23 de febrero la operación de sus vuelos entre Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela) con cuatro frecuencias semanales, cumpliendo así con lo que había anunciado previamente.

Inicialmente, los vuelos se realizarán los lunes, miércoles, viernes y domingos, pero a partir del 1° de abril la compañía confirmó que incrementará la frecuencia a un vuelo diario, en un esfuerzo por fortalecer la conectividad entre ambos países y responder a la creciente demanda de pasajeros.

Erika Zarante, directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, afirmó que la reactivación de la ruta marca “una etapa estratégica de mediano y largo plazo” con Venezuela, y que la operación diaria desde abril demuestra la confianza de la aerolínea en la recuperación del mercado.

La ruta Bogotá–Caracas había estado suspendida desde finales de 2025 debido a restricciones operativas y de seguridad que afectaron varias aerolíneas en la región, incluidas medidas de autoridades aeronáuticas vinculadas a recomendaciones de seguridad aérea.

Con esta reactivación, los pasajeros podrán reservar billetes en todos los canales de venta de Latam y reprogramar itinerarios cancelados anteriormente sin cargos adicionales, mientras la compañía busca consolidar de manera estable su presencia entre Colombia y Venezuela.

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas de la vereda La Fuente, en el corregimiento Cerro Azul del municipio de Aracataca, debido a los recientes combates entre los grupos armados autodenominados Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC).

La entidad advirtió que estos hechos confirman el riesgo alto señalado en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, que advierte sobre el recrudecimiento del conflicto por el control territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta y su zona de influencia. Aunque no se han reportado víctimas civiles, las comunidades permanecen expuestas a graves riesgos, entre ellos la posible presencia de artefactos explosivos, restricción de movilidad y zozobra por los enfrentamientos, lo que ha provocado desplazamientos hacia el casco urbano de Aracataca y municipios cercanos.

Según la Defensoría, al menos 46 familias —equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 menores de edad— han sido desplazadas por los combates. Además, se reporta que otras familias buscaron refugio en localidades vecinas. Las personas que permanecen en la zona enfrentan limitaciones severas de movilidad debido a la presencia de grupos armados y a la práctica de acciones contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos, mercados y medios de transporte.

Ante la emergencia, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de manera inmediata las recomendaciones de la alerta temprana y activar los planes de contingencia para garantizar atención humanitaria a la población desplazada. También solicitó el apoyo de la Gobernación del Magdalena, la Unidad para las Víctimas y el fortalecimiento de la atención a menores por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Finalmente, la entidad pidió a los grupos armados respetar los compromisos asumidos en los procesos de diálogo con el Gobierno nacional y cumplir estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría anunció que continuará con el monitoreo permanente de la situación para garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas.

Óscar Ojeda Erazo, conocido como alias ‘Leopoldo’ y señalado como jefe negociador de las disidencias de alias ‘Calarcá’, recuperó la libertad luego de haber sido capturado en Puerto Concordia hacia las 5:00 de la tarde del 22 de febrero.

Su detención se produjo cuando el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que se movilizaba fue requerido por la Policía Nacional de Colombia en un puesto de control. Al verificar los antecedentes, las autoridades detectaron una circular azul de Interpol, ya que Ojeda es requerido por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos provenientes de actividades terroristas.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscal Segunda Especializada contra el Lavado de Activos, ordenó levantar el acta de detención y autorizar la continuación del recorrido de alias ‘Leopoldo’, quien finalmente quedó en libertad.

Fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informaron a las autoridades que Ojeda cuenta con amparo presidencial y suspensión de orden de captura, amparados en una resolución de la Fiscalía. El documento lo reconoce como representante y coordinador de la delegación del grupo armado Estado Mayor Central (EMC) dentro de los actuales procesos de paz.

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que culminó en todo el país la prueba de ascenso y reubicación salarial para docentes del sector oficial. En total, 34.607 maestros participaron en la jornada, lo que representa una asistencia del 99,25 % frente a los 34.867 educadores convocados.

La evaluación, coordinada por la Universidad de Antioquia, se desarrolló en 76 puntos de aplicación distribuidos en 54 municipios de 31 departamentos, bajo estrictos protocolos de organización y control.

El escalafón docente es el sistema que clasifica a los maestros del sector público por grados, según su formación académica, experiencia y desempeño. Cada ascenso implica un aumento permanente en el salario, reflejado mensualmente en la nómina del educador.

Además, existe la figura de reubicación salarial, que permite al docente mejorar sus ingresos dentro del mismo grado, siempre que cumpla con los requisitos y obtenga el puntaje exigido. Este proceso forma parte del Decreto 1278 de 2002, que regula la carrera docente y evalúa competencias pedagógicas, conocimiento disciplinar y capacidad para resolver situaciones del aula.

En los últimos años, el programa ha tenido gran impacto: en 2024 participaron más de 103.000 educadores, y en 2025 más del 80 % logró mejorar sus condiciones salariales, con una inversión estimada de $602.222 millones.

Publicación de resultados

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio, los resultados preliminares se darán a conocer el 16 de marzo de 2026, seguidos de un periodo de reclamaciones entre el 17 y el 24 de marzo. Finalmente, la lista definitiva de docentes que ascenderán o serán reubicados se publicará el 12 de mayo.

Un proceso clave para la calidad educativa

El alto nivel de participación —superior al 99 %— demuestra el compromiso de los docentes por avanzar en su carrera profesional. Este proceso no solo representa una mejora salarial, sino también un incentivo para fortalecer la calidad educativa en Colombia, en un contexto donde las condiciones laborales del magisterio siguen siendo tema de debate nacional.

Tras una reunión operacional en San José del Guaviare, los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia evaluaron los avances de las operaciones en curso contra las estructuras criminales bajo el mando de alias “Calarcá” y ordenaron mantener la presión en la zona.

Durante el encuentro, los altos mandos también revisaron el despliegue de seguridad dentro del Plan Democracia, con el objetivo de garantizar el desarrollo tranquilo de las elecciones del próximo 8 de marzo.

“Estos combates hacen parte de la ofensiva sostenida que adelantan las Fuerzas Militares con la Cuarta División del Ejército Nacional de Colombia y el Comando Aéreo de Combate N.º 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana contra las estructuras criminales de alias ‘Calarcá’ en el Guaviare. Las operaciones continúan con determinación, manteniendo la presión sobre estos grupos armados residuales para neutralizar su accionar”, señaló la institución a través de un comunicado.

Soldados heridos fueron trasladados al Hospital Militar

Los nueve uniformados que resultaron heridos durante los enfrentamientos en la vereda Caño Mosco fueron trasladados a Bogotá, donde reciben atención médica en el Hospital Militar Central.

En una respuesta inmediata, la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso un avión tipo C-295 para realizar el traslado aeromédico. Durante el vuelo, la tripulación —integrada por pilotos, técnicos de vuelo, médicos y enfermeros— trabajó de forma coordinada para estabilizar los signos vitales de los soldados y garantizar su atención permanente durante el trayecto.

Con la llegada de 2026, comenzaron a regir los nuevos incrementos establecidos por Migración Colombia para los trámites y servicios que presta la entidad. A través de la Resolución 0599 del 10 de febrero de 2026, se oficializó la actualización de tarifas, con un aumento promedio del 5,1 % frente al año anterior.

Entre los ajustes más destacados se encuentran los relacionados con la cédula de extranjería, que tendrá un costo de $294.000, mientras que su duplicado quedó en $293.000. Estos valores aplican para todos los ciudadanos extranjeros que residen en el país o adelantan procesos de regularización.

Otros trámites también presentaron incrementos. La prórroga del Permiso Temporal de Permanencia quedó en $150.000, el Salvoconducto en $88.000 y el Certificado de Movimientos Migratorios en $89.000.

Asimismo, el Registro Migración Automática tendrá un valor de $421.000, el duplicado del Permiso por Protección Temporal costará $20.000, el PEP Tutor se fijó en $68.000 y el Permiso para Desarrollar Otras Actividades quedó en $151.884.

Migración Colombia recordó que esta actualización responde al ajuste anual de tarifas conforme al índice de precios del consumidor (IPC) y busca garantizar la sostenibilidad de los servicios migratorios durante el nuevo año.

La Defensoría del Pueblo activó una ruta urgente con la EPS Famisanar ante las crecientes fallas en la atención en salud y los retrasos en la entrega de medicamentos, tras evidenciar un aumento del 60 % en las quejas de usuarios durante 2025. En total, la entidad recibió 2.513 reclamos, de los cuales el 23 % está relacionado con demoras en la entrega de fármacos.

Según la Defensoría, esta situación evidencia barreras persistentes en el acceso a tratamientos y una afectación directa al derecho fundamental a la salud. Además de los problemas en la dispensación de medicamentos, se reportaron quejas por demoras en citas médicas, exámenes, tratamientos, prótesis e insumos en distintas regiones del país.

En el marco de la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), la entidad instaló una mesa de trabajo en Bogotá, donde señaló que Famisanar se encuentra entre las diez EPS con peor desempeño del país, según una evaluación de 26 aseguradoras con datos consolidados a diciembre de 2025.

Durante el encuentro, se acordaron cinco compromisos prioritarios, entre ellos estabilizar la red de prestación de servicios —especialmente para pacientes de alto costo— y alcanzar un 95 % de cumplimiento en la entrega de medicamentos a nivel nacional. También se realizará una auditoría a los gestores farmacéuticos y seguimiento a los mecanismos de reembolso para pacientes que han tenido que asumir gastos por falta de atención.

La Defensoría anunció además un monitoreo especial en Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Meta y Tolima, donde Famisanar concentra más de 861.000 afiliados. En estas zonas se efectuarán mesas técnicas y evaluaciones mensuales para verificar el cumplimiento de los compromisos y mejorar de forma real el acceso a los servicios de salud.

En Colombia, el pago de la cuota alimentaria no es opcional ni depende de la voluntad de los padres. Se trata de una obligación legal que deben asumir, sin excepción, quienes no conviven con sus hijos tras una separación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) advirtió que no habrá espacio para excusas ni dilaciones en los procesos relacionados con el bienestar de los menores. Cuando no existe acuerdo entre los padres, el defensor de familia podrá fijar una cuota provisional, incluso sin consentimiento del progenitor citado.

La cuota alimentaria debe establecerse preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde vive el menor. Allí se define el valor mensual que uno de los padres debe consignar para cubrir alimentación, vivienda, educación, servicios públicos, recreación y otros gastos básicos. Además, los padres deben asumir por partes iguales los gastos extraordinarios como matrícula escolar, uniformes o tratamientos médicos.

El monto se calcula según los ingresos del padre o madre obligado y se actualiza anualmente, con base en el salario mínimo o el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si alguno de los progenitores alega no tener empleo, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo y fija el pago en consecuencia, para evitar maniobras que afecten los derechos del menor.

El mensaje de las autoridades es contundente: la cuota alimentaria es un derecho del niño o la niña, no una negociación entre adultos. El ICBF refuerza así los mecanismos para garantizar que todos los menores reciban el apoyo económico necesario, protegiendo su bienestar y desarrollo integral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que está lista para las elecciones del próximo 8 de marzo, luego de culminar con éxito el segundo simulacro nacional de preconteo de votos, un ejercicio clave para verificar la transmisión y consolidación de resultados en todo el país.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la entidad trabaja de manera permanente para garantizar transparencia y tranquilidad durante la jornada electoral. “La Registraduría está preparada para estas próximas elecciones y trabajamos cada día para brindar confianza a toda la ciudadanía”, afirmó.

En la prueba participaron cerca de 35.000 personas en todo el territorio nacional y en consulados de varios países, quienes simularon el envío y recepción de resultados desde departamentos como Vichada, Nariño, La Guajira y Chocó. El ejercicio contó con la presencia de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, además de observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea.

Según la entidad, el simulacro se desarrolló con total eficiencia y permitió evaluar el funcionamiento de los sistemas de información. Penagos agregó que en las próximas semanas se realizarán nuevas pruebas centradas en la transmisión de los formularios E-14, así como auditorías y exposiciones del código fuente de los softwares electorales.

La Registraduría reiteró que continuará afinando los detalles logísticos y tecnológicos antes de los comicios, e hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en el proceso y participar activamente en esta jornada democrática.