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La Asociación Colombiana de Epidemiología emitió una alerta preventiva a nivel nacional ante el comportamiento de diversos eventos de interés en salud pública durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por el incremento de desplazamientos y la interacción social durante la Semana Santa.

El pronunciamiento, sustentado en reportes del Instituto Nacional de Salud, así como de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, advierte que Colombia enfrenta simultáneamente múltiples enfermedades transmisibles con brotes activos o alertas vigentes tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre los eventos priorizados se encuentran la fiebre amarilla, el dengue y la tosferina en el país, y el sarampión y la influenza en el contexto regional.

De acuerdo con el análisis, esta confluencia epidemiológica, sumada al alto flujo de viajeros, aumenta el riesgo de propagación de contagios, la importación de casos, la presión sobre los servicios de salud y la aparición de complicaciones graves.

En cuanto a la fiebre amarilla, se evidencia una expansión hacia zonas sin antecedentes recientes de transmisión, junto con una alta proporción de población no vacunada. En el caso del sarampión, las autoridades advierten sobre su reemergencia en las Américas, principalmente en personas con esquemas de vacunación incompletos.

El dengue mantiene comportamiento de brote en varias regiones del país, con incremento de casos con signos de alarma y dengue grave, mientras que la tosferina presenta un aumento significativo, especialmente en menores de un año. A esto se suma el alza estacional de infecciones respiratorias agudas, como la influenza y el COVID-19, favorecida por las aglomeraciones y los viajes.

La alerta también advierte sobre riesgos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, debido al consumo en espacios públicos, y el incremento de lesiones por siniestros viales en periodos de alta movilidad.

Ante este panorama, la Asociación reiteró la importancia de la vacunación, el uso de medidas de protección personal, la consulta oportuna ante síntomas y la adopción de prácticas seguras durante los desplazamientos. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a fortalecer la vigilancia epidemiológica, garantizar la capacidad de los servicios de salud y reforzar las estrategias de prevención en todo el territorio nacional.

El Gobierno nacional decidió aumentar el monto de los dividendos de Ecopetrol y, haciendo uso de su mayoría accionaria, aprobó un pago de 121 pesos por acción, por encima de los 110 pesos inicialmente propuestos por la administración de la compañía.

Con esta decisión, la petrolera distribuirá más del 55 % de sus utilidades, lo que equivale aproximadamente a 4,9 billones de pesos en dividendos.

Según lo establecido, el Ejecutivo recibirá cerca de 4 billones de pesos a más tardar el 30 de abril, fecha que coincide con la antesala de la primera vuelta electoral.

Por su parte, los accionistas minoritarios obtendrán sus pagos el mismo 30 de abril, mientras que el Gobierno percibirá el restante de sus ganancias antes del 30 de junio.

Pese al incremento aprobado, la distribución de dividendos de Ecopetrol continúa siendo la más baja registrada desde 2020.

Ante la alta demanda de trámites consulares el mundial de fútbol, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la implementación de “FIFA Aprobar”, un sistema de citas prioritarias para colombianos que ya cuentan con entradas oficiales.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la visa de turismo para los aficionados que asistirán al evento. Sin embargo, la entidad aclaró que poseer un boleto no reemplaza el requisito obligatorio de contar con visa para ingresar a territorio estadounidense.

Desde la sección consular se explicó que los interesados deberán cumplir con varios pasos: adquirir las entradas a través de la plataforma oficial de la FIFA, registrarse en el programa dentro de ese mismo sistema y realizar la solicitud de visa en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las autoridades advirtieron que es fundamental que los datos personales —como nombre, apellido y fecha de nacimiento— coincidan exactamente en todos los registros para evitar inconvenientes en el proceso.

Aunque este mecanismo permite agilizar la asignación de citas, el costo de la visa de turismo B1/B2 se mantiene en 180 dólares. Además, recordaron que, una vez aprobada, la visa puede tener una vigencia de hasta 10 años.

La embajada también indicó que el beneficio podría extenderse a familiares directos, como cónyuges e hijos menores, quienes podrán presentarse a la entrevista incluso si no asistirán a los partidos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a iniciar el trámite con anticipación, teniendo en cuenta que ya hay disponibilidad de citas para quienes planean viajar al evento deportivo.

Charles Dupont, portavoz y representante legal de Frisby España, se refirió al reciente fallo judicial que le permitió a la compañía utilizar la marca en territorio europeo, tras un litigio con Frisby Colombia.

Según explicó, el proceso fue extenso y se centró en determinar la existencia de derechos marcarios en España. “No se puede infringir una marca que no existe en ese mercado”, afirmó, al señalar que los argumentos sobre notoriedad presentados por la contraparte no lograron demostrar reconocimiento general en el público español.

Dupont también indicó que, durante el tiempo en que el proyecto estuvo detenido, la empresa registró pérdidas económicas asociadas a la operación y a los costos legales asumidos en el proceso.

En ese contexto, anunció que la compañía solicitará una indemnización que incluiría cerca de 500.000 euros por el tiempo sin operación, 200.000 euros por ganancias proyectadas en cuatro meses y el reconocimiento de ingresos dejados de percibir entre mayo y diciembre de 2025.

El vocero aseguró que la decisión judicial respalda la legitimidad del proyecto en Europa y descartó que se trate de un caso de competencia desleal. Además, señaló que en su momento se plantearon alternativas de acuerdo con Frisby Colombia, las cuales no fueron aceptadas.

Frente al respaldo que recibió la marca colombiana en el país, Dupont consideró que se basó en información imprecisa sobre el caso. Asimismo, reiteró que el proceso de registro de la marca en Europa se adelantó conforme a la normativa vigente.

En cuanto al modelo de negocio, explicó que Frisby España tendrá una propuesta gastronómica propia, que incluirá influencias internacionales, aunque basada en productos conocidos como el pollo apanado.

Finalmente, anunció que la compañía avanza en la apertura de sus primeros restaurantes, con infraestructura y recetas definidas, y con la expectativa de generar cerca de 50 empleos en esta primera etapa.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación enfrenta una fuerte controversia en el sistema científico luego de frenar la financiación de proyectos que ya contaban con evaluaciones técnicas, en medio de la aplicación de un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que ha sido cuestionado por actores del sector.

La decisión generó pronunciamientos de 136 integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sistema Universitario Estatal, quienes advirtieron que varias iniciativas del bienio 2023–2024 quedaron en el limbo, comprometiendo cerca de 2,7 billones de pesos provenientes del sistema de regalías.

El origen del conflicto radica en la interpretación del DNP, según la cual los proyectos no aprobados en un periodo no podrían financiarse con recursos de otro. MinCiencias acogió este criterio en su rol como Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, pese a que diversos actores señalan que dicho concepto no es vinculante.

De acuerdo con los pronunciamientos, esta decisión afectó directamente proyectos que ya habían superado etapas de evaluación, revisión y ajustes, generando incertidumbre sobre su continuidad y posibles impactos financieros. Además, advierten que cambios en cronogramas, adendas y requisitos alteraron las condiciones iniciales de las convocatorias.

Los firmantes también alertaron sobre presuntas fallas estructurales y un escenario de inseguridad jurídica, señalando falta de articulación entre las entidades involucradas y decisiones adoptadas sin claridad normativa. Incluso, calificaron como desproporcionado el bloqueo y la terminación abrupta de los procesos.

Finalmente, coincidieron en que la situación pone en riesgo la continuidad del sistema científico, al estimar que se habrían perdido cerca de tres años de trabajo técnico e institucional. Por ello, pidieron correctivos urgentes, mayor claridad en las decisiones y la intervención de los órganos de control, mientras el Gobierno defiende la medida como un ajuste a interpretaciones jurídicas del sistema.

La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que no se han presentado cambios en la situación administrativa de la Nueva EPS, especialmente en lo relacionado con un eventual levantamiento de la intervención o el nombramiento de un nuevo interventor.

A través de un comunicado, la entidad precisó que “a la fecha, no se ha ordenado el levantamiento de la intervención de la Nueva EPS”, con el objetivo de evitar confusión o preocupación entre los usuarios del sistema de salud.

En ese sentido, la Superintendencia reiteró que cualquier decisión oficial será informada únicamente por medio de sus canales institucionales, garantizando así la transparencia y evitando la circulación de información no verificada.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a corroborar cualquier información relacionada con el sistema de salud a través de fuentes oficiales, para prevenir la desinformación en temas sensibles del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que concluyó el proceso de abordaje de los 69 cuerpos recuperados tras el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo.

De acuerdo con la entidad, hasta el momento han sido identificadas 54 víctimas del siniestro, correspondiente a la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se precipitó a tierra en la mañana del lunes festivo 23 de marzo.

Los 15 cuerpos restantes se encuentran en proceso de identificación genética, mediante la toma y análisis de muestras con sus familiares.

El Instituto indicó que espera culminar este procedimiento en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas, una vez finalice la recolección y estudio de las muestras pendientes.

Para atender la emergencia, Medicina Legal dispuso de 12 equipos forenses interdisciplinarios integrados por 57 funcionarios, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas y personal de apoyo. Su director, Ariel Emilio Cortés Martínez, aseguró que la entidad continuará con las labores garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad de las víctimas y acompañamiento a sus familias.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, informó que seis integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ murieron en medio de un operativo conjunto desarrollado en el departamento de Vaupés.

A través de su cuenta en X, el alto oficial detalló que la acción fue ejecutada de manera coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, como parte de las ofensivas contra este grupo armado ilegal en el sur del país.

Según explicó, el balance preliminar de la operación deja seis personas muertas en desarrollo de las acciones militares. Además, se logró la incautación de material de guerra, equipos de comunicación, elementos de intendencia y explosivos.

“El resultado afecta de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”, señaló el general López Barreto.

De acuerdo con fuentes militares, en la zona permanecen equipos forenses que adelantan labores de identificación para establecer si entre los abatidos se encuentra alias ‘Iván Mordisco’, señalado como máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

Redacción Económica

La empresa estatal de hidrocarburos Ecopetrol enfrenta una de las crisis financieras más graves en los últimos años actualmente bajo la gerencia del gobierno de Gustavo Petro y volvió a ser debate la presión que existe para que renuncie Ricardo Roa como gerente de la entidad.

El presidente de la USO Martín Ravelo, planteó un escenario en el que la estabilidad de la empresa estaría en riesgo, incluso por su nivel de endeudamiento, que actualmente supera los 30.000 millones de dólares.

El dirigente sostuvo que la permanencia de Ricardo Roa está generando un deterioro reputacional que, según dijo, podría escalar a consecuencias financieras.

“La permanencia del doctor Ricardo Roa (…) está ocasionando un impacto crítico a la reputación de nuestra empresa, que se puede convertir en un impacto catastrófico”, afirmó Ravelo.

En ese contexto, el sindicato considera que un agravamiento del frente reputacional podría activar presiones externas sobre la empresa y afectar su capacidad de respuesta financiera. “El mayor porcentaje de las acreencias financieras (…) son de capital norteamericano, son 30.000 millones de dólares”, señaló.

Tras el accidente del avión Hércules C-130H en Puerto Leguízamo (Putumayo) el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó nuevos detalles sobre las posibles causas del siniestro y las líneas de investigación en curso y en donde reconoció que ya existen hipótesis preliminares.

Una de las principales líneas apunta a un posible impacto con vegetación durante el despegue. Según explicó, se analiza un video en el que se observa que la aeronave habría rozado o “podado” un árbol en los primeros segundos de vuelo, lo que pudo afectar su capacidad para ganar altura. Las autoridades buscan establecer por qué el avión no logró superar los obstáculos cercanos a la pista, pese a los cálculos técnicos que normalmente garantizan un ascenso seguro.

El peso de la aeronave también hace parte del debate. Sánchez indicó que se trataba de un vuelo militar con personal armado y equipado, pero defendió los protocolos de seguridad, asegurando que cada pasajero y su carga son pesados individualmente antes del despegue para evitar sobrecargas.

Otro de los puntos en discusión ha sido la antigüedad del avión. Mientras el presidente Gustavo Petro ha cuestionado el estado de estas aeronaves, calificándolas de “viejas”, el ministro subrayó que el Hércules, fabricado en 1983, aún tenía cerca de 20.000 horas de vuelo disponibles y cumplía con rigurosos procesos de mantenimiento. De hecho, la aeronave había salido de un mantenimiento mayor en julio de 2023, en el que se revisaron todos sus componentes.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa descartó que el accidente esté relacionado con un ataque terrorista y aseguró que la tripulación contaba con la preparación y certificaciones requeridas para este tipo de operaciones.

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio (SIC), luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento por no cumplir con los requisitos exigidos para el cargo.

La dimisión fue presentada el 19 de marzo de 2026, el mismo día en que se conoció la decisión del alto tribunal, que concluyó que los estudios realizados por Rusinque en Francia no habían sido convalidados en Colombia.

En reemplazo, el jefe de Estado designó como superintendente encargado a Diego Andrés Solano Osorio, quien se desempeñaba como asesor del despacho y era considerado uno de los colaboradores más cercanos de la funcionaria saliente.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, Solano es abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con especialización en Derecho Comercial de la misma institución y una maestría en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Negocios Internacionales de la Universidad de Boston.

Pese a su salida del cargo, Rusinque mantiene cercanía con el presidente Petro y recientemente lo acompañó en un evento público sobre los resultados de la política económica del Gobierno. A través de redes sociales, defendió su gestión al frente de la entidad, asegurando que impulsó una transformación institucional orientada a fortalecer la democratización de los mercados y combatir prácticas como los carteles y el abuso de posición dominante.

El sistema de salud colombiano terminó 2025 con un deterioro financiero sin precedentes, según un informe del Observatorio Así Vamos en Salud. El análisis revela que las EPS registraron un patrimonio negativo de $16,86 billones, lo que evidencia una situación de insolvencia estructural en el sector.

De acuerdo con el estudio, factores como el aumento del desequilibrio financiero, una siniestralidad global del 109% y el crecimiento sostenido del endeudamiento reflejan la gravedad del panorama. En términos prácticos, por cada $100 que reciben las EPS, requieren cerca de $109 para cubrir sus costos, lo que implica que los gastos en salud ya superan ampliamente los ingresos.

El informe, basado en los catálogos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud, evaluó el comportamiento del sistema entre 2021 y 2025 y concluyó que el deterioro no es coyuntural. Además, advirtió que las intervenciones estatales no han logrado revertir esta tendencia.

El Observatorio también alertó sobre la falta de información de Nueva EPS en los reportes oficiales desde el primer trimestre de 2024, lo que limita un análisis completo. Esta entidad concentra cerca de 11,5 millones de afiliados, equivalentes al 22% del total nacional a febrero de 2026.

En el régimen contributivo, varias EPS operan con márgenes mínimos o pérdidas. Entre las más presionadas financieramente están EPS Sanitas y Famisanar, ambas con una siniestralidad del 113%, así como Compensar, con 108,2%, y SOS EPS, con 110%.

En el régimen subsidiado, de las 12 EPS que reportaron información en 2025, solo dos registraron utilidades, mientras que las demás acumularon pérdidas cercanas a $1,3 billones. Las mayores afectaciones se concentran en Savia Salud, Emssanar, Asmet Salud, Dusakawi EPS y Capital Salud.

Finalmente, el Observatorio concluyó que la crisis es estructural y advirtió que la liquidación de EPS no resolvería el problema de fondo. Por el contrario, podría trasladar el déficit a otras entidades o al Estado, poniendo en riesgo la continuidad en la atención de millones de usuarios.

En plena sesión de la Cámara de Representantes, la bancada de mujeres del Pacto Histórico solicitó la salida del gerente de RTVC, Hollman Morris, en medio de las denuncias por presuntos casos de acoso.

El pronunciamiento fue leído por la representante María Fernanda Carrascal, quien, junto a otras congresistas, expuso la posición oficial de la colectividad frente a la situación. En el comunicado, señalaron que existen denuncias de acoso laboral dentro de RTVC que deben ser investigadas con todas las garantías.

Asimismo, las legisladoras hicieron una distinción entre los distintos tipos de violencias y precisaron que los señalamientos contra Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo, los cuales —según indicaron— no deben trasladarse ni diluirse en la institucionalidad.

En ese sentido, destacaron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con enfoque de género, calificándola como un paso importante hacia procesos más justos y sensibles frente a las violencias históricas contra las mujeres.

La bancada fue enfática en su petición al señalar que, en coherencia con su proyecto político y la responsabilidad institucional, el gerente debería apartarse del cargo. Además, subrayaron que diferenciar entre acoso sexual y acoso laboral no es un tecnicismo, sino una responsabilidad política y ética, dado que ambos tienen marcos legales distintos en Colombia.

Finalmente, expresaron su solidaridad con las periodistas y demás mujeres que han denunciado situaciones de acoso y violencia, advirtiendo que estos hechos no son aislados, sino que responden a estructuras de poder que aún persisten.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que el preconteo de las recientes elecciones legislativas logró un nivel de precisión del 99,8% frente a los resultados de los escrutinios oficiales.

De acuerdo con el funcionario, este resultado representa un hito en el país, ya que por primera vez existe una coincidencia casi total entre los datos preliminares y los definitivos del proceso electoral. Penagos destacó que esta cifra ha sido reconocida incluso por la Misión de Observación Electoral.

“El preconteo en Colombia tuvo un acierto del 99,8%. En la historia del país nunca se había alcanzado una cifra tan cercana a los datos de escrutinio”, afirmó.

El registrador también resaltó el trabajo del Consejo Nacional Electoral, señalando que el proceso de escrutinio avanza con agilidad y rigor. En ese sentido, indicó que ya se ha entregado la gran mayoría de credenciales para la Cámara de Representantes.

Finalmente, Penagos aseguró que cerca de 800.000 actas electorales de la consulta ciudadana ya fueron publicadas. Además, precisó que las reclamaciones han sido resueltas sin mayores inconvenientes y que están disponibles todas las actas E14 en sus diferentes versiones, garantizando transparencia en el proceso.

La reunión entre delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador, prevista para el 25 y 26 de marzo en Lima, fue cancelada, frustrando un intento por aliviar la creciente tensión diplomática entre ambos países. El encuentro, anunciado por la Cancillería colombiana, se realizaría en la sede de la Comunidad Andina y, aunque inicialmente estaba previsto con cancilleres, luego se redujo a vicecancilleres, reflejando ajustes de última hora antes de su suspensión definitiva.

La cita buscaba destrabar varios frentes de conflicto. El principal era la imposición de aranceles a productos colombianos decretada por el presidente Daniel Noboa, quien argumentó una supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra grupos criminales en la frontera. En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro adoptó medidas recíprocas, escalando la disputa comercial. El encuentro también pretendía abordar un incidente de seguridad en zona limítrofe, relacionado con un artefacto explosivo que habría impactado territorio ecuatoriano antes de rebotar hacia Colombia, hecho que generó versiones encontradas entre ambos gobiernos.

En medio de este panorama, la Comunidad Andina estaba llamada a mediar para reducir la tensión. Sin embargo, la reunión no se concretó. Algunas versiones apuntan a problemas de agenda en Ecuador, mientras que otras señalan la falta de avances en las mesas técnicas previas. A esto se sumó un cambio de última hora en la delegación ecuatoriana, que pasaría de ser representada por la vicecanciller a un funcionario de menor rango, lo que generó incomodidad en la parte colombiana.

La cancelación deja en suspenso cualquier salida inmediata a la crisis. Por ahora, no hay una nueva fecha para retomar el diálogo, lo que anticipa que las tensiones políticas, comerciales y de seguridad entre ambos países podrían prolongarse.

La Corte Suprema de Justicia condenó al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, por su participación en una red que direccionaba contratos públicos a cambio de beneficios políticos y económicos.

En un fallo de 438 páginas, el alto tribunal lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos están relacionados con la suscripción y ejecución de un convenio interadministrativo entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa para el Desarrollo Territorial, Proyecta.

De acuerdo con la sentencia, se probó que el congresista lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos, particulares y contratistas, que habría estructurado el Convenio 670 de 2021 y otros contratos derivados con el fin de favorecer a personas que apoyaron su campaña política.

La Sala de Primera Instancia también concluyó que Ramírez participó en un acuerdo ilegal para manipular procesos contractuales y beneficiar a determinados contratistas, a cambio de respaldo político y retribuciones económicas.

Como resultado, el senador fue condenado a 23 años de prisión, además de una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y el pago de una multa superior a los 22 mil millones de pesos. El alto tribunal negó la suspensión de la pena y la posibilidad de detención domiciliaria.