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La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que 41.287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones al Congreso de la República, que se celebrarán el próximo 8 de marzo de 2026. Del total, 40.036.238 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior.

Según la entidad, del total de votantes en Colombia, 20.553.062 son mujeres y 19.483.176 hombres, quienes ejercerán su derecho al voto en 123.314 mesas, distribuidas en 13.493 puestos de votación —6.011 en zonas urbanas y 7.482 en zonas rurales—. En total, el país contará con 125.259 mesas en 13.746 puestos dentro y fuera del territorio nacional.

Para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas tras el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, el potencial electoral asciende a 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 hombres. Estas votaciones se desarrollarán en 5.042 mesas ubicadas en 2.109 puestos de 19 departamentos y 168 municipios incluidos en las zonas de paz.

En el exterior, el censo electoral alcanza 1.250.846 ciudadanos (683.287 mujeres y 567.559 hombres), habilitados para votar en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países. El proceso de votación fuera del país se realizará entre el 2 y el 8 de marzo, con 1.945 mesas disponibles el día de la elección principal.

La Registraduría recordó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación a través de la aplicación “aVotar”, disponible gratuitamente en Google Play y App Store, o ingresando al portal www.registraduria.gov.co, donde se habilitó el botón “Elecciones 2026” para facilitar la búsqueda de la información electoral.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el envío de asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, Colombia. Según la entidad, la decisión responde “a las recientes lluvias que han impactado a más de 250.000 familias y dañado cerca de 72.000 viviendas” en distintas regiones del país.

La ayuda incluye la entrega de alimentos, kits de purificación de agua y suministros para refugios temporales, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y promover la autosuficiencia de las comunidades. En total, las ayudas beneficiarán a más de 1.400 hogares en Córdoba, uno de los departamentos más golpeados por la emergencia.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Colombia recibe el 30% del total de la asistencia humanitaria que Estados Unidos destina a Sudamérica, lo que refleja “un apoyo estratégico que fomenta la estabilidad y fortalece la relación bilateral entre ambos países”.

Las intensas lluvias que se registran desde finales de enero han provocado inundaciones y desbordamientos de ríos en Córdoba, Sucre, Magdalena, La Guajira, Chocó y Antioquia. El fenómeno ha dejado 18 personas muertas, más de 120.000 damnificadas, 4.300 viviendas destruidas y unas 300.000 hectáreas anegadas, según reportes oficiales.

Pese a la magnitud del desastre, el Gobierno colombiano informó que no ha solicitado ayuda internacional, al considerar que la emergencia “no ha superado las capacidades nacionales de respuesta”. La Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aseguraron que mantienen coordinación permanente para atender la situación y apoyar a las comunidades afectadas.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado titulado “Una respuesta necesaria”, en el que critica la postura del presidente Gustavo Petro frente a los acercamientos de paz y rechaza recientes operaciones militares en el Catatumbo. Según la organización, el mandatario “tergiversa” y “saca de contexto” sus planteamientos sobre los diálogos.

El grupo armado señaló que asuntos estructurales, como la superación del narcotráfico, no deberían usarse —según su versión— como “cortina de humo” ante los escándalos que enfrenta el Gobierno.

De acuerdo con el comunicado, el pasado 2 de febrero el ELN habría recibido un emisario del presidente Petro para explorar nuevas rutas de diálogo. En esa reunión, aseguran, participaron representantes de la comunidad internacional y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Sin embargo, la guerrilla denunció que menos de 24 horas después de ese encuentro se habrían ordenado bombardeos en la misma zona del Catatumbo donde se desarrolló la cita.

Para el ELN, esas acciones “socavan la confianza” y vulneran los principios de buena fe que deben regir cualquier proceso de negociación. En el texto, el grupo cuestiona lo que denomina una política de “todo vale” en los acercamientos oficiales.

La guerrilla también retoma su propuesta de construir un “Acuerdo Nacional” para enfrentar lo que describe como una crisis estructural de más de siete décadas, e insiste en abordar el tema del narcotráfico con participación de las comunidades y una comisión internacional de verificación. No obstante, la postura ha generado controversia, pues semanas atrás el propio ELN había afirmado que no tenía vínculos con esa actividad ilegal.

El comunicado concluye señalando que, en el marco de las próximas elecciones, la discusión sobre el narcotráfico será un eje central del debate nacional y reitera su histórica consigna política.

El Gobierno de Ecuador anunció la presentación de tres reclamos formales contra Colombia ante la Comunidad Andina, argumentando “vulneraciones a compromisos adquiridos” y la defensa de sus derechos dentro del marco comunitario. La decisión se da como respuesta a los dos recursos interpuestos por Colombia contra los aranceles del 30 % que Quito impuso a productos colombianos.

Según la Cancillería de Ecuador, los reclamos se sustentan en supuestos “incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia”. En su comunicado, el Gobierno ecuatoriano defendió que la imposición arancelaria responde a razones de seguridad nacional, y reiteró su disposición para resolver las diferencias “en el marco de la institucionalidad” y bajo reglas claras de comercio bilateral.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones fue la entidad encargada de formalizar los reclamos ante la Secretaría General de la CAN. En su pronunciamiento, reconoció que la medida arancelaria del 30 % fue adoptada “ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

“Ecuador ratifica su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo”, concluyó la Cancillería.

Por su parte, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo había presentado dos recursos ante la CAN para solicitar el levantamiento del arancel del 30 %, que afecta a toda mercancía proveniente u originaria de Colombia, excepto las importaciones de petróleo y energía.

La CAN admitió a trámite una de las solicitudes colombianas, con el fin de investigar si la medida de Ecuador constituye un gravamen prohibido según la normativa comunitaria. En su respuesta oficial, la entidad señaló que la petición de Colombia “cumple los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Decisión 425”, por lo que se dispuso el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.

La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Congreso de la República de Colombia, a la Defensoría del Pueblo y a la opinión pública, para advertir sobre las dificultades que enfrentan los niños y adolescentes con hemofilia y otras coagulopatías en el país para acceder a sus tratamientos.

En una carta abierta, la organización señaló que en Colombia existen más de 6.000 personas diagnosticadas con trastornos de la coagulación, de las cuales 3.200 son pacientes con hemofilia. Según el comunicado, en las últimas semanas se han reportado interrupciones en la entrega de factores de coagulación, medicamentos esenciales para prevenir hemorragias y complicaciones graves en esta población.

La falta de suministro oportuno —advirtió la asociación— ha derivado en hospitalizaciones, daños articulares y episodios de sangrado, afectando especialmente a menores de edad.

Ante esta situación, los especialistas pidieron a las autoridades garantizar la entrega continua de los medicamentos, reforzar la inspección y control sobre las EPS, priorizar a esta población en las estrategias de aseguramiento y crear mesas técnicas de trabajo con participación de sociedades científicas y asociaciones de pacientes, para identificar las causas del desabastecimiento y definir soluciones efectivas.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, aclaró su postura frente a uno de los temas más debatidos en la coyuntura electoral: la posibilidad de modificar la Constitución para permitir una reelección presidencial.

Valencia aseguró que no promovería su propia reelección y que “Colombia ya cerró esa puerta con llave”. No obstante, señaló que la figura no debería ser “satanizada”, pues en algunos contextos puede contribuir a la estabilidad institucional. “Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. En muchos países la continuidad de buenos gobiernos ha sido útil. Pero en Colombia ya cerraron esa puerta y la cerraron con llave”, afirmó.

La legisladora agregó que una discusión sobre la reelección debe darse “en escenarios de calma y no en medio de la polarización”. “Abrir ese debate hoy haría que a la gente se le pare el pelo de punta”, dijo, insistiendo en que su objetivo sería “hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor”, apoyada en “un gran equipo y un gran partido”.

Respecto a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, Valencia consideró que no es una salida adecuada a los problemas estructurales del país. “En un momento de polarización, de tantas crisis, abrir una discusión sobre una nueva Constitución es una locura, porque las constituciones se hacen para sellar acuerdos, no para abrir heridas”, señaló.

Finalmente, la senadora sostuvo que el debate sobre reelección podría considerarse en el ámbito local, especialmente en ciudades donde los alcaldes demuestran buenos resultados. Sin embargo, reiteró que “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales” y enfatizó que el foco del país debe centrarse en “recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo”.

El Ejército Nacional de Colombia informó que, en el marco de una operación de reconocimiento sobre el río Caquetá, tropas lograron inutilizar un “dragón” empleado en la extracción ilícita de oro. La acción militar se desarrolló en la cuenca del río, en jurisdicción del municipio de Curillo, donde fue interceptada la maquinaria, presuntamente perteneciente a la estructura residual Estructura Raúl Reyes.

Según el reporte oficial, el artefacto tenía una capacidad de producción cercana a tres kilogramos de oro mensuales, lo que representaría ingresos de aproximadamente 1.770 millones de pesos en el mercado ilegal. Estos recursos, indicó la institución, habrían sido destinados al financiamiento de actividades del grupo armado organizado residual.

Durante la operación, las tropas fueron atacadas en medio de una asonada protagonizada por civiles, quienes —de acuerdo con información preliminar— habrían sido presionados por integrantes del grupo ilegal. Esta situación impidió la destrucción controlada de otro dragón y de siete dragas adicionales encontradas en el sector.

“El uso de la población civil como escudo humano evidencia cómo estas estructuras ilegales buscan proteger sus economías criminales, exponiendo a las comunidades a riesgos jurídicos y de seguridad, y obstaculizando la labor legítima de la Fuerza Pública en defensa del medio ambiente y la legalidad”, señaló el Ejército.

La institución recordó que participar en asonadas o actos que impidan el ejercicio de la autoridad constituye un delito, conforme al Código Penal Colombiano, específicamente en su artículo 469. También podrían configurarse otras conductas penales como obstrucción a la función pública o favorecimiento a grupos armados organizados, dependiendo de las circunstancias de los hechos.

El presidente Gustavo Petro entregó nuevos detalles sobre la muerte del niño Kevin Acosta, tras conocer un informe del Ministerio de Salud. Desde la comunidad indígena Yotojorin, en jurisdicción de Uribia, el mandatario explicó que la madre del menor firmó un documento en el que rechazó la cirugía recomendada por los médicos luego del accidente que sufrió su hijo.

Petro recordó que el menor cayó en un polideportivo, lo que le causó un traumatismo craneoencefálico severo con signos compatibles con fractura en la base del cráneo. “Se le informa a la madre que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención”, indicó.

El presidente insistió en que el Gobierno no ha ocultado información sobre el caso. “No mentimos anoche, no estamos tapando algo con otra cosa. Aún hay que investigar más para establecer si existe una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia Huila y en la pausa durante la cual no recibió la última dosis médica que debía aplicarse el 14 de enero”, señaló.

El mandatario también detalló la atención médica que recibió el niño: primero fue atendido en el hospital local de Palestina, donde quedó “somnoliento”. Luego fue remitido al hospital de Pitalito, donde una tomografía confirmó fractura y hematomas. “El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre que hay que intervenir, pero ella no acepta. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, agregó.

Según el informe leído por Petro, en la madrugada del 9 de febrero el menor presentó síntomas de compresión cerebral. Durante su traslado aéreo a Bogotá, sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimado y atendido en el Hospital de la Misericordia, donde falleció poco después con sospecha de lesión cerebral irreversible.

Finalmente, el presidente solicitó una investigación para establecer responsabilidades individuales. “Debe investigarse si existieron otras responsabilidades, especialmente en lo relacionado con la dosis médica que debía aplicarse el 14 de enero y que no fue suministrada en la fecha prevista”, concluyó.

Mientras en Montería avanza el bombeo del agua que inundó miles de viviendas y en La Mojana se agrava la situación por la nueva ruptura del boquete de Caregato, el Gobierno Nacional aún no ha expedido los decretos con las medidas extraordinarias para atender la emergencia invernal, declarada hace casi una semana.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila informó que el Ejecutivo espera una decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre el levantamiento de la suspensión de la primera emergencia económica decretada a finales de 2025. Dicha medida, que buscaba atender el déficit fiscal, fue suspendida provisionalmente el pasado 29 de enero, y su definición es clave para avanzar en las decisiones financieras que permitirían atender a más de 250 mil damnificados por las inundaciones recientes en la Costa Caribe colombiana.

Por ahora, la Corte no tiene previsto pronunciarse en las próximas dos semanas. En las salas plenas programadas para esta semana no figura la discusión sobre la emergencia económica. Eventualmente, el 25 de febrero podría abordarse la recusación presentada por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, contra varios magistrados, argumentando un posible conflicto de interés relacionado con el impuesto al patrimonio.

Esto significa que, de mantenerse el calendario previsto, el Gobierno solo podría empezar a tomar medidas extraordinarias en materia económica dentro de dos o tres semanas, pese a la urgencia de la situación invernal que continúa afectando amplias zonas del país.

Entre tanto, la Contraloría General de la República recordó que de los 8 billones de pesos requeridos para atender la emergencia, 1,69 billones permanecen en las cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de 1 billón adicional correspondiente a recursos no ejecutados de la vigencia anterior.

Diversos sectores han instado al Gobierno a ejercer un liderazgo más activo y coordinado, que acompañe los esfuerzos de alcaldes, gobernadores y la sociedad civil frente a una emergencia que no da tregua y exige respuestas inmediatas.

El Grupo de Trabajo para el Espacio Sociojurídico entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia anunció la reanudación de las conversaciones de paz, luego de una reunión sostenida el pasado 9 de febrero en Bogotá.

Según un comunicado oficial, el encuentro se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió superar la suspensión temporal del diálogo, anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del grupo armado. La ruptura había ocurrido tras declaraciones del Ministerio de Defensa Nacional, que señaló como objetivo militar a Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo.

Ambas partes manifestaron que el proceso de paz orientado a la desmovilización del grupo y la construcción de paz en los territorios sigue avanzando conforme a los compromisos suscritos. Durante la reunión, se definieron nuevas acciones para fortalecer el proceso y generar beneficios directos a las comunidades afectadas por la violencia.

El encuentro fue convocado por el Grupo de Países Mediadores, integrado por Estado de Qatar, Reino de España, Reino de Noruega y Confederación Suiza, y contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal de Colombia.

El Gobierno confirmó además que desde diciembre se mantienen suspendidas las órdenes de captura contra varios de los principales jefes del Clan del Golfo, como parte de los acuerdos para facilitar el avance del proceso.

Entre los compromisos alcanzados se destaca la ampliación de las zonas piloto de implementación y la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, acordadas en diciembre de 2025 en Doha.

También se definió que la MAPP/OEA asumirá tareas de seguimiento, monitoreo y verificación dentro de un mecanismo tripartito, y se elaborarán protocolos operativos con lineamientos sobre seguridad, logística, manejo de material de guerra, comunicaciones y resolución de controversias.

El Ministerio de Salud y Protección Social inició el 14 de febrero la introducción progresiva de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de inmunización, priorizando los territorios con alta incidencia de la enfermedad y la población infantil.

La medida se implementa en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024 y sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización. Esta estrategia se enmarca en los planes internacionales de control de enfermedades tropicales y arbovirosis 2021–2030.

Según el Ministerio, la selección de territorios y grupos poblacionales se basó en reportes del Instituto Nacional de Salud (INS) y en estudios del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, que identificaron una alta carga de dengue en niños, niñas y adolescentes. También se consideraron la intensidad de transmisión y la capacidad operativa del Programa Ampliado de Inmunizaciones. En esta primera fase, la vacuna se aplica en instituciones de salud de los municipios priorizados, donde ya se administraron más de 700 dosis durante la jornada de lanzamiento.

La vacuna tetravalente Qdenga, precalificada por la OMS y con registro sanitario en Colombia, protege contra los cuatro serotipos del virus y tiene una eficacia estimada entre el 60 % y el 97 %, con mejores resultados en personas con antecedente de infección.

Con esta incorporación, el esquema nacional de inmunización de Colombia alcanza 24 vacunas y cuatro inmunoglobulinas, orientadas a la prevención de más de 30 enfermedades.

Durante un Consejo de Ministros enfocado en el sector salud, el presidente Gustavo Petro señaló que la muerte del menor Kevin Acosta evidenció graves fallas en el sistema. Según el mandatario, hubo “descuido” en la entrega de medicamentos y “falta de capacitación médica” para prevenir desenlaces fatales.

“¿Por qué si pagamos los medicamentos no los compran?”, cuestionó Petro, denunciando un “oligopolio de la importación de medicamentos” y solicitando a la Superintendencia de Industria que intervenga para garantizar el acceso a los fármacos necesarios.

En el sector energético, el presidente afirmó que las tarifas de electricidad no reflejan la realidad de los embalses desbordados. “Hoy debería haber una caída sustancial del precio de la energía eléctrica para los colombianos. Hasta el último reporte solo había caído nueve pesos por kilovatio hora. Eso es un absurdo”, enfatizó.

Petro también criticó la “irresponsabilidad y codicia” que, según él, benefician a intereses políticos en Córdoba, y aseguró que el superintendente de Servicios Públicos “ya debe estar actuando”. Desde la Casa de Nariño, propuso impulsar una ley para desvincular el precio de la energía generada en embalses y granjas solares del costo del gas, con el fin de reducir las tarifas.

“Podemos adelantar esta ley para que no exista más articulación del precio de venta de la energía eléctrica de los embalses, que es muy barato, y de las granjas solares, respecto al costo del gas, que es muy caro”, concluyó el mandatario.