Categoría: Actualidad

  • El paso para destrabar lo del salario mínimo

    El paso para destrabar lo del salario mínimo

    El Consejo de Estado anunció la suspensión provisional del decreto que estableció el aumento del salario mínimo para 2026, decisión que deja sin efectos, por ahora, el incremento decretado por el Gobierno Nacional a finales del año pasado.

    El pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro había fijado mediante decreto el denominado “salario mínimo vital” en $1.750.905, más el auxilio de transporte, para un total de $2.000.000. Sin embargo, la medida judicial obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días calendario.

    De acuerdo con el fallo, “a título de medida cautelar, se ordena a las entidades demandadas que, dentro de los ocho días calendario siguientes a la notificación de esta providencia, expidan y publiquen un decreto en el que se fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026”. Es decir, el nuevo valor deberá definirse a más tardar el sábado 21 de febrero.

    El alto tribunal también precisó que el Gobierno deberá fundamentar su decisión con base en los criterios económicos y constitucionales establecidos en la Ley 278 de 1996, entre ellos la meta de inflación del Banco de la República, la productividad certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación real del año 2025 y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

    Asimismo, el fallo resalta la importancia de mantener una remuneración mínima, vital y móvil, en consonancia con la protección del trabajo, la función social de la empresa y los principios constitucionales que orientan la dirección económica del Estado.

  • Presidente advierte de consecuencias de las lluvias en el agro

    Presidente advierte de consecuencias de las lluvias en el agro

    Durante la continuación del Consejo de Ministros por la emergencia causada por el incremento de las lluvias, el presidente Gustavo Petro advirtió que la situación climática podría extenderse hasta mediados de año, afectando nuevas regiones del país. Señaló que entre marzo y junio se espera la temporada normal de precipitaciones, lo que podría agravar las inundaciones y generar consecuencias económicas en el sector agrícola.

    El mandatario explicó que, tras ese periodo, el país enfrentará una temporada seca con territorios saturados de agua y suelos difíciles de cultivar, lo que impactará la oferta de alimentos. En ese contexto, advirtió al Banco de la República sobre el riesgo de un aumento en los precios de los productos básicos, especialmente en las zonas más afectadas por la emergencia, lo que podría incrementar los índices de hambre y desnutrición.

    Petro subrayó que los decretos expedidos bajo la Emergencia Económica, Social y Ecológica deberán incluir medidas para fortalecer la producción agropecuaria en las regiones damnificadas. En este sentido, señaló la necesidad de corregir problemas estructurales como los altos costos de arrendamiento de tierras, que encarecen los cultivos y limitan la competitividad frente a otros países productores.

    El presidente también pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, incluir en los decretos mecanismos para regular los costos de arriendo rural y establecer líneas especiales de crédito con tasa de interés del 0 %. Según explicó el ministro, el Gobierno asumirá esos intereses a través del presupuesto general de la Nación, mediante fondos compensatorios destinados a reactivar la producción.

    Finalmente, el jefe de Estado insistió en que el Banco de la República mantiene tasas de interés elevadas que afectan la economía y propuso que la banca pública —Finagro, Banco Agrario y Bancóldex— otorgue créditos sin intereses a pequeños y medianos productores. Además, convocó a los agricultores de las regiones no afectadas por las lluvias a aumentar su producción, como medida preventiva ante un eventual desabastecimiento de alimentos.

  • Aumento del reclutamiento infantil

    Aumento del reclutamiento infantil

    Un informe reciente de International Crisis Group alerta que el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados y criminales en Colombia ha aumentado de manera alarmante, al punto que más de la mitad de los nuevos reclutas podrían ser niños y adolescentes. Esta tendencia refleja una transformación profunda en la dinámica del conflicto armado en el país y pone en riesgo a miles de jóvenes en zonas afectadas por la violencia.

    Según el reporte, es probable que actualmente más de mil menores estén integrados en las filas de distintas organizaciones armadas ilegales, donde son utilizados en combate de alto riesgo y otras funciones peligrosas, en muchos casos sin entrenamiento y expuestos a violencia extrema. Esta presencia creciente de menores no solo demuestra la magnitud del fenómeno, sino también la instrumentalización de los niños para controlar territorios y enfrentar a sus rivales.

    El documento subraya que todas las grandes estructuras armadas del país —incluidas las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo— reclutan menores sin excepción, llegando en algunos grupos a que más de un tercio de sus combatientes sean menores de edad.

    Además, el modo de captación ha cambiado con el paso del tiempo: mientras que en décadas anteriores predominaban los secuestros forzados, hoy se observa una estrategia basada en engaños y falsas promesas de dinero, estatus o protección, así como vínculos sentimentales, influencias que se aprovechan especialmente en zonas rurales y entre comunidades indígenas y afrodescendientes.

    El informe vincula este fenómeno con la evolución del conflicto tras la firma del acuerdo de paz de 2016, ya que la salida de la antigua guerrilla dejó vacíos de poder en territorios estratégicos que otros actores han buscado ocupar, intensificando la competencia criminal. El reclutamiento infantil no solo expone a los menores a situaciones de violencia extrema, sino que también debilita la resistencia de las comunidades y dificulta que las familias denuncien por temor a represalias.

  • Más de 7.000 evacuados en Córdoba por las lluvias

    Más de 7.000 evacuados en Córdoba por las lluvias

    Ante la emergencia provocada por las inundaciones en Montería y varios municipios de Córdoba, el ministro de Defensa informó que la fuerza pública, la Defensa Civil y distintas entidades del Estado mantienen un despliegue operativo y humanitario para proteger la vida, mitigar riesgos y acompañar a las comunidades afectadas. Según el funcionario, las acciones coordinadas en terreno han permitido avances en evacuación, rescate, asistencia humanitaria, abastecimiento y gestión de donaciones.

    “El sector Defensa ha desplegado todas sus capacidades con la fuerza pública, la Policía y la Defensa Civil. Hemos puesto a disposición hombres, mujeres y medios de transporte para atender esta situación”, señaló el ministro, destacando el trabajo articulado con las autoridades locales y departamentales.

    Hasta el momento, se han rescatado 7.400 personas en el departamento. De ellas, 4.100 fueron evacuadas por el Ejército Nacional, 2.500 por la Policía Nacional y 800 por la Defensa Civil. De manera paralela, se han entregado 7.900 ayudas humanitarias a los damnificados: 4.600 por parte del Ejército, 1.800 por la Defensa Civil y 1.500 por la Policía Nacional. Esta última también ha garantizado alimentación a 3.000 personas y acompaña de forma permanente a los 84 albergues temporales instalados en la región.

    La Defensa Civil, por su parte, ha realizado el censo de cerca de 4.000 personas afectadas, lo que permite focalizar la asistencia institucional. En materia de abastecimiento, el Ejército ha distribuido 30.000 litros de agua potable y removido 310 metros cúbicos de material, mientras que la Policía dispuso un carro tanque en siete municipios para fortalecer el suministro de agua en las zonas más afectadas.

    La Armada Nacional también participa en las labores de atención con 140 uniformados, cuatro botes tipo zodiak, un bote de apoyo fluvial, una patrulla logística de combate y un componente de la Compañía de Gestión del Riesgo. Estas acciones, afirmó el ministro, buscan no solo atender la emergencia actual, sino también sentar las bases para la recuperación integral del territorio.

  • De nuevo Iván Cepeda contra el Consejo Nacional Electoral

    De nuevo Iván Cepeda contra el Consejo Nacional Electoral

    Desde Medellín, el candidato Iván Cepeda se pronunció tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluirlo de la consulta del Frente Amplio, en la que participarán Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Martha Bernal, Roy Barreras y Daniel Quintero. El representante del Pacto Histórico cuestionó duramente al organismo electoral y sostuvo que debería eliminarse mediante una reforma política.

    “El muy prestigioso Consejo Nacional Electoral tomó la aberrante decisión de impedirle al candidato de la más importante fuerza política del país participar en una consulta interpartidista. Ese nefasto consejo deberá ser eliminado en una reforma política”, señaló Cepeda, quien aseguró que el Pacto Histórico es actualmente “la fuerza política más grande y poderosa de Colombia”.

    La decisión del CNE se adoptó el 4 de febrero con una votación de seis a cuatro, luego de que en una sesión anterior no se alcanzara el número de apoyos requeridos. En la misma resolución, el organismo también anuló la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá.

    Ante el fallo, Cepeda anunció que continuará su campaña rumbo a la primera vuelta presidencial y calificó la medida como arbitraria, argumentando que vulnera sus derechos y los de los militantes de su colectividad.

    El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión afirmando que se trata de maniobras destinadas a limitar la participación de la izquierda en las urnas. Además, convocó a una “tutelatón”, una serie de acciones judiciales con las que se busca que los jueces revisen y eventualmente anulen la determinación del Consejo Nacional Electoral, en defensa del derecho a elegir y ser elegido.

  • Crisis en el Partido Oxígeno

    Crisis en el Partido Oxígeno

    La crisis interna en el partido Oxígeno continúa profundizándose, luego de que el candidato al Senado Juan Fernando Betancur presentara su carta de renuncia, argumentando incumplimiento de acuerdos por parte de la colectividad y señalando actitudes autoritarias de su presidenta, Ingrid Betancourt.

    En su carta, Betancur expresó que su decisión “obedece a la gran decepción derivada del incumplimiento injustificado de los compromisos que el partido adquirió conmigo para que accediera a ser parte de su lista, y a la insoportable arrogancia de su presidenta Ingrid Betancourt, quien, de manera dictatorial, pretende constreñir a sus contradictores internos amenazándolos con llevarlos al comité de ética del partido que ella maneja”.

    El exaspirante también cuestionó la gestión de la codirectora nacional y representante legal del movimiento, Claudia Vásquez Merchán, a quien acusó de “inoperancia manifiesta” que, según dijo, “impide cualquier tipo de avance”.

    Otros integrantes de la lista al Senado habrían manifestado igualmente su inconformidad con las directivas del partido, señalando la falta de democracia interna y la toma unilateral de decisiones, así como la ausencia de concertación en los mensajes de campaña.

    De acuerdo con fuentes políticas, las tensiones también alcanzan a la cabeza de lista, Sofía Gaviria, con quien Ingrid Betancourt mantendría diferencias por temas de comunicación y liderazgo. Gaviria, por su parte, estaría evaluando con sus bases la posibilidad de continuar o no en la colectividad.

  • Gobierno contempla impuesto al patrimonio

    Gobierno contempla impuesto al patrimonio

    Durante el más reciente consejo de ministros, el titular de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el decreto de emergencia económica que prepara el Gobierno para enfrentar los efectos de las lluvias se centrará, entre otros puntos, en un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas. “Se cobrará 0,6 % hasta 30.000 millones de patrimonio líquido, y más de eso, 1,2 %”, detalló el funcionario.

    Ávila precisó que este tributo se aplicará específicamente “a las empresas de patrimonios más altos”, es decir, a cerca de 15.000 de las mayores compañías del país. El objetivo, indicó, es generar recursos adicionales que permitan atender la crisis ocasionada por la ola invernal.

    El presidente Gustavo Petro aclaró que la medida no afectará a los microempresarios, y agregó que se estudian ajustes adicionales al impuesto a los juegos de suerte y azar, tanto en su estructura como en los alivios tributarios que algunos sectores han solicitado.

    El Gobierno también analiza la posibilidad de imponer el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % a los juegos de azar que actualmente están exentos, así como implementar “inversiones forzosas” a través de entidades como Bancóldex y Finagro, con el fin de garantizar recursos para créditos y la recuperación de las zonas afectadas.

    Finalmente, el ministro Ávila señaló que el diseño definitivo del impuesto al patrimonio aún está en construcción y que el Ejecutivo trabaja en una diferenciación sectorial para su aplicación, de modo que el impacto sea equilibrado y enfocado en los sectores con mayor capacidad contributiva.

  • Desatada la violencia del ELN en Colombia

    Desatada la violencia del ELN en Colombia

    El más reciente reporte sobre el conflicto con el ELN revela que las acciones violentas atribuidas a ese grupo armado ilegal aumentaron un 86 % frente a 2024, alcanzando 471 eventos, la cifra más alta desde 2001. El incremento no solo se reflejó en el número de ataques, sino también en su letalidad: al menos 221 personas murieron en hechos relacionados con el ELN, un aumento del 70 % frente al año anterior.

    Según el informe, la violencia del grupo ha venido en ascenso desde 2022, con una breve reducción durante el cese al fuego bilateral vigente entre agosto de 2023 y agosto de 2024. Sin embargo, tras la finalización de ese periodo, la actividad armada se disparó nuevamente, con un marcado incremento en atentados, instalación de explosivos y enfrentamientos.

    Del total de hechos registrados en 2025, 348 correspondieron a ataques sin intercambio de fuego —como hostigamientos o amenazas—, mientras que los combates pasaron de 74 en 2024 a 139, el número más alto desde 2007. La violencia se concentró en Arauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el norte y centro del Cauca y el oriente del Chocó, aunque el grupo también expandió su presencia a zonas del sur de Antioquia, Cesar, Santander y La Guajira.

    Las víctimas incluyen 61 civiles, 60 integrantes de la fuerza pública, 51 miembros de otros grupos armados y 49 combatientes del propio ELN. Las muertes de civiles casi se triplicaron respecto a 2024, mientras que las de uniformados se duplicaron.

    Diciembre fue uno de los meses más críticos: el ELN ejecutó 46 acciones violentas, incluyendo ataques con explosivos y un “paro armado” de 72 horas entre el 14 y el 17 de ese mes. En esos días murieron diez integrantes de la fuerza pública y un civil, además de reportarse secuestros y múltiples heridos, reflejando el repunte sostenido del conflicto en los territorios donde opera la guerrilla.

  • Atacado cantón militar en Arauca

    Atacado cantón militar en Arauca

    El Ejército Nacional confirmó que el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena (Arauca), fue blanco de un ataque terrorista atribuido al ELN, en el que se utilizaron drones y artefactos explosivos. Durante la acción resultó herida una oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

    Tras el ataque, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que se activó de inmediato el plan de respuesta con despliegue de tropas, refuerzos terrestres y capacidades de inteligencia y movilidad aérea en toda la región para garantizar la seguridad del personal y la población civil.

    “La maniobra militar se ha reforzado para dar con el paradero de los responsables y lograr su neutralización. Estas acciones son una respuesta criminal ante la ofensiva sostenida que nuestras Fuerzas Militares desarrollan para debilitar su estructura y neutralizar su accionar ilegal. La presión operacional no se detendrá”, afirmó el general López.

    El alto oficial señaló que el despliegue busca prevenir nuevos ataques contra otras instalaciones militares y mantener el control territorial en zonas donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

    El Ejército indicó que la situación “se encuentra en desarrollo” y que el operativo ofensivo continúa en Arauca con el objetivo de contrarrestar las acciones terroristas y salvaguardar la integridad de las tropas y de la población civil.

  • Incremento de contratos previos a la Ley de Garantías

    Incremento de contratos previos a la Ley de Garantías

    La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras detectar un incremento masivo en la contratación estatal durante enero de 2026, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe la contratación directa en tiempos preelectorales.

    De acuerdo con un informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el Gobierno Nacional suscribió entre el 1 y el 30 de enero un total de 521.269 contratos, por un valor que asciende a 32,88 billones de pesos. Según Andrés Felipe Cifuentes, director de la Diari, lo más preocupante es la concentración del gasto en un periodo muy corto: el 45% de los contratos se firmó en la última semana del mes, alcanzando un pico el 30 de enero, cuando se registraron compromisos por 5,7 billones de pesos en un solo día.

    Predominio de las órdenes de prestación de servicios

    El análisis revela que las órdenes de prestación de servicios (OPS) representan la mayor parte de la contratación. De los recursos totales, 22,34 billones de pesos corresponden a esta modalidad, lo que equivale a más de 501.000 órdenes emitidas.

    Cifuentes destacó que esto supone un aumento del 5% frente al mismo periodo de 2022, antes de la anterior Ley de Garantías, lo que evidencia una tendencia creciente a concentrar la vinculación de contratistas antes de las restricciones electorales.

    Sectores con mayor concentración de recursos

    El informe de la Diari identifica los sectores donde más se movieron los recursos públicos. El de Inclusión Social lidera con 16 billones de pesos contratados, seguido por Minas y Energía, Salud y Trabajo, con montos que oscilan entre 5 y 8 billones de pesos.

    Alertas preventivas

    Aunque la Contraloría no atribuyó directamente el incremento a fines electorales, Cifuentes señaló que el objetivo del organismo es garantizar que los recursos públicos no se utilicen con propósitos políticos. “Es lo que tenemos que empezar a revisar”, afirmó, indicando que ya se emitieron alertas a las 14 contralorías delegadas sectoriales para fortalecer la vigilancia y trazabilidad de estos contratos.

  • Avanza proyecto de porte de armas en Colombia

    Avanza proyecto de porte de armas en Colombia

    El debate sobre el porte de armas en Colombia volvió a tomar fuerza en el Congreso de la República, donde actualmente se estudia una iniciativa que busca modificar el esquema de restricción vigente. En la actualidad, el porte de armas está limitado por un decreto presidencial prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, que exige permisos especiales para su tenencia y uso.

    El proyecto de ley, que avanza en plenaria de la Cámara de Representantes, tiene como ponente al congresista Juan Carlos Wills, quien propone que los ciudadanos con permisos legales puedan portar sus armas sin las limitaciones impuestas por los decretos de suspensión general.

    Según explicó Wills, el objetivo de la propuesta es “restablecer el derecho de quienes cumplen con todos los requisitos legales y no tienen antecedentes”, para que puedan ejercer el porte sin restricciones adicionales.

    El representante argumentó que “más del 90% de los delitos en Colombia se cometen con armas ilegales” y que las prohibiciones al porte legal no han logrado reducir los índices de homicidios ni los delitos violentos.

    De acuerdo con el legislador, alrededor del 80% de las armas que circulan en el país provienen del mercado ilegal, abasteciendo a grupos armados y organizaciones criminales que operan en distintas regiones.

    El debate sobre el porte de armas en Colombia divide opiniones entre quienes consideran que la medida podría fortalecer la defensa personal y quienes advierten riesgos para la seguridad ciudadana.

    El proyecto continuará su trámite en el Congreso, donde deberá superar nuevos debates antes de convertirse en ley.

    Mientras tanto, el debate sobre el porte de armas en Colombia seguirá abierto en el Legislativo, donde se definirá si se mantiene la política de restricción o se introducen cambios en la regulación vigente.

  • Confirmadas inconsistencias en firmas entregadas por candidatos presidenciales

    Confirmadas inconsistencias en firmas entregadas por candidatos presidenciales

    La Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció oficialmente sobre las firmas falsas de Abelardo de la Espriella y otros aspirantes presidenciales, tras la revisión de los respaldos entregados por los grupos significativos de ciudadanos. La entidad confirmó que se encontraron incidencias, como datos ilegibles y apoyos de personas que no figuran en el censo electoral.

    De los 22 grupos ciudadanos que entregaron firmas, solo dos —los representados por los precandidatos Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao— registraron presuntos fraudes o irregularidades graves, los cuales fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

    El pronunciamiento de la Registraduría se produjo luego de que la periodista Cecilia Orozco revelara que el 62% de los cinco millones de firmas entregadas por Abelardo de la Espriella no fueron validadas. Este dato desató críticas en redes y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

    Varios líderes políticos reaccionaron al informe. La congresista María José Pizarro afirmó que las irregularidades evidencian un “fraude en toda regla”, mientras que el también candidato Juan Fernando Cristo calificó el hecho como grave y cuestionó la credibilidad de quien recurre “a la trampa desde su inscripción”.

    La polémica sobre las firmas falsas de Abelardo de la Espriella ha generado un debate público sobre los mecanismos de control electoral y la responsabilidad ética de los aspirantes a la Presidencia.

    La Registraduría recordó que cada comité debía presentar al menos 635.216 firmas válidas, equivalentes al 3% del total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022.

    Asimismo, la entidad reiteró que la información de los firmantes es confidencial y solo puede usarse para verificar apoyos, en cumplimiento de la protección de derechos políticos.

    Con este proceso, la Registraduría busca garantizar la transparencia en la verificación de las firmas falsas de Abelardo de la Espriella y demás aspirantes, asegurando la legitimidad del proceso electoral rumbo a 2026.

  • Reportadas 14 cierres totales en vías nacionales

    Reportadas 14 cierres totales en vías nacionales

    La temporada de lluvias continúa generando emergencias viales por lluvias en Colombia, afectando gravemente la infraestructura nacional. Según el Ministerio de Transporte, actualmente existen 14 cierres totales en corredores nacionales, consecuencia directa de los deslizamientos, inundaciones y pérdidas de banca registradas en distintas regiones del país.

    El reporte oficial, con corte al 11 de febrero de 2026, señala que en lo corrido del año se han presentado 200 emergencias viales en Colombia, de las cuales 176 corresponden a la red no concesionada administrada por el Invías, y 24 a vías concesionadas bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

    Del total de cierres activos, 10 afectan carreteras gestionadas por Invías y 4 a corredores concesionados. Además, permanecen tres cierres parciales en la red nacional del Invías y uno en vías concesionadas, lo que refleja la magnitud de los daños.

    Las afectaciones viales se concentran principalmente en los departamentos de Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander, regiones donde las intensas lluvias han generado movimientos en masa, colapsos de puentes y daños en taludes.

    La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que el Gobierno mantiene un despliegue técnico permanente en el territorio para garantizar la seguridad vial. “Nuestra prioridad es proteger la vida y mantener la conectividad del país”, señaló.

    La funcionaria explicó que los equipos del Invías y la ANI trabajan de forma articulada para recuperar la movilidad, atender los puntos críticos y prevenir nuevos cierres.

    El Ministerio de Transporte informó además que, en las últimas 12 horas, no se han reportado nuevos cierres, lo que evidencia avances en la atención de las emergencias viales por lluvias en Colombia y en las acciones de mitigación implementadas.

    Con el fortalecimiento del monitoreo y la respuesta institucional, el Gobierno busca reducir los riesgos y restablecer la circulación en los principales corredores afectados por las emergencias viales por lluvias en Colombia.

  • Decretada emergencia por ola invernal

    Decretada emergencia por ola invernal

    El presidente Gustavo Petro decretó emergencia económica por ola invernal en varias regiones del país, tras las graves afectaciones provocadas por las lluvias en los últimos días. La medida, establecida mediante el decreto 0150, busca responder a la crítica situación humanitaria que enfrentan miles de familias en la región Caribe y el noroccidente del país.

    El decreto de emergencia económica, ambiental y social tendrá una vigencia de 30 días e incluye a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, territorios que han sufrido inundaciones, deslizamientos y daños en su infraestructura.

    Según los reportes oficiales, las inundaciones en Córdoba y Sucre han dejado al menos 14 personas muertas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias afectadas, lo que equivale a unas 300.000 personas damnificadas.

    Ante este panorama, el mandatario enfatizó que la emergencia económica por ola invernal permitirá destinar recursos extraordinarios para la atención inmediata de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas.

    El Gobierno Nacional busca con este nuevo decreto agilizar la ejecución de ayudas, reubicar familias y mitigar los efectos del invierno que continúa afectando amplias zonas rurales y urbanas del país.

    Paralelamente, Gustavo Petro envió una carta a la Corte Constitucional solicitando levantar la suspensión del decreto 1390 de 2025, emitido en diciembre pasado, argumentando que la falta de recursos limita la capacidad del Estado para responder a las emergencias.

    El presidente insistió en que la decisión judicial afecta directamente la capacidad del Gobierno para proteger vidas humanas y garantizar la atención humanitaria. “Aquí está en juego la vida de las personas y la posibilidad de evitar daños irreparables”, expresó.

    Con la emergencia económica por ola invernal, el Ejecutivo pretende reforzar la atención integral en las zonas más afectadas, priorizando la reconstrucción de viviendas, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías rurales.

  • Papa León XIV se solidariza con Colombia

    Papa León XIV se solidariza con Colombia

    El papa León XIV expresó su solidaridad con Colombia por las graves inundaciones que han dejado al menos 14 muertos y miles de damnificados en el país. Durante su Audiencia General de los miércoles, el pontífice estadounidense pidió “sostener con la caridad y la oración a las familias afectadas” y encomendó a la Virgen María “a las víctimas y a todos los damnificados por las inundaciones”.

    El presidente Gustavo Petro informó que la reconstrucción de las zonas más afectadas, especialmente en la región Caribe, requerirá inversiones millonarias. “La reconstrucción del tejido social y el territorio implicará una decena de billones en los próximos meses”, escribió en la red X, tras convocar un consejo de ministros para atender la emergencia.

    En Córdoba, las lluvias y el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge han obligado a evacuar 1.036 personas en los municipios de Valencia, San Pelayo y Montería. Además, se han rescatado 308 animales y construido un muro de contención en San Pelayo. Hasta el momento, se han entregado seis toneladas de ayudas humanitarias en la zona.

    El Ejército Nacional, en coordinación con el Banco de Alimentos, envió 20 toneladas adicionales de asistencia humanitaria a Córdoba y La Guajira, incluyendo mil mercados, colchones y productos agrícolas para las familias afectadas.

    La campaña “Unidos por Córdoba” habilitó puntos de donación en el Centro de Convenciones de Montería, donde se reciben alimentos no perecederos, ropa, agua, implementos de aseo y aportes económicos. También se pueden realizar transferencias nacionales e internacionales a las cuentas del Rotary y la Fundación IMAT, destinadas a apoyar la atención de los damnificados.

  • Así fue el proceso de inscripción de cédulas

    Así fue el proceso de inscripción de cédulas

    La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, una vez cerrado el periodo oficial.

    Según la organización, hasta el 8 de enero se inscribieron 2.077.278 personas por cambio de residencia: 1.795.794 en el territorio nacional y 281.484 en el exterior. Aunque la cifra representa una disminución del 21,61 % frente a las elecciones de 2022, la MOE alertó sobre patrones estadísticos atípicos en varias regiones que podrían indicar trashumancia electoral.

    El informe identificó 103 municipios con inscripciones inusualmente altas, 12 de ellos con incrementos considerados extremos. Los casos más críticos se registraron en Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con 341,93 inscripciones por cada mil habitantes; Puerto Gaitán (Meta), con 326,52; y Cúcuta (Norte de Santander), con 226,90. En este último municipio, la MOE pidió especial vigilancia ante la situación de orden público y la influencia de los flujos migratorios fronterizos.

    Asimismo, la organización llamó la atención sobre las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde detectó riesgos en 46 municipios. En 26 puestos rurales, las tasas de inscripción fueron inusualmente altas, lo que podría indicar traslados irregulares de votantes desde zonas urbanas hacia el campo, afectando la integridad del censo electoral.

    Finalmente, la MOE expresó preocupación por la falta de acceso en tiempo real a las plataformas de la Registraduría Nacional, lo que limita la emisión de alertas tempranas. Solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un seguimiento preventivo y pidió fortalecer los mecanismos de transparencia en la votación de los colombianos en el exterior.

  • Presidente ordenó retiro de general de la Policía

    Presidente ordenó retiro de general de la Policía

    El presidente Gustavo Petro reveló durante un consejo de ministros en Córdoba que ordenó el retiro de un general de la Policía Nacional por un presunto complot en su contra. Según el mandatario, el oficial habría recibido instrucciones para colocar sustancias psicoactivas en su vehículo con el fin de sabotear una reunión con el entonces presidente Donald Trump, el pasado 3 de febrero.

    La decisión fue formalizada mediante el Decreto 0147, en el que se dispone: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al brigadier general Urrego Pedraza Edwin, a partir de la comunicación del presente decreto”.

    El documento fue firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, ya que el ministro, general (r) Pedro Sánchez, se encuentra fuera del país.

    Por su parte, el general Urrego negó las acusaciones y afirmó que nunca ha cometido actos contrarios a la ética o la honra de la institución.

    En declaraciones a medios, aseguró que no ha tenido contacto físico con el vehículo presidencial y que está dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo para demostrar su inocencia.

  • Tensión en Canadá por tiroteo escolar

    Tensión en Canadá por tiroteo escolar

    Al menos diez personas murieron tras un tiroteo registrado en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía Montada. Entre las víctimas se encuentra el presunto autor de los disparos, quien fue hallado sin vida con heridas autoinfligidas.

    De acuerdo con las autoridades, seis cuerpos fueron localizados dentro del centro educativo, mientras que otros dos fueron encontrados en una vivienda cercana. Una persona más falleció durante su traslado a un hospital. En total, 27 heridos reciben atención médica, y dos de ellos fueron evacuados en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones.

    La Policía señaló que continúa registrando viviendas y propiedades en la zona, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para descartar la presencia de más víctimas, aunque precisaron que no existen indicios de otros sospechosos.

    El tiroteo ocurrió alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una pequeña localidad de unos 2.400 habitantes en la provincia de Columbia Británica. Según el comunicado oficial, los agentes ingresaron al establecimiento para neutralizar la amenaza y encontraron varias víctimas, además del presunto atacante.

    “Todos los estudiantes y miembros del personal fueron evacuados de forma segura”, precisó la Policía Montada en su reporte.

    El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su “devastación” por lo ocurrido y calificó el hecho como un “horroroso acto de violencia”. “Mis oraciones y más profundas condolencias están con las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos”, escribió en redes sociales.

  • Senadora Aida Quilcué admitió presencia de grupo armado

    Senadora Aida Quilcué admitió presencia de grupo armado

    La senadora Aida Quilcué relató detalles del presunto intento de secuestro del que habría sido víctima junto a dos de sus escoltas en zona rural del Cauca. Según su testimonio, el hecho ocurrió cuando el grupo en el que se desplazaba fue interceptado por hombres fuertemente armados.

    De acuerdo con su versión, el ataque se registró en una zona de difícil acceso entre Tierra Adentro y Popayán, lo que habría facilitado la acción de los presuntos responsables. “Fue la presión la que hizo que saliéramos de ahí, no se identificaron, pero sé que era un grupo armado. Desafortunadamente nos cogieron en un sitio bastante solo y nos llevaron, pero ya estamos a salvo”, declaró la congresista.

    Quilcué explicó que logró salir ilesa gracias a la rápida intervención de la Guardia Indígena del Cauca, que emprendió labores de búsqueda en la parte alta de los municipios de Inzá y Totoró, en zona de páramo. Estas acciones permitieron ubicarla y rescatarla sana y salva junto a sus acompañantes.

    “Tenía que pasar esta situación el día de hoy y gracias a Dios y a los espíritus estoy bien, junto a los compañeros que me acompañaban. Agradezco especialmente a la Guardia Indígena del Cauca, a la Fuerza Pública y a toda la solidaridad de Colombia”, expresó la senadora tras recuperar la libertad.

    Por su parte, el Ejército Nacional informó que se encuentra verificando los hechos y que en las próximas horas entregará más detalles de lo ocurrido, luego de hallar la camioneta en la que se movilizaba la congresista en jurisdicción del municipio de Totoró. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás del intento de secuestro.

  • Universidad Nacional albergará restos de Camilo Torres

    Universidad Nacional albergará restos de Camilo Torres

    La Universidad Nacional de Colombia confirmó que adelanta adecuaciones en la capilla Cristo Maestro, ubicada en la sede de Bogotá, con el propósito de albergar los restos mortales del padre Camilo Torres Restrepo, en caso de que los análisis forenses confirmen su plena identificación.

    La vicerrectora Carolina Jiménez Martín explicó que, aunque los resultados científicos aún están pendientes, las obras son parte del compromiso institucional por honrar el legado académico, pastoral y social del sacerdote, quien fue una figura clave en la historia universitaria y del país.

    “La Ciudad Universitaria es un territorio de paz que promueve el pensamiento plural, el diálogo respetuoso y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos”, señala el comunicado, destacando que esta decisión representa un reconocimiento al aporte histórico del llamado cura guerrillero.

    La institución también reiteró a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) su disposición de recibir los restos del sacerdote, recordando su paso por la universidad como estudiante de Derecho, docente de Sociología Urbana y Trabajo Social, capellán y cofundador del Departamento de Sociología en 1960.

    La Universidad Nacional recordó que desde hace cinco décadas una placa memorial en la capilla Cristo Maestro expresa su voluntad de resguardar la memoria de Camilo Torres, símbolo de la relación entre fe, pensamiento crítico y compromiso social. El pronunciamiento se conoció tras los recientes trabajos en la capilla y la aparición de grafitis alusivos al ELN en varias zonas del campus.

    Este 2026 se cumplen 60 años de la muerte de Camilo Torres Restrepo, figura emblemática de la Teología de la Liberación en Colombia, que defendió la atención a la pobreza y la desigualdad desde una visión cristiana comprometida con la realidad social.

    Su labor académica y pastoral lo llevó a impulsar la creación de las juntas de acción comunal y a promover una universidad pública conectada con las comunidades. Sin embargo, su nombre también quedó vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización a la que se unió poco antes de morir en combate el 15 de febrero de 1966.

    Tras su muerte, el paradero de su cuerpo fue incierto durante décadas. No obstante, a finales de enero de 2026, la UBPD y Medicina Legal informaron que analizan restos óseos con altas probabilidades de pertenecer al sacerdote. Según la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, la solicitud de búsqueda fue recibida en 2019 y desde entonces se han logrado avances significativos gracias a la revisión de documentos históricos, testimonios y análisis antropológicos y forenses.