Categoría: Actualidad

Colombia aprobó el registro sanitario del medicamento benznidazol en presentación de 100 mg, una decisión que permitirá su uso en el tratamiento de la enfermedad de Chagas en el país.

La autorización habilita la ampliación del acceso a esta terapia, especialmente en zonas donde se concentra la transmisión. El fármaco es clave para tratar la infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi, y su disponibilidad busca intervenir de manera temprana los casos detectados.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la medida permitirá iniciar tratamientos oportunos y reducir el riesgo de complicaciones, que en etapas avanzadas pueden afectar principalmente el sistema cardíaco y digestivo.

El proceso de aprobación fue resultado de un trabajo articulado entre entidades del Estado y la academia, con la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de Antioquia, mediante iniciativas financiadas por el Fondo de Investigación en Salud.

Además de facilitar el acceso al tratamiento, la decisión también apunta a fortalecer la producción nacional de medicamentos estratégicos y garantizar su disponibilidad dentro del sistema de salud. Las autoridades señalaron que esta medida hace parte de las acciones para el control de enfermedades transmisibles en Colombia.

El empresario colombiano Eduardo Robayo Ferro, fundador de Kokoriko, falleció este sábado a los 91 años, según confirmó su esposa, Alba Lucía Gómez. Su muerte marca el cierre de una trayectoria clave en el desarrollo del sector gastronómico en Colombia.

La noticia fue dada a conocer por familiares y allegados. El empresario Ferrán Martínez fue uno de los primeros en pronunciarse, enviando un mensaje de solidaridad a su familia. También el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, destacó su legado, describiéndolo como un “gran empresario, constructor de país y mejor ser humano”.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento. Se espera que en las próximas horas la familia entregue información adicional sobre las honras fúnebres y actos de despedida.

La historia empresarial de Robayo Ferro se remonta a 1969, cuando, junto a sus socios Noé Cardona Cardona y Emilio Jordán Collazos, fundó la compañía AVESCO Ltda., dando origen a lo que más tarde se convertiría en una de las cadenas de pollo asado más reconocidas del país. El primer punto de venta funcionó en Bogotá bajo el nombre ‘Las Colonias’, donde se ofrecía un menú sencillo de pollo asado, papa y arepa, que rápidamente ganó popularidad.

En 1971 se abrió el primer restaurante con el nombre Kokoriko en Cali, marcando el inicio de una expansión que llevó la marca a ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales, consolidando un modelo de negocio exitoso a nivel nacional.

Más allá del sector gastronómico, Robayo Ferro diversificó sus inversiones hacia el ámbito financiero. En la década de 1980 participó en la adquisición de Diners Club Colombia, operación que posteriormente dio origen al Banco Superior, entidad que años después fue absorbida por Davivienda.

El grupo empresarial también incursionó en otros sectores como fondos de pensiones y vivienda. En el año 2000 incorporó la marca de helados Mimo’s y consolidó el conglomerado Conboca, que en 2016 estableció una alianza con Andrés Jaramillo. De este proceso surgió en 2017 el grupo Inmaculada Guadalupe y Amigos (IGA), que hoy reúne cientos de restaurantes en el país.

La historia de la familia también estuvo marcada por momentos difíciles. En 2003, Antonio Robayo, hermano del empresario, murió en el atentado contra el Club El Nogal, atribuido a las Farc, un hecho que impactó profundamente al grupo empresarial por su rol clave en la organización.

El candidato presidencial Iván Cepeda respondió al video publicado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que lo menciona y lo señala de presuntamente instigar el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, además de favorecer la supuesta impunidad de exjefes guerrilleros en Venezuela.

En sus declaraciones, Uribe aseguró que la Fiscalía ha señalado a la disidencia conocida como la Nueva Marquetalia como responsable del crimen, pero cuestionó la posible existencia de instigadores. “¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a ‘Santrich’ y a ‘Iván Márquez’?”, afirmó el exmandatario.

Tras estos señalamientos, Cepeda publicó un comunicado en su cuenta de X en el que le exigió a Uribe presentar pruebas ante la justicia. “Le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante las autoridades competentes las evidencias que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra”, expresó el candidato.

El dirigente político también advirtió que, dada la gravedad de las acusaciones, estas no pueden quedarse en el terreno de las insinuaciones o descalificaciones públicas. En ese sentido, insistió en que corresponde a las instituciones judiciales esclarecer los hechos con base en pruebas.

Finalmente, Cepeda señaló que el país requiere un debate político basado en la verdad, el rigor y el respeto por la democracia, y no en la difusión de acusaciones sin sustento ni en la incitación al odio en medio del escenario electoral.

Durante una visita a Cúcuta, el pasado 19 de marzo, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, generó controversia tras pronunciar un discurso con tono político en el que hizo referencia al “cambio” y a la necesidad de que los sectores populares lleguen al poder.

En su intervención, el funcionario afirmó que existe temor frente a la posibilidad de que “el pueblo gobierne” y a que personas de origen popular accedan a cargos de alto nivel, como ministerios o incluso la Presidencia de la República. En ese contexto, también invitó a la ciudadanía a movilizarse en respaldo de las transformaciones que, según dijo, requiere el país.

Las declaraciones provocaron reacciones en distintos sectores, especialmente por haberse dado en una región que enfrenta serias dificultades en materia de salud. En Norte de Santander se han registrado denuncias recurrentes por fallas en la atención, demoras en la entrega de medicamentos y afectaciones a pacientes por la crisis del sistema.

La polémica aumentó debido a que, durante su visita, el ministro no abordó de manera directa estas problemáticas ni anunció medidas concretas para atender la situación en el departamento, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una desconexión frente a la realidad de los usuarios del sistema de salud.

Las investigaciones que adelanta la justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el narcotráfico, ya generaron reacciones de dirigentes políticos en Antioquia, quienes han pedido que las autoridades nacionales se sumen a las indagaciones.

Según reveló The New York Times, las pesquisas buscan establecer si el mandatario habría sostenido encuentros con narcotraficantes o recibido aportes de estas personas durante su campaña presidencial. Estas versiones fueron cuestionadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

A través de su cuenta en X, el mandatario regional señaló que el caso tiene “nombre propio: alias ‘Calarcá’”, y criticó al Gobierno nacional al asegurar que se ha favorecido a esa estructura criminal. Incluso afirmó que el presidente Petro ha actuado, en la práctica, como “defensor de oficio” de dicho cabecilla.

Rendón también aseguró que existe una supuesta falta de acción frente a los responsables de hechos violentos, mientras que —según él— se actúa con rapidez en decisiones que afectan a Antioquia, lo que volvió a generar cuestionamientos al jefe de Estado.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció y afirmó que esta situación ya había sido advertida durante la pasada campaña presidencial, en la que fue contendor de Petro.

De acuerdo con la información conocida, las investigaciones están a cargo de fiscales en Manhattan y Brooklyn, con participación de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, especializadas en la lucha contra el narcotráfico internacional.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría advirtió sobre la escasez de medicamentos esenciales para la atención en salud mental en Colombia, una situación que podría afectar la continuidad de los tratamientos y agravar la condición de los pacientes.

En un pronunciamiento público, el gremio señaló que la falta de disponibilidad impacta fármacos clave como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y tratamientos para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

La organización alertó que la interrupción de estos tratamientos no es un hecho menor. Según explicó, suspender la medicación de forma abrupta puede provocar recaídas, hospitalizaciones y aumentar el riesgo de conductas autolesivas, incluido el suicidio.

Asimismo, advirtió que la falta de continuidad en la medicación puede generar descompensaciones clínicas y pérdida de estabilidad, especialmente en pacientes con enfermedades de larga evolución que requieren seguimiento permanente.

Ante este panorama, la Asociación hizo un llamado a las autoridades de salud y a los actores del sistema para garantizar el suministro oportuno de estos medicamentos, al considerar que el acceso a tratamientos en salud mental es fundamental.

La alerta surge en medio de las presiones que enfrenta el sistema de salud y reabre el debate sobre la capacidad del país para asegurar tratamientos continuos en patologías que demandan atención sostenida.

La juez Primera Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 268 meses de prisión (22 años y tres meses) a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, señalado como intermediario entre los autores intelectuales y el grupo criminal que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La decisión se produjo tras avalar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, en el que Pérez Marroquín aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.

De acuerdo con la investigación, alias ‘El Viejo’ fue contactado para planear el ataque contra el congresista. Para ello, habría vinculado a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, quien se encargó de definir la logística y los roles de los demás implicados.

La Fiscalía estableció además que Pérez Marroquín realizó labores de seguimiento a la víctima en marzo de 2025, cuando Uribe Turbay fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá. También fue quien entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el atentado, la cual había sido modificada para incrementar su capacidad letal.

Tras el crimen, el hoy condenado habría proporcionado dinero y un celular a Martínez Martínez, facilitando su huida hacia Caquetá. Según el ente acusador, allí sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por integrantes de la estructura Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc.

El Ministerio de Educación de Colombia informó que actualmente se ejecutan 41 proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de la educación superior pública en distintas regiones del país, con una inversión total de 701.850 millones de pesos y el acompañamiento técnico de Findeter.

Las iniciativas se desarrollan en departamentos como Valle del Cauca, Tolima, Santander, Putumayo, Nariño, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Chocó, Cesar, Cauca, Casanare, Boyacá, Bolívar, Atlántico y Antioquia, e incluyen construcción de infraestructura, ampliaciones, dotación tecnológica, estudios técnicos y aulas modulares.

De acuerdo con el balance oficial, 27 proyectos se encuentran en ejecución, concentrando la mayor inversión con cerca de 464.967 millones de pesos. A su vez, 8 ya fueron culminados, mientras que 4 están en proceso de selección o legalización y 2 más avanzan en fase de estructuración.

El portafolio contempla intervenciones de distintos tamaños, desde proyectos de 300 millones de pesos enfocados en dotación y aulas modulares, hasta obras de gran escala que superan los 50.000 millones, lo que refleja un impacto significativo en los territorios.

En materia de infraestructura, 23 de las iniciativas corresponden a construcción de nuevas sedes, consolidando este componente como el eje central del programa. A esto se suman adecuaciones, estudios y procesos de modernización tecnológica, incluyendo laboratorios y aulas híbridas.

La estrategia también prioriza municipios intermedios y subregionales como Guapi, Sibundoy, Tumaco, Mompós, Simití, Chaparral, Mariquita y Soledad, ampliando la presencia de la educación superior pública en zonas donde históricamente ha sido limitada.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la regionalización de la educación superior se ha planteado como una estrategia clave para reducir brechas territoriales, dinamizar economías locales y ampliar el acceso de los jóvenes sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades.

El agente interventor de la Nueva EPS, Luis Oscar Gálvez, fue apartado de su cargo luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la renuncia, en medio de la crítica situación que atraviesa la entidad.

La salida se da tras fuertes cuestionamientos por la atención a los usuarios, entre ellos la falta de entrega de medicamentos a más de 700.000 afiliados en Santander. A esto se suma el caso de Kevin Acosta, un menor con hemofilia cuya muerte fue atribuida por la Procuraduría General de la Nación a presuntas fallas de la EPS.

El organismo de control concluyó que el niño estuvo cerca de dos meses sin recibir el medicamento que requería, luego de que la IPS Medicarte suspendiera la entrega por falta de pago por parte de la entidad. Este caso se convirtió en uno de los hechos más graves dentro de la crisis que enfrenta la EPS.

La Nueva EPS, que agrupa a cerca de 11 millones de afiliados, fue intervenida el 3 de abril de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, en una medida presentada como un intento por estabilizar su operación. Sin embargo, la situación financiera se ha deteriorado.

Según reportes oficiales, la entidad cerró 2024 con un déficit de 6,69 billones de pesos y una deuda de 18,38 billones. Además, la Contraloría General de la República detectó irregularidades tras revisar más de 4.500 documentos, incluyendo fallas en contratación, inconsistencias en reservas técnicas y debilidades en los sistemas de información.

En medio de este panorama, el presidente Petro ordenó durante un Consejo de Ministros la liquidación de las EPS que se encuentren en quiebra. Posteriormente, anunció que la Nueva EPS sería adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda, mientras el Gobierno asumiría el pago de parte de sus deudas a través de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud.

Por ahora, no se ha definido quién reemplazará a Gálvez en la intervención de la entidad, en uno de los momentos más críticos del sistema de salud en el país.

La Justicia de Estados Unidos adelanta una investigación sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestos vínculos con narcotraficantes, según reveló este viernes el diario The New York Times, citando fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la publicación, las indagaciones buscan establecer si el mandatario sostuvo reuniones con personas ligadas al narcotráfico o si recibió aportes de estos durante su campaña presidencial. El proceso está siendo liderado por fiscales en Nueva York, con apoyo de agencias federales especializadas en la lucha contra el crimen organizado.

El informe señala que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que, por ahora, no está claro si derivará en cargos formales. Además, no hay evidencia de que la Casa Blanca haya promovido el inicio de estas pesquisas.

Este nuevo episodio se da en medio de una relación tensa entre Colombia y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025. Las diferencias se agudizaron inicialmente por la negativa del Gobierno colombiano a recibir vuelos con deportados, lo que provocó amenazas de sanciones económicas por parte de Washington.

Las fricciones continuaron en temas clave como la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la descertificación de Colombia en esta materia y sanciones contra funcionarios del país. En septiembre de 2025, incluso, Estados Unidos revocó la visa de Petro tras declaraciones polémicas en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, en los últimos meses se ha registrado una leve distensión diplomática. El propio Petro aseguró recientemente que su visa fue restablecida hasta el final de su mandato, y tras una conversación con Trump a inicios de año se han reactivado los contactos de alto nivel, incluyendo una reunión entre ambos mandatarios en febrero.

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, al concluir que no cumplía con los requisitos legales exigidos para el cargo.

La decisión resolvió varias demandas acumuladas que cuestionaban la legalidad de su designación, especialmente por la falta de experiencia y formación académica acorde con las funciones de la entidad.

Durante el proceso, el alto tribunal solicitó información al Ministerio de Educación Nacional para verificar la validez de un título de posgrado obtenido en Francia por la funcionaria.

El análisis concluyó que dicho título estaba enfocado en ciencias políticas, un campo que no corresponde a los conocimientos técnicos requeridos para dirigir la Superintendencia, relacionados con competencia económica, protección al consumidor, propiedad industrial y datos personales.

Además, el Consejo de Estado determinó que no se acreditó plenamente la equivalencia del posgrado en Colombia, por lo que Rusinque no cumplía con el requisito de formación exigido por la ley.

La senadora María José Pizarro, jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda, aseguró que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente solo se consideraría si las reformas sociales del Gobierno vuelven a hundirse en el Congreso.

Según explicó, la prioridad actual del oficialismo es lograr que las iniciativas avancen en el Legislativo, aunque reconoció que esta alternativa ya se había planteado desde el inicio del actual gobierno.

“Por ahora acompañamos la necesidad de materializar las reformas sociales”, señaló la congresista, al insistir en que el camino institucional sigue siendo la primera opción.

En la misma línea, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, defendió la agenda de cambios y cuestionó lo que calificó como bloqueos en el Congreso.

Becerra advirtió que, si las reformas no avanzan, el Gobierno y sus aliados podrían acudir a otros mecanismos constitucionales, incluida una eventual Asamblea Constituyente, al tiempo que reiteró la intención de promover un acuerdo nacional para sacar adelante las transformaciones.

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las demandas que pretendían anular la elección de Juan Gregorio Eljach Pacheco como procurador general de la Nación para el periodo 2025-2029.

Durante el análisis, la Sala revisó los principales cuestionamientos contra su designación, entre ellos el señalamiento de que no podía ser postulado mientras ejercía como secretario general del Senado.

También se alegó que Eljach no cumplía con la experiencia exigida y que el presidente Gustavo Petro habría desconocido una invitación pública del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al incluir en la terna a un candidato que no participó en ese proceso. Asimismo, se cuestionó que la terna estuviera conformada únicamente por hombres.

No obstante, el alto tribunal concluyó que no existía la inhabilidad invocada, ya que las restricciones aplican a cargos de elección popular y no a este tipo de designaciones. Además, determinó que el procurador cumple con el requisito de experiencia, al acreditar más de 15 años en el ejercicio jurídico.

Finalmente, el Consejo de Estado descartó irregularidades en el proceso, señalando que no se vulneró el debido proceso ni el principio de separación de poderes. Sobre la ausencia de mujeres en la terna, indicó que, aunque es deseable su inclusión, este hecho no invalida la elección.