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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que durante este año ha recaudado 237 mil millones de pesos, cifra atribuida a los beneficios tributarios del decreto de emergencia económica, que busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

El decreto, además de fijar nuevos impuestos a juegos de suerte y azar operados por internet, licores, cigarrillos y patrimonio, contempla alivios para los contribuyentes morosos. Entre ellos se destacan la reducción de la tasa de interés al 4,5 % efectivo anual —antes del 22,36 %— y la disminución de sanciones al 15 %, siempre que el valor a pagar no sea inferior a la sanción mínima vigente del año en que se liquidó (10 UVT). Según la Dian, “esto representa un ahorro del 85 %”.

Para alcanzar estos resultados, la entidad contactó a 459 mil contribuyentes mediante correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas automatizadas con inteligencia artificial, lo que permitió ampliar el alcance de la estrategia de recaudo.

Los interesados en acogerse a estos beneficios transitorios pueden acercarse a cualquiera de los 56 puntos de contacto de la Dian en todo el país, cuyos horarios y direcciones están disponibles en la página oficial: www.dian.gov.co.

La entidad recordó que el pago total de las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias debe realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2026. Además, los contribuyentes tendrán hasta el 30 de abril de 2026 para reducir sanciones e intereses, solicitar conciliaciones judiciales o normalizar su situación fiscal mediante el Impuesto de Normalización Tributaria, en caso de activos omitidos o pasivos inexistentes.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que de no implementarse la Emergencia Económica decretada por el Gobierno nacional, el país enfrentaría una situación crítica en el cumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con derechos fundamentales.

Durante su intervención en el Consejo de Ministros televisado, encabezado este lunes por el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, Ávila explicó que los recursos derivados de esta medida buscan garantizar la atención de áreas prioritarias como salud, seguridad, servicios públicos, emergencia climática y reparación de víctimas.

Entre las principales destinaciones de los recursos se destacan: 3,3 billones de pesos para cubrir la equiparación de la UPC entre los regímenes subsidiado y contributivo; 3,7 billones para seguridad ciudadana y el desarrollo de los comicios de 2026; 0,5 billones para atender la emergencia climática, reconstrucción de municipios como Paratebueno y ayuda a damnificados; 5,1 billones para subsidiar servicios públicos de energía y gas, especialmente en la región Caribe; además de 1,6 billones para el pago de sentencias judiciales y otros 1,6 billones para la reparación de víctimas.

“Estos derechos fundamentales estarían en riesgo de no cumplirse si el Estado no accede a los recursos necesarios para atender estos compromisos”, señaló el ministro, quien insistió en que la medida es “coherente y necesaria” ante la situación fiscal del país.

Ávila también aseguró que la Emergencia Económica no afectará los productos de la canasta familiar, ni a los sectores más sensibles a los precios, e indicó que se excluyeron incrementos al impuesto sobre la cerveza, por su valor social. Finalmente, precisó que los nuevos tributos se concentrarán en grandes fortunas, sectores de mayores ingresos, el sistema financiero y los impuestos saludables, buscando “un equilibrio razonable entre las necesidades de financiación y la salud pública”.

Por disposición de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dejó su cargo el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Fabián Ordóñez, quien durante los dos primeros años de la actual administración lideró las principales investigaciones judiciales del país.

Ordóñez estuvo al frente de casos de alto impacto como el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el magnicidio de Miguel Uribe, y el conocido episodio de las frambuesas envenenadas, entre otros procesos desarrollados con apoyo de la Policía Judicial de la Fiscalía.

La decisión se produce tras la designación del general retirado de la Policía Nacional, José Luis Ramírez Hinestroza, quien asumirá la dirección del CTI con el propósito de fortalecer las capacidades investigativas y operativas del organismo.

Ramírez Hinestroza se retiró del servicio activo el 14 de febrero de 2025, después de 33 años de trayectoria en la Policía Nacional. Su último cargo fue como director de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, una de las posiciones más estratégicas dentro de la institución.

Durante su carrera comandó unidades como las policías de Quindío y Casanare, y dirigió la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, encargada de la gestión de protestas y el control del orden público. Además, ha sido reconocido con diversas condecoraciones y formación especializada en seguridad, inteligencia y derechos humanos, tanto en Colombia como en el exterior.

La Registraduría Nacional culminó la verificación de las cerca de 28 millones de firmas presentadas por 21 precandidatos presidenciales que buscan llegar a la Casa de Nariño en las elecciones de este año.

Este lunes, el organismo confirmó que 15 aspirantes lograron superar el umbral mínimo de 630.000 firmas válidas, requisito indispensable para inscribir oficialmente sus candidaturas.

Entre los últimos en recibir certificación se encuentran Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Felipe Córdoba, Leonardo Huerta, Sondra Macollins y Daniel Palacios, quienes se suman a otros nueve previamente avalados.

La Registraduría recordó que el proceso de validación se realizó en medio de denuncias sobre posibles irregularidades, como el uso de fotocopias e identidades repetidas en algunas campañas. Aun así, la mayoría de precandidatos había presentado más de un millón de apoyos, y en el caso de De la Espriella, más de cinco millones.

Los aspirantes que cumplieron con el requisito son: Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero Jaramillo, David Luna, Mauricio Lizcano Arango, Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Felipe Córdoba, Leonardo Huerta, Sondra Macollins, Daniel Palacios, Vicky Dávila, Luis Gilberto Murillo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo.

En contraste, Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihaly Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García no alcanzaron el umbral requerido.

En una decisión inusual, la Fiscalía General de la Nación dejó sin efecto la imputación de cargos que había anunciado contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dentro del proceso que investiga el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La medida había sido oficializada el mismo lunes, cuando se informó que Rodríguez sería llamado a responder por el delito de prevaricato por omisión, al no haber atendido las reiteradas solicitudes de refuerzo en el esquema de seguridad del dirigente político. Sin embargo, cuatro horas después, la Fiscalía determinó suspender el trámite al establecer que la funcionaria que emitió la decisión no tenía competencia para actuar en este caso.

Según fuentes de la entidad, la corrección se basa en la Resolución 00633 del 19 de junio de 2025, que creó un grupo especial encargado de las investigaciones relacionadas con este proceso y definió qué fiscales tienen jurisdicción para adelantar actuaciones dentro del expediente.

El retiro de la imputación no significa el cierre de la investigación. Por el contrario, el ente acusador confirmó que los informes sobre posibles omisiones en el esquema de seguridad del senador Uribe seguirán siendo evaluados por el grupo de tareas especiales, bajo la coordinación de la Dirección Seccional de Bogotá.

Como parte de este ajuste interno, se conformará una mesa técnica entre la fiscal inicialmente asignada y el equipo especializado, con el propósito de revisar el material recopilado durante meses y determinar los pasos a seguir en la investigación.

La Contraloría General de la República encendió las alertas ante el riesgo de un eventual desabastecimiento de pasaportes en el país, debido a los retrasos en la puesta en marcha del nuevo contrato que reemplazará al actualmente ejecutado por la firma Thomas Greg & Sons. Según el contralor delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, existen riesgos financieros, operativos y de planeación que podrían impedir la entrada en vigor del nuevo modelo en los plazos previstos.

El organismo de control detectó demoras en el cronograma establecido por la Cancillería y la Imprenta Nacional, así como fallas en la importación e instalación de la maquinaria necesaria para la producción de los documentos. “Hasta la semana pasada no hay evidencia de que la maquinaria esté en el país ni de que se haya contratado al importador”, advirtió Abadía, al señalar que el incumplimiento de los tiempos podría afectar la continuidad del servicio a partir del 1 de abril.

En materia financiera, la Contraloría identificó inconsistencias derivadas de la decisión de valorar el contrato en euros, lo que traslada el riesgo cambiario al Estado. También alertó sobre la falta de claridad en los costos de personalización, transporte e impuestos, así como en las previsiones presupuestales para atender una posible variación en la demanda. Además, cuestionó la transición de un modelo “por demanda” a uno de cantidad mínima anual —de 1,2 millones de libretas—, que podría generar desbalances si la producción supera las necesidades reales.

El organismo señaló que aún no existe un prototipo del nuevo pasaporte y que no ha recibido información suficiente sobre su diseño ni sus especificaciones técnicas. Abadía recordó, sin embargo, que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario reemplazarlos de manera inmediata. “Podrán coexistir ambos modelos; cambiar todos los pasaportes vigentes generaría un daño fiscal de grandes proporciones”, precisó.

Para hacer seguimiento al proceso, la Contraloría dispuso un equipo técnico permanente en la Cancillería y en la Imprenta Nacional, con el fin de monitorear de forma directa la ejecución del contrato y prevenir posibles afectaciones al servicio. “Estas son alertas técnicas, no políticas. El objetivo es garantizar que la transición se realice sin riesgos para el patrimonio público ni para los ciudadanos”, enfatizó Abadía.

El nuevo modelo de pasaportes surge tras la decisión del Gobierno de no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, adjudicando la nueva licitación a la Casa de la Moneda de Portugal en asocio con la Imprenta Nacional de Colombia. Aunque la Cancillería ha asegurado que el proceso permitirá modernizar el sistema y reforzar los estándares de seguridad, la Contraloría insiste en que aún no hay garantías suficientes de continuidad en la expedición de pasaportes. A dos meses del cambio, la incertidumbre persiste.

La reunión entre varios gobernadores del país y el ministro de Hacienda concluyó sin acuerdos, luego de no lograrse consensos sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos por el Gobierno nacional en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.

Tras el encuentro, los mandatarios departamentales manifestaron su inquietud por los efectos que dichas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó avances significativos y reiteró que los decretos impactarán negativamente las rentas cedidas.

“Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros tenemos pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es defender esos derechos constitucionales, porque los recursos de licores y cigarrillos garantizan salud, educación y deporte en las regiones”, afirmó Toro, quien advirtió además que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y reducir el recaudo, afectando directamente al sistema de salud.

En el caso del Valle del Cauca, la mandataria recordó que los recursos provenientes del impuesto al cigarrillo se destinan al régimen subsidiado, y alertó sobre un déficit de 120.000 millones de pesos. “Si no se cubre ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación. ¿Con qué vamos a pagar el PAE, el transporte escolar o los programas que no financia la Nación?”, cuestionó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también criticó el encuentro, al que calificó como “lleno de humo”. Señaló que el departamento solicitará ante la Corte Constitucional una medida de excepción de inconstitucionalidad para suspender los efectos tributarios de los decretos de emergencia.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció una versión distinta y aseguró que las tensiones con los gobernadores fueron superadas. Indicó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a cubrir cualquier déficit que los impuestos a licores y tabaco generen en los departamentos, garantizando así la estabilidad fiscal de las regiones.

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, dentro de la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La diligencia judicial está programada para el próximo 11 de febrero, donde Rodríguez deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción. Según se conoció, el pasado 16 de enero un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó formalmente la solicitud de imputación.

De acuerdo con la investigación, el director de la UNP habría incurrido en presuntas omisiones al no garantizar de manera adecuada la seguridad de Uribe Turbay, lo que derivó en el atentado en su contra.

Esta imputación se convierte en uno de los avances más relevantes del proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades tras el ataque contra el dirigente político.

El Gobierno nacional anunció una reducción inicial de 300 pesos por galón en la gasolina corriente, medida que responde al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída en los precios internacionales del petróleo y del dólar.

Según el Ejecutivo, la disminución se debe a que el dólar bajó más del 17%, pasando de 4.400 a cerca de 3.700 pesos, y el precio del barril de petróleo cayó un 23%, ubicándose en 62 dólares. Además, el cierre gradual del déficit histórico del FEPC permite ajustar los precios sin generar nueva deuda fiscal, destacó el presidente Gustavo Petro. Los ministros Edwin Palma y Germán Ávila señalaron que la medida busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.

Actualmente, los precios varían según la ciudad: Bogotá (16.491 pesos), Medellín (16.412), Cali (16.502), Barranquilla (16.126) y Cartagena (16.083). Con la reducción, los valores aproximados serán Bogotá 16.191 pesos, Medellín 16.112, Cali 16.202, Barranquilla 15.826 y Cartagena 15.783. Ciudades con precios más bajos, como Pasto (14.247) y Cúcuta (14.400), también se beneficiarán.

El Gobierno aseguró que los recortes serán progresivos, evitando fluctuaciones abruptas y priorizando la sostenibilidad fiscal. Expertos como Sergio Cabrales y Felipe Campos estiman que, si los niveles actuales de petróleo y dólar se mantienen, el precio ideal podría rondar los 13.000 pesos por galón, lo que implicaría reducciones adicionales de hasta 3.000 pesos en total.

Esta decisión sigue a recientes incrementos, como los 90 pesos por galón en enero de 2026, y cumple la promesa del presidente Petro de bajar los precios de manera gradual, tras años en que los consumidores pagaron un sobrecosto de 2.000 a 3.000 pesos por galón para compensar subsidios en otros combustibles.

La empresa de eventos Sirvalo Pues anunció oficialmente que, tras un acuerdo con la familia de Yeison Jiménez, su segundo concierto “Mi Promesa Tour 2.0” se adelantará al 31 de enero de 2026 en el Estadio El Campín, manteniendo las mismas ubicaciones adquiridas para la fecha originalmente programada el 28 de marzo.

El espectáculo contará con artistas invitados de primer nivel, una puesta en escena especial y el acompañamiento de la banda de Yeison Jiménez. El show está diseñado como un homenaje al legado artístico del cantante y a la conexión emocional con su público, resaltando su trayectoria y sus raíces en la música popular colombiana.

Quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través de Tuboleta, operador oficial del evento, hasta el 30 de enero de 2026. Cumplido ese plazo, se entenderá que los compradores aceptan las nuevas condiciones y confirman su asistencia automáticamente.

El concierto mantiene los artistas invitados previamente confirmados, mientras que el show central será ejecutado por la banda del cantante, con una puesta en escena especialmente diseñada por su equipo de trabajo. La producción busca ofrecer una experiencia única que honre la memoria y la influencia de Yeison Jiménez en la música popular.

Sirvalo Pues y la familia del artista reiteran la importancia de respetar los plazos para la devolución de boletas y aseguran que todos los procedimientos se realizarán siguiendo los términos establecidos por Tuboleta, garantizando transparencia y facilidad para los asistentes.

Fueron revelados los resultados de la encuesta que mide las preocupaciones de los electores, la valoración de los candidatos y la intención de voto de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia en 2026.

Según el sondeo, ante la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por qué candidato votaría?”, Iván Cepeda lidera con un 30% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 22%. Más atrás se ubican Paloma Valencia con 3% y Juan Manuel Galán con 2%.

La encuesta también indagó sobre las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo. En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia lidera con 23%, mientras que un 34% de los encuestados manifestó “ninguno” como preferencia. En la Consulta del Pacto Amplio, Iván Cepeda alcanza 34%, y el 44% de los ciudadanos optó por “ninguno”.

Respecto a la intención de voto por partido político, el Pacto Histórico registra 23%, Centro Democrático 15% y Liberal 7%. Otros partidos como Cambio Radical, Conservador y Alianza Verde suman entre 0,3% y 4%, mientras que un 14% dijo que se abstendría y un 6% optaría por el voto en blanco.

En un posible escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la encuesta indica que Cepeda obtendría el 40% de los votos frente al 32% de de la Espriella, confirmando una ventaja inicial de los líderes de la intención de voto.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Circular 002 del 8 de enero de 2026, emitida por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, estableció precisiones sobre los cobros permitidos y las prácticas prohibidas en los colegios privados para el año académico 2026. La circular está dirigida a gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación.

Según el documento, las matrículas y pensiones solo podrán aumentar dentro de los límites establecidos en la Resolución No. 019805 del 30 de septiembre de 2025. Además, el Ministerio recordó varias prácticas que los establecimientos educativos no oficiales no pueden realizar.

Entre las prohibiciones se incluyen: cobrar bonos o donaciones adicionales, exigir pagos obligatorios por alimentación, transporte o alojamiento, imponer marcas o proveedores específicos para útiles y uniformes, cambiar textos escolares sin cumplir los plazos legales, exigir más de un uniforme diario o de educación física, y solicitar materiales que no estén directamente relacionados con la educación o representen una carga excesiva para las familias.

La circular advierte que el incumplimiento puede generar sanciones que van desde multas entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta el cierre definitivo del colegio en caso de reincidencia.

Las secretarías de educación deberán ejercer inspección y vigilancia para garantizar que los colegios cumplan estas normas y protejan los derechos de los estudiantes y sus familias.

Una nueva ola de violencia sacudió el departamento del Guaviare, donde al menos 30 personas murieron tras fuertes enfrentamientos entre disidencias de las Farc en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno.

La gravedad de la situación llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad este sábado 17 de enero, mientras tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana mantienen operaciones en la zona para verificar lo ocurrido. Según información preliminar, las víctimas serían presuntos miembros de la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas, involucrados en una disputa por el control territorial entre los grupos liderados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

Los combates, que habrían comenzado la noche del viernes, mantienen bajo tensión a las comunidades rurales del sur del país. Tropas de la Brigada 22 realizan labores de inspección y control con apoyo aéreo y capacidades de inteligencia militar.

La polémica por el uso del software espía Pegasus volvió a agitar el panorama político colombiano luego de que el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, denunciara que su teléfono fue interceptado ilegalmente.

A esta acusación se suma la del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en diciembre aseguró que un investigador privado descubrió que su celular también había sido intervenido con el mismo programa.

Este sábado, Benedetti reiteró su denuncia y afirmó que el técnico Milton Cuadros le confirmó la presencia de Pegasus en su dispositivo. El tema resurgió tras su respuesta al editorial de Julio Sánchez Cristo, director de 6AM Hoy por Hoy de W Radio, quien abordó la reaparición del software en la agenda política.

El ministro pidió a la Fiscalía esclarecer si funcionarios estatales están operando el sistema o si este se encuentra instalado en agencias del propio Gobierno.

“En mis teléfonos está Pegasus. La gran pregunta es si está en las agencias del Estado o si hombres del Estado están manipulando Pegasus”, enfatizó Benedetti, quien además señaló que resulta “extraño” que aún no se le haya solicitado entregar las pruebas técnicas.

El Ministerio de Salud y Protección Social desmintió los rumores sobre un presunto recorte al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y aseguró que la vacunación en Colombia está garantizada durante todo el año 2026, con recursos proyectados incluso para el primer trimestre de 2027.

De acuerdo con la entidad, el programa cuenta con una planeación estratégica y un presupuesto que permiten mantener el abastecimiento de biológicos e insumos a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), garantizando la distribución oportuna y un stock de seguridad nacional.

El Ministerio precisó que este proceso se realiza en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024, lo que facilita la incorporación gradual de nuevas vacunas y tecnologías al esquema nacional de inmunización. Entre ellas, se destacan la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio, la vacuna hexavalente para recién nacidos prematuros y la próxima introducción de la vacuna contra el dengue en municipios priorizados.

“No existe ningún riesgo para la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones”, enfatizó la cartera de Salud, que reiteró que las decisiones en materia de vacunación se adoptan con criterios técnicos, científicos y epidemiológicos, y en consenso con el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, además de agremiaciones médicas y académicas.

El Ministerio destacó que Colombia mantiene uno de los esquemas de vacunación más completos de América Latina, con 24 vacunas y tres inmunoglobulinas. Solo en 2025 se aplicaron cerca de 24 millones de dosis, y el país iniciará 2026 con la primera jornada nacional de vacunación el sábado 24 de enero, que se desarrollará en todo el territorio nacional.