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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, instó a las aerolíneas a establecer “límites en el valor de los tiquetes”, al considerar que los precios actuales son desproporcionados. “No puede ser que hoy cueste lo mismo el tiquete más barato a Cartagena que uno a Miami; no es razonable”, señaló, aludiendo a factores como la distancia y la logística de los vuelos.

Rojas reconoció que el incremento de tarifas durante la temporada alta obedece a una “política liberalizada de precios en el sector aeronáutico”, pero advirtió que “no se pueden cruzar esas líneas”. Recordó que en otras ocasiones, como cuando se cerró la vía al Llano, hubo aerolíneas “muy conscientes” que aplicaron márgenes razonables.

La ministra propuso crear incentivos para las aerolíneas que establezcan límites tarifarios, buscando un “equilibrio” que beneficie a los usuarios. “Se trata de fijar unos topes hacia arriba que eviten abusos y mantengan la accesibilidad”, puntualizó.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema en su cuenta de X, aclarando que el control de los precios de los tiquetes corresponde a la Aeronáutica Civil. Según el mandatario, la clave está en “más competencia, más aerolíneas y democratización de los slots”, es decir, de los tiempos y permisos de vuelo.

Petro también llamó a la Aeronáutica Civil a trabajar con la UIAF y la Fiscalía para desmantelar “estructuras mafiosas” al interior de la entidad. “Hay un silencio investigativo total sobre la salida de cocaína desde los aeropuertos del país”, advirtió el jefe de Estado.

El decreto de emergencia económica y social expedido el pasado 22 de diciembre por el Gobierno Nacional continúa generando tensiones y divisiones políticas. El tema será objeto de un debate de control político convocado para este lunes 29 de diciembre en el Congreso de la República.

La citación fue aprobada durante una sesión extraordinaria virtual realizada el viernes 27 de diciembre, en la que los congresistas acordaron llamar a todo el gabinete ministerial para que explique las razones y alcances de la medida adoptada por el Ejecutivo.

Sin embargo, los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro no asistirán a la sesión prevista. Según se conoció, la decisión fue tomada de manera conjunta entre los miembros del gabinete, quienes argumentan que no se ha cumplido con el plazo legal de cinco días establecido para responder el cuestionario previo al debate.

El ausentismo de los funcionarios podría reavivar la controversia en torno al decreto, que ha generado tanto respaldos como críticas en diferentes sectores políticos y económicos.

El decreto de emergencia económica y social fue firmado con el propósito de atender situaciones excepcionales en el país, pero su alcance y legalidad serán ahora materia de análisis en el Congreso.

Pese a la ausencia del gabinete, se espera que el debate se lleve a cabo con la presencia de congresistas de distintas bancadas, quienes expondrán sus posturas frente a la decisión del Ejecutivo.

El desarrollo de la sesión podría definir los pasos a seguir en el control político sobre las medidas adoptadas bajo esta declaratoria de emergencia.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos necesarios para cubrir los honorarios de 5.160 contratistas, pese a que estos fondos ya estaban incluidos en la ley de presupuesto y comprometidos en los contratos de prestación de servicios que fueron debidamente cumplidos.

Marín aseguró que la entidad agotó todas las gestiones posibles para obtener los recursos, sin resultados. Recordó que entre los afectados se encuentran más de 4.200 defensores y defensoras públicas, quienes garantizan el acceso a la justicia a miles de ciudadanos sin recursos para pagar representación judicial. “Cada defensor público lleva más procesos de los que es razonable”, advirtió.

La defensora subrayó que la Defensa Pública es un componente esencial del sistema judicial colombiano y que la falta de pago afecta directamente la atención a la población más vulnerable.

Marín también alertó que el presupuesto proyectado para 2026 es inferior al del 2025, pese a que fue definido por el Ministerio de Hacienda. Durante el debate en el Congreso, la cifra se redujo aún más, pues —según explicó— “algunos congresistas no apoyaron la proposición para aumentar los recursos, argumentando que el Congreso no podía aprobarla sin el aval previo de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.

Este lunes 29 de diciembre se cumple un año de la trágica masacre que cobró la vida del pastor Marlon Lora, su esposa Yorley Rincón, y sus hijos Ángela y Santiago, en el municipio de Aguachica, Cesar. El hecho conmocionó profundamente a la comunidad y dejó una huella de dolor en la iglesia Príncipe de Paz Villaparaguay, donde Lora ejercía como líder espiritual.

Ángela Lora Rincón se desempeñaba como periodista en la empresa de servicios públicos del municipio, mientras que su hermano Santiago trabajaba como camarógrafo y había colaborado en la campaña de la actual alcaldesa. La noticia de su asesinato estremeció a familiares, amigos y vecinos que aún hoy lamentan su pérdida.

Con motivo del primer aniversario, miembros y líderes de la iglesia han convocado un plantón conmemorativo en el lugar donde ocurrió el crimen. Allí se realizarán oraciones por el descanso de las víctimas, actos simbólicos de reconciliación y llamados al perdón frente a la violencia que afectó a la comunidad. El encuentro también busca fortalecer los lazos de unidad y mantener viva la memoria de la familia Lora Rincón.

El caso fue esclarecido dos meses después, cuando las autoridades capturaron a cuatro personas presuntamente involucradas en el ataque. Las investigaciones revelaron que la familia fue asesinada por error, pues el objetivo real de los sicarios sería una mujer conocida como alias “La Diabla”, prestamista de la zona. Esta revelación incrementó la indignación ciudadana ante la pérdida de vidas inocentes.

A un año de la tragedia, Aguachica sigue recordando a la familia Lora Rincón como símbolo de fe, servicio y amor comunitario, y continúa exigiendo justicia y paz para su territorio.

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un remezón en las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides presentó su balance de gestión, destacando un aumento del 25% en la ofensiva militar frente al año anterior. Según el comandante saliente, durante 2025 las tropas sostuvieron 563 combates en todo el país, fortaleciendo la seguridad nacional “con valentía y disciplina”.

Cubides resaltó que las Fuerzas Militares ejecutaron operaciones conjuntas de alta precisión, siempre ajustadas a la ley y en estricto respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Estas acciones permitieron neutralizar a 13.971 integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel.

Entre los principales resultados del año, el almirante mencionó la recuperación de 430 menores víctimas del reclutamiento forzado, la captura de 12.415 integrantes de grupos ilegales, 763 sometimientos a la justicia, 278 muertes en combate y 85 entregas voluntarias.

“El éxito operativo se debe al fortalecimiento de la inteligencia, la correcta aplicación de la doctrina, el cumplimiento de la ley y la integración efectiva de nuestras capacidades conjuntas”, señaló Cubides, quien destacó además la “valentía y compromiso” de los soldados, marinos y aviadores que defienden la soberanía y seguridad del país.

El presidente Petro anunció que el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares será el general Hugo Alejandro López Barreto, acompañado por el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño como jefe de Estado Mayor Conjunto, el mayor general Royer Gómez Herrera al frente del Ejército Nacional, y el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El almirante Juan Ricardo Rozo Obregón continuará al mando de la Armada Nacional.

Finalmente, el mandatario agradeció el servicio de los comandantes salientes: almirante Francisco Hernando Cubides Granados, mayor general Luis Emilio Cardozo Santamaría y mayor general Luis Carlos Córdoba Avendaño, reconociendo su aporte a la defensa del país.

Un repunte inusual de casos de influenza H3N2 ha encendido las alarmas sanitarias en varios países del hemisferio norte y, recientemente, también en Colombia. El médico epidemiólogo Leonardo León explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que este incremento estaría relacionado con cambios genéticos en el virus, los cuales han favorecido su circulación anticipada.

Según el especialista, la variante actualmente predominante pertenece a un nuevo subclado conocido como K, presente en diferentes regiones del mundo, pero que ha sufrido mutaciones que modificaron su comportamiento habitual. Esto ha generado un aumento temprano de contagios y hospitalizaciones, especialmente en Europa y Norteamérica, antes del inicio formal del invierno.

El fenómeno también comienza a observarse en América. En Estados Unidos, al menos cuatro estados ya reportan incrementos significativos de casos. En Colombia, aunque la situación aún se encuentra en seguimiento, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia epidemiológica activa para anticipar posibles brotes.

Vacunación: clave para prevenir complicaciones

Durante la entrevista, León destacó la importancia de la vacunación contra la influenza, recordando que el biológico es gratuito en todo el país. Los grupos de mayor riesgo incluyen a adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas (como hipertensión, diabetes u obesidad), pacientes inmunosuprimidos, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas.
“Estas poblaciones son de especial cuidado, porque pueden presentar síntomas más graves”, advirtió el epidemiólogo.

Sin embargo, aclaró que la protección no es inmediata ni absoluta, ya que la respuesta inmunológica tarda entre dos y tres semanas en desarrollarse. Además, el nuevo subclado podría generar cierto escape inmunológico, por lo que insistió en mantener medidas adicionales de prevención.

Medidas de autocuidado

Entre las recomendaciones, León resaltó la vuelta al uso del tapabocas en espacios cerrados o con aglomeraciones, junto con una adecuada ventilación. “Aprendimos esto durante la pandemia: debe haber un lugar por donde entra el aire y otro por donde sale”, recordó.
También enfatizó la importancia del lavado frecuente de manos y de cubrirse correctamente al toser o estornudar, utilizando el pliegue interno del codo para evitar la dispersión del virus.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio la bienvenida a la nueva cúpula militar designada por el presidente Gustavo Petro, destacando su experiencia y compromiso con los desafíos actuales en materia de seguridad y orden público.

A través de su cuenta en X, el ministro aseguró que los nuevos generales y almirantes cuentan con la trayectoria necesaria para asumir las tareas estratégicas del sector defensa. “Con ellos trabajaremos arduamente y sin descanso en dos prioridades fundamentales y complejas, pero no imposibles: seguridad y democracia”, afirmó.

Sánchez subrayó que los principales retos en seguridad serán golpear las economías ilegales —como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando—, además de combatir a los grupos criminales. También destacó la importancia de consolidar el control territorial en zonas priorizadas y reducir delitos como el homicidio, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado.

De cara al proceso electoral de 2026, el Ministerio de Defensa anunció un amplio plan de seguridad nacional que contará con la participación de más de 130.000 integrantes de las Fuerzas Militares y 70.000 uniformados de la Policía Nacional. En total, serán más de 200.000 efectivos los encargados de garantizar el orden durante los comicios.

El ministro enfatizó que el reto en democracia será garantizar unas elecciones libres, seguras y transparentes en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Constitución y la ley.

El presidente Gustavo Petro anunció una reestructuración en la cúpula de las Fuerzas Militares, una decisión que, según explicó, responde a los retos estratégicos que enfrentará Colombia en 2026. A través de su cuenta en X, el mandatario presentó los nombres de los nuevos altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.

En el Comando General fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como nuevo comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides. El vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto. En el Ejército Nacional, el mayor general Royer Gómez Herrera será el nuevo comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo al mando.

En la Armada Nacional continuará el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, con el mayor general Alfonso Lozano Ariza como jefe de Estado Mayor.

Petro agradeció el trabajo de los oficiales salientes —entre ellos el almirante Francisco Cubides y los generales Luis Carlos Córdoba y Luis Emilio Cardozo—, resaltando los resultados alcanzados durante su gestión. Entre ellos destacó la recuperación del corregimiento de El Plateado, Cauca, donde se expulsó a más de un centenar de integrantes del grupo de alias Mordisco sin afectar a la población civil.

El presidente también subrayó los avances operativos de 2025, con un récord de mil toneladas de cocaína incautadas, la neutralización de más de 4.400 integrantes del narcotráfico y el fortalecimiento del pie de fuerza en un 6 %. Además, destacó la creación de ocho Fuerzas de Despliegue Rápido y unidades especializadas en lucha contra el secuestro, la extorsión y el uso de drones.

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 será definido directamente por el Gobierno Nacional, luego de que las centrales obreras y los empresarios no lograran acuerdo en la mesa de concertación. La medida, que regirá desde el 1 de enero, será formalizada mediante decreto en los próximos días, según confirmó el Ministerio de Trabajo.

El ministro Antonio Sanguino explicó que el Ejecutivo trabaja bajo el principio de “salario mínimo vital”, consagrado en el artículo 53 de la Constitución y respaldado por jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este concepto, dijo, busca garantizar un ingreso que permita a los trabajadores y sus familias una vida digna.

El análisis técnico para fijar el nuevo salario incluye variables como productividad laboral, inflación, crecimiento económico y aporte del trabajo al PIB. Estas cifras se están comparando con los parámetros internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con la OIT, el salario vital debe permitir cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y transporte, entre otras necesidades básicas. En Colombia, el cálculo se realiza tomando como referencia hogares de tres o cuatro personas, con un promedio de 1,5 integrantes empleados.

Sanguino anticipó que el anuncio oficial del nuevo salario mínimo se realizará el lunes 29 o martes 30 de diciembre, tras concluir el estudio de las variables económicas y sociales que sustentan el ajuste.

El Gobierno Nacional confirmó que desde el 16 de enero de 2026 entrará en vigor un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes de todo el país, vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida aplicará en todas las concesiones viales y busca mantener la sostenibilidad del sistema de infraestructura nacional.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el incremento corresponde al ajuste por costo de vida y se aplicará de manera general en la red vial concesionada. Según el DANE, la inflación anual a noviembre de 2025 fue de 5,30%, cifra que servirá como base para el aumento.

Los peajes más costosos para vehículos de Categoría I continúan ubicados en Antioquia, Meta y los corredores hacia los llanos orientales, donde las tarifas superan los $25.000. El último incremento había sido autorizado en julio de 2025, cuando se reanudaron los ajustes suspendidos durante el congelamiento de 2023 y 2024.

El Ministerio recordó que estos incrementos se aplican conforme a los contratos de concesión, los cuales contemplan actualizaciones anuales según la inflación. El congelamiento temporal de tarifas dejó un déficit financiero que ahora debe compensarse para garantizar el mantenimiento y la continuidad de las obras viales.

El aumento promedio para 2026 será del 5,3%, aunque podrá variar según cada concesión. Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las nuevas tarifas antes de viajar, especialmente durante la temporada vacacional y los desplazamientos de inicio de año.

La Defensoría del Pueblo presentó un boletín en el que advierte sobre el crítico panorama humanitario que vive el país por cuenta de la violencia y el conflicto armado. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, 101.474 personas fueron desplazadas de manera forzada, mientras que 110.375 se vieron obligadas a confinarse en distintas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el informe, durante ese periodo se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento. Los departamentos más afectados por los desplazamientos son Norte de Santander, Nariño y Cauca, mientras que Chocó, Cauca y Huila concentran los casos más críticos de confinamiento.

La entidad también advirtió sobre la compleja situación migratoria en el país. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de forma irregular por Colombia. Del total, el 40,4% son mujeres, el 38,2% hombres y el 21,3% niños, niñas y adolescentes. La mayoría proviene de Venezuela (136.950 casos), seguida de Ecuador, Perú y República Dominicana.

El informe además reportó un flujo migratorio inverso: 19.134 migrantes ingresaron al país desde Panamá por la ruta de La Miel hacia el corregimiento de Capurganá, en Acandí (Chocó). De ellos, el 55,8% son hombres, el 25,3% mujeres y el 19% menores de edad. Venezuela encabeza nuevamente esta lista, con 18.787 casos.

Al menos 250 personas llegaron a Cúcuta y Ocaña tras huir de sus hogares en la región del Catatumbo (Norte de Santander), debido a los recientes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC. Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), cerca de 6.000 habitantes se encuentran en riesgo de confinamiento y desplazamiento.

La organización humanitaria activó su respuesta de emergencia y lanzó un llamado urgente al Estado colombiano para que garantice protección y asistencia inmediata a las comunidades afectadas. También pidió a los grupos armados respetar a la población civil y detener las acciones que ponen en riesgo sus vidas.

De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el conflicto armado en la zona ha impactado a más de 200.000 personas en 2025, agravando una crisis que se mantiene desde inicios del año por la disputa territorial entre ambos grupos.

El director del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo, advirtió que la situación podría empeorar si no se adoptan medidas urgentes. “Las personas del Catatumbo están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria inmediata”, señaló el funcionario.

El Catatumbo, conformado por diez municipios como Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, sigue siendo una de las regiones más golpeadas por el conflicto y la pobreza, pese a su riqueza natural. Las autoridades temen que los nuevos enfrentamientos desaten una nueva ola de desplazamientos masivos en los próximos días.