Categoría: Actualidad

La senadora y candidata presidencial Clara López y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal viajaron a Cuba junto a una delegación internacional de líderes políticos, intelectuales y representantes culturales.

La comitiva hace parte del “Convoy Nuestra América”, una iniciativa que llevó a la isla una tonelada de ayudas humanitarias, entre medicamentos e implementos escolares. Estos insumos serán entregados el próximo 21 de marzo a equipos médicos, encargados de distribuirlos entre la población más vulnerable.

El programa es impulsado por la Internacional Progresista, de la cual Clara López forma parte como miembro de su Consejo Directivo. Desde la campaña de la senadora se indicó que el objetivo es mitigar los efectos del bloqueo económico que enfrenta Cuba, el cual —según señalaron— se ha intensificado en los últimos meses.

En la delegación participan figuras internacionales como Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias, Bettiana Díaz, Thiago Ávila y Chris Smalls, entre otros líderes de distintos países.

En el caso colombiano, la misión cuenta con la participación de más de 40 personas, quienes se sumaron a esta iniciativa de carácter internacional enfocada en la ayuda humanitaria.

El 2025 se consolidó como un año retador para la atención del VIH en Colombia, marcado por dificultades en la prevención, pero también por avances en diagnóstico y acceso a tratamiento, según balances de estrategias implementadas en al menos 12 territorios del país.

En este contexto, organizaciones como Aid for Aids han enfrentado limitaciones financieras que han impactado el alcance de sus programas. Pese a ello, las acciones se concentraron en fortalecer tres frentes clave: prevención, acceso a servicios de salud y diagnóstico oportuno, con el objetivo de garantizar atención integral sin barreras.

Durante el año, más de 17 millones de personas fueron alcanzadas con intervenciones relacionadas con el VIH, y se realizaron más de 17 millones de pruebas rápidas, lo que permitió ampliar la detección temprana en distintas regiones del país.

Sin embargo, uno de los principales retos ha sido la reducción en la entrega de insumos de prevención, como condones y lubricantes, debido a la disminución del financiamiento internacional. Aun así, se distribuyeron más de 1.300 paquetes preventivos, una cifra que refleja el esfuerzo institucional, aunque insuficiente frente a la demanda.

En cuanto al diagnóstico, más de 1.000 personas fueron identificadas con VIH en 2025, con una tasa de positividad del 5,8 %. De manera paralela, también se detectaron más de 1.000 casos de sífilis, lo que evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de salud sexual y reproductiva.

Uno de los avances más relevantes se dio en el acceso a tratamiento, con más de 2.000 personas —en su mayoría migrantes venezolanos sin aseguramiento— que recibieron terapia antirretroviral, fortaleciendo la garantía del derecho a la salud en poblaciones vulnerables.

A nivel nacional, las autoridades han destacado que el país ha logrado estabilizar el número de nuevas infecciones y mejorar la detección temprana gracias al fortalecimiento de estrategias de prevención y diagnóstico .

No obstante, persisten desafíos importantes, especialmente en territorios de difícil acceso como comunidades indígenas, donde las barreras geográficas, culturales y del sistema de salud continúan dificultando la prevención, el diagnóstico oportuno y la continuidad de los tratamientos.

El senador Carlos Abraham Jiménez entregó un parte alentador sobre la salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural del partido Cambio Radical.

Según el congresista, el dirigente político evoluciona de manera positiva y podría regresar a su hogar en los próximos días. “Estamos muy contentos. Recibimos el parte médico y esta semana tiene que volver a su casa de la recuperación que está viviendo. Al partido lo llena de mucha alegría”, afirmó.

Las declaraciones se dieron luego de una reunión de las bancadas de Senado y Cámara de Cambio Radical, en la que se analizó el respaldo del partido de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa confirmó que la información sobre la salud de Vargas Lleras fue entregada por su hermano, Enrique Vargas Lleras, quien aseguró que el exvicepresidente continúa en proceso de recuperación.

En cuanto a la definición del apoyo político, la colectividad adelantará acercamientos con las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con el fin de evaluar sus propuestas y tomar una decisión hacia el próximo 8 de abril.

Cabe recordar que en los últimos meses, Vargas Lleras ha permanecido alejado de la vida pública debido a complicaciones de salud, periodo en el que ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, incluso en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente reapareció en un mensaje publicitario invitando a votar por las listas de Cambio Radical en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

El senador Carlos Julio González Villa lanzó una nueva alerta sobre la crisis del sistema de salud en Colombia y pidió implementar de inmediato un plan de choque, respaldado por un acuerdo nacional que permita tomar decisiones urgentes.

El legislador fue enfático en que la situación no da espera: desabastecimiento de medicamentos, falta de financiación, demoras en procedimientos y el colapso de varias EPS evidencian, según dijo, un sistema en estado crítico.

“La salud de los colombianos no puede seguir en medio de cálculos políticos. Se requieren acciones inmediatas para evitar un agravamiento de la crisis”, señaló.

El senador también advirtió sobre el avance de enfermedades como el cáncer y la diabetes, esta última con un alto subregistro y deficiencias en su tratamiento, lo que podría aumentar significativamente en los próximos años.

En materia de salud mental, insistió en aplicar la Ley 2491 de 2025, orientada a la educación socioemocional en colegios, y reiteró su compromiso con reformas estructurales en áreas como educación, autonomía territorial y fortalecimiento institucional.

Un grupo de 23 congresistas radicó una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que existe responsabilidad política en la actual crisis del sistema, marcada por fallas en la entrega de medicamentos y en la atención a los pacientes.

En el documento presentado ante el Congreso de la República, los legisladores advierten que la situación no obedece a hechos aislados, sino a problemas estructurales que estarían afectando la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia.

“El aumento sostenido de tutelas, la crisis en la entrega de medicamentos y la falta de respuestas estructurales configuran un escenario de responsabilidad política por deficiencia en la conducción del sector”, señala el texto.

Los firmantes también aseguran que la permanencia del ministro compromete la credibilidad institucional y la garantía efectiva del derecho a la salud, en medio de crecientes denuncias de pacientes por interrupciones en tratamientos y dificultades de acceso a los servicios.

En ese sentido, sostienen que, como cabeza del sector, el ministro tiene la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, por lo que consideran necesario que el Congreso adelante el respectivo control político mediante esta moción de censura.

Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia y Ecopetrol S.A. confirmaron un nuevo descubrimiento de gas natural costa afuera tras la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-0, en aguas profundas del Caribe colombiano.

El hallazgo fortalece la provincia gasífera de esta zona y confirma el alto potencial de hidrocarburos en el área, aportando nuevos volúmenes de gas que contribuirán a la seguridad energética del país.

El pozo Copoazú-1 se localiza a unos 36 kilómetros de la costa, en una profundidad de agua cercana a los 964 metros. Además, se encuentra a más de 8 kilómetros de los pozos Sirius-1, considerado descubridor de gas, y Sirius-2, delimitador, lo que resalta su importancia dentro del desarrollo exploratorio del bloque.

La perforación inició el 11 de noviembre de 2025 y, según las compañías, se ha ejecutado bajo estrictos estándares de seguridad, con respeto por el medio ambiente y las comunidades.

Durante las labores, los intervalos con presencia de gas fueron verificados mediante perfiles eléctricos y muestreo de fluidos, confirmando acumulaciones más allá del objetivo inicial, lo que incrementa la relevancia del descubrimiento. Estas zonas serán objeto de estudios adicionales para determinar su alcance.

Petrobras destacó que este avance hace parte de su estrategia de largo plazo para fortalecer reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras, en alianza con otras compañías, en medio del proceso de transición energética global.

Por su parte, ambas empresas reiteraron su compromiso de desarrollar las operaciones costa afuera con responsabilidad social y ambiental, trabajando de manera articulada con las comunidades de La Guajira y Magdalena, y cumpliendo con los requerimientos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El proyecto se adelanta bajo el Contrato GUA-OFF-0, en el que Petrobras actúa como operador con una participación del 44,4%, mientras que Ecopetrol cuenta con el 55,6%.

El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno enviará una nota de protesta diplomática a Ecuador, tras asegurar que la bomba sin explotar hallada en Putumayo pertenece al Ejército de ese país.

Según el mandatario, ya se comprobó el origen del artefacto, encontrado en zona fronteriza, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo llegó al territorio colombiano. Petro había advertido previamente que el explosivo habría sido lanzado durante un bombardeo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, indicó que expertos militares adelantan los análisis técnicos para determinar con precisión la procedencia y las circunstancias del hallazgo.

La situación generó una rápida reacción del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien negó las acusaciones y aseguró que las operaciones militares de su país se han realizado exclusivamente dentro de su territorio.

Noboa calificó como falsas las declaraciones de Petro y defendió las acciones de su Gobierno contra el crimen organizado en la zona fronteriza, mientras el mandatario colombiano insistió en que la explicación no es creíble y advirtió sobre la gravedad del hecho.

El jefe de Estado colombiano también aseguró que el artefacto fue encontrado cerca de una vivienda campesina y señaló que, por sus características, habría sido lanzado desde una aeronave, lo que aumenta la preocupación por un posible incidente internacional.

El Gobierno Nacional eliminó los subsidios al diésel utilizado en quemadores industriales mediante el Decreto 0268 de 2026, con el objetivo de proteger la sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

La medida establece que los combustibles derivados del petróleo usados como materia prima para producir otros energéticos no podrán acceder al mecanismo de estabilización, cerrando así el acceso a estos beneficios para procesos industriales.

Según el Ejecutivo, la decisión busca garantizar que los recursos del FEPC cumplan su finalidad: proteger a los consumidores finales frente a las variaciones internacionales en los precios de los combustibles, evitando que los subsidios terminen favoreciendo eslabones intermedios de la producción.

El Gobierno también advirtió sobre un fuerte incremento en el consumo de diésel para uso industrial, que pasó de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones en 2024, generando presiones fiscales sobre el fondo.

Entre enero y abril de 2025, este tipo de consumo representó un impacto cercano a $131.000 millones, lo que llevó a la adopción de medidas para mejorar la focalización de los subsidios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la decisión apunta a un uso responsable de los recursos públicos y reiteró que el FEPC debe destinarse a estabilizar los precios para los ciudadanos, no a subsidiar procesos industriales que no benefician directamente al consumidor final.

El Gobierno Nacional expidió tres decretos con los que busca fortalecer y proteger distintos sectores de la industria nacional frente a la competencia internacional.

Entre las medidas, se destaca la imposición de un arancel del 35 % a productos de la industria metalúrgica provenientes de países como China, Turquía, Rusia e India, cuyos bienes llegan al país a precios bajos. La medida aplica para productos como barras de acero, grapas y alambres, y estará vigente hasta marzo de 2027.

Asimismo, se fijó un arancel del 25 % para la importación de distintos tipos de baldosas, con vigencia hasta marzo de 2028, como parte de la estrategia para respaldar la producción local.

Finalmente, el Gobierno ajustó los incentivos para la industria automotriz, permitiendo la importación sin arancel de vehículos dentro de contingentes por parte de empresas con alianzas estratégicas, así como la cesión de estos beneficios entre compañías del mismo grupo empresarial establecidas en Colombia.

Continúan las reacciones tras la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un presunto bombardeo en zona fronteriza que, según afirmó, habría sido ejecutado desde territorio de Ecuador hacia Colombia.

Durante el más reciente consejo de ministros, el mandatario reiteró sus cuestionamientos y aseguró que las explosiones registradas en la frontera no corresponderían a acciones de grupos armados ilegales ni a operaciones de la Fuerza Pública colombiana.

Petro también señaló que habría al menos 27 cuerpos calcinados en el área afectada, lo que incrementa la gravedad de la denuncia.

En ese sentido, afirmó que la versión entregada por el gobierno ecuatoriano “no es creíble”, al considerar que existen inconsistencias frente a lo ocurrido.

“El tipo de bombas encontradas están en el piso cerca de familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, expresó el jefe de Estado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le restituyó la visa diplomática, la cual había sido revocada en septiembre de 2025. Según el mandatario, el documento estará vigente hasta el final de su periodo presidencial.

La visa había sido retirada por el Departamento de Estado durante la administración de Donald Trump, que argumentó que Petro incurrió en “acciones imprudentes e incendiarias” durante una protesta pro palestina en Times Square, en Nueva York.

Tras varios intentos diplomáticos, el jefe de Estado anunció a través de sus redes sociales que la situación fue resuelta. “Mi visa hacia EE. UU. como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”, afirmó.

Sin embargo, Petro continúa incluido en la llamada lista OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense, un registro que sanciona a personas y organizaciones vinculadas a delitos como narcotráfico, lavado de activos o terrorismo. De acuerdo con versiones de medios, el mandatario habría solicitado su exclusión durante un encuentro con Trump en Washington.

El presidente colombiano indicó que, tras la restitución de la visa, espera ahora ser retirado de esta lista, al considerar que no existen razones para su permanencia en ese registro.

Por: Julio Díaz Sánchez

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó este martes las afirmaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien había denunciado presuntos bombardeos en territorio colombiano.

A través de su cuenta en la red social X, Noboa aseguró que las declaraciones de Petro son “falsas” y enfatizó que las operaciones militares contra el narcotráfico se están desarrollando exclusivamente dentro de Ecuador. “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió el mandatario ecuatoriano.

El jefe de Estado también defendió la estrategia de su Gobierno frente a las estructuras criminales, a las que calificó como “narcoterroristas”, y señaló que las acciones incluyen bombardeos dirigidos a zonas utilizadas como refugio en territorio ecuatoriano por grupos armados y criminales de Colombia, debido a las fallas de control fronterizo por el gobierno colombiano.

Por: Redacción Noticias

¿Hasta cuándo continúa esta odisea?…Jeison Javier Pinzón, un joven de 20 años quien padecía leucemia aguda murió en las últimas horas esperando que la Nueva EPS intervenida por el gobierno Petro le entregara sus medicamentos para poder controlar la enfermedad.

El usuario Pinzón Sandoval, había denunciado el pasado 6 de marzo las dificultades que enfrentaba para acceder al medicamento denominado (blinatumumab), formulado por los especialistas para tratar su enfermedad. El joven de 20 años fue diagnosticado con leucemia aguda en febrero de 2025 y desde octubre del mismo año comenzó a presentar problemas con la entrega del medicamento por parte de la EPS.

De acuerdo con los especialistas (Blinatumumab) es un medicamento de inmunoterapia utilizado para tratar la ‘leucemia linfoblástica aguda’ de precursores de células B. Este tratamiento actúa uniendo las células cancerosas con las células (T ) del sistema inmunitario para que el organismo pueda destruirlas, pero lamentablemente el paciente Jeison falleció.

En una entrevista con algunos medios, Jeison Javier, había relatado que durante cinco meses no recibió el medicamento, ni siquiera con un fallo judicial a su favor y una orden de desacato contra la Nueva EPS para garantizar su entrega. “Por parte de Nueva EPS siempre se reciben evasivas, pero ninguna respuesta clara sobre qué pasa con el medicamento”, aseguró en su momento antes de fallecer.

Durante un Consejo de Ministros televisado, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República de Colombia.

El mandatario instruyó a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a avanzar con esta medida al considerar que ya no existen alternativas. Además, fue enfático en que el Gobierno no asumirá la deuda de las EPS, estimada en 50 billones de pesos, al advertir que hacerlo afectaría la estabilidad fiscal del país.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan. Ya no tenemos alternativas”, afirmó el jefe de Estado, quien calificó como un “suicidio” destinar recursos públicos para cubrir las obligaciones de estas entidades privadas.

Petro también anunció que su Gobierno volverá a presentar la reforma a la salud el próximo 20 de julio de 2026, cuando se instale un nuevo Congreso. En la misma fecha, se radicará nuevamente la reforma tributaria que fue archivada por el actual legislativo.

La decisión de liquidar las EPS, según explicó el mandatario, también se da tras la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, medida que, en su concepto, frenó el reordenamiento del sistema y afectó su eficiencia.

Finalmente, Petro defendió que su Gobierno no es responsable de la crisis financiera de las EPS y aseguró que, por el contrario, se han destinado más recursos que en administraciones anteriores. Además, lanzó duras críticas contra los propietarios de estas entidades, a quienes acusó de haber manejado de forma indebida los recursos de la salud durante décadas.

El Ministerio de Educación informó que más de 34.800 educadores de 30 departamentos se inscribieron para la evaluación docente, de los cuales más de 34.600 presentaron la prueba el pasado 22 de febrero.

Del total de participantes, 26.344 docentes (75,58 %) lograron aprobar, lo que les permitirá ascender en el escalafón o acceder a una reubicación salarial.

Los resultados fueron publicados este 16 de marzo en la plataforma oficial, en un proceso liderado por el Ministerio de Educación en conjunto con la Universidad de Antioquia. Desde la entidad, la viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, felicitó a los maestros por su compromiso con la calidad educativa del país.

Quienes deseen presentar reclamaciones podrán hacerlo entre el 17 y el 24 de marzo a través del módulo dispuesto en la plataforma oficial. Posteriormente, el 12 de mayo se dará a conocer el listado definitivo de docentes aprobados tras la revisión de las solicitudes.

Una vez en firme los resultados, las entidades territoriales certificadas deberán expedir los actos administrativos correspondientes para los ascensos o ajustes salariales. Con este proceso, el Gobierno busca fortalecer el desarrollo profesional docente y reconocer el mérito en el sector educativo.