Categoría: Actualidad

A partir de la medianoche de este 26 de diciembre, Colombia comenzó a aplicar el nuevo horario nocturno laboral, uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. Desde ahora, la jornada nocturna iniciará a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 6:00 a. m., ampliando el tiempo durante el cual los trabajadores deben recibir recargos nocturnos.

Antes de este ajuste, la jornada nocturna comenzaba a las 9:00 p. m., lo que significa que los empleados que trabajen entre las 7:00 y las 9:00 p. m. tendrán derecho al pago adicional por laborar en horario nocturno. Este cambio impacta directamente en la remuneración de millones de trabajadores del país.

El presidente Gustavo Petro confirmó la entrada en vigor de esta medida: “A partir de anoche comenzó la jornada laboral diurna hasta las siete de la noche”, señaló el mandatario, subrayando que el nuevo horario debe aplicarse de inmediato en todos los sectores.

Petro también instó a los trabajadores a denunciar ante el Ministerio de Trabajo a las empresas que no cumplan con el ajuste. “Cualquier trabajador o trabajadora que haya laborado después de las siete sin recibir el recargo salarial puede presentar sus quejas ante los inspectores laborales”, advirtió el presidente.

El Gobierno recordó que esta modificación busca garantizar una remuneración más justa y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en horarios extendidos, especialmente en sectores como el comercio, la seguridad y los servicios.

El Instituto Nacional de Salud confirmó el primer caso de influenza A (H3N2) en Colombia, luego de que un menor de edad que viajó al exterior resultara contagiado. El anuncio se da en medio de la alerta activa en el continente por la posible propagación del virus.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el niño, de dos años y residente en la capital antioqueña, presentó síntomas leves en octubre y no necesitó hospitalización. “Ya se encuentra completamente recuperado”, señaló el mandatario local a través de su cuenta de X.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, explicó que hasta el momento no se han detectado nuevos contagios y que los sistemas de vigilancia se mantienen activos. Asimismo, invitó a la ciudadanía a vacunarse y reforzar las medidas de autocuidado, especialmente el lavado de manos y el aislamiento en caso de síntomas respiratorios.

Las autoridades sanitarias reportaron que los indicadores de infecciones respiratorias en Medellín muestran estabilidad e incluso una reducción en consultas, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a estas enfermedades.

Finalmente, el alcalde Gutiérrez aseguró que la ciudad cuenta con la capacidad para atender posibles casos de H3N2 y recordó que la vacunación contra la influenza está disponible en todos los puntos habilitados por la red de salud.

La Corte Constitucional anunció que asumirá el control de constitucionalidad sobre el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia. El alto tribunal precisó que el proceso comenzará una vez finalice la vacancia judicial, es decir, el próximo 13 de enero de 2026, cuando se reanuden las actividades judiciales en todo el país.

La corporación explicó que este control debe realizarse con estricto cumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento de los despachos judiciales y las garantías del debido proceso, así como el derecho de audiencia y el acceso a la justicia.

Los magistrados recordaron que los estados de excepción están contemplados en los artículos 212 a 215 de la Constitución y en la Ley Estatutaria 137 de 1994, normas que definen tanto las facultades del Gobierno para decretar la emergencia como la obligación de la Corte de revisar de manera automática las medidas adoptadas bajo dicha figura.

De acuerdo con el alto tribunal, la vacancia judicial genera un receso que impide adelantar actuaciones hasta que finalice el periodo establecido por ley. Por ello, la revisión del decreto no podrá iniciarse antes del 13 de enero.

Como antecedente, la Corte mencionó el Decreto 4975 de 2009, expedido en una situación similar, cuyo control de constitucionalidad se efectuó tras el reinicio de actividades judiciales y concluyó con la Sentencia C-252 de 2010.

En una nueva alocución televisada, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país al defender el decreto de emergencia económica y social firmado tras el hundimiento de la reforma tributaria y el aumento de las tasas de interés del Banco de la República. Según dijo, la medida busca evitar que la deuda pública se torne insostenible y que Colombia “caiga en el abismo”, responsabilizando nuevamente al expresidente Iván Duque del alto endeudamiento actual.

El mandatario también aprovechó el espacio para respaldar a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por corrupción en la UNGRD e Invías. Petro calificó como “arbitraria” su detención y sostuvo que “no se robaron un peso”, denunciando una persecución judicial en plena época navideña.

Durante su intervención, el presidente anunció además que Colombia tendrá por primera vez un “salario mínimo vital”, una figura que, según explicó, garantizará un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias. Este salario considerará la canasta básica y el poder adquisitivo, y será fijado mediante decreto en los próximos días.

Petro aseguró que este “salario vital” constituye un mensaje de Navidad para el pueblo colombiano y que marcará el ajuste salarial correspondiente al año 2026. “Será un salario familiar, no individual”, puntualizó.

Finalmente, el jefe de Estado advirtió que si continúan los bloqueos institucionales al Gobierno, presentará ante el Congreso un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó que el Gobierno nacional se prepara para reanudar la erradicación de cultivos de hoja de coca mediante aspersión con glifosato, esta vez utilizando drones. La modalidad será terrestre, focalizada y bajo estrictos controles ambientales y de seguridad, con el objetivo de intervenir zonas priorizadas por las autoridades.

Según el ministro, la estrategia comenzará en el departamento del Cauca, donde ya se han identificado 17 municipios para su aplicación. Esta decisión fue adoptada tras la aprobación del comité técnico interinstitucional PCAT, que dio luz verde a la aspersión terrestre con unanimidad. El proceso aún debe pasar por una revisión final de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Si la autorización es otorgada, el Gobierno espera iniciar las operaciones la próxima semana. Idárraga explicó que la selección definitiva de los puntos a intervenir estará a cargo del Ejército y la Policía, debido a la necesidad de acompañamiento y control de la Fuerza Pública en las zonas de operación.

El ministro enfatizó que esta modalidad no corresponde a la aspersión aérea utilizada en el pasado, pues los drones operan a baja altura y son controlados desde tierra, lo que permite una aplicación más precisa y con menor impacto ambiental. También aclaró que la estrategia no reemplaza los programas de sustitución voluntaria, sino que se enfocará en áreas donde estructuras criminales obligan a campesinos a sembrar coca.

Las operaciones contarán con custodia militar y policial por los riesgos de seguridad en las regiones intervenidas. Los drones serán operados por personal capacitado de la Policía Nacional, que dispone de estos equipos desde 2018. El Gobierno señaló que, al tratarse de un plan focalizado, aún no es posible determinar la cantidad de hectáreas que serán intervenidas.

El Gobierno Nacional publicó el decreto 1390 de 2025, mediante el cual declara la emergencia económica y social en todo el país por 30 días, luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

Según el documento, firmado por el presidente Gustavo Petro, la medida se adopta debido a “la inasistencia de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $16,3 billones”, lo que representa “una amenaza grave e inminente al orden económico y social” del país.

En los próximos días se espera que el Ejecutivo expida varios decretos con nuevas medidas tributarias, entre ellas la implementación del 5×1000, la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, así como mayores gravámenes a alcoholes, cigarrillos, alimentos ultraprocesados y la extracción de combustibles fósiles.

No obstante, la declaratoria ha generado debate sobre su constitucionalidad y sobre el papel que asumirá la Corte Constitucional frente a las decisiones que se tomen bajo este marco excepcional.

De acuerdo con estimaciones oficiales, si el decreto se mantiene vigente hasta marzo, el Gobierno podría recaudar alrededor de 1,1 billones de pesos adicionales, recursos que se destinarían a reducir el déficit fiscal y atender compromisos económicos del Estado.

La Defensoría del Pueblo, con apoyo de la Iglesia católica y otros actores humanitarios, logró la liberación de 18 integrantes del Ejército Nacional que habían sido trasladados por la fuerza a un resguardo indígena en zona rural de Carmen del Atrato, Chocó.

“Los soldados se encuentran en buenas condiciones de salud”, informó la entidad a través de su cuenta en X. La operación humanitaria estuvo integrada por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Alcaldía de Carmen del Atrato, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, y se concretó tras cerca de cuatro horas de diálogo.

Los uniformados permanecieron privados de su libertad por más de 36 horas, luego de que un grupo de indígenas protagonizara una asonada contra las tropas que adelantaban operaciones en el resguardo La Puria. Según el Ministerio de Defensa, las comunidades habrían sido instrumentalizadas por el ELN.

El Ejército confirmó que los soldados participaban en un operativo contra alias Ramiro, cabecilla del frente Manuel Hernández “El Boche” del Frente de Guerra Occidental del ELN. Así lo informó el brigadier general William Caicedo, comandante de la Décimo Quinta Brigada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se interpondrán denuncias por secuestro, obstrucción a la función pública y exposición de identidades militares. “Aquí hay Estado, aquí hay Fuerza Pública, aquí hay autoridad”, subrayó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó como un “alborotador”. “Más le vale andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga. Fabrican cocaína en Colombia y la envían a Estados Unidos. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína”, dijo desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Durante la rueda de prensa, Trump aseguró que el gobierno colombiano “tiene al menos tres fábricas importantes de cocaína” y afirmó que Washington “sabe dónde están”. Añadió que Petro “es un tipo muy, muy malo” y que “no es amigo de Estados Unidos”.

Sin embargo, matizó sus palabras al expresar aprecio por los colombianos: “Amo al pueblo colombiano, son gente estupenda, enérgica e inteligente”, declaró.

No es la primera vez que el exmandatario estadounidense arremete contra Petro. La semana pasada ya había advertido que el colombiano “será el siguiente” en su supuesta ofensiva contra el narcotráfico, centrada actualmente en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Por su parte, Petro ha criticado los ataques del Ejército estadounidense contra narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico, donde —según denunció— han muerto más de un centenar de personas. Además, pidió a la ONU designar un relator especial para la región, denunciando “violaciones de derechos humanos” por parte de Washington en su lucha antidrogas.

El presidente Gustavo Petro defendió el decreto de emergencia económica que su Gobierno prepara para los próximos días, tras las críticas recibidas por distintos sectores. Según el mandatario, la medida tiene como propósito afrontar la deuda pública generada por las políticas fiscales del gobierno anterior y agravada por el incremento de la tasa de interés del Banco de la República.

Petro explicó que el decreto busca captar nuevos recursos de los grandes beneficiarios de las políticas fiscales implementadas durante la pandemia, las cuales —dijo— contribuyeron al deterioro de las finanzas del país. En su declaración, advirtió que el aumento del costo del crédito nacional ha disparado el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública.

El jefe de Estado señaló que los nuevos recursos deberán provenir de los sectores con mayor capacidad económica, a quienes calificó como los principales beneficiarios del modelo fiscal anterior. Según explicó, se trata de una retribución parcial de los beneficios obtenidos, en favor de la estabilidad económica y social del país.

El mandatario también argumentó que las actuales condiciones de endeudamiento, junto con el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, hacen necesario declarar la emergencia económica para garantizar la continuidad fiscal del Estado y evitar una crisis de mayores proporciones.

Petro advirtió que, si la Corte Constitucional decide no avalar el decreto, el país enfrentaría un aumento en la tasa de riesgo y una eventual crisis económica derivada de la imposibilidad de sostener la deuda. Señaló además que la emergencia en materia tributaria se sustentará en los mismos principios que las comisiones económicas del Congreso rechazaron recientemente.

El Departamento Nacional de Planeación reveló que más de 3.200 proyectos financiados con regalías presentan alertas en su ejecución, lo que equivale a cerca del 55 % de las iniciativas en marcha. En total, estos proyectos representan $19,7 billones de inversión, recursos que podrían verse afectados si no se corrigen los retrasos administrativos y técnicos detectados.

Entre los departamentos con mayores alertas se encuentran Antioquia, con 363 reportes; Meta, con 258; y Huila, con 209. En el nivel municipal, Puerto Gaitán (Meta) encabeza el listado con 33 alertas, en su mayoría por plazos de ejecución vencidos. De acuerdo con el DNP, estas situaciones se originan por la falta de actualización de información y la desarticulación entre el avance financiero y la ejecución física de los proyectos.

En el ámbito departamental, se registraron 548 alertas por un monto total de $6,7 billones, siendo Huila el territorio con más observaciones. Las cifras reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control sobre los recursos de regalías, que son clave para el desarrollo regional.

El mismo informe destacó un contraste positivo: el departamento de Casanare fue calificado como el único solvente del país según el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024, con una puntuación de 70,90, muy por encima del promedio nacional. Este resultado evidencia una gestión ordenada y transparente de los recursos públicos, basada en la disciplina fiscal y la optimización del gasto.

El DNP subrayó que este modelo de administración, caracterizado por el equilibrio financiero y el fortalecimiento institucional, ha convertido a Casanare en un referente nacional de eficiencia fiscal, atracción de inversión y sostenibilidad económica, demostrando que una gestión responsable puede traducirse en desarrollo territorial y bienestar social.

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 620 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica en lo que va de la temporada decembrina, lo que representa un incremento del 17 % frente al mismo periodo del año anterior. Del total, 205 corresponden a menores de edad, lo que mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias. Hasta el momento no se registran fallecimientos asociados a este tipo de incidentes.

Las regiones con mayor número de lesionados son Antioquia (90 casos), Cauca (40), Atlántico (36), Norte de Santander (32), Cundinamarca (30) y Valle del Cauca (24). Las cifras reflejan un aumento sostenido en zonas con alta concentración de población y celebraciones tradicionales con uso de pirotecnia.

En cuanto a las principales ciudades, el INS registró 53 casos en Bogotá, 49 en Medellín, 35 en Barranquilla, 23 en Cali y 18 en Cúcuta, lo que evidencia que el riesgo no se limita a áreas rurales, sino también a centros urbanos donde persiste el uso inadecuado de fuegos artificiales.

Según el informe, el 88,9 % de las lesiones corresponde a quemaduras, seguidas de laceraciones y amputaciones menores. Los artefactos que más incidentes causan son los totes, seguidos de voladores y otros elementos de pirotecnia no autorizados.

El INS también reportó cuatro casos de intoxicación por fósforo blanco, un compuesto presente en algunos tipos de pólvora artesanal. Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, especialmente a los padres de familia, para evitar que niños y adolescentes manipulen estos elementos.

El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc anunció un cese al fuego contra la Fuerza Pública que regirá desde el 23 de diciembre de 2025 a las 11:00 de la noche hasta el 7 de enero de 2026. Según el comunicado, la medida busca permitir que las familias colombianas celebren las festividades “sin los temores propios de una confrontación armada”.

El anuncio se conoció tras un pleno de esa estructura armada realizado entre el 18 y el 21 de diciembre, en el que se evaluó la coyuntura actual y se adoptaron decisiones internas. La organización indicó que el propósito del cese es facilitar un ambiente de tranquilidad durante las fiestas de fin de año.

Este pronunciamiento se suma a los comunicados recientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de Calarcá, que también declararon una suspensión temporal de hostilidades contra la Fuerza Pública durante las mismas fechas.

Pese a estos anuncios, el Ministerio de Defensa reiteró que las operaciones militares contra los grupos armados ilegales continúan en todo el territorio nacional y que la Fuerza Pública no tiene zonas restringidas para su accionar.

El comunicado del Estado Mayor Central se produce pocos días después de los recientes hechos de violencia en el Cauca, entre ellos la toma armada en el municipio de Buenos Aires y el hostigamiento a la estación de Policía de Suárez, donde se desarrollaba un encuentro deportivo con presencia de civiles y menores de edad.

El Consejo de Estado confirmó el fallecimiento de la magistrada María Victoria Calle Correa, reconocida por su destacada labor en la defensa de los derechos fundamentales y su liderazgo dentro de la Corte Constitucional, donde fue presidenta en dos ocasiones.

Calle Correa se distinguió por su compromiso con la igualdad, el enfoque de género y la protección de las víctimas, temas en los que dejó un legado de fallos que marcaron la historia de la justicia constitucional en Colombia.

Durante su paso por la Corte, participó en decisiones trascendentales como la aprobación del matrimonio igualitario en 2016 y el aval a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, siempre bajo la convicción de que el eje central debía ser el derecho de los niños a tener una familia.

Su pensamiento jurídico es constantemente citado en debates académicos y fallos judiciales por su rigor, sensibilidad social y defensa de la dignidad humana.

Además de ser la primera mujer en presidir la Corte Constitucional, su trayectoria consolidó un ejemplo de liderazgo femenino en la justicia colombiana, reconocido dentro y fuera del país.

Momentos de angustia vivieron los habitantes de Suárez, en el norte del Cauca, luego de que hombres fuertemente armados hostigaran la estación de Policía mientras en un polideportivo cercano se desarrollaba un encuentro familiar con presencia de niños y adultos.

De acuerdo con información preliminar conocida por Caracol Radio, el ataque ocurrió hacia las 6:30 de la tarde de este sábado 21 de diciembre, en medio de una jornada de recreación que terminó en medio del miedo y la confusión.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas heridas. Sin embargo, unidades policiales y militares aseguraron la zona y adelantan labores de verificación para establecer la magnitud de lo ocurrido.

Suárez, considerado un punto estratégico en el norte del Cauca, limita con el municipio de Buenos Aires, donde el pasado 16 de diciembre se registró una toma armada atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

No obstante, fuentes consultadas señalaron de forma preliminar que el hostigamiento en Suárez no estaría relacionado con el ELN, sino con disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. Las autoridades desplegaron operativos de control y continúan evaluando la situación de seguridad en la zona.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por la ministra Diana Marcela Morales, lanzó la campaña de vacaciones de fin de año “Descubre la diversidad de Colombia, el País de la Belleza”, una estrategia que busca incentivar los viajes por el país durante la temporada decembrina y proyectar su impacto en las ferias y fiestas tradicionales de enero.

Esta iniciativa, impulsada a través de Fontur, forma parte de la apuesta del Gobierno del Cambio por un turismo que fortalezca la Economía Popular, promueva el desarrollo regional y reconozca la riqueza cultural, natural y humana que hace de Colombia un país único.

La ministra Morales destacó que la campaña invita a redescubrir el país desde sus comunidades y territorios, resaltando el turismo como una herramienta clave para el cuidado del entorno, la generación de oportunidades y la construcción de paz. “Queremos que más colombianos viajen, apoyen las economías locales y comprendan que el turismo también es una forma de proteger el territorio y construir paz. Viajar por Colombia es creer en el País de la Belleza”, afirmó.

La propuesta se articula con la estrategia nacional “Colombia, el País de la Belleza”, que ha unificado la narrativa turística del país a nivel nacional e internacional, posicionándolo como un destino diverso y competitivo. En esta temporada, los viajeros podrán elegir entre tres grandes formas de descubrir el país: destinos imperdibles, escapadas cercanas y experiencias país.

Los destinos imperdibles incluyen regiones como Chocó, La Guajira, Amazonas, Guaviare, Vaupés, Vichada y Cauca, reconocidas por su biodiversidad y riqueza cultural. Las escapadas abarcan lugares a pocas horas de las principales ciudades, como Jericó, Jardín, Ciénaga o Villa de Leyva. Finalmente, las experiencias país promueven ferias y fiestas emblemáticas —como la Feria de Cali, la Feria de Manizales y el Carnaval de Negros y Blancos—, junto con rutas de paz, memoria y turismo comunitario.

Morales subrayó que esta campaña representa una oportunidad para dinamizar la economía regional y fortalecer el tejido social. “Promover destinos imperdibles, escapadas cercanas y experiencias únicas es clave para generar oportunidades reales y consolidar un turismo con propósito en este cierre de año”, aseguró.

El Ministerio también invita a los viajeros a disfrutar de la temporada de manera responsable y sostenible, en coherencia con la estrategia “Por Mi Colombia”, que promueve un turismo que proteja la vida, respete la diversidad cultural y genere bienestar en las comunidades. Se recomienda viajar con prestadores formales, cuidar la biodiversidad, respetar las tradiciones locales y vivir las fiestas con empatía y respeto.

Porque, como concluye la campaña, viajar por Colombia también es una forma de cuidarla y transformarla.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presentó los resultados de la Convocatoria 957 de 2024, la medición más grande en la historia del país sobre la actividad científica y la producción académica de investigadores y grupos de investigación. Este ejercicio marca un avance notable en el fortalecimiento y la democratización del ecosistema científico colombiano.

La ministra Yesenia Olaya destacó que la convocatoria permitió reconocer a más de 20.000 investigadores en distintas categorías, quienes contribuyen directamente al desarrollo del conocimiento y a proyectos científicos estratégicos tanto nacionales como internacionales. “Es la medición más grande que se ha hecho en Colombia, y refleja el papel decisivo de nuestra comunidad científica en la transformación del país”, afirmó.

Uno de los principales reconocimientos fue otorgado a 124 investigadores e investigadoras eméritos, como homenaje a trayectorias que han dejado huella en áreas clave como salud, agricultura, ciencias de datos, física, química e ingeniería. “Son la memoria viva de la ciencia colombiana”, subrayó Olaya.

La convocatoria también impulsó la equidad de género dentro del sistema científico. Por primera vez, se incorporó una perspectiva que reconoce la maternidad como un factor relevante en la trayectoria académica. Como resultado, la participación de las mujeres aumentó un 25,3 %, alcanzando la cifra histórica de 10.471 investigadoras reconocidas, especialmente en campos tradicionalmente masculinizados como física, química, matemáticas e ingenierías.

Asimismo, la medición reflejó avances en diversidad étnica y territorial: el número de investigadores indígenas creció un 76 %, los afrodescendientes un 44 %, y las regiones del Pacífico y el Caribe registraron incrementos del 18 % y 21 %, respectivamente. Estos resultados fortalecen la descentralización y el carácter inclusivo de la ciencia en Colombia.

Entre las innovaciones metodológicas se destacó el impulso a la ciencia abierta, con más del 52 % de los artículos clasificados disponibles en acceso abierto. También se fortalecieron los indicadores de Apropiación Social del Conocimiento y se creó un nuevo indicador de Divulgación Pública de la Ciencia, que valora la co-creación de saberes junto a las comunidades.

Con estos avances, Colombia consolida el ecosistema científico más sólido de su historia y reafirma su compromiso con una ciencia diversa, equitativa y al servicio de la sociedad, base esencial para el desarrollo, la innovación y la transformación social del país.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo avanza en el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo (RNT), una herramienta esencial para ordenar y garantizar la información pública del sector, así como para promover la formalización en la prestación de servicios turísticos en Colombia.

El objetivo de esta actualización no es regular ni restringir el funcionamiento de las plataformas digitales, sino asegurar que todas las personas y empresas que ofrecen alojamiento, sin importar el canal que utilicen, operen bajo principios de formalidad, responsabilidad y transparencia.

Desde el inicio del proceso, el Ministerio ha impulsado una amplia estrategia de concertación con gremios, empresarios, administradores de propiedad horizontal, autoridades locales, anfitriones y plataformas digitales. En este contexto, se realizó una reunión de trabajo con representantes de Airbnb, AmCham Colombia, la Asociación Latinoamericana de Internet y otros actores, en la que se presentaron los avances del proyecto, se resolvieron inquietudes y se recogieron aportes clave para fortalecer el análisis técnico y perfeccionar el texto regulatorio.

El proyecto de decreto continúa en fase de discusión técnica. Las mesas de trabajo con el sector permanecen abiertas, y el Ministerio seguirá recibiendo observaciones para construir una regulación equilibrada que reconozca la relevancia económica de los nuevos modelos de negocio, promueva la formalización y garantice la convivencia en los territorios.

El Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con un turismo moderno, seguro y ordenado, en el que todos los actores participen bajo reglas claras y justas, fortaleciendo la competitividad y asegurando que la actividad turística se desarrolle con responsabilidad hacia las comunidades y el entorno.

El Ministerio de Educación Nacional celebra los resultados históricos alcanzados por la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas (RedTTU), que reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con la ampliación de oportunidades educativas de calidad en todo el territorio colombiano.

Entre los periodos académicos 2023-1 y 2025-2, la matrícula total de pregrado en las 30 instituciones que integran la RedTTU pasó de 156.047 a 213.977 estudiantes, un incremento de 57.930 nuevos cupos (37,1%), lo que confirma la consolidación de la educación superior técnica y tecnológica como una apuesta central para la equidad y el desarrollo del país.

El número de estudiantes de primer curso también registró un aumento significativo: pasó de 33.312 a 46.951 matriculados, un crecimiento del 40,9%, lo que demuestra que cada vez más jóvenes acceden por primera vez a la educación superior pública en instituciones cercanas a sus regiones.

“Este es el mejor reconocimiento a las instituciones públicas que han trabajado con compromiso y rapidez para cumplir los objetivos trazados. En poco tiempo demostraron que la educación puede ser el eje del desarrollo nacional”, destacó el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño.

En términos de presencia territorial, la RedTTU logró una expansión sin precedentes, pasando de 108 municipios en 2023 a 570 en 2025, con un crecimiento del 427,8%. En municipios priorizados por su relevancia estratégica, la cobertura pasó de 38 a 195 localidades, un aumento del 413,2%.

El crecimiento ha sido inclusivo y equilibrado. La Región Caribe lidera con un aumento del 117,8% en matrícula total, seguida por el Eje Cafetero (30,4%), la Región Pacífico (34,8%) y Centro Oriente (24,6%), consolidando la vocación educativa de todas las regiones.

Actualmente, la RedTTU cuenta con 116.259 estudiantes en programas universitarios (54,4%), 69.812 en tecnológicos (32,6%) y 27.906 en técnicos profesionales (13%), ofreciendo trayectorias educativas pertinentes con las necesidades del mercado laboral y las vocaciones regionales.

El viceministro Moreno Patiño también destacó los avances en la Reforma a la Ley 30 y el impacto del programa “Educación Superior en tu Colegio”, que ha crecido más del 400% en beneficiarios y espera cerrar el cuatrienio con 50.000 estudiantes articulados, consolidando el derecho a la educación superior en todos los territorios del país.

La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) reveló nuevos avances en la investigación de las llamadas “IPS fantasma”, entidades que habrían intentado cobrar recursos públicos sin contar con infraestructura real ni atención a pacientes.

Según la entidad, 23 instituciones fueron sometidas a verificación y 16 de ellas ya tienen suspendidos sus pagos, tras no demostrar la existencia física de sus instalaciones. Los hallazgos surgieron durante el análisis de reclamaciones presentadas al sistema por atención a víctimas de accidentes de tránsito.

Entre las IPS señaladas se encuentran la Clínica Moscati y el Centro Integral de Salud San Gabriel, en Barranquilla; el Grupo Ambulancias J1 S.A.S., en Cali; y Famica, en Santa Marta. En conjunto, estas entidades reclamaban más de $12.260 millones, aunque el monto total del posible fraude podría acercarse a los $25.000 millones.

La ADRES informó que los casos ya fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que se determinen las responsabilidades penales y administrativas correspondientes. La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos del sistema.