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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presentó los resultados de la Convocatoria 957 de 2024, la medición más grande en la historia del país sobre la actividad científica y la producción académica de investigadores y grupos de investigación. Este ejercicio marca un avance notable en el fortalecimiento y la democratización del ecosistema científico colombiano.

La ministra Yesenia Olaya destacó que la convocatoria permitió reconocer a más de 20.000 investigadores en distintas categorías, quienes contribuyen directamente al desarrollo del conocimiento y a proyectos científicos estratégicos tanto nacionales como internacionales. “Es la medición más grande que se ha hecho en Colombia, y refleja el papel decisivo de nuestra comunidad científica en la transformación del país”, afirmó.

Uno de los principales reconocimientos fue otorgado a 124 investigadores e investigadoras eméritos, como homenaje a trayectorias que han dejado huella en áreas clave como salud, agricultura, ciencias de datos, física, química e ingeniería. “Son la memoria viva de la ciencia colombiana”, subrayó Olaya.

La convocatoria también impulsó la equidad de género dentro del sistema científico. Por primera vez, se incorporó una perspectiva que reconoce la maternidad como un factor relevante en la trayectoria académica. Como resultado, la participación de las mujeres aumentó un 25,3 %, alcanzando la cifra histórica de 10.471 investigadoras reconocidas, especialmente en campos tradicionalmente masculinizados como física, química, matemáticas e ingenierías.

Asimismo, la medición reflejó avances en diversidad étnica y territorial: el número de investigadores indígenas creció un 76 %, los afrodescendientes un 44 %, y las regiones del Pacífico y el Caribe registraron incrementos del 18 % y 21 %, respectivamente. Estos resultados fortalecen la descentralización y el carácter inclusivo de la ciencia en Colombia.

Entre las innovaciones metodológicas se destacó el impulso a la ciencia abierta, con más del 52 % de los artículos clasificados disponibles en acceso abierto. También se fortalecieron los indicadores de Apropiación Social del Conocimiento y se creó un nuevo indicador de Divulgación Pública de la Ciencia, que valora la co-creación de saberes junto a las comunidades.

Con estos avances, Colombia consolida el ecosistema científico más sólido de su historia y reafirma su compromiso con una ciencia diversa, equitativa y al servicio de la sociedad, base esencial para el desarrollo, la innovación y la transformación social del país.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo avanza en el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo (RNT), una herramienta esencial para ordenar y garantizar la información pública del sector, así como para promover la formalización en la prestación de servicios turísticos en Colombia.

El objetivo de esta actualización no es regular ni restringir el funcionamiento de las plataformas digitales, sino asegurar que todas las personas y empresas que ofrecen alojamiento, sin importar el canal que utilicen, operen bajo principios de formalidad, responsabilidad y transparencia.

Desde el inicio del proceso, el Ministerio ha impulsado una amplia estrategia de concertación con gremios, empresarios, administradores de propiedad horizontal, autoridades locales, anfitriones y plataformas digitales. En este contexto, se realizó una reunión de trabajo con representantes de Airbnb, AmCham Colombia, la Asociación Latinoamericana de Internet y otros actores, en la que se presentaron los avances del proyecto, se resolvieron inquietudes y se recogieron aportes clave para fortalecer el análisis técnico y perfeccionar el texto regulatorio.

El proyecto de decreto continúa en fase de discusión técnica. Las mesas de trabajo con el sector permanecen abiertas, y el Ministerio seguirá recibiendo observaciones para construir una regulación equilibrada que reconozca la relevancia económica de los nuevos modelos de negocio, promueva la formalización y garantice la convivencia en los territorios.

El Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con un turismo moderno, seguro y ordenado, en el que todos los actores participen bajo reglas claras y justas, fortaleciendo la competitividad y asegurando que la actividad turística se desarrolle con responsabilidad hacia las comunidades y el entorno.

El Ministerio de Educación Nacional celebra los resultados históricos alcanzados por la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas (RedTTU), que reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con la ampliación de oportunidades educativas de calidad en todo el territorio colombiano.

Entre los periodos académicos 2023-1 y 2025-2, la matrícula total de pregrado en las 30 instituciones que integran la RedTTU pasó de 156.047 a 213.977 estudiantes, un incremento de 57.930 nuevos cupos (37,1%), lo que confirma la consolidación de la educación superior técnica y tecnológica como una apuesta central para la equidad y el desarrollo del país.

El número de estudiantes de primer curso también registró un aumento significativo: pasó de 33.312 a 46.951 matriculados, un crecimiento del 40,9%, lo que demuestra que cada vez más jóvenes acceden por primera vez a la educación superior pública en instituciones cercanas a sus regiones.

“Este es el mejor reconocimiento a las instituciones públicas que han trabajado con compromiso y rapidez para cumplir los objetivos trazados. En poco tiempo demostraron que la educación puede ser el eje del desarrollo nacional”, destacó el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño.

En términos de presencia territorial, la RedTTU logró una expansión sin precedentes, pasando de 108 municipios en 2023 a 570 en 2025, con un crecimiento del 427,8%. En municipios priorizados por su relevancia estratégica, la cobertura pasó de 38 a 195 localidades, un aumento del 413,2%.

El crecimiento ha sido inclusivo y equilibrado. La Región Caribe lidera con un aumento del 117,8% en matrícula total, seguida por el Eje Cafetero (30,4%), la Región Pacífico (34,8%) y Centro Oriente (24,6%), consolidando la vocación educativa de todas las regiones.

Actualmente, la RedTTU cuenta con 116.259 estudiantes en programas universitarios (54,4%), 69.812 en tecnológicos (32,6%) y 27.906 en técnicos profesionales (13%), ofreciendo trayectorias educativas pertinentes con las necesidades del mercado laboral y las vocaciones regionales.

El viceministro Moreno Patiño también destacó los avances en la Reforma a la Ley 30 y el impacto del programa “Educación Superior en tu Colegio”, que ha crecido más del 400% en beneficiarios y espera cerrar el cuatrienio con 50.000 estudiantes articulados, consolidando el derecho a la educación superior en todos los territorios del país.

La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) reveló nuevos avances en la investigación de las llamadas “IPS fantasma”, entidades que habrían intentado cobrar recursos públicos sin contar con infraestructura real ni atención a pacientes.

Según la entidad, 23 instituciones fueron sometidas a verificación y 16 de ellas ya tienen suspendidos sus pagos, tras no demostrar la existencia física de sus instalaciones. Los hallazgos surgieron durante el análisis de reclamaciones presentadas al sistema por atención a víctimas de accidentes de tránsito.

Entre las IPS señaladas se encuentran la Clínica Moscati y el Centro Integral de Salud San Gabriel, en Barranquilla; el Grupo Ambulancias J1 S.A.S., en Cali; y Famica, en Santa Marta. En conjunto, estas entidades reclamaban más de $12.260 millones, aunque el monto total del posible fraude podría acercarse a los $25.000 millones.

La ADRES informó que los casos ya fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que se determinen las responsabilidades penales y administrativas correspondientes. La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos del sistema.

La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener sin cambios la tasa de interés de política monetaria en 9,25 %, durante su reunión de este viernes. Pese a las expectativas de un nuevo recorte, la mayoría de los miembros optó por la prudencia ante los riesgos que aún persisten en la economía.

La votación reflejó una división en el equipo directivo: cuatro de los siete integrantes apoyaron la decisión de mantener la tasa, mientras tres se inclinaron por reducirla para estimular la reactivación económica. El banco explicó que la inflación, aunque ha mostrado señales de mejora, sigue por encima del nivel deseado.

En noviembre, el costo de vida se situó en 5,3 %, cifra que continúa elevada frente al año pasado. Además, las expectativas inflacionarias han aumentado, lo que llevó al Emisor a adoptar una postura más conservadora. A esto se suma la incertidumbre fiscal generada por la falta de aprobación de la ley de financiamiento, que obligará al Gobierno a realizar ajustes en el presupuesto de 2026.

“El Banco mantendrá una política monetaria cautelosa que reconozca los riesgos sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los próximos movimientos dependerán de la evolución de los precios, la actividad económica y el balance de riesgos internos y externos”, indicó la entidad en su comunicado oficial.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que busca financiar el Presupuesto General de 2026, desfinanciado en $16,3 billones tras el hundimiento de la reforma tributaria. El documento propone medidas tributarias transitorias destinadas a “conjurar las causas de la emergencia” y evitar su extensión, según detalla el texto oficial.

Entre las disposiciones más relevantes está la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho con un patrimonio líquido igual o superior a 40.000 UVT, con tarifas marginales entre el 0,5% y el 1%. Para las personas naturales, el gravamen podrá alcanzar hasta el 5% en los niveles más altos de riqueza.

El decreto también grava con IVA los juegos de suerte y azar por internet, incluyendo plataformas extranjeras, tomando como hecho generador los depósitos en dinero o criptoactivos. Además, se incrementa el gravamen a los movimientos financieros al cinco por mil durante 2026 y se ajustan los impuestos al consumo de licores, cigarrillos y vapeadores, con un componente específico de $2.000 por mililitro y otro del 30% sobre el precio de venta.

Asimismo, se crea un impuesto especial del 1% sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón, aplicable a quienes registren una renta líquida igual o superior a 50.000 UVT. La DIAN será la encargada de la vigilancia y aplicación de sanciones por incumplimiento. Todas las medidas entrarán en vigencia una vez el decreto sea publicado en el Diario Oficial.

El Gobierno nacional anunciará en las próximas horas la declaratoria de emergencia económica, luego del fracaso de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que la medida busca garantizar los recursos necesarios para financiar el presupuesto del próximo año, con una meta de recaudo de $16,3 billones.

De acuerdo con el ministro, la decisión se adopta ante hechos sobrevinientes que requieren recursos inmediatos. Entre ellos mencionó la crisis financiera del sistema de salud, la necesidad de mantener los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, y la atención a los problemas de seguridad pública en distintas regiones del país.

Ávila también señaló que parte del presupuesto extraordinario se destinará a la adquisición de equipos antidrones, con el fin de fortalecer la capacidad operativa del Ejército en zonas críticas como Cauca, Norte de Santander y Cesar, donde persiste la amenaza de grupos armados. “Estos recursos son imprescindibles para salvaguardar la estabilidad fiscal y la seguridad nacional”, afirmó.

La declaratoria de emergencia económica permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el trámite legislativo ordinario, una facultad excepcional que el Gobierno argumenta es necesaria ante las tensiones presupuestales actuales.

En paralelo, el ministro Ávila anunció que el salario mínimo tendrá un incremento significativo en 2026. Aseguró que los aumentos previos no afectaron el control inflacionario y que el objetivo del nuevo ajuste será recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y estimular el consumo interno.

Organizaciones de derechos humanos y mujeres reclaman una investigación exhaustiva, con enfoque de género, para esclarecer las circunstancias en las que murió la jueza Vivian Polanía en Cúcuta.

Alejandra Vera, de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, afirmó que, según estándares internacionales de debida diligencia, el caso debe abordarse desde el inicio como un presunto feminicidio.

Vera cuestionó el manejo inicial de la investigación, calificándolo de apresurado y carente del rigor necesario. «Los señalamientos han sido precipitados. Hacemos un llamado a las entidades investigadoras para que actúen con la seriedad que amerita», advirtió.

La vocera insistió en que las circunstancias del fallecimiento obligan a profundizar bajo esa hipótesis y pidió que el caso no quede en la impunidad. Asimismo, elevó una solicitud al gobierno nacional para garantizar una investigación transparente, independiente y con enfoque diferencial.

Mientras Medicina Legal determina las causas del deceso, el caso mantiene en alerta a colectivos de mujeres en Norte de Santander, quienes exigen justicia sin prejuicios.

El presidente Gustavo Petro respondió al mandatario venezolano Nicolás Maduro, luego de que este hiciera un llamado a la colaboración entre las fuerzas militares de ambos países para proteger la soberanía regional. Petro fue enfático al afirmar que ningún jefe de Estado puede dar órdenes al Ejército colombiano.

“No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, dijo el mandatario colombiano al ser consultado sobre las declaraciones de Maduro. En ese sentido, recalcó que las relaciones entre Colombia y Venezuela deben construirse sobre la base del respeto mutuo y la soberanía nacional.

Petro señaló que solo mediante un proceso constituyente entre países sería posible una integración militar o política más profunda. “La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército”, puntualizó.

El pronunciamiento de Maduro, realizado el 17 de diciembre, buscaba promover la cooperación militar frente al despliegue de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe, en el marco de operaciones antidrogas. El líder venezolano hizo un llamado “a la unión perfecta” entre ambos países para defender su soberanía.

Finalmente, Petro se refirió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), calificándolo como “enemigo de Colombia, Venezuela y de Latinoamérica”, y advirtió que su presencia en zonas de frontera como el Catatumbo ha contribuido al incremento de los homicidios en la región.

En la noche del 18 de diciembre, fue capturado el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de estar involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La orden fue emitida por una magistrada durante una audiencia judicial en la que se le imputan cargos por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos.

Tras su captura, Bonilla fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial. Su defensa anunció que apelará la decisión, argumentando que el exministro goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión judicial y defendió públicamente a su exministro, asegurando que, según su criterio, Bonilla es inocente y resaltando su trayectoria académica como economista y profesor universitario.

En su pronunciamiento, el mandatario afirmó que Bonilla habría sido víctima de extorsión y convertido en un “chivo expiatorio” dentro del proceso, señalando además que su situación se deriva de una ingenuidad política al apoyarse en sectores opositores durante su paso por el Ministerio de Hacienda.

La medida también cobijó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quienes la magistrada señaló como presuntos líderes de una organización criminal dedicada al desvío de recursos públicos entre 2023 y 2024 para comprar apoyos legislativos. Ambos se convierten en los exfuncionarios de más alto rango del actual Gobierno procesados por este caso.

Un grave ataque armado se registró en la noche contra un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército Nacional en Aguachica, Cesar, dejando al menos seis militares muertos y 32 heridos, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El hecho también ocasionó daños materiales significativos en las instalaciones.

De acuerdo con los reportes iniciales, las tropas fueron atacadas con explosivos y drones, lo que provocó una serie de fuertes detonaciones escuchadas por habitantes de la zona. Tras el primer impacto, se habría producido un enfrentamiento armado entre los uniformados y los atacantes.

Las primeras investigaciones apuntan a que algunos de los explosivos impactaron directamente el alojamiento donde descansaban los soldados, lo que explicaría la magnitud de las víctimas y los daños estructurales ocasionados dentro del batallón.

Mientras tanto, tropas del Ejército Nacional mantienen operaciones de reacción y control en el área, con el objetivo de asegurar el perímetro y repeler cualquier nueva agresión, pese a las dificultades causadas por los destrozos dentro de la base militar.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, responsabilizó al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN por el ataque al Batallón Ricaurte, ubicado en el corregimiento de Juncal, en Aguachica. “Lamento y rechazo el cobarde atentado terrorista perpetrado por bandidos del Frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN”, expresó el oficial.

El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que la Registraduría inició el proceso de verificación de las firmas presentadas por los ciudadanos que buscan aspirar a la Presidencia de la República mediante este mecanismo. Hasta el cierre del plazo, el miércoles 16 de diciembre, se presentaron 22 comités y se recibieron cerca de 28 millones de firmas, casi el triple de las registradas hace cuatro años.

Penagos explicó que la revisión se extenderá hasta el 21 de enero, fecha en la que se certificará la validez de las firmas y se notificará a los comités y precandidatos sobre los resultados. “Se multiplicó exponencialmente el número de apoyos y la Registraduría llevará a cabo una verificación rigurosa y transparente”, aseguró.

El proceso contará con múltiples mecanismos de control, entre ellos una herramienta de analítica de datos con inteligencia artificial que cruza la información con el Archivo Nacional de Identificación y el Censo Electoral. Además, un equipo de grafólogos revisará manualmente los trazos cuando se detecten inconsistencias.

A este trabajo se sumará un grupo de 500 supernumerarios, encargados de la verificación manual de gran parte de las firmas. Según el registrador, esta labor busca garantizar la autenticidad y evitar cualquier irregularidad en el proceso.

Penagos concluyó que la Registraduría ofrece todas las garantías para los aspirantes, y reiteró que la revisión será “muy juiciosa, muy rigurosa y dentro del marco de la transparencia que exige la ciudadanía”.

Los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco, fueron enviados a prisión por el saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo y de Invías.

De acuerdo con una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, sí hay pruebas que los exministros habrían ordenado el direccionamiento de contratos para “comprar” a congresistas en medio del escándalo de corrupción.

Según la Fiscalía, ambos exministros son acusados de liderar, junto con otros funcionarios y congresistas, una estructura que direccionó contratos millonarios de la UNGRD y el Invías por más de 612.000 millones de pesos, con el objetivo de asegurar el respaldo de legisladores a proyectos del Gobierno en el Congreso entre 2023 y 2024.

Durante las audiencias, ninguno de los dos exministros aceptó los cargos. Ambos se declararon inocentes y rechazaron las acusaciones presentadas por la fiscal María Cristina Patiño, quien sostiene que los recursos públicos provenientes de esas entidades habrían sido utilizados para “comprar” apoyos políticos a través de la entrega de contratos.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre los riesgos de consumir sueros de hidratación o rehidratación oral sin orientación médica. Aunque estos productos se venden sin fórmula, la entidad recordó que se tratan de medicamentos diseñados únicamente para reponer líquidos y electrolitos en casos de deshidratación leve, moderada o grave.

El Invima explicó que cada suero tiene una formulación específica según su uso, por lo que emplearlos de manera incorrecta puede causar efectos adversos. Entre los riesgos más comunes está el aumento del sodio en la sangre, lo cual representa un peligro para personas con hipertensión, enfermedades renales o cardíacas.

La autoridad sanitaria también advirtió que no deben mezclarse con alcohol ni con otros medicamentos sin supervisión médica, y aclaró que estos productos no son bebidas energéticas ni hidratantes de uso cotidiano. Por tanto, no deben consumirse para aliviar resacas, dolores de cabeza o fatiga.

El Invima enfatizó que los sueros deben adquirirse únicamente en farmacias o droguerías autorizadas, con registro sanitario visible y cumpliendo las normas de conservación establecidas. Su comercialización en lugares no autorizados puede representar un riesgo para la salud.

Asimismo, recordó que la publicidad de estos productos está regulada y no puede presentarlos como bebidas comunes ni promover su consumo recreativo. El Invima prohibió expresamente su venta en bares, discotecas, festivales o eventos donde no se garantice su adecuado almacenamiento.

Las autoridades de Cúcuta confirmaron el fallecimiento de la jueza Vivian Polanía, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de su residencia este miércoles. Junto a ella se encontraba su hija, una bebé de apenas dos meses, quien fue rescatada con vida y se encuentra bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo se produjo hacia las 5:30 de la tarde, cuando la Policía Nacional recibió el reporte sobre la presunta muerte de la funcionaria. Equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Fiscalía General ingresaron al inmueble para realizar los procedimientos judiciales y la inspección técnica del cuerpo.

El coronel Fabio Ojeda, de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó en diálogo con Blu Radio que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la jueza. “Se trasladó la brigada de criminalística para recolectar material probatorio y realizar la inspección técnica. Preliminarmente se establece que no hay indicios de agresión”, señaló el oficial.

Según el reporte, la última comunicación que se tuvo con Polanía ocurrió la noche anterior, alrededor de las 8:00 p.m., cuando uno de los miembros de su esquema de protección la contactó sin notar nada inusual. Al no lograr comunicarse durante el día siguiente, el escolta alertó a la madre de la jueza y a las autoridades, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda.

Por ahora, las causas del deceso permanecen bajo investigación. Medicina Legal será la entidad encargada de determinar las circunstancias en que murió la jueza, mientras su familia y colegas del poder judicial esperan los resultados del informe forense.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo diplomático generado por un video en el que aparece Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y hoy prófugo de la justicia, participando en una parranda vallenata en Managua (Nicaragua). El evento, realizado el 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío, había sido promocionado por la Cancillería colombiana.

A través de su cuenta en X, Petro aclaró que Colombia no tiene actualmente embajador en ese país. “Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay”, señaló, en referencia a la periodista propuesta para ocupar el cargo.

El mandatario también ordenó la salida inmediata de los funcionarios responsables del evento, que ha causado indignación pública por la presencia de González, acusado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.

La polémica creció luego de conocerse que el encargado de negocios de la embajada en Managua, Óscar Muñoz, gestionó apoyo para la actividad, pese a que la Cancillería negó los recursos. En los videos del evento, Muñoz aparece bailando junto al exfuncionario prófugo.

Por estos hechos, la Cancillería anunció una investigación disciplinaria en contra de Muñoz, la cual se suma a otra en curso por haber tramitado la renovación de residencia para González cuando aún era director de la entidad de inteligencia.

Con el cierre oficial del periodo de modificaciones, 3.144 candidatos quedaron habilitados para participar en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, según confirmó la Registraduría Nacional.

De ese total, 1.078 buscarán un escaño en el Senado, mientras que 2.066 competirán por la Cámara de Representantes. En conjunto, las inscripciones se organizaron en 524 listas que representan a partidos, movimientos y coaliciones en todo el país.

El Senado contará con 26 listas inscritas: 16 en la circunscripción nacional, con 1.054 aspirantes, y 10 en la circunscripción indígena, con 24 candidatos. Por su parte, la Cámara de Representantes registró 498 listas, distribuidas en las circunscripciones territorial, afrodescendiente, indígena, internacional y de paz (CITREP), que reúnen más de 400 aspirantes adicionales.

El organismo electoral remitió la lista oficial de candidatos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los entes de control, en cumplimiento de la normativa vigente.

De acuerdo con el calendario electoral, aún podrían presentarse cambios en casos excepcionales, como inhabilidades sobrevinientes, decisiones judiciales o fallecimientos, aunque el grueso de las candidaturas quedó en firme. Con ello, Colombia inicia la cuenta regresiva hacia unas elecciones legislativas que renovarán completamente el Senado y la Cámara en marzo de 2026.

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a varios exfuncionarios del Gobierno Nacional por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de atención en salud para los maestros afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Entre los señalados también figuran los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda), Gloria Inés Ramírez Ríos (Trabajo) y Aurora Vergara Figueroa (Educación), además de varios miembros de la junta directiva del Fomag y representantes de Fecode, según el pliego de cargos contenido en un documento de 87 páginas.

El organismo de control indicó que los hechos investigados están relacionados con fallas en el proceso de implementación del nuevo modelo, entre ellas la tardía aprobación del manual de contratación, que se produjo apenas dos días antes de su entrada en vigencia; la contratación extemporánea de IPS; la ausencia de una negociación previa de tarifas; y la autorización irregular para prestar servicios médicos y entregar medicamentos sin cumplir los procedimientos establecidos.

La Procuraduría precisó que estas presuntas irregularidades habrían afectado la planeación y ejecución del modelo, lo que comprometió la continuidad en la atención médica del magisterio.

Por otro lado, el ente de control archivó el proceso disciplinario contra el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, al considerar que las pruebas demuestran que sí ejerció labores de vigilancia y control antes y durante la implementación del nuevo sistema, por lo que no incurrió en incumplimiento de sus funciones.

El Gobierno nacional puso en marcha una Sala de Inteligencia que permitirá monitorear en tiempo real el uso de los recursos del sistema de salud en Colombia, con el fin de fortalecer la transparencia, la trazabilidad y el control sobre los pagos y auditorías que se realizan con dineros públicos.

La herramienta está a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y fue desarrollada con el apoyo del Banco Mundial, como parte de la estrategia de modernización del Estado.

Según explicó la entidad, la Sala de Inteligencia integra tecnologías avanzadas, análisis de datos e inteligencia artificial para consolidar información clave del sector y convertir a la Adres en un “pagador inteligente”, capaz de realizar seguimiento al recaudo, los giros directos y los procesos de auditoría.

El director de la Adres, Félix León Martínez, destacó que la plataforma representa un cambio estructural en la gestión del sistema: “Es el corazón tecnológico que nos permitirá monitorear, anticipar y detectar riesgos, y ejercer control total sobre el flujo de los recursos, garantizando transparencia y eficiencia”.

Además de fortalecer la gestión institucional, la Sala de Inteligencia beneficiará a las EPS, IPS, organismos de control y a la ciudadanía en general, al facilitar el acceso a información clara y oportuna sobre el manejo de los recursos públicos. El proyecto se enmarca en la política del Gobierno de modernizar la administración pública y garantizar que los fondos de la salud se utilicen con integridad y enfoque en el bienestar de la población.