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El Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la igualdad y la no discriminación mediante la creación del Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, establecido a través del Decreto 1311 de 2025. Esta medida fortalece la protección y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y de otras identidades diversas en todo el país.

De acuerdo con el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva, este paso representa “un compromiso firme con la igualdad real y la dignidad de cada persona en Colombia”. El funcionario destacó que el decreto reconoce la riqueza de las diversidades humanas y la necesidad de garantizar los derechos sin exclusiones, consolidando una política pública de largo alcance.

El nuevo Sistema articulará acciones entre los niveles nacional, territorial y comunitario, con el fin de asegurar el goce efectivo de derechos, prevenir violencias y atender con pertinencia las necesidades de la población LGBTIQ+. Bajo los principios de igualdad, solidaridad y reconocimiento de la diversidad, se busca fortalecer la relación entre Estado y ciudadanía.

El Ministerio de Igualdad y Equidad liderará la coordinación de las entidades involucradas y contará con instrumentos clave como la Comisión Intersectorial, el Comité Técnico y el Observatorio de Derechos de la Población LGBTIQ+, encargado de recopilar y analizar información para orientar decisiones y recursos en los territorios.

El Decreto 1311 incorpora enfoques diferenciales y de justicia social que abarcan dimensiones de género, étnico-raciales, territoriales, ambientales e interseccionales. Su propósito es construir una Colombia más inclusiva, diversa y segura, donde cada persona pueda ejercer sus derechos sin miedo y en igualdad de condiciones.
El Ministerio reiteró que esta tarea requiere del trabajo conjunto de la ciudadanía, las organizaciones sociales, la academia y el sector privado, porque —como afirma el comunicado oficial— “la igualdad, cuando se convierte en práctica y mejora vidas, es la mejor noticia para el país”.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunció que el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (APHIS) confirmó la viabilidad para importar huevos para quebrar (breaking eggs) provenientes de Colombia. Este aval representa un avance histórico para la internacionalización del sector avícola colombiano y consolida la presencia de los alimentos nacionales en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Los huevos para quebrar son aquellos destinados exclusivamente a la industria procesadora y no al consumo directo. Estos productos se envían a plantas habilitadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), donde son rotos, pasteurizados y procesados para su uso en la elaboración de ovoproductos como huevo líquido, congelado o en polvo, utilizados por la industria alimentaria en productos como panadería, pastelería, galletería, salsas, helados y comidas preparadas.

El resultado es fruto del trabajo conjunto entre el ICA, los ministerios de Agricultura y de Comercio, Industria y Turismo, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y Fenavi, enfocado en garantizar la sanidad aviar y el cumplimiento de los estándares de inocuidad exigidos por el mercado estadounidense.

La gerente general del ICA, Paula Andrea Cepeda, celebró el anuncio y destacó que “cada nueva admisibilidad fortalece la economía y abre oportunidades para el sector agropecuario colombiano”. Por su parte, el presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, señaló que “esta decisión demuestra la confianza en la calidad, bioseguridad y profesionalismo de la avicultura nacional” y resaltó el apoyo del embajador Daniel García-Peña en la gestión diplomática que permitió concretar el logro.

El presidente Gustavo Petro condenó el atentado terrorista ocurrido en el municipio de Balboa (Cauca), donde una motocicleta bomba fue detonada frente a la cooperativa de caficultores, dejando 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años.

A través de su cuenta en X, el mandatario calificó el hecho como un acto de “terrorismo”, y señaló que los responsables “se dedican a proteger el narcotráfico de cocaína”, por lo que lo definió como un acto de “narcoterrorismo”.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a los responsables, y 50 millones de pesos por alertas que permitan prevenir nuevos atentados.

“El ataque fue perpetrado por integrantes del cartel de alias Mordisco junto con alias Marlon, quienes responden con terrorismo ante el debilitamiento de sus estructuras”, señaló el ministro, al tiempo que anunció el refuerzo del control territorial por parte de la Policía Nacional y el Ejército.

Sánchez aseguró que el hecho “no demuestra fuerza, sino una retaliación criminal ante el avance de nuestras operaciones”, y reiteró el compromiso del Gobierno con la seguridad en el departamento del Cauca.

Barranquilla se viste de arte y creatividad con la instalación del primer árbol de Navidad tejido en croché del país, una obra elaborada por el Club de Tejedoras con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla, a través del programa Barranquilla es Moda.

La pieza, que combina tradición artesanal y espíritu navideño, forma parte de la decoración que ilumina espacios como el Gran Malecón y el Malecón de Rebolo, donde propios y visitantes podrán disfrutar de la temporada.

Además, las artesanas que participaron en la creación del árbol hicieron parte de una feria comercial en la que exhibieron productos tejidos con identidad comunitaria, resaltando el talento femenino y el valor cultural de las manualidades en la región.

El presidente Gustavo Petro anunció que convocará una reunión especial en la Casa de Nariño para analizar la crisis financiera y administrativa que enfrenta la Universidad de Antioquia (UdeA). El mandatario destacó que un reciente ranking ubica a la institución como la segunda universidad pública más destacada del país, lo que demuestra, según dijo, que “la educación superior pública tiene mayor calidad que la privada” en Colombia.

Petro planteó la necesidad de un “plan de salvamento” para fortalecer a la universidad y ampliar su presencia en las comunas populares de Medellín y en las provincias antioqueñas. El jefe de Estado señaló que la UdeA ha sufrido un “abandono” por parte de las autoridades regionales, lo que agrava su situación.

El anuncio generó una inmediata respuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pidió retirar del Consejo Superior de la UdeA al delegado presidencial Wilmar Mejía, señalado en una investigación por presuntos vínculos con disidencias de alias Calarcá. “Primer paso: retirar de la universidad a agentes de inteligencia al servicio de la DNI”, escribió el mandatario departamental.

La universidad enfrenta un panorama crítico: para 2026 tendría un recorte superior a 65.000 millones de pesos y un déficit estructural de más de 400.000 millones. Directivos advierten que ya se han debido escalonar pagos, aplazar obligaciones y reducir cursos, lo que pone en riesgo programas académicos y sedes regionales.

En medio del debate, la UdeA desmintió versiones en redes sociales que aseguran que cada estudiante cuesta 52 millones de pesos al año. La institución explicó que ese cálculo es erróneo porque el presupuesto incluye gastos en investigación, bienestar, extensión y pensiones, y pidió responsabilidad en la discusión para proteger una universidad que, con 222 años de historia, sigue siendo patrimonio académico de Antioquia y del país.

El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó el reporte más reciente de la vigilancia intensificada por lesiones con pólvora, intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol, con corte al 7 de diciembre de 2025. En lo que va de la temporada, se han notificado 102 personas lesionadas por pólvora pirotécnica en todo el país, una reducción del 58,2 % frente a los 244 casos registrados en la misma fecha del año anterior.

Del total, 20 casos corresponden a menores de 18 años, y cinco de ellos estaban acompañados por adultos en estado de embriaguez. Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos asociados al uso de pólvora.

Entre las ciudades con más casos se destacan Medellín (22 lesionados), Cúcuta (3), y Armenia y Pereira (2) cada una. Con un caso figuran Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Manizales, Yopal, Neiva y Bucaramanga. El 83 % de las lesiones son quemaduras, seguidas por laceraciones; los artefactos más involucrados son los totes, voladores y otros.

El INS aclaró que no se han reportado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por bebidas adulteradas hasta la fecha. Sin embargo, la vigilancia se mantiene activa durante las festividades de fin de año. En la temporada pasada se registraron 1.357 lesionados, de los cuales 429 eran menores de edad.

“No queremos más personas quemadas. No permita que sus hijos manipulen artefactos o pólvora, sobre todo los menores de edad”, expresó Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud. La funcionaria recordó también que el año pasado se registraron dos muertes y tres niños intoxicados por fósforo blanco, e insistió en tener cuidado con las bebidas alcohólicas de dudosa procedencia que puedan contener metanol.

La magia de la Navidad cobrará vida en Villa de Leyva con un espectáculo sin precedentes: El Pueblo de Belén, una experiencia inmersiva que recrea el nacimiento de Jesús mediante actuaciones en vivo, escenarios temáticos y una impresionante producción artística.

El evento se desarrollará del 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, y espera recibir más de 150.000 visitantes. En un espacio de 10.000 metros cuadrados, los asistentes podrán recorrer 32 estaciones temáticas que combinan historia, arte y tecnología, con la participación de más de 30 artistas que darán vida a los pasajes bíblicos del nacimiento.

Entre sus atractivos se destacan una granja con animales reales, zonas interactivas, novenas en vivo, figuras de animales en fibra de vidrio y una gran novedad: El Arca de Noé, una puesta en escena que amplía la narrativa tradicional del pesebre y promete sorprender al público familiar.

El proyecto es liderado por MV Producciones, compañía con más de una década de experiencia en la creación de espectáculos artísticos de gran formato. Su apuesta busca consolidar la Navidad como un motor cultural y turístico para la región boyacense, fortaleciendo la economía local y el turismo religioso.

A solo tres horas de Bogotá, este pesebre en vivo se presenta como el plan perfecto para disfrutar en familia. Con su mezcla de tradición, arte y tecnología, El Pueblo de Belén se perfila como uno de los eventos más esperados de la Navidad 2025 en Colombia.

El Gobierno nacional oficializó el incremento del arancel para la importación de buses eléctricos, que pasará del 0 % al 10 %. La medida busca fortalecer la industria local en un momento en que Colombia es reconocida como el único país de América del Sur con capacidad para ensamblar buses eléctricos biarticulados, en gran parte con autopartes nacionales.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explicó que la decisión se tomó tras comprobar que el país cuenta con una industria madura, capaz de atender la demanda interna y regional. Actualmente, el sector tiene una capacidad de producción de hasta 1.500 unidades al año, con potencial para duplicarse a 3.000 vehículos, gracias a nuevos inversionistas y proveedores locales.

“La transición energética adquiere sentido económico cuando se convierte en capacidad productiva. Proteger esa industria es una decisión estratégica que asegura empleo, innovación y competitividad para el país”, destacó la ministra de Comercio, Diana Morales.

En la actualidad, el ecosistema industrial de movilidad eléctrica cuenta con 47 proveedores directos y cerca de 280 indirectos, generando más de 13.000 empleos en manufactura, ingeniería, diseño y tecnología. Este crecimiento ha impulsado la creación de un clúster regional de movilidad eléctrica sustentado en talento y cadenas productivas nacionales.

Según el decreto expedido, el nuevo arancel del 10 % entrará en vigor el 16 de diciembre, quince días después de su publicación oficial. Con ello, el Gobierno espera un ajuste en las importaciones y un impulso adicional a la producción local.

El director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, aseguró que la reforma laboral marcó una transformación histórica para los aprendices del país, al convertir el antiguo contrato de aprendizaje en un verdadero contrato de trabajo con acceso a prima, seguridad social y demás prestaciones.

Según Londoño, gracias a estos cambios cerca de 400.000 hogares recibirán prima de Navidad este año. “La reforma dignificó las condiciones de los jóvenes aprendices, quienes ahora cuentan con garantías laborales plenas”, señaló.

El SENA informó que ya cumplió el 100 % de la meta de 370.000 contratos de aprendizaje, superando los resultados del año anterior. El director destacó además que los empresarios han entendido los beneficios de vincular aprendices, ya que el costo de no hacerlo puede ser significativamente mayor, alcanzando hasta $15 millones adicionales en algunos casos.

Ante las demandas de inconstitucionalidad que buscan revertir la medida, Londoño afirmó que el trámite legislativo fue transparente y ajustado al reglamento del Congreso. “No vemos vicios de forma ni de fondo. Confiamos en que la Corte Constitucional respaldará este avance en materia de justicia laboral”, indicó.

El funcionario también resaltó los avances en la transformación del SENA hacia un “SENA campesino”, con presencia rural fortalecida. A través de proyectos como las placas huella, más de 16.000 campesinos han sido capacitados y se ha mejorado la movilidad en zonas apartadas del país.

Colombia afrontará una de las temporadas aéreas más concurridas de los últimos años. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil proyectan que entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se movilizarán 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, cifra que exigirá una coordinación especial en toda la red aérea.

Solo entre el 5 y el 9 de diciembre se prevé el desplazamiento de 957.736 viajeros, de los cuales 613.773 lo harán en vuelos nacionales y 343.963 en internacionales. Las rutas más demandadas serán San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia, mientras que en el ámbito internacional destacan Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile, con un incremento hacia Buenos Aires y São Paulo en la última semana de diciembre.

Para atender jornadas con volúmenes superiores a 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales al día, el Gobierno activó un plan de coordinación que involucra a aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control aéreo, con el fin de garantizar la seguridad, continuidad operativa y atención oportuna a los usuarios.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó: “Entramos a una temporada histórica. Nuestra prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara. Estamos preparados y coordinados para que los colombianos viajen tranquilos, bien informados y con acompañamiento permanente del Estado”.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación —dos horas antes para vuelos nacionales y tres para internacionales—, verificar el estado del vuelo, revisar documentos y equipaje, y atender las indicaciones del personal aeroportuario. La Aerocivil continuará monitoreando la operación aérea en tiempo real y difundirá información actualizada en sus canales oficiales y los del Ministerio.

Las tiendas de barrio son una solución cotidiana para muchas familias gracias a su cercanía, atención personalizada y horarios amplios. Sin embargo, una práctica común en algunos de estos establecimientos podría ocasionar su cierre temporal si es detectada por las autoridades.

Durante una intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá en el sector de Las Ferias, localidad de Engativá, las autoridades encontraron a un niño de 9 años sentado junto a su padre mientras este y otros adultos consumían cerveza dentro de una tienda.

El hallazgo fue hecho durante una megatoma de control a establecimientos abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban la inspección advirtieron que la presencia del menor violaba la Ley 124 de 1994, la cual prohíbe la permanencia de niños en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas.

Tras verificar el estado del menor, la Policía contactó a la madre para que lo retirara del sitio. Los padres firmaron un compromiso formal para no repetir la situación. Sin embargo, el establecimiento fue suspendido temporalmente por permitir el ingreso del menor mientras se consumía licor.

Las autoridades recordaron que los propietarios de tiendas y bares que incumplan esta norma se exponen a sanciones que incluyen el sellamiento temporal o definitivo del local.

La inflación anual en Colombia se redujo de manera significativa y se ubicó en 5,30% al cierre de noviembre, informó la directora del DANE, Piedad Urdinola. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,07% y una acumulada del 5,30% en lo corrido del año.

Según explicó Urdinola, la disminución del IPC se debe principalmente al comportamiento de las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En los últimos 12 meses, los mayores incrementos se dieron en restaurantes (7,65%), educación (7,36%), salud (6,88%) y alimentos (5,74%). En contraste, las actividades artísticas y de información fueron las que menos aportaron al aumento del costo de vida.

El aumento mensual del 0,07% estuvo impulsado por los sectores de Alojamiento y Restaurantes, mientras que las mayores variaciones se observaron en Salud (0,71%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%).

Entre enero y noviembre, el IPC total subió 4,82%, ligeramente superior al 4,72% del mismo periodo en 2024. Esta cifra será un dato clave para la negociación del salario mínimo del 2026.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Género y Enfoque Diferencial realizado en San Agustín (Huila) por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a aplicar de manera efectiva el artículo de la Constitución que consagra la “discriminación positiva” a favor de las mujeres, como una condición esencial para lograr la paz y la equidad en el país.

Invitado por el magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional, el mandatario reflexionó sobre las persistentes desigualdades que enfrentan las mujeres colombianas en diversos ámbitos, especialmente en la política, la justicia, el trabajo y los derechos sociales. “Ese artículo de la Carta Política debe ser aplicado profunda y completamente si queremos una sociedad en paz”, subrayó.

El jefe de Estado señaló que la desigualdad de género se evidencia desde la conformación de las listas electorales, donde aún no se ha reglamentado el sistema de lista cremallera (hombre-mujer alternadamente). En este sentido, afirmó que corresponde a la Corte Constitucional garantizar el cumplimiento de los principios de paridad establecidos en la Constitución y revisar las leyes vigentes que perpetúan brechas entre hombres y mujeres.

Petro también cuestionó los sesgos de género en el Código Penal, elaborado históricamente —dijo— desde una mirada masculina. “Cuando una mujer es acusada de homicidio, muchas veces no se entienden las causas, y para ser justos, en todo delito hay que entenderlas. Peor aún cuando los delitos son contra la mujer”, expresó, señalando además que las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar enfrentan procesos judiciales revictimizantes.

En materia laboral y social, el mandatario destacó que a igual trabajo, las mujeres siguen recibiendo menor salario, y que una gran parte de las mujeres mayores en el país no accede a una pensión. “Muchas quedan solas, sin respaldo, y dependen de la solidaridad familiar para sobrevivir”, lamentó.

Finalmente, el presidente enfatizó que la verdadera discriminación positiva “depende de cómo se configuren las instituciones”: las cortes, el Congreso, los partidos políticos y, sobre todo, la educación de la sociedad. “Solo cuando estos espacios garanticen la participación equitativa de las mujeres, podremos hablar de justicia e igualdad real en Colombia”, concluyó.

Desde Doha (Catar), representantes del Gobierno de Colombia y del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunciaron una nueva serie de compromisos en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, orientados a fortalecer la construcción de paz en los territorios donde tiene presencia ese grupo armado.

El acuerdo contempla la ampliación de las acciones piloto hacia nuevos municipios de Córdoba, Antioquia y Bolívar, sumándose a los inicialmente seleccionados en Chocó y Antioquia. En total, 15 municipios harán parte de las iniciativas comunitarias y de desescalamiento de la violencia.

Uno de los puntos más destacados es la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), donde se realizará una ubicación progresiva de integrantes del EGC a partir del 1 de marzo de 2026. Para ello, se expedirá un acto administrativo que formalice su constitución y determine los listados oficiales de miembros.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) será la encargada de realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos, mientras que el Gobierno, el EGC y la MAPP/OEA adelantarán acciones humanitarias para conocer las condiciones de salud de los miembros del grupo armando en centros penitenciarios.

El documento fue suscrito por Álvaro Jiménez Millán, delegado del Gobierno, y Luis Armando Pérez Castañeda, por el EGC, con el acompañamiento de representantes de Catar, España, Noruega y Suiza, así como observadores de la Procuraduría General de la Nación y de la Fuerza Pública.

La excongresista Aida Merlano fue condenada a tres años y cinco meses de prisión por el delito de fuga de presos, tras el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía y aprobado por la Juez 18 de Conocimiento de Bogotá. La decisión está relacionada con la escapatoria que protagonizó el 1 de octubre de 2019, cuando huyó de un consultorio odontológico en el norte de la capital.

En la audiencia del 6 de noviembre, Merlano aceptó su responsabilidad en los hechos, ofreció disculpas públicas y aseguró que, aunque no se arrepiente de haberse fugado, sí lo está de los delitos que la llevaron inicialmente a prisión. “He pasado siete años privada de la libertad, tres de ellos en Venezuela bajo condiciones deplorables. Me arrepiento de haber cometido los errores que me llevaron a esa situación, no de haberme fugado”, expresó desde su lugar de reclusión.

La excongresista relató que su tiempo en prisión le ha permitido reflexionar sobre su vida personal y familiar. “Ahora me siento tranquila; he aprendido de mis errores como madre y como ser humano”, agregó.

Merlano acumula dos condenas adicionales impuestas por la Corte Suprema de Justicia: una de cinco años por superar los topes de gastos de campaña y otra de 11 años y cuatro meses por compra de votos, ambas relacionadas con los hechos de corrupción electoral que marcaron su carrera política.

Con esta nueva sentencia, la excongresista deberá continuar cumpliendo sus penas dentro del sistema penitenciario colombiano.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la fusión del Partido Progresistas con el Movimiento Político Pacto Histórico, tras la solicitud presentada por María José Pizarro y David Racero, copresidentes y representantes legales de Progresistas.

Según la resolución, el Pacto Histórico asumirá todos los derechos y obligaciones del Partido Progresistas, que se disuelve como resultado del proceso. El CNE también ordenó la inscripción de esta decisión en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPyM).

La autoridad electoral recordó que el miércoles ya se había otorgado la personería jurídica y autorización de fusión al Pacto Histórico, y que este viernes a las 10 de la mañana la coalición inscribirá sus listas para las elecciones legislativas de 2026.

Tras conocerse la decisión, la senadora María José Pizarro celebró el paso como un avance hacia la consolidación del proyecto político unitario. “Hoy somos cuatro fuerzas políticas las que integramos el Pacto Histórico. Falta la integración de Colombia Humana, que esperamos concretar para fortalecer la fuerza política más grande del país”, afirmó.

El ministro del Interior denunció públicamente que ni él ni su familia tienen acceso al servicio de medicina prepagada, a pesar de estar afiliados. Según explicó, el trámite fue realizado ante Colsanitas, pero no obtuvo ninguna respuesta efectiva.

El funcionario anunció que presentará una queja formal ante la Superintendencia de Salud, señalando que esta situación constituye una discriminación, especialmente hacia sus hijos menores de edad.

El ministro afirmó que el caso vulnera el principio de igualdad en la prestación de los servicios de salud y cuestionó el papel de las aseguradoras. También insinuó que esta negativa podría estar relacionada con su postura frente a la reforma de salud, por lo que presentará tutelas y las denuncias correspondientes.

La Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente al exsenador Arturo Char Chaljub por su presunta participación en un esquema de corrupción electoral relacionado con la compra de votos en el Atlántico.

Según el alto tribunal, los hechos se remontan a octubre de 2017, cuando se habría concretado un acuerdo delictivo para manipular resultados electorales en el departamento. En esa red, habrían intervenido varias personas, entre ellas la excongresista Aída Merlano, condenada por la Corte Suprema en primera y segunda instancia por estos mismos hechos.

Las investigaciones apuntan a que el supuesto pacto no se limitó a un simple convenio político, sino que habría tenido como objetivo asegurar la elección de Merlano al Senado, la de Lilibeth Llinás a la Cámara y la reelección de Char como senador.

En septiembre de 2023, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la captura de Arturo Char, quien posteriormente recuperó su libertad mientras avanzaba el proceso. Ahora, con la decisión de acusarlo formalmente, el caso pasa a una nueva etapa judicial que podría determinar su responsabilidad en los hechos.

Esta acusación marca un nuevo capítulo en uno de los escándalos de corrupción electoral más recordados en la política del Caribe colombiano.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) lanzó una nueva advertencia sobre el deterioro de las condiciones que enfrenta esta población en el país. A la gravedad de sus padecimientos se suman fallas persistentes en el acceso a los servicios de salud.

Según datos recopilados por la organización, en lo corrido de 2025 han fallecido 2.033 personas con enfermedades raras, muchas de ellas por demoras, interrupciones y deficiencias en la atención médica que pudieron haberse evitado. En agosto, la cifra se ubicaba en 1.501 casos, lo que significa un aumento de más de 500 muertes en pocos meses.

“Esto evidencia que la situación no se está controlando y que las fallas del sistema siguen presentes”, señaló Diego Gil, presidente de FECOER, al insistir en que el sistema de salud atraviesa una crisis de desfinanciamiento y gestión, reflejada en la falta de medicamentos, demoras en autorizaciones y ausencia de insumos básicos.

Un hallazgo especialmente grave del informe es que cerca del 40 % de las víctimas estaban afiliadas a EPS intervenidas por el Gobierno, donde se registran mayores demoras e inestabilidad. “Las intervenciones no están resolviendo los problemas estructurales. Hasta hoy la respuesta oficial ha sido negar la crisis y cuestionar a quienes la documentamos”, afirmó Gil.

FECOER hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que reconozca la situación, garantice el flujo de recursos y asegure la continuidad de los tratamientos. “No reaccionar ante el drama que viven tantas familias es indigno e inhumano”, concluyó la federación.