Categoría: Actualidad

Tres generales del Ejército Nacional saldrán en las próximas horas de la institución tras ser convocados por el Gobierno Nacional para calificar sus servicios, esto según informes dados a conocer por medios nacionales.

La decisión estaría vinculada a investigaciones internas que se adelantan dentro de la institución, aunque no se han dado detalles sobre los procesos específicos.

Entre los oficiales que dejarán sus cargos se encuentran: el general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División en el Meta; el general Luis Fernando Salgado, al frente de la Sexta División con sede en Florencia, Caquetá; y el general Jorge Hernández, quien lideraba la Brigada 10.

Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, inició un proceso legal en Colombia para que el sistema de salud le permita acceder al suicidio médicamente asistido, una práctica que actualmente no cuenta con regulación específica en el país.

Su solicitud, presentada ante su EPS en 2025, fue rechazada debido a la falta de normas que permitan realizar este procedimiento. Mientras su caso avanza en instancias judiciales, la joven expuso su situación en una investigación periodística, donde relató el sufrimiento que ha enfrentado durante años.

Giraldo asegura que padece trastornos mentales severos desde hace más de la mitad de su vida, lo que le genera una sensación constante de angustia. Según explicó, pese a haber intentado múltiples tratamientos, terapias y hospitalizaciones, no ha logrado una mejoría significativa.

En 2025 decidió solicitar el derecho a morir dignamente, pero bajo una modalidad distinta a la eutanasia: pide que un médico le suministre el medicamento, pero que sea ella misma quien lo administre. Argumenta que busca una alternativa segura que evite causar un impacto traumático en su familia.

No obstante, su EPS negó la petición alegando que no existen condiciones normativas ni operativas para autorizar el procedimiento. Posteriormente, un juez rechazó una tutela interpuesta por la joven, al considerar que podría optar por la eutanasia, opción que ella descarta al insistir en que se trata de una decisión diferente.

El caso podría llegar ahora a la Corte Constitucional, que tendría la última palabra. Mientras tanto, Giraldo sostiene que su lucha va más allá de lo personal y busca abrir el debate sobre este tipo de asistencia en Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que Colombia podría estar siendo bombardeada desde Ecuador tras el hallazgo de una bomba en la zona fronteriza, lo que marcaría un nuevo nivel de tensión entre ambos países, que ya enfrentan un conflicto arancelario.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión —se investigarán los detalles— muy cerca de la frontera con Ecuador”, dijo Petro en un evento televisado. Añadió que este hallazgo coincide con sus sospechas de que “nos están bombardeando desde Ecuador, y no son los grupos armados”.

El mandatario señaló que solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intervenga y llame a su homólogo ecuatoriano para evitar un conflicto armado. “Nosotros no queremos ir a una guerra”, puntualizó, sin precisar la fecha de su solicitud.

Petro no especificó cuándo habría ocurrido el supuesto bombardeo, que actualmente se investiga para “tomar las decisiones correspondientes”.

Colombia y Ecuador mantienen una guerra comercial desde febrero, luego de que el presidente ecuatoriano, Noboa, impusiera aranceles alegando que Colombia no hacía suficientes esfuerzos contra el narcotráfico en la frontera.

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que Luis Carlos Reyes ya no será su fórmula vicepresidencial, debido a una posible complicación en el embarazo de la esposa de Reyes.

“Le he pedido, como padre de familia, que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia”, expresó Lizcano a través de su cuenta de X.

Días atrás, Lizcano había presentado a Reyes como su compañero de fórmula con el objetivo de ofrecer al país “una propuesta independiente que combinara liderazgo político y rigor técnico para enfrentar los principales retos del país y cerrar el paso a la corrupción”. Esta alianza se construyó en torno a la denuncia de presuntas irregularidades en los llamados cupos indicativos y la desvinculación de ambos del Gobierno del presidente Gustavo Petro tras los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pasado 13 de marzo, durante la presentación oficial de Reyes como fórmula vicepresidencial frente a la Casa de Nariño en Bogotá, Lizcano destacó su independencia y valentía: “Luis Carlos Reyes no era leal a los partidos, sino a los colombianos. Tiene la capacidad y la valentía de denunciar incluso a sus propios compañeros cuando hay corrupción”.

Uno de los episodios recordados por Lizcano ocurrió durante un consejo de ministros, cuando Reyes denunció ante el presidente Petro que el ministro de Hacienda estaba involucrado en la compra de cupos indicativos, subrayando la importancia de frenar estas prácticas.

Cuatro camiones cisterna cargados con gas licuado de petróleo (GLP) cruzaron la frontera hacia Colombia desde el estado venezolano de Táchira, marcando el primer envío de hidrocarburos entre ambos países en más de once años.

Las unidades ingresaron al país por el puente internacional Simón Bolívar con destino al departamento de Norte de Santander. El cargamento, de aproximadamente 1.000 barriles, corresponde a un envío inicial realizado por la estatal venezolana PDVSA y se interpreta como el primer paso para reactivar el comercio energético binacional.

En esta fase inicial, el combustible se transportará por vía terrestre mediante camiones cisterna y el suministro podría superar los 90.000 litros diarios, según estimaciones preliminares. El movimiento forma parte de los esfuerzos por retomar la cooperación energética entre Colombia y Venezuela tras la normalización de las relaciones diplomáticas.

Dentro de los proyectos que se analizan está la eventual reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, infraestructura de más de 200 kilómetros que conecta La Guajira con el estado venezolano de Zulia y que permanece fuera de operación desde hace más de una década. Su rehabilitación permitiría transportar gas natural directamente hacia el mercado colombiano.

El Gobierno colombiano ha señalado que la importación de gas desde Venezuela podría convertirse en una alternativa para garantizar el abastecimiento interno y reducir costos frente a otras fuentes internacionales, en medio de la búsqueda de nuevas opciones para asegurar el suministro energético en los próximos años.

El envío del GLP se da en medio de una agenda más amplia de cooperación económica entre ambos países. Aunque un encuentro previsto en la frontera entre el presidente colombiano Gustavo Petro y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez fue cancelado por razones de seguridad, delegaciones ministeriales continuaron conversaciones en Caracas para avanzar en temas energéticos, comerciales y de seguridad.

Entre las iniciativas en discusión también figura la creación de una zona económica binacional en la frontera, con incentivos comerciales y reducción de aranceles para impulsar el intercambio entre las dos naciones. Las conversaciones continuarán en el marco de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, donde equipos técnicos evaluarán los pasos para consolidar el comercio energético entre Colombia y Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó la propuesta del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, de establecer arancel cero en la comercialización entre ambos países, al considerar que las sanciones de Estados Unidos generan condiciones desiguales para la economía venezolana.

Rodríguez señaló que, debido a las sanciones impuestas al país caribeño, los productores venezolanos no pueden competir en igualdad de condiciones en el comercio internacional. “Nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado y no podemos ir en igualdad de condiciones”, afirmó, al tiempo que pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, levantar estas medidas de forma definitiva.

La funcionaria también tenía previsto reunirse con Petro en la frontera colombo-venezolana para abordar temas de comercio y cooperación bilateral, pero el encuentro fue cancelado por motivos de seguridad y posteriormente se acordó continuar el diálogo mediante delegaciones de alto nivel.

En lugar de la reunión presidencial, una misión del Gobierno colombiano viajó a Caracas para reunirse con funcionarios venezolanos y avanzar en temas como seguridad fronteriza, comercio y cooperación energética.

Rodríguez ejerce la presidencia encargada de Venezuela desde enero de 2026, tras la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense.

En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas licencias que permitirán ampliar actividades relacionadas con productos petroquímicos y fertilizantes, en medio de los cambios en la política energética y comercial hacia Venezuela.

Tener vivienda propia sigue siendo una de las principales metas de muchos colombianos. Sin embargo, para gran parte de los trabajadores resulta difícil adelantar trámites de crédito o financiación debido a los horarios laborales.

Ante esta situación, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una jornada especial nocturna denominada “Trasnochón”, con la que busca facilitar a los ciudadanos el acceso a asesoría y a procesos de financiación para la compra o mejora de vivienda.

La entidad informó que esta iniciativa se realizará entre el 17 y el 19 de marzo, fechas en las que ampliará su horario de atención entre las 7:00 p. m. y las 10:00 p. m. en varias ciudades del país.

Durante estas jornadas, los interesados podrán resolver dudas, iniciar solicitudes de crédito o avanzar en los trámites necesarios para acceder a financiación de vivienda.

Los puntos habilitados para la atención nocturna estarán en Bogotá (calle 12 # 65-11, Zona Industrial, y calle 44 # 52-06), Bucaramanga (carrera 19 # 36-03, sector centro), Cali (carrera 56 # 5-80, avenida Guadalupe) y Medellín (carrera 55 # 42-90, Plaza de la Libertad, local 203–204). Con esta estrategia, el FNA busca que quienes trabajan durante el día puedan adelantar sus procesos para cumplir el objetivo de adquirir vivienda propia.

En medio del ambiente preelectoral, varios aspirantes a la Presidencia comenzaron a desarrollar actividades de campaña en distintas regiones del país y también en el exterior, donde han expuesto algunos de los ejes de sus propuestas.

El candidato Iván Cepeda aseguró que durante una visita a Brasil sostuvo un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conocer experiencias relacionadas con la reforma agraria que, según indicó, podrían servir como referencia para Colombia. Además, anunció que en los próximos días iniciará su recorrido de campaña por el país.

Cepeda también afirmó que uno de los principales ejes de su aspiración presidencial será la lucha contra la corrupción. A través de un video publicado en su cuenta de X, señaló que su trayectoria política ha estado enfocada en enfrentar “las mafias, la parapolítica y a quienes han intentado tomarse el Estado”.

Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, realizó una visita al municipio de Jericó, en Antioquia, acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante la jornada visitaron el convento de las Clarisas, asistieron a una misa y posteriormente participaron en un encuentro con la comunidad en el parque principal.

En ese espacio, Valencia anunció que uno de sus compromisos será combatir la extorsión y el microtráfico si llega a la Presidencia. Según afirmó, su propuesta contempla fortalecer las acciones de la Fuerza Pública para retirar la droga de las calles y capturar a quienes están detrás de estos delitos.

Entre tanto, el candidato Abelardo de la Espriella, quien inscribió su candidatura en Cali, también compartió un mensaje en redes sociales en el que señaló que en el país hay más de 200 mil jóvenes sin oportunidades para estudiar. Frente a este panorama, planteó como una de sus propuestas llevar la educación hasta los hogares para facilitar el acceso a la formación y su posterior ingreso al mercado laboral.

El Congreso de la República anunció la apertura de inscripciones para los aspirantes al cargo de contralor general de la República para el periodo 2026-2030. La convocatoria pública establece las fechas y el procedimiento que deberán seguir los interesados en participar en el proceso de selección.

De acuerdo con la Secretaría General del Congreso, el registro de candidatos se realizará entre el lunes 16 de marzo a partir de las 8:00 a. m. y el miércoles 18 de marzo hasta las 5:00 p. m.

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción de manera presencial en la Secretaría General del Senado o a través de comunicación electrónica enviada a los correos institucionales habilitados para este trámite.

La Mesa Directiva del Congreso invitó a la ciudadanía a difundir ampliamente la convocatoria con el fin de facilitar la participación de los aspirantes en el proceso de selección del nuevo jefe del organismo de control fiscal.

Una vez finalice la etapa de inscripciones, continuarán las fases de verificación de requisitos y evaluación de las postulaciones, antes de la elección del funcionario que estará encargado de la vigilancia fiscal del Estado durante el periodo 2026-2030.

El convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de los pasaportes colombianos ha generado varios cuestionamientos en las últimas semanas. Sin embargo, el Gobierno aseguró que el proceso de implementación del nuevo modelo de documentos continúa con normalidad.

Según explicó la Cancillería mediante un comunicado, pese a que existen dos procesos judiciales en curso contra el convenio, el abastecimiento de pasaportes está garantizado y el acuerdo se está cumpliendo sin contratiempos.

La entidad indicó que no es cierto que existan problemas en la producción de los documentos y advirtió que algunas versiones estarían enviando un mensaje equivocado a los ciudadanos, lo que, según el Gobierno, podría entorpecer un proceso que aseguran se desarrolla con transparencia.

Uno de los procesos judiciales en curso es el que adelanta la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Frente a este caso, el Fondo Rotatorio de la Cancillería presentó a comienzos de año un recurso de reposición, argumentando que cualquier controversia relacionada con el convenio debe resolverse ante un tribunal de arbitramento internacional, como lo establece la cláusula compromisoria del contrato.

El otro proceso corresponde a una acción popular interpuesta por Nicolás Dupont. En este caso, el Fondo Rotatorio también manifestó su oposición al considerar que la demanda no cumple con los requisitos legales. Paralelamente, la entidad presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado en la que solicita la protección del derecho al debido proceso, al considerar que se admitió una reclamación sin cumplir las exigencias establecidas por la ley.

Luego de una reunión entre delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela, realizada tras la cancelación del encuentro previsto entre el presidente Gustavo Petro y la mandataria venezolana Delcy Rodríguez, el jefe de Estado colombiano dio a conocer algunos de los ejes que marcarán la nueva etapa de relaciones entre ambos países.

Según explicó el mandatario, las dos naciones avanzarán en una “actividad coordinada íntegramente” para expulsar a los grupos armados ilegales y a las organizaciones del narcotráfico que operan en la frontera binacional.

Petro también afirmó que esta zona limítrofe debe ser entendida como un territorio de los pueblos de ambos países y destacó que constituye el “pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolívar”.

Entre las propuestas planteadas, el presidente colombiano mencionó la posibilidad de avanzar hacia la doble nacionalidad, con el objetivo de que los ciudadanos venezolanos tengan plenos derechos en territorio colombiano y, de la misma manera, los colombianos en Venezuela.

El mandatario también puso sobre la mesa la idea de establecer arancel cero en la comercialización binacional y avanzar hacia una integración energética plena entre los dos países, con prioridad en el desarrollo de energías limpias.

La reunión directa entre Petro y Rodríguez estaba prevista en Cúcuta, pero fue cancelada a última hora por “motivos de fuerza mayor”, según comunicaron ambos gobiernos, que aseguraron que el encuentro será reprogramado para continuar avanzando en la agenda bilateral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que apartó de su cargo a una funcionaria de la entidad luego de una denuncia pública del presidente Gustavo Petro por una supuesta participación en actividades políticas.

La controversia surgió después de que el mandatario señalara en su cuenta de X que la funcionaria habría publicado un video en redes sociales en el que respaldaba la eventual campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia.

Tras conocerse la denuncia, la Registraduría emitió un comunicado en el que indicó que, “frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata”, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos.

La entidad también informó que el video que circula en redes sociales fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario para que adelante las investigaciones correspondientes.

Asimismo, recordó que de manera permanente se advierte a los funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos.

La posibilidad de decidir sobre la maternidad volvió al debate público en Colombia tras una reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que podría marcar un precedente en el sistema de salud frente a la reversión de procedimientos de esterilización.

El caso se originó con una mujer de 31 años que, luego de someterse a una cesárea por un embarazo de alto riesgo, aceptó practicarse una ligadura de trompas al considerar que su proyecto reproductivo estaba completo. Sin embargo, dos días después del parto su bebé falleció. La situación derivó en un cuadro de depresión y ansiedad que se agravó cuando comprendió que el procedimiento le impedía intentar nuevamente quedar embarazada.

Tiempo después, la mujer solicitó a su EPS la reversión de la ligadura para buscar un nuevo embarazo, pero la entidad negó la intervención al señalar que el procedimiento no está incluido en el plan de beneficios del sistema de salud y que no existían razones médicas que lo justificaran. Ante la negativa, acudió a la justicia mediante una acción de tutela, lo que llevó a que el alto tribunal revisara el caso.

Al analizar la situación, la Sala Segunda de Revisión de la Corte concluyó que se vulneraron los derechos de la mujer a la salud, la dignidad y a ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos. En la decisión participó el magistrado Juan Carlos Cortés González, quien señaló que las mujeres tienen derecho a “decidir de manera autónoma, íntima y reflexiva si desean ser madres y cuántas veces”.

El tribunal ordenó a la EPS brindar información clara sobre los riesgos de la cirugía de reversión y, si la paciente decide continuar tras recibir esa información y otorga su consentimiento informado, deberá practicarse el procedimiento. Además, la Corte dispuso que el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia diseñe una política pública que garantice el ejercicio pleno de las decisiones reproductivas en casos de reversión de esterilización quirúrgica y analice mecanismos para mitigar su impacto financiero en el sistema de salud.

Tras analizar los resultados preliminares de las elecciones legislativas del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo advirtió que el nuevo Congreso de la República de Colombia iniciará el periodo 2026–2030 con una representación femenina que aún está lejos de la paridad. Según el balance, las mujeres ocuparán el 29 % de las curules, el mismo porcentaje registrado en el periodo legislativo que está por concluir.

De acuerdo con los datos del preconteo, en el Senado de la República de Colombia 32 de las 102 curules quedaron en manos de mujeres, lo que equivale al 31,4 % de la corporación.

En la Cámara de Representantes de Colombia, en contraste, se evidenció un leve retroceso. Allí, 50 de las 181 curules fueron obtenidas por mujeres, lo que representa el 27,6 %, es decir, cuatro menos que en el periodo legislativo anterior.

El informe también señala una disminución en la representación de mujeres pertenecientes a pueblos étnicos. Mientras en el Congreso saliente siete mujeres de comunidades étnicas ocupaban una curul, en el nuevo legislativo solo cuatro lograron ser elegidas, una en la circunscripción indígena del Senado y otra en la curul raizal de la Cámara de Representantes.

La entidad también expresó preocupación por la representación de personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica. Aunque en estas elecciones aumentó el número de candidaturas —al pasar de 26 en 2022 a 31 en 2026—, los resultados preliminares indican que únicamente dos personas habrían obtenido una curul, ambas en la Cámara por Bogotá y ninguna en el Senado.

Para la Defensoría del Pueblo, estos resultados evidencian que, pese a algunos avances en la participación política de distintos sectores de la sociedad, Colombia aún está lejos de alcanzar la paridad del 50 % establecida en estándares internacionales de derechos humanos y en los compromisos asumidos por el Estado colombiano.

Colombia avanza en el desarrollo de su primer medicamento contra el cáncer financiado con recursos públicos, un proyecto que será liderado por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y que busca producir un anticuerpo monoclonal biosimilar destinado al tratamiento de pacientes con enfermedades oncológicas.

Los anticuerpos monoclonales son terapias biotecnológicas utilizadas para tratar distintos tipos de cáncer y algunas enfermedades autoinmunes. En este caso, el medicamento será un biosimilar, es decir, un producto biológico que mantiene la misma eficacia, seguridad y calidad que un fármaco de referencia aprobado a nivel internacional.

La iniciativa comenzó a estructurarse hace ocho años y recibió asignación formal de recursos en 2025. Actualmente, el Instituto adelanta la adecuación de su infraestructura con el objetivo de ampliar su capacidad de producción y poner en marcha una planta de fabricación a pequeña escala donde inicialmente se producirá la materia prima de medicamentos estratégicos.

El proyecto contempla el desarrollo progresivo de cuatro medicamentos oncológicos considerados prioritarios. Además, cuenta con el respaldo del CONPES 4170 de 2025, que impulsa el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos, vacunas, sueros y tratamientos contra el cáncer, con una inversión proyectada superior a 85.000 millones de pesos entre 2026 y 2035.

Para el desarrollo tecnológico, el Instituto firmó un contrato con la empresa biotecnológica 3PBIOVIAN. El acuerdo incluye la creación de la línea celular para producir el anticuerpo monoclonal, el desarrollo de métodos analíticos, el escalamiento industrial y la transferencia de conocimiento técnico. Con esta iniciativa se busca reducir la dependencia de importaciones y garantizar la continuidad de los tratamientos para pacientes con cáncer.