Con la aprobación del proyecto de ordenanza 029 de 2022, con 11 votos a favor, la Asamblea del Huila permitió la modificación de la Ordenanza 039 de 2021, la misma que autorizó a la Gobernación el cupo de endeudamiento por $91.000 millones.
La Ordenanza en mención le daba facultades solo por 180 días al gobernador Luis Enrique Dussán, para efectuar las modificaciones presupuestales requeridas y ejecutar e incorporar los recursos obtenidos de dicha autorización, por ende, la solicitud del ejecutivo pretendía ampliar el plazo, pues el mismo se cumplió este 11 de julio, en aras de poder tramitar todos los proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo.
Entre los argumentos de la administración departamental se indicó que, en el tiempo establecido, los estudios, diseños y consultorías para contratar los recursos restantes, estaban en proceso de entrega.
Tras una amplia discusión, la Asamblea aprobó la modificación del artículo primero que prorrogaba por 90 días más para que se cumpla con el trámite a los diferentes procesos.
Así las cosas, las facultades del mandatario departamental se ampliaron hasta el término de 270 días.
“Hemos comprometido cerca de $46 mil millones de esos $91 mil millones, pero los estudios, diseños y las diferentes consultorías para contratar el restante están en proceso de entrega, por eso lo que le solicitamos a la Asamblea es que nos amplíe el término en 3 meses adicionales ó 90 días, para que podamos contratar esos $42 mil millones restantes del cupo de endeudamiento”, explicó el secretario de Hacienda, Andrés Mauricio Muñoz.
De acuerdo con el funcionario, la modificación de la Ordenanza también faculta al gobierno departamental, mediante decreto, para adicionar o incorporar recursos ya contratados —por la suma de 36.669.836.853—, en aras de agilizar la ejecución de los mismos, con base en el artículo 209 de la Constitución Política “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Adicionalmente, autoriza al gobernador del Departamento para destinar los recursos no comprometidos en un sector determinado del cupo de endeudamiento ($1.618.687.818), para aquellos proyectos que tengan un mayor valor al inicialmente contemplado, los cuales deberán ser previamente ajustados y registrados según procedimiento establecido en el banco de programas y proyectos – BPIN.
“Hay algunos sectores en donde se iban a hacer algunas inversiones y en donde nos está sobrando un remanente, entonces pedimos que esa plata que no se comprometió en otros sectores, nos la dejen llevar al sector vial”, indicó el funcionario.
Celeridad
Por otra parte, la diputada y ponente del proyecto de ordenanza 029 de 2022, Karol Ortigoza, ratificó su posición de otorgar las garantías, herramientas e insumos necesarios al gobierno departamental, para que cada uno de los proyectos aprobados en la Duma se materialicen, pero, sobre todo, para que las gestiones y los trámites internos y administrativos se desarrollen de manera eficiente y oportuna.
“Después de una época tan difícil como la que vivimos con la pandemia, hoy encontramos que muchos de los proyectos están paralizados, que muchas de las obras y principales necesidades de los 37 municipios del Departamento se encuentran en veremos por la falta de recursos y de ejecución. Por eso hemos rendido ponencia positiva, para que se ejecuten bajo la premisa de celeridad y objetividad, pero, sobre todo, el respeto y el compromiso que debe llevar el cumplimiento de cada una de las ordenanzas que hemos aprobado”, finalizó diciendo Ortigoza.
Al término de la sesión ordinaria, los diputados Camilo Ospina, Sandra Hernández y Carlos Ramiro Chávarro, sentaron su posición frente a la designación de importantes recursos que serían invertidos por las Secretarías de Cultura y Competitividad, entre otras cosas, para la divulgación de sitios turísticos, pues según los asambleístas, dichos proyectos deberían ser financiados con recursos propios, y no con recursos de crédito.
