Categoría: Judicial

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el caso ´Odebrecht´, no cesa en su empeño de esclarecer todo el entramado de corrupción que promovió la constructora brasileña en torno a contratos que generaron una serie de irregularidades, sobornos a funcionarios y beneficios económicos para esa empresa.

Es en ese sentido, dentro de la primera línea de investigación que se refiere a las supuestas irregularidades en la contratación pública celebrada por Odebrecht en Colombia durante los años 2009 a 2016, específicamente en lo relacionado con el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, fueron llamados a imputación 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La Fiscalía recaudó el suficiente material probatorio y evidencia física que demostraría que, al parecer, esas personas intervinieron en la suscripción de seis otrosíes de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista.

Llamados a imputación

Los 33 presuntos implicados fueron llamados a imputación de cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cada uno será imputado de acuerdo con su presunta responsabilidad en los actos irregulares de cada otrosí.

Los investigados ocupaban en la ANI, entre otros cargos, la presidencia, distintas vicepresidencias, gerencias, comités, y tenían roles de asesor y contratistas.

A continuación, se relacionan las personas que fueron llamadas a imputación, con los cargos que desempeñaban para el momento de los hechos:

1. Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI.

2. Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual (contratista).

3. Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión (contratista).

4. Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual.

5. José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 1.

6. Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidente de Estructuración.

7. Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico.

8. María Clara Garrido Garrido, vicepresidente Administrativa y Financiera.

9. Camilo Mendoza Rozo, vicepresidencia de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.

10. Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual (contratista).

11. Mónica Rocio Adarme Manosalva, asesora grado 8.

12. Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista).

13. Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros.

14. Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión – experto G3 7 (contratista).

15. Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno – vicepresidente de Gestión Contractual.

16. David Leonardo Montaño García, experto GGC2.

17. Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero.

18. Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente Financiero VGC.

19. Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos.

20. Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de Riesgos.

21. Iván Mauricio Fierro Sánchez, vicepresidente de Estructuración (e).

22. Luis Fernando Castaño Suárez, gestor T1-13.

23. Juan Carlos Hernández Cerón, experto 3 – Grado 07.

24. María Carolina Ardila Garzón, gerente de Proyecto de Riesgos.

25. Édgar Chacón Hartmann, gerente de Proyectos – Gestión Contractual 2.

26. Jaifer Blanco Ortega, gerente de Proyectos- delegado del presidente para comité de Asuntos Contractuales.

27. Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de Estructuración.

28. Sor Priscila Sánchez Sanabria, gerente de Proyectos – gestión Contractual 2.

29. Beatriz Eugenia Lopera González, asesora Financiera (contratista).

30. Poldy Paola Osorio Álvarez, gerente de Proyectos – Riesgo.

31. Jenifer Bustamante Moreno, asesora de Riesgos (contratista).

32. Diana Ximena Corredor Reyes, gerente de Proyectos – Financiero.

33. Fernando Iregui Mejía, vicepresidente Jurídico.

Los llamados a formulación de cargos tendrían participación en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación.

Los otrosíes presentan estudios técnicos, jurídicos y financieros no serios e incompletos. Los documentos objeto de la investigación son:

• Otrosí No. 1 del 11 de marzo de 2013: irregularidades en el estudio de conveniencia y oportunidad que desconocieron los principios de planeación, economía, responsabilidad, imparcialidad y legalidad que rigen la contratación estatal.

Los investigadores evidenciaron, por ejemplo, que se le otorgó una ventaja al concesionario al bajar los parámetros de calidad en los pavimentos lo cual permitió reducir los costos de construcción que ya estaban definidos. Y se realizó pago proporcional anticipado sin haberse culminado la obra, generando un impacto negativo por valor de $2.227´684.344.

• Otrosí No. 2 del 5 de abril de 2013: por el cual se autoriza ampliación de plazos de inicio de operaciones doble calzada y ajustes de programación de obras. Es evidente que en algunos tramos de la obra se presentó retraso en el inicio de la construcción por cinco eventos considerados como de no responsabilidad del contratista, cuando en realidad si lo fueron. Por ejemplo, se verificó que el contratista durante cinco meses no realizó trámite alguno para la licencia ambiental lo que fue considerado, al parecer, por los funcionarios llamados a imputación como un tema de fuerza mayor. En este punto, consecuencia de lo anterior, dio lugar a que el concesionario solicitara reconocimientos económicos infundados en perjuicio del Estado y se dejaron de cobrar multas por

retrasos de obras por un valor de hasta $35.883´004.450.

• Otrosí No. 4 del 28 de octubre de 2013: por el cual se autoriza la ampliación de plazos en el inicio de operación de la doble calzada en los tramos 2, 3, 4 y 7 del proyecto y el ajuste de reprogramación de obras. En este punto se habría permitido que el contratista ajustara el cronograma de obra a su conveniencia. También dio lugar a reclamaciones económicas posteriores a favor del concesionario y se dejaron de cobrar multas por retrasos de obras por un valor de hasta $35.883´004.450.

• Otrosí No. 5 del 19 de diciembre de 2013: por el cual se adiciona al contrato de concesión la elaboración de los estudios y diseños fase III de la intercepción a desnivel para el acceso a Puerto Boyacá. Para el cumplimiento de este objeto contractual se asignaron $837.871.486. Esta obra no estaba contemplada en el proyecto inicial y los estudios de conveniencia y oportunidad no estaban ajustados a los requerimientos de ley.

• Otrosí No. 8 del 23 de diciembre de 2014: por el cual se autoriza el ingreso de recursos a la subcuenta de estudios. El presupuesto girado para la construcción de la obra fue de $10.330.791.573 y tenía como destinación inicial la ejecución de las obras relacionadas con la intersección del desnivel para el acceso al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).

En los estudios de conveniencia y oportunidad en los comités y en los otrosíes 5 y 8 no se contó con el concepto previo del Consejo Nacional Política Económica y Social (Conpes) y no se realizaron los trámites previos ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para la autorización de nuevas vigencias futuras o su reprogramación.

• Otrosí No. 10 del 3 de noviembre de 2016: que tiene modificaciones al alcance de las obligaciones del concesionario. Las personas llamadas a imputación presuntamente con su proceder eliminaron la construcción de la segunda calzada y la rehabilitación del tramo 1 entre Puerto Salgar y Caño Alegre. Al tiempo presuntamente se desconoció el estado de la obra ejecutada y se habría autorizado un descuento de $19.976.971.349 por las obras no ejecutadas, pero en realidad el valor a descontar era de $65.395.611.623, lo cual obró en beneficio del concesionario y en perjuicio de los intereses del Estado, por un valor indexado a mayo de 2023 de $86´789.846.127.

Las audiencias de imputación fueron radicadas en el Complejo Judicial de Paloquemao y su realización está sujeta a la designación de hora, fecha y juzgado, que haga la Judicatura por reparto.

A 41 años de prisión fue condenado en el Huila un hombre por el feminicidio agravado de su compañera sentimental, de quien la Fiscalia logró demostrar que la atacó con arma blanca ocasionándole 10 heridas de gravedad en diferentes partes de su cuerpo las cuales desencadenaron en su muerte.

Roberson Leonardo Fresser, de nacionalidad venezolana, fue vencido en juicio oral por un fiscal seccional adscrito al circuito de La Plata, tras una exhaustiva investigación.

Se logró recopilar el suficiente material probatorio para demostrar la culpabilidad del hombre en estos hechos ocurridos el 21 de noviembre del 2021 en horas de la noche, en zona urbana del municipio de Paicol (Huila), en la residencia que ambos compartían.

La pareja había llegado esa noche luego de departir con vecinos y conocidos en otro lugar con quienes ingirieron licor. En la vivienda se presentó una discusión entre ellos en medio de la cual fue segada la vida de la mujer de 28 años de edad.

Luego del ataque el hombre se presentó en una estación de policía donde manifestó que había discutido con su pareja y que al parecer estaba herida.

Agotado el juicio, se concluyó que la muerte de Ana Yaritza Ramírez Griman no fue un hecho aislado, sino que ocurrió como desenlace de un ciclo de violencia del que venía siendo víctima la mujer, quien ya había denunciado maltrato físico y sistemático.

Dos meses atrás de su muerte, la joven también venezolana, había tomado la decisión de dejarlo porque la había agredido con una botella. Pero tras sus súplicas y compromisos de cambio, ella regresó con él. Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.

En el parque principal del municipio de Suaza fue capturada una persona oriunda de Tesalia y sobre quien reposaba una orden de captura vigente por el delito de tráfico de estupefacientes.

El sujeto es solicitado por el Juzgado 003 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva con orden de captura emanada en agosto del año 2022, para cumplir condena.

La ciudadanía ha sido fundamental en las actividades operativas y de control para conservar la convivencia y seguridad, por lo cual se exhorta a la comunidad para que, si conocen de actores criminales que pongan en riesgo a las personas o a miembros de la fuerza pública, llamen al 123. Absoluta reserva.

La Policía Nacional, en cabeza del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Neiva, realiza actividades de registro y control, a los alrededores del colegio Olaya Herrera de la comuna 10.

“De esta manera, los uniformados logran que más de 460 estudiantes de esta institución contaran con la compañía de los uniformados, quienes a través del registro de aproximadamente 40 personas y 26 vehículos entre motocicletas y automoviles , brindaran a nuestros jóvenes entornos seguros”, indicaron voceros de las autoridades.

Asimismo, durante el desarrollo de la actividad se logra la incautación de 2 armas blancas, evitando que estos elementos sean usados inadecuadamente contrarrestando diferentes delitos en el sector.

«La Policía Nacional seguirá acompañando a nuestros ciudadanos en sus actividades diarias, con el fin de brindarles seguridad, continuaremos con el desarrollo de intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, trabajando siempre de la mano de la comunidad», puntualizó el Coronel Domingo Alfredo López Dales, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Es así como uniformados del Grupo Esparta de la Policía Metropolitana de Neiva, logran en el barrio Chicala de la comuna uno, la recuperación de un vehículo y la captura de un sujeto de 29 años de edad por el delito de falsedad marcaría.

“Es de anotar que este sujeto, se movilizaba en un vehículo marca KIA de color gris, en el cual sus números de identificación se encontraban alterados y su placa con inconsistencias”, indicaron las autoridades en un comunicado.

El capturado, y el vehículo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de Falsedad Marcaría, a esperas que en las próximas horas un juez de la república defina su situación jurídica.

«Invitamos a la ciudadanía, a que en el momento de realizar alguna compraventa de un vehículo se acerquen a las instalaciones de la SIJIN con el propósito de que personal experto, verifique su originalidad, legalidad y procedencia por medio de la verificación de sus sistemas de identificación, esto evitara que usted se vea inmerso en conductas delictivas de Falsedad Marcaría, que de acuerdo al código penal, al tratarse de un medio motorizado, establece una pena entre los sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de uno punto treinta y tres (1.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”, concluyó el Coronel Domingo Alfredo López Dales comandante de la Policía Metropolitana de Neiva

La Fiscalía General de la Nación avanza en el esclarecimiento de posibles hechos de corrupción relacionados con la desaparecida Cafesalud EPS, y que habrían causado perjuicios a cientos de afiliados, además de un millonario detrimento a los recursos de la salud.

El material probatorio recaudado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción fue determinante para vincular penalmente al expresidente de la entidad Guillermo Grosso Sandoval.

Según la investigación, el 1 de agosto de 2015 Cafesalud EPS suscribió un contrato con una IPS del Tolima para atender integralmente pacientes en ese departamento. El 1 de diciembre del mismo año firmó un otrosí que modificó las condiciones iniciales y generó un incremento del del 734%, con un sobrecosto mensual superior a los doscientos millones de pesos.

El material probatorio da cuenta que no hubo un estudio sólido de conveniencia, ni de necesidad ni de costos. Tampoco se estableció el número de personas que sería beneficiada con el servicio.

Asimismo, se estableció que la IPS beneficiada no cumplía los requisitos estipulados en el contrato, no contaba con el personal requerido, ni estaba habilitada para prestar los servicios médicos ni de especialistas solicitados y como tampoco presentó las pólizas de amparo.

Adicionalmente, se comprobó que parte de los recursos fueron destinados para la remodelación y adecuación de espacios físicos de una Clínica de la IPS adjudicataria, lo cual está prohibido legalmente.

Para la Fiscalía, el proceder de Grosso vulneró los principios de planeación, transparencia y selección objetiva y a pesar de haberse afirmado que fueron atendidas 103.283 personas, en realidad sólo 18.468 ciudadanos recurrieron a los servicios médicos. Lo anterior habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 1.453 millones de pesos.

La Fiscalía imputó al procesado como autor de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Cargos que no fueron aceptados.

Esta acción policial la desarrollaron los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, donde llegaron hasta el asentamiento Álvaro Uribe de la comuna 10, quienes logran la captura de Daniel Gómez de 27 años de edad.

“Este hombre según información ciudadana, es reconocido por la comisión de diferentes delitos en las comunas 5 y 10 además presenta anotaciones por los delitos de, homicidio, hurto calificado y agravado, acceso carnal abusivo, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego, tráfico y Porte de estupefacientes, lesiones personales y fuga de presos”, indicaron las autoridades opitas en un comunicado.

Finalmente se estableció que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad que lo requiere por el delito de Violencia intrafamiliar, donde un juez de control de garantía decidió cobijar con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

la Policía capturó a la madre y al hijo por el delito de lesiones personales agravadas en hechos ocurridos en el año 2013, la medida está a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Neiva.

“Las capturas se dieron en el municipio de Tarqui cuando en un puesto de control fue requerido el hijo por el delito de lesiones personales agravadas quien fue trasladado a la estación de Policía, allí horas más tarde se captura a la madre por el mismo delito y los mismos hechos cuando fue a visitar a su hijo”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Finalmente, las fuentes oficiales revelaron que los implicados serán dejados a disposición de la autoridad judicial que los requiere, con el fin que les definan sus situaciones jurídicas.

Una llamada de la comunidad al teléfono del cuadrante 4 en Pitalito, permitió la captura de un hombre de 28 años de edad, él cual, fue sorprendido por la comunidad hurtándose 10 metros de cable telefónico.

El sujeto quien fue detenido por la comunidad, se encontraba por el techo de varias casas recogiendo el cable, causando algunos daños y goteras.

Este sujeto está siendo presentado ante las autoridades competentes, como presunto responsable del delito de hurto agravado.

Es así como uniformados del cuadrante 24 con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional , quienes hacen efectiva la orden de captura vigente contra un hombre  de 42 años de edad por el delito de Homicidio Agravado.

El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente por el delito Homicidio Agravado, donde un juez de control y garantías decidirá su situación jurídica.

El Coronel Domingo Alfredo López Dales comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, hace extensiva la invitación, a continuar denunciando estos actores criminales que afectan nuestra convivencia y seguridad ciudadana, informando a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.

Por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la Fiscalía en el Huila imputó cargos y logró medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario en contra de Miguel Alonso Ochoa, de 51 años de edad tras ser descubierto en flagrancia transportando 3 kilos con 200 gramos de cocaína en el tanque de la moto que conducía.

El hombre fue detenido el pasado 9 de agosto por servidores del CTI de la unidad de Pitalito (Huila) con el apoyo del Ejército Nacional en un puesto de control en el sector El Cable, vereda El Cedro, corregimiento Bruselas.

La captura se produjo en flagrancia cuando se movilizaba por la ruta Mocoa (Putumayo)- Pitalito (Huila).

El hombre mostró una actitud nerviosa, por lo que se inició una inspección de la moto observando una manipulación reciente en el tanque de gasolina y allí fue hallada una caleta con 16 paquetes de diferentes tamaños que contenían sustancia color beige, a la cual se le practicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), arrojando positivo para cocaína y sus derivados.

Se logró establecer que la sustancia alucinógena hallada en la motocicleta, tenía un peso

neto de 3.200 gramos.

Gracias al oportuno aviso de la comunidad y a la efectividad de los policías, en la madrugada de hoy, fue capturado en flagrancia un hombre que agredía física y psicológicamente a su compañera sentimental.

El hombre que se encontraba en alto grado de exaltación fue detenido por los uniformados y la mujer trasladada a un centro hospitalario, ya que se encontraba con múltiples golpes y presentaba dos heridas abiertas en el rostro, las cuales fueron suturadas por el personal médico.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar y se encuentra a la espera de que le sea resuelta su situación judicial.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra los gobernadores de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; Huila, Luis Enrique Dussán López; Guainía, Juan Carlos Iral Gómez y Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar, por presuntas irregularidades en la ejecución física y presupuestal de proyectos financiados con recursos de regalías, por $ 88.065 millones. 

Vías inconclusas

En Antioquia el contrato por $ 22.700 millones para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios del occidente, habría sido entregado a por la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), entidad designada como ejecutora, al contratista Sigma Construcciones S.A. sin tener en cuenta las disposiciones legales para la contratación pública. 

Entre las presuntas irregularidades encontradas por el Grupo Especial de Seguimiento a Regalías (GES-SGR) de la Procuraduría, existen además deficiencias en los estudios topográficos y diseños hidráulicos previos a la obra, condiciones técnicas diferentes a las especificadas en la propuesta inicial, insuficiencia en las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual e incumplimientos por parte del interventor porque no habría advertido sobre dichas inconsistencias. 

Además del gobernador Gaviria, como cabeza de la entidad designada como responsable de verificar la ejecución, están involucrados en la investigación los secretarios de Infraestructura 2020 y 2021, la supervisora del contrato de interventoría y el director de Asomura. 

En Huila el proyecto cuestionado tiene que ver con la construcción de un tramo de siete kilómetros en la vía entre los municipios de San Marcos y Acevedo, por valor de $ 18.215 millones. 

A pesar de haber sido aprobada en 2015, actualmente la obra presenta solo el 50 % de avance, aunque su ejecución financiera ya llegó al 100 %. Las presuntas irregularidades encontradas por la Procuraduría estarían en la estructuración y formulación del proyecto de inversión que, al no contar con estudios y diseños actualizados, ni con algunos permisos, licencias ni certificado de sostenibilidad, se ha retrasado sistemáticamente, a lo que se suma la no publicación de la información contractual en el sistema SECOP. 

Además del gobernador Dussan López, están vinculados a la investigación la actual secretaria de Vías e Infraestructura, el secretario de Planeación y el interventor.

Puente quebrado 

El proyecto por el que se investiga al gobernador de Guainía y al representante legal de la firma interventora, tiene que ver con la construcción de dos puentes vehiculares en el municipio de Inírida por valor de $ 16.150 millones.

Este contrato, cuya ejecución registra más de un año de retraso, ha sido denunciado por las comunidades indígenas de la región, debido a sus demoras y por habérselo entregado al cuestionado empresario Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía. 

Frente a estas denuncias sobre el abandono de la obra y al evidente mal estado de la vía Inírida – Caño Pato, la Procuraduría Regional Guainía inició indagación preliminar el 10 de mayo de 2022.

La Procuraduría Regional concluyó en su acción disciplinaria, que la conducta del actual gobernador y el exgobernador anterior podrían resultar comprometidas disciplinariamente por presunta omisión administrativa en la obra ejecutada. “El contrato en mención tuvo suspensiones y prórrogas cuyo plazo finalizó el 8 de diciembre de 2022 obteniendo como resultado una obra inconclusa”, aseguró la Procuraduría en ese momento. 

Proyectos improductivos

El proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao para las Familias Campesinas de los departamentos de Guaviare y Meta, por el que además del gobernador, se investiga al secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente  y a la secretaria de Educación departamentales, aseguraba en el papel que lograría aumentar los niveles de competitividad y productividad de los cultivos de cacao, mejorar los la producción y el área de los cultivos y capacitarlos sobre el manejo integrado de estos.

Pero en el mundo real habría presentado falencias en los estudios, diseños y presupuestos previos, fallas en la identificación y selección de los beneficiarios, ausencia de planos, diseño de drenajes, construcción de canales y de un sistema de riego vital para garantizar las condiciones agroclimatológicas de los terrenos donde se ejecuta el proyecto, cuyo valor supera los $ 31.000 millones. 

La Procuraduría delegada para el Seguimiento a Regalías, se encuentra solicitando a las entidades responsables de la aprobación y ejecución de los diferentes proyectos, las pruebas documentales y testimoniales necesarias para determinar la responsabilidad de los investigados. 

Los diferentes operativos de prevención y disuasión, destinados a la seguridad ciudadana, ha permitido a la Policía Metropolitana de Neiva, continuar con una reducción del 5% en hechos de homicidio con relación al año 2022.

Así mismo, una reducción en delitos sexuales del 39%; hurto a vehículos en un 45%; hurto de motocicleta en un 18% y hurto de celulares en un 34%.

Igualmente, gracias a la efectividad de estos planes, durante lo corrido del fin de semana, se logra la captura de 13 personas y 01 aprehendido por los siguientes delitos:

* 3 por porte de estupefacientes

* 2 por hurto

* 2 por uso de documento falso

* 2 por orden judicial

* 2 por falsedad marcaria.

* 1 por concierto para delinquir

* 1 por homicidio

* 01 por ataque a servidor público

Como hechos relevantes, y resultado de los más de 114 planes realizados en jurisdicción de la Policía Metropolitana de Neiva este fin de semana, se logra la captura de “Guajiro” cabecilla principal de la subestructura Ismael Ruiz de las FARC EP, quien es señalado como el autor intelectual y material del homicidio de nuestros 7 uniformados el 02 de septiembre del año 2022, en zona rural del corregimiento de San Luis. Además, lideraba y ordenaba homicidios, cobros de extorsiones a finqueros, comerciantes y transportadores en el departamento del Huila y Tolima.

Igualmente, la captura por homicidio en el municipio de Rivera, de un hombre conocido como “Chulo”, quien momentos antes, producto de un hecho de intolerancia, le causo la muerte, con arma corto punzante, a una mujer de 18 años de edad.

A la línea de emergencia 123 ingresaron un total de 2.131 llamadas, destacando entre estas: 68 por alteración a la tranquilidad pública, 62 por requerimiento de patrulla de vigilancia, 44 por la presencia de personas sospechosas y 24 por violencia intrafamiliar.

En la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se impusieron 16 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, principalmente relacionados con el porte de armas, corto punzantes, consumo de sustancias psicoactivas, participar en riña y uso de celular con reporte de pérdida o hurto.

La Policía Metropolitana de Neiva, continúa trabajando incansablemente por la seguridad y la convivencia ciudadana, generando estrategias que permitan la captura de actores criminales, que a través de sus acciones, pretenden generar zozobra en la comunidad huilense.

Invitamos a la ciudadanía a seguir colaborando con las autoridades, entregando información veraz y oportuna que nos permita anticiparnos a cualquier acción delictiva, comunicándose de manera gratuita a la línea 123. 

 En aras de contrarrestar cualquier manifestación del delito, la Policía Nacional ha implementado un Plan de Choque ejecutado este fin de semana en cado uno de los municipios del Departamento de Policía Huila, el cual, ha dejado como resultado la captura de 5 personas por tráfico de estupefacientes, 4 por receptación, 3 por hurto calificado y agravado, 2 por porte ilegal de armas de fuego y 6 por otros delitos. 

Entre las capturas más relevante se tiene la de un hombre en el municipio de Tello de 34 años de edad, solicitado por el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Neiva, el cual, está condenado a 16 años de prisión, por el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, municiones y hurto calificado y agravado.   

Así mismo, lograron la recuperación de un vehículo, 6 motocicletas, la incautación de 2 armas de fuego tipo revólver, un arma traumática, 56 armas blancas o elementos corto-punzantes y la incautación de mercancía por un valor de 11 millones de pesos.

Entre los comportamientos contrarios a la convivencia, lo más recurrentes este fin de semana fueron la participación en riñas, el porte de celulares con reporte de hurto o extravío, el irrespeto a las autoridades de policía y dos cierres de establecimientos públicos por el quebrantamiento de horario y el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad.

Ante la preocupación de las autoridades por procedimientos policiales donde ciudadanos son sorprendidos con motos y celulares hurtados, la Policía Nacional recomienda la verificación de los elementos que adquieren de segunda a muy bajo costo, en aras de no verse inmerso en procesos penales por el delito de receptación.

En el Huila en los constantes planes de control que adelanta el Departamento de Policía, en los municipios de su jurisdicción, fueron capturadas 3 personas que se movilizaban en motos hurtadas, en los municipios de Acevedo, Timaná y Suaza.

“En los planes de solicitud y antecedentes, lograron la recuperación de 4 motocicletas relacionadas así: Honda CB-110 color rojo, modelo 2021 de placas OCA-59F, Yamaha Crypton T-115 F1, color negro, modelo 2022,  Moto Bajaj Pulsar 200, color azul con negro de placas XSX-56D y una Honda CB-110, color gris plateado, modelo 2015”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Finalmente se conoció que los tres hombres implicados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía URI de turno, como presuntos responsables del delito de receptación.

La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal especializado, de la Dirección Seccional Bogotá, permitió que un Juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jorge Ortega Contreras.

El procesado haría parte de la organización ilegal que el 8 de abril de 2018 drogó al teniente de la Policía Nacional Esteban Camilo Ojeda Erazo quien, de civil, departía en una discoteca ubicada en el centro de la capital.

Según la investigación, la víctima fue abordada por la hoy condenada Lidia Andrea Moncada Matuk y al parecer por John Edison Segura Vargas, que le suministraron sustancias benzodiacepinas, para poder hurtarle sus pertenencias, en especial las tarjetas bancarias con las que hicieron compras de un valor superior a los cinco millones de pesos.

El oficial, en estado de inconciencia, fue sacado del establecimiento comercial y llevado en un carro al barrio El Parejo de Bogotá.  En el lugar los victimarios se percataron que su víctima era policía, así que lo mantuvieron secuestrado y lo torturaron hasta causarle la muerte.

Servidores de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional encontraron el cuerpo del oficial sepultado en el mismo inmueble. Sus manos y pies estaban atados con un cable, se encontraba amordazado y una bolsa cubría su cabeza.

Tras cometer el crimen Ortega Contreras huyó hacia Venezuela de donde fue extraditado el pasado 3 de agosto. A su llegada al Aeropuerto El Dorado fue dejado a disposición de funcionarios de Migración Colombia quienes lo pusieron a disposición del Gaula de la Policía Nacional.

La Fiscalía imputó al procesado los delitos de secuestro extorsivo, tortura, homicidio y hurto calificado, todas las conductas agravadas. Los cargos fueron aceptados por Ortega Contreras.

Por este hecho han sido condenados: Winston Orozco Montero, alias Pizza a 53 años de prisión; Lidia Andrea Moncada Matuk a 43 años de prisión; y Sergio Esteban Zamora Bello a 40 años de prisión.