Justicia y reparación, fueron las principales conclusiones que dejó la Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad en la que participaron 74 comparecientes de la fuerza pública vinculados al Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
En total fueron tres días en los cuales, a través de una audiencia pública, 74 comparecientes de la fuerza pública vinculados al subcaso Huila del Caso 03, reconocieron ante familiares de 140 víctimas su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
En dichas jornadas, en las que se realizaron actos simbólicos para recordar a aquellas personas, se hizo referencia a 108 hechos ocurridos entre los años 2005 y 2008, en los que se perpetraron 200 asesinatos, incluidos 32 casos de desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Estas conductas, según la JEP, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El alcalde de Neiva, Germán Casagua y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, participaron de dicha audiencia, en donde se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre la JEP, la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila para adelantar labores conjuntas de la Justicia Transicional Restaurativa con proyectos y acciones restaurativas, confirmando así el compromiso del mandatario de los neivanos con la paz y la justicia.
“Como Alcaldía de Neiva, hemos venido articulando, trabajando de la mano con la JEP, para que estos audiencias en el marco de la verdad se puedan llevar a una justicia restaurativa, a una reconciliación y a que las víctimas y los comparecientes puedan sentir que están llegando a un punto en el cual nosotros podemos decirle al país, que hay una posibilidad de restauración”, indicó Jorge Lozano Mestre, secretario de Paz y Derechos Humanos.
Espacio para las víctimas
Durante la audiencia de la JEP, 21 víctimas intervinieron para expresar su dolor ante los hechos en los que fueron asesinados sus seres queridos. Este es el caso de Luz Mery Martínez Rodríguez, hermana de Jaime Martínez Rodríguez, quien asesinado por miembros del Batallón ‘Magdalena’ el 8 de octubre de 2007, en el municipio de San Agustín, Huila, allí habló en representación de familiares de las víctimas durante la audiencia, destacando a su hermano como una persona trabajadora y responsable.
“Esta audiencia tiene un significado muy importante, esto no ha ayudado mucho a nosotros para saber algo de verdad. A mí sí me gustaría que esto se volviera a repetir porque hay mucha gente que no ha querido declarar por miedo, hay gente que ha desaparecido, hay muchos asesinatos que no han salido a la luz”, manifestó Martínez Rodríguez, quien vino del municipio de Pitalito para la audiencia.
Por su parte, desde el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (Obsurdh), esta audiencia fue muy importante por el acompañamiento que se ha realizado a las víctimas desde el año 2007 cuando inició el funcionamiento de la organización.
“Se empezaron a documentar todos estos hechos y se empezó un proceso de denuncias y reivindicación de estas víctimas. Hubo muchos procesos de búsqueda, verdad y justicia, de exigibilidad, por fortuna con la firma del acuerdo de paz y posteriormente con la creación de la JEP, vimos la oportunidad de presentar dos informes de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Huila, y recoger todo ese proceso que llevábamos por años con las víctimas, esta audiencia es muy importante por toda la lucha que han dado las víctimas en su búsqueda de verdad, en su reconocimiento de víctimas, y el reconocimiento de responsabilidad de los comparecientes”, sostuvo Rosa Liliana Ortiz, coordinadora del Obsurdh.
¿Qué sigue ahora?
Después de la Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad que la JEP realizó en Neiva, se espera que evaluar y determinar, en el caso de los 28 máximos responsables que se presentaron, si reconocieron su responsabilidad en los crímenes que se les imputaron y si aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva.
En este proceso de contrastación judicial, se espera mencionar efectivamente quiénes reconocieron responsabilidad, aportaron verdad y son elegibles para la imposición de una sanción propia o restauradora.
Finalmente, de los 46 comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables por estos crímenes podrán resolver su situación jurídica a través de la Ruta No Sancionatoria implementada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
