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Vuelve la novela de los pasaportes
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una solicitud de la Procuraduría General de la Nación para suspender el convenio suscrito con la Casa de la Moneda de Portugal, relacionado con el nuevo esquema de expedición de pasaportes en el país.
El Ministerio Público pidió decretar, de manera urgente y como medida cautelar, la suspensión de los contratos firmados entre la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Imprenta Nacional de Colombia, así como el acuerdo entre esta última y la Casa de la Moneda de Portugal.
Según la Procuraduría, el convenio presenta múltiples irregularidades, entre ellas la ausencia de estudios de mercado que justificaran una contratación directa. Además, cuestiona que la Casa de la Moneda de Portugal sea considerada una entidad pública extranjera, señalando que en su país opera como empresa.
El organismo también advirtió inconsistencias en la aprobación de vigencias futuras, la autorización del convenio y los pagos en moneda extranjera. A esto se suma que, tras una visita preventiva realizada en agosto de 2025, se evidenció que la Imprenta Nacional no ejecutaría actividades sustanciales del contrato.
De acuerdo con el informe, la entidad actuaría únicamente como intermediaria, limitándose a la personalización de las libretas, lo que —según la Procuraduría— desnaturaliza la figura del convenio interadministrativo y debió dar lugar a un proceso de selección abierto y competitivo.
Finalmente, el ente de control advirtió que la ejecución continua de estos contratos podría dificultar una eventual intervención judicial para restablecer el orden, mientras el Tribunal avanza en el análisis de la solicitud.
2 abril 2026
Seguimiento a aberrante caso de abuso en Pitalito
Ante un aberrante caso de abuso sexual de una menor de edad en Pitalito, Huila, quien habría sido obligada por su mamá a sostener relaciones íntimas con su padrastro, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Secretaria de Salud, Gloria Cruz Núñez, informar sobre las medidas de atención brindadas y la activación de rutas en favor de la víctima.
El ente de control conoció la noticia publicada por el periódico La Nación, en la que se detalla que, al parecer desde que la niña tenía 9 años de edad, habría sido obligada por su mamá a sostener relaciones íntimas con su padrastro bajo la amenaza de ser expulsada de la casa, hechos presuntamente ocurridos entre abril de 2019 y enero del presente año.
Si bien, la nota de prensa detalla que uniformados de la Sijin capturaron a esta pareja mediante orden judicial en un sector popular de Santa María (Huila) y fue activada la ruta de atención por violencia sexual a la menor, la Secretaria de Salud deberá remitir al órgano de control los detalles sobre el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.
Finalmente, también pidió la Procuraduría al personero municipal, Hernando Reyes, evaluar su intervención en el caso, verificando las acciones que garanticen el acceso a la justicia, a la no revictimización y a una vida libre de violencias para la menor de edad víctima de violencia sexual.
3 julio 2024
Inhabilitado el ex alcalde de Medellín
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial de seis meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle (2020 – 2023), al encontrar probada su participación en política por el uso de expresiones veladas a favor del Pacto Histórico, con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en la primera vuelta electoral.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular adujo que el exmandatario publicó en sus redes sociales el video en el que aludió a un cambio en primera, fotografías en las que se veía el tarjetón de la consulta del partido referido y material audiovisual refiriéndose de manera explícita a las elecciones de 2022, contenido con claras inclinaciones partidistas que no podía manifestar al ostentar un cargo de elección popular.
Para el Ente de control las publicaciones deben ser vistas como una unidad, no como piezas individuales con sentidos distintos, en las que hizo manifestaciones que no le estaba dado emitir por el cargo que ocupaba.
En el mismo sentido, el Ministerio Público señaló que el entonces alcalde lanzó un mensaje de apoyo a los candidatos de esa coalición al exhibir su voto por el Pacto Histórico; y reprochó que evidenciara su interés al solicitar verificar únicamente las mesas en las que no obtuvieron ningún voto ese partido y Fuerza Ciudadana.
La Entidad demostró su intervención en la elección presidencial de 2022 y aseguró que su legitimidad para hacer uso de sus derechos políticos estaba restringida por ejercer un cargo público, que no le permitía participar en actividades de partidos y movimientos políticos, en aras de preservar el orden institucional, la democracia, el equilibrio de las autoridades y el no inclinar la fuerza estatal hacia ninguno de los involucrados en la contienda.
En su decisión la Sala Disciplinaria degradó la calificación inicial que había hecho el señor Viceprocurador de falta gravísima dolosa, por lo que la vulneración a los principios de moralidad e imparcialidad de la función administrativa en que incurrió el exalcalde fue calificada de manera definitiva como falta grave cometida a título de dolo.
Finalmente, al no estar ya en el cargo, se aplicará la conversión de la suspensión de los seis meses en salarios básicos, por lo que el exalcalde deberá pagar una multa cercana a los $100 millones, sin perjuicio de la inhabilidad especial, que no le permite ocupar ningún cargo público durante el periodo de tiempo referido.
3 julio 2024
Pliego de cargos a ex inspector de Policía de Pitalito
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al ex inspector de Policía de Pitalito, Hugo Gerardo Bonilla Córdoba (2020 – 2024), por presuntamente exigir dinero a cambio de no cerrar una obra de construcción.
La Procuraduría Provincial de Garzón señaló que Bonilla Córdoba al parecer se valió de su cargo y de la ejecución de sus funciones para exigir un millón de pesos a la propietaria de una vivienda que realizaba una remodelación en su interior, argumentando inconsistencias entre lo planteado en los planos y lo construido.
Para el órgano de control, el investigado habría utilizado la investidura de su cargo “para proceder de manera inescrupulosa y reprochable al poner en venta su propia función mediante solicitud dineraria, a cambio de no ordenar el cierre o sellamiento de la obra, con un claro desmedro a la moralidad y transparencia que deben reinar en la conducta de los servidores públicos”.
Agregó que, con su aparente actuación, el entonces inspector de Policía se apartó de la función púbica en cuanto no desempeñó sus funciones de actuar dentro del marco de sus deberes funcionales y, por el contrario, dio “paso a la presunta realización de actos de corrupción, improbidad y ausencia de transparencia”.
Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que el investigado vulneró el principio de moralidad y calificó su aparente conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.
27 junio 2024
Procuraduría tiene en la mira a los colegios de Neiva
Ante las deficientes condiciones de la infraestructura de varias instituciones educativas en Neiva, la Procuraduría General de la Nación le pidió a Germán Casagua, alcalde municipal, un informe con las gestiones para atender las necesidades de intervención prioritarias en cinco colegios oficiales que, presuntamente, se encontrarían ubicados en zona de riesgo de desastre.
El ente de control refirió el reciente informe realizado por el Comisión del Concejo municipal, en el que se describen las graves condiciones de las instalaciones educativas, especialmente de la sede principal secundaria Roberto Durán Alvira, de la que se menciona que existe un fallo judicial que ordena su reubicación a la mayor brevedad.
A fin de garantizar la integridad y el bienestar de la comunidad educativa, el mandatario deberá informar a la Procuraduría, las medidas que implementará la administración para las instituciones educativas José Eustasio Rivera, sede Ciudad Jardín; Escuela Normal Superior, sede Motilón; Juan de Cabrera, sede Sur Oriental y Chapinero, sede Líbano, que según se indica en el mencionado documento, están ubicadas zona declarada de riesgo.
Finalmente, el ente de control le reiteró al alcalde, su obligación frente al goce efectivo del derecho a la educación a la población escolar del municipio de Neiva, para lo cual es necesario que las sedes educativas de esa entidad territorial dispongan de las condiciones que permitan la materialización de este derecho.
26 junio 2024
Procuraduría, atento con nuevo giro de recursos para la alimentación escolar
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Director General de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -UApA, Luis Fernando Correa Serna, informar cuáles fueron las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) a las que, en días pasados, se les realizó el tercer giro de recursos que en total suman $361.727.785.174.
El ente de control pidió al funcionario, el acto administrativo de asignación de estos recursos, que corresponden a la cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con los cuales se espera garantizar la operación del programa en las instituciones educativas públicas del país.
Igualmente, la UApa deberá confirmar el cronograma para la verificación de prestación de servicio en los establecimientos educativos oficiales, en lo que resta de la presente vigencia, visita que sería acompañada por el Ministerio Público, en el seguimiento de carácter preventivo y de control que se realiza a las autoridades responsables de la prestación del servicio educativo en todo el territorio nacional.
Finalmente, el ente de control alertó los riesgos de continuidad del PAE en 9 entidades territoriales, causadas por procesos de licitación, contratación y orden público, especialmente en Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Florencia, Huila, Magdalena, Pasto y Valledupar. Por su parte, las ETC de Villavicencio y Santa Marta registraron, según el último informe de la UApa, inicio parcial en atención del PAE Indígena, afectando cerca de 3.664 estudiantes.
25 junio 2024
Procuraduría pone en la lupa a la ministra de las TIC
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria formal contra la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen.
Dicha determinación busca determinar su responsabilidad disciplinaria por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública denominada centros digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet.
La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.
Contra esta decisión no procede recurso alguno y la funcionaria investigada podrá rendir versión libre, si así lo considera.
7 septiembre 2021
Inhabilitado ex director de Comfamiliar Huila
La Procuraduría General de la Nación sancionó con inhabilidad de diez años al exdirector administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila -Comfamiliar-, Armando Ariza Quintero (1993 – 2015), por irregularidades en la administración de recursos girados por las empresas afiliadas.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Regional de Huila estableció que Ariza Quintero destinó, entre 2012 y 2015, $112 millones para el mantenimiento de dos casas campestres de propiedad de esa entidad, las cuales no prestaban ningún servicio de carácter recreativo a los afiliados.
El órgano de control estableció que esas casas estaban destinadas al uso de las directivas, con lo que se vulneró la normatividad legal que establece que los recursos girados por las compañías a las cajas de compensación deben invertirse en actividades que beneficien a los trabajadores.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta del investigado como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
El fallo de primera instancia puede ser apelado por Ariza Quintero.
8 marzo 2021
Procuraduría pide a los actores del Plan Nacional de Vacunación, estar listos
Una vez informada por el Presidente de la República la fecha de inicio para la vacunación masiva contra el covid-19 en el país, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, hace un llamado a todos los actores que hacen parte del Plan Nacional de Vacunación a cumplir con sus obligaciones. Esto refiriéndose en especial a alcaldes y gobernadores y en particular a todos los detalles logísticos que implican la vacunación en los territorios y que abarca desde la caracterización de la población hasta la disposición de los centros de vacunación, el almacenamiento y transporte de la vacuna y el personal idóneo para aplicarla.
En esta misma línea la Procuradora solicitará a las EPS e IPS quienes serán las encargadas de buscar a las personas, acelerar la consolidación de las bases de datos prioritarias, la elección de los lugares para la vacunación y el agendamiento de las citas; con el fin de que puedan expresarle al Ministerio Público y a la mesa establecida, de manera inmediata, si se encuentran al día con esta tarea o presentan inconvenientes, esto para que se puedan tomar las medidas necesarias para solucionar cualquier inconveniente a tiempo.
«Mi llamado desde la Procuraduría General de la Nación a las EPS e IPS para que a través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, o de manera individual levanten la mano y manifiesten de forma inmediata a la Procuraduría si se encuentran al día con sus responsabilidades frente al Plan Nacional de Vacunación o presentan algún inconveniente que deba solucionarse y requiera de la participación del gobierno nacional, las alcaldías o las gobernaciones», expresó la Procuradora Cabello.
Para finalizar la Procuradora extendió también un llamado a los ciudadanos a que actualicen sus datos frente a las EPS ya que sólo con estos datos y de acuerdo a su ubicación, edad e información médica éstas podrán agendar de manera adecuada, la cita para su vacunación; tarea en la que además recuerda a alcaldes y gobernadores la importancia de mantener informada de manera permanente y por múltiples canales a toda su población con respecto al Plan Nacional de Vacunación, ya que si bien la vacunación es voluntaria, es indispensable entregar a toda la población la información y sustento científico suficiente para que ésta pueda tomar la decisión de manera libre e informada evitando que falsas noticias siembren dudas e incidan en la decisión de vacunarse.
1 febrero 2021
Alcalde de Guadalupe sancionado por la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por dos meses al alcalde de Guadalupe, Huila, Charles Barrera Zúñiga, por irregularidades en la compra de material de relleno para arreglar una vía veredal del municipio, hechos que se presentaron entre el 2010 – 2015, época en que el implicado ostentaba el mismo cargo.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, estableció que en mayo de 2015 el entonces alcalde acordó de manera verbal la adquisición de 314 cargas de material de relleno por $3.140.000, sin elaborar un contrato que diera legalidad a la compra realizada.
El Ministerio Público determinó que Barrera Zúñiga en ningún momento formalizó el compromiso adquirido, así como tampoco reconoció el pago acordado, a pesar de recibir el material para efectuar las obras.
Para el órgano de control, el sancionado no cumplió con lo establecido en el Estatuto de la Contratación Pública, que indica que los contratos estatales deben obligatoriamente constar por escrito, razón por la cual vulneró los principios de moralidad y eficacia de la función administrativa.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la falta cometida por el exfuncionario como grave a título de culpa gravísima.
El fallo de primera instancia fue apelado por el investigado.
28 enero 2021
Alcalde de Neiva a juicio disciplinario
La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz y a otros tres funcionarios de la administración municipal, por presuntas irregularidades en la firma de cinco contratos para atender la emergencia generada por el covid-19.
Los otros servidores citados a audiencia pública son el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera y los secretarios de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega y de Educación, Giovanny Córdoba, respectivamente.
Los contratos firmados tenían como objetivo la elaboración de una campaña para la prevención del covid-19, por $438 millones, y la atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones.
Los otros consistían en la compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores, por $2.389 millones; la adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar – PAE –, por $5.250 millones, y la interventoría de esta última actividad, por $300 millones.
Al parecer se presentaron presuntos sobrecostos en la campaña para prevenir el contagio del virus y en la compra de los mercados para la atención de los adultos mayores.
Igualmente, se investigan posibles irregularidades en la planeación para brindar atención integral a los habitantes de la calle, pues se habría firmado antes de que se radicaran los estudios previos, y el contratista seleccionado no cumpliría los requisitos de capacidad y experiencia requeridos.
Además, los seleccionados para comprar los productos del PAE y realizar la respectiva auditoría aparentemente no cumplían con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar esas actividades, y al parecer el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos.
Por esos hechos, el Ministerio Público citó a audiencia pública al alcalde por su presunta responsabilidad en cuatro cargos disciplinarios, el primero de ellos calificado como falta gravísima cometida a título de culpa grave, y los restantes como faltas gravísimas a título de culpa gravísima.
Los otros tres funcionarios de la administración fueron citados por su aparente responsabilidad en un cargo disciplinario calificado como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La audiencia se realizará de manera virtual el próximo 14 de noviembre a las 10 am.
30 octubre 2020
Procuraduría, preocupada por situación de salud del Huila frente al COVID 19
La Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Salud y Protección Social acciones inmediatas para apoyar la búsqueda y contratación del talento humano en el sector de la salud, que fortalezca la gestión hospitalaria del Huila y proteja el derecho fundamental a la salud y la vida de sus habitantes.
En carta enviada al ministro, Fernando Ruiz, el ente de control advirtió que los casos de contagio podrían duplicarse frente al registro del mes anterior (septiembre), lo que podría llevar a una proyección superior a 1.200 a final de mes y generar una emergencia en la prestación de servicios.
Para la PGN resulta alarmante la situación sanitaria por la que atraviesa el departamento donde se registran 20.776 casos positivos para covid-19 y 607 fallecidos, de los cuales el 64% de los contagiados y el 55,35% de las muertes pertenecen al municipio de Neiva.
Preocupa al Ministerio Público que la meta para habilitar 435 camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) no se haya logrado cumplir porque prestadores de salud como los hospitales Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, San Vicente de Paul de Garzón y la Clínica UROS no cuentan con especialistas, fisioterapeutas, enfermeras jefes y auxiliares de enfermería, para atender de forma idónea los pacientes que requieran este servicio.
Señaló que hay 355 camas UCI, de las cuales el 66% están ocupadas y solo quedan disponibles 121 unidades para atender los casos que se presenten en 1’122.622 habitantes que tiene el departamento, y que se está en mora con la activación y funcionamiento de 80 camas más, por falta de personal médico.
Finalmente, indicó que se presentan dificultades para obtener insumos y medicamentos anestésicos esenciales para la atención de pacientes en UCI, entre los que se encuentran los sedantes, analgésicos opioides potentes y bloqueadores neuromusculares, lo que pone al departamento en alerta, debido al riesgo de colapso y con imposibilidad para la puesta en marcha de toda la operación de expansión de camas de cuidado crítico.
29 octubre 2020
Gerente de Las Ceibas Empresas Públicas, en la mira de la Procuraduría
La Procuraduría habría abierto una investigación contra la gerente de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, Gloria Vanegas.
El anuncio lo dio a conocer el Sistema Informativo INRAI y todo indica que el motivo sería el nombramiento de José Nelson Perdomo como jefe de la Oficina Jurídica y Asuntos Disciplinarios de esa entidad.
Cabe destacar que Perdomo tiene una investigación en su condición como ex jefe de contratación de la Alcaldía de Neiva.
Con esto el ente de control busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y la responsabilidad de los investigados.
De igual forma, con esta ya son seis los funcionarios de la actual administración, que se encuentran bajo investigación por el Ministerio Público.
Con información de HJ Doble K Neiva.
5 octubre 2020
Colombia cuenta con nueva Procuradora General de la Nación
La exministra de Justicia Margarita Cabello fue elegida como nueva procuradora general de la Nación, tras una votación que se llevó a cabo en el Senado de la República.
Cabello obtuvo 83 votos, mientras que los otros candidatos, Juan Carlos Corte y Wilson Ruiz, obtuvieron 16 y 0 votos, respectivamente.
Cabelló, que iniciará a ejercer en el Ministerio Público desde enero de 2021 en reemplazo de Fernando Carrillo, contó con el apoyo de varios partidos políticos: Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U.
“Este apoyo que me dan lo entiendo como un reconocimiento a mi vida profesional. Siempre al servicio de la justicia y de las decisiones con objetividad. Lo entiendo como una exaltación a las mujeres de Colombia que hemos logrado ascender peldaño a peldaño para conquistar espacios de la vida pública y privada”, dijo la nueva procuradora quien además es la primera mujer en llegar a la dirección del ente de control.
Con información y foto de BLU Radio.
27 agosto 2020
Fallo de Corte Interamericana a favor de Gustavo Petro
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a los derechos políticos de Gustavo Petro que se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como
Alcalde Mayor de Bogotá e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, sanción que le fue impuesta en diciembre de 2013 por la Procuraduría General de la Nación.
Según la Corte, la decisión del entonces procurador Alejandro Ordoñez es una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en varios aspectos como la presunción de inocencia, derecho a la defensa, garantía de imparcialidad y principio de jurisdiccionalidad.
Por ahora la sentencia no le ha sido notificada a Petro, y allí se le da un plazo prudencial a Colombia para que modifique su ordenamiento jurídico interno.
Con información y foto de El Tiempo – Caracol Radio.
19 agosto 2020
Formulan cargos a ex alcalde de Oporapa
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Oporapa, Huila, Yamid Sterling (2012-2015), y al interventor de contratos, Alex Alberto Calvache , por presuntas irregularidades en las obras de ampliación de la Institución Educativa San José por $2.000 millones.
La Procuraduría Provincial de Garzón cuestionó que el entonces alcalde al parecer no hubiera atendido las indicaciones del Departamento Nacional de Planeación -DNP- para ajustar el desarrollo de los trabajos al objetivo inicial del proyecto, ejecutado con recursos del Fondo Nacional de Regalías.
Además, se habrían realizado modificaciones técnicas durante la ejecución de las obras, que aparentemente no fueron informadas a la DNP por la administración municipal ni por Calvache Mena en su condición de interventor de los trabajos.
El ente de control formuló a Sterling dos cargos disciplinarios, calificados como faltas graves cometidas a título de culpa gravísima, mientras que Calvache Mena fue afectado por la aparente comisión de una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Con información de la Procuraduría.
FOTO: Diario del Huila.
8 julio 2020
Procuraduría abre investigación a funcionarios de la Alcaldía de Neiva
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al jefe de Gestión del Riesgo de Neiva, Armando Cabrera Rivera, y al jefe de la Oficina de Contratación, José Nelson Perdomo, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la compra de 5.000 mercados, destinados a la población vulnerable de la ciudad durante la emergencia sanitaria generada por la expansión del covid-19.
La Procuraduría Provincial de Neiva investiga si en la adquisición de los productos se habrían presentado posibles sobrecostos y si las cotizaciones realizadas para su adquisición se ajustaron a los precios del mercado.
Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
Los investigados pondrán solicitar ser escuchados en versión libre.
Con información de la Procuraduría General de la Nación.
7 julio 2020
Formulan cargos a ex alcaldesa de Acevedo
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la exalcaldesa de Acevedo,, Luzdey Artunduaga Castro (2016-2019), y al exsecretario de Planeación del municipio, Armando Almario, por presuntas irregularidades en un proceso licitatorio para la ejecución de obras por más de $14.900 millones.
La Procuraduría Provincial de Garzón señaló que aparentemente se habrían solicitado condiciones inadecuadas para participar en el proceso de licitación, que tenía como objeto construir en pavimento flexible varios kilómetros de la vía La Victoria – San Marcos.
El órgano de control indicó que la administración aparentemente fijó un requisito en el pliego de condiciones para que la maquinaria utilizada fuera de propiedad del contratista, regla al parecer ilegal al no encontrarse una explicación para establecer una diferencia con el uso de equipos de alquiler.
Adicionalmente, se habría celebrado el contrato sin solicitar los respectivos permisos de la autoridad ambiental, necesarios por tratarse de obras que ocupan el cauce de una corriente o depósito de agua.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta falta de los exfuncionarios como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. La exalcaldesa también fue afectada por un segundo cargo disciplinario, considerado como falta grave a título de culpa gravísima.
Con información de la Procuaduría General de la Nación.
FOTO: Diario Extra.
25 junio 2020
Alza de los servicios públicos, en la lupa de la Procuraduría
Ante las crecientes denuncias ciudadanas sobre elevados costos en los recibos de servicios públicos en medio de la emergencia sanitaria, la Procuraduría General anunció la apertura de una indagación preliminar a funcionarios de tres entidades.
Se indagará a funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión Reguladora de Agua (CRA) y la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) para establecer cuáles han sido los controles a la facturación durante la pandemia.
En un comunicado, el ente de control aseguró que, además, se indagará si desde estas entidades se establecieron medidas o programas para garantizar que al consumidor llegara el cobro real del consumo.
En caso particular se investigarán a funcionarios de servicios públicos de las regiones de Sumapaz, Guavio y Gualivá en Cundinamarca; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP (CHEC- GRUPO EPM) y el municipio de Santuario, Risaralda, tendrán vigilancia especial.
La Procuraduría también trasladó ante la SuperServicios quejas contra ENEL/Codensa, por facturaciones en Bogotá que no harían parte del servicio, así como presuntos cobros injustificados.
Con información y foto de BLU Radio.
1 junio 2020