Con el objetivo de verificar el estado de salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad mientras le definen su situación judicial, funcionarios de la ESE Carmen Emilia Ospina, adelantaron un operativo en las instalaciones del Comando de Atención Inmediata, CAI, del barrio Bogotá, en el que se les practicaron pruebas de diagnóstico de COVID-19 a 14 personas que van a ser trasladadas por parte del INPEC a la cárcel de Rivera.
Este proceso busca brindar garantías a los derechos humanos de las personas que van a ser remitidas al centro reclusorio, así como también a los que se encuentran allí pagando sus condenas.
El secretario de Gobierno Faiver Hoyos destacó el trabajo que se ha venido adelantando mancomunadamente con el INPEC, donde se ha buscado descongestionar los centros transitorios como lo son el Bunker de la Fiscalía, La Uri y demás lugares donde son trasladadas las personas sindicadas de cometer algún delito.
“Este es un trabajo que nos corresponde, es una responsabilidad social que también tenemos dentro de todas las garantías a los derechos humanos, de esta manera vamos descongestionando los centros provisionales carcelarios que tenemos en el municipio de Neiva”, afirmó.
La directora de Seguridad y Convivencia Luisa Fernanda Robles, sostuvo que desde el mes de marzo del año anterior se han venido buscando alternativas para que las personas privadas de la libertad que se encuentran en los diferentes puntos de detención transitoria tengan condiciones dignas, por lo que se han realizado importantes inversiones para garantizar que no se vulneren sus derechos.
“Hemos salvaguardado y garantizado las condiciones dignas de estas personas, se adecuó un sitio durante el mes de agosto y septiembre donde fueron trasladadas personas que se encontraban hacinadas en las distintas unidades de policía, en la Uri, este ha sido un esfuerzo en el que hemos estado de manera permanente”, dijo.
A su vez, agregó que para este año, el reto para seguir haciendo parte de la solución a la problemática carcelaria es grande, por esta razón el trabajo mancomunado junto con la Policía, Ejército, Fiscalía e INPEC continuará, siguiendo las directrices entregadas por el alcalde Gorky Muñoz Calderón, quien busca dignificar la calidad de vida de la personas, así estén privadas de la libertad.
