La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia conden\u00f3 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n, en primera instancia, a la exrepresentante a la C\u00e1mara por el Centro Democr\u00e1tico, Tatiana Cabello Fl\u00f3rez, tras hallarla responsable de exigir parte del salario a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entre 2014 y 2017.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la sentencia, la excongresista aprovech\u00f3 su facultad de nombramiento y remoci\u00f3n para obligar a varios de sus colaboradores a entregar parte de sus ingresos a cambio de conservar sus cargos o acceder a mejores posiciones. Aunque argument\u00f3 que el dinero ser\u00eda destinado a actividades pol\u00edticas y de campa\u00f1a, la investigaci\u00f3n concluy\u00f3 que esa versi\u00f3n no fue demostrada.<\/p>\n\n\n\n
El alto tribunal estableci\u00f3 que Cabello utiliz\u00f3 como intermediarios a personas de su confianza, entre ellas su asesora Luisa Fernanda Puerto Vela y su conductor Hernando Bar\u00f3n Ayala, quienes recib\u00edan los recursos en efectivo, mediante transferencias bancarias o bajo la apariencia de gastos de una supuesta \u00abcaja menor\u00bb. Adem\u00e1s, la Corte se\u00f1al\u00f3 que la excongresista emple\u00f3 aplicaciones de mensajer\u00eda con eliminaci\u00f3n autom\u00e1tica de conversaciones e intent\u00f3 justificar posteriormente los pagos como pr\u00e9stamos personales, incluso haciendo firmar acuerdos de confidencialidad a algunos de sus colaboradores.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia tambi\u00e9n orden\u00f3 indemnizar a las cinco v\u00edctimas por los perjuicios ocasionados, con montos que oscilan entre los $3,7 millones y los $741,9 millones, adem\u00e1s del reconocimiento de perjuicios morales en algunos casos. Entre las afectadas figura Daniela Salazar Puerto, quien, seg\u00fan el fallo, lleg\u00f3 a entregar casi la totalidad de su salario.<\/p>\n\n\n\n
Como sanci\u00f3n adicional, la Corte impuso a Tatiana Cabello una multa equivalente a 500 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para la \u00e9poca de los hechos y la inhabilit\u00f3 para ejercer cargos p\u00fablicos por cerca de nueve a\u00f1os. Asimismo, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, por lo que deber\u00e1 cumplir la condena en un centro penitenciario si el fallo queda en firme tras la eventual apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
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