El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca orden\u00f3 la suspensi\u00f3n temporal de los bombardeos contra estructuras o grupos armados organizados en ese departamento, mientras el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares ajustan los protocolos de las operaciones a\u00e9reas para incorporar medidas espec\u00edficas de protecci\u00f3n a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n fue adoptada al resolver una acci\u00f3n de tutela presentada por el personero de Puerto Rond\u00f3n contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. Durante el tr\u00e1mite tambi\u00e9n fue vinculado el Ministerio de Defensa.<\/p>\n\n\n\n
En la tutela, el personero solicit\u00f3 la creaci\u00f3n de un protocolo que obligue a verificar la posible presencia de menores de edad antes de ejecutar bombardeos, as\u00ed como a evaluar los riesgos para la poblaci\u00f3n civil y los bienes protegidos, respetando los principios de necesidad militar, distinci\u00f3n, precauci\u00f3n y proporcionalidad establecidos por el Derecho Internacional Humanitario.<\/p>\n\n\n\n
Aunque la Fuerza Aeroespacial Colombiana asegur\u00f3 que cuenta con procedimientos para planear operaciones de ataque estrat\u00e9gico, interdicci\u00f3n aire-tierra y apoyo a\u00e9reo cercano, el juez concluy\u00f3 que esos lineamientos no contemplan una verificaci\u00f3n espec\u00edfica sobre la presencia de menores de edad dentro de los grupos armados que ser\u00e1n objeto de una operaci\u00f3n militar.<\/p>\n\n\n\n
En la sentencia, el despacho advirti\u00f3 que \u00abninguna de tales verificaciones comprende o est\u00e1 encaminada a validar la efectiva presencia de menores cuando estos son integrantes de las organizaciones criminales, objeto de ataque\u00bb. A juicio del juez, esta omisi\u00f3n representa un riesgo para los derechos a la vida y a la integridad de los menores, quienes, independientemente de las circunstancias de su vinculaci\u00f3n, son considerados v\u00edctimas del conflicto armado y sujetos de especial protecci\u00f3n por el Derecho Internacional Humanitario.<\/p>\n\n\n\n
Por esta raz\u00f3n, el fallo ordena al presidente de la Rep\u00fablica, al ministro de Defensa y al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana revisar y modificar, en un plazo m\u00e1ximo de dos meses, el procedimiento de planeaci\u00f3n de las operaciones a\u00e9reas. El nuevo protocolo deber\u00e1 incluir todas las medidas de inteligencia y operativas necesarias para identificar la posible presencia de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes dentro de los grupos armados que constituyan un objetivo militar.<\/p>\n\n\n\n
Una vez se implementen los cambios, las autoridades deber\u00e1n socializar el protocolo con las unidades t\u00e1cticas que operan en Arauca y capacitar al personal en normas de Derecho Internacional Humanitario, haciendo especial \u00e9nfasis en la protecci\u00f3n de los menores reclutados por organizaciones armadas ilegales.<\/p>\n\n\n\n
Mientras se cumple ese proceso, la Fuerza Aeroespacial Colombiana deber\u00e1 mantener suspendidos los bombardeos contra estructuras armadas organizadas en el departamento. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y el ICBF ser\u00e1n las entidades encargadas de acompa\u00f1ar y verificar el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas por el juzgado.<\/p>\n\n\n\n
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