La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) asegur\u00f3 que cuenta con garant\u00edas constitucionales e internacionales que respaldan su continuidad y manifest\u00f3 su disposici\u00f3n para mantener un di\u00e1logo institucional con el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la implementaci\u00f3n del Acuerdo Final de Paz.<\/p>\n\n\n\n
El pronunciamiento se produjo luego de que De la Espriella cuestionara el papel de la JEP tras la autorizaci\u00f3n concedida al excomandante de las extintas Farc, Rodrigo Londo\u00f1o, para viajar a Espa\u00f1a. El mandatario electo anunci\u00f3 adem\u00e1s que buscar\u00e1 que Londo\u00f1o sea enviado a prisi\u00f3n y plante\u00f3 una reestructuraci\u00f3n institucional que contempla la eliminaci\u00f3n de varias entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz.<\/p>\n\n\n\n
Frente a estas declaraciones, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirm\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n cuenta con un \u00abblindaje constitucional e internacional\u00bb que garantiza su permanencia. Explic\u00f3 que, adem\u00e1s de las disposiciones constitucionales, el cumplimiento del Acuerdo Final es objeto de seguimiento por parte de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y record\u00f3 que cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil solicitaron mantener ese monitoreo. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que la JEP est\u00e1 respaldada por compromisos internacionales asumidos por Colombia ante la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n
A las reacciones se sum\u00f3 la defensora del Pueblo, Iris Mar\u00edn, quien defendi\u00f3 el marco jur\u00eddico del proceso de paz y record\u00f3 que Rodrigo Londo\u00f1o comparece ante la JEP para responder por presuntos cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad, adem\u00e1s de cumplir las sanciones restaurativas previstas en el Acuerdo Final. La funcionaria enfatiz\u00f3 que dicho acuerdo constituye una obligaci\u00f3n constitucional para el Estado y que todas las autoridades p\u00fablicas deben respetar los compromisos adquiridos, independientemente de sus posturas pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la directora de la Agencia para la Reincorporaci\u00f3n y la Normalizaci\u00f3n (ARN), Alejandra Miller, afirm\u00f3 que el Acuerdo Final es un compromiso del Estado colombiano y no de un gobierno en particular, por lo que su cumplimiento tiene car\u00e1cter obligatorio. Indic\u00f3 que el 85 % de los firmantes contin\u00faa vinculado a los procesos de reincorporaci\u00f3n y advirti\u00f3 que garantizar el acceso a proyectos productivos, tierra, vivienda y formaci\u00f3n es fundamental para evitar la repetici\u00f3n del conflicto armado. Estas declaraciones se producen luego de que el presidente electo anunciara la eliminaci\u00f3n de la Consejer\u00eda para la Reconciliaci\u00f3n Nacional, la Consejer\u00eda Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementaci\u00f3n del Acuerdo Final, cuyas funciones ser\u00edan trasladadas a otras entidades. En medio de este escenario, integrantes del antiguo secretariado de las Farc enviaron una carta a De la Espriella expresando su disposici\u00f3n a mantener un di\u00e1logo institucional cuando el Acuerdo de Paz est\u00e1 pr\u00f3ximo a cumplir diez a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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