La Defensor\u00eda del Pueblo, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n presentaron ante el Congreso de la Rep\u00fablica un informe sobre los principales rezagos en la implementaci\u00f3n de la Ley de V\u00edctimas y los Decretos Ley \u00c9tnicos, cuando se cumplen 15 a\u00f1os de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011. Las entidades advirtieron dificultades en \u00e1reas como la indemnizaci\u00f3n, la reparaci\u00f3n colectiva, el acceso a vivienda, la generaci\u00f3n de ingresos y el fortalecimiento institucional, mientras contin\u00faan las afectaciones del conflicto armado en diferentes regiones del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El D\u00e9cimo Tercer Informe de Seguimiento a la Ley de V\u00edctimas se\u00f1ala que, desde su implementaci\u00f3n, la pol\u00edtica p\u00fablica ha ejecutado $265,2 billones y ha registrado avances normativos e institucionales en materia de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la disponibilidad de recursos, la oportunidad en su ejecuci\u00f3n y la capacidad de las entidades para medir el impacto de las acciones desarrolladas.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los principales llamados de atenci\u00f3n est\u00e1 relacionado con el deterioro de la situaci\u00f3n humanitaria. Durante 2025, un total de 83.874 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos, cifra que representa un aumento del 68 % frente a 2024. Adem\u00e1s, con corte al 31 de marzo de 2026, permanec\u00edan activas 130 Alertas Tempranas de la Defensor\u00eda del Pueblo, que advert\u00edan riesgos para la poblaci\u00f3n en 421 municipios y 15 \u00e1reas no municipalizadas.<\/p>\n\n\n\n
A las dificultades de seguridad se suman las condiciones econ\u00f3micas que enfrentan las v\u00edctimas. El informe establece que el 41,2 % de esta poblaci\u00f3n se encuentra en situaci\u00f3n de pobreza monetaria y el 17,4 % en pobreza extrema. Asimismo, m\u00e1s de 5,1 millones de v\u00edctimas no han logrado superar las dificultades para generar ingresos, una situaci\u00f3n que contin\u00faa representando una barrera para alcanzar una reparaci\u00f3n integral y mejorar sus condiciones de vida.<\/p>\n\n\n\n
La indemnizaci\u00f3n administrativa sigue siendo uno de los principales retos de la pol\u00edtica de reparaci\u00f3n. Desde 2011 se han entregado cerca de 1,95 millones de indemnizaciones, equivalentes al 24,7 % de las v\u00edctimas susceptibles de recibir esta medida. De mantenerse el ritmo actual, el informe estima que ser\u00edan necesarios alrededor de 31,5 a\u00f1os para atender a las personas que a\u00fan se encuentran pendientes de recibir esta reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n tambi\u00e9n presenta importantes rezagos en materia de reparaci\u00f3n colectiva. De los 1.292 sujetos que se encontraban en ruta de reparaci\u00f3n, apenas el 5 % hab\u00eda culminado su Plan Integral de Reparaci\u00f3n Colectiva con corte a marzo de 2026. Las entidades tambi\u00e9n identificaron brechas en el acceso de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de g\u00e9nero no hegem\u00f3nicas a diferentes medidas de reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El informe advierte, adem\u00e1s, sobre las limitaciones de las entidades territoriales para implementar de manera efectiva la pol\u00edtica p\u00fablica. Seg\u00fan los organismos de control, el 46 % de los municipios del pa\u00eds presenta una necesidad alta o muy alta de fortalecimiento institucional, situaci\u00f3n que afecta su capacidad para garantizar los derechos y la atenci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
El panorama es particularmente complejo para los pueblos ind\u00edgenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom. El XIV Informe de Seguimiento advierte que las acciones de los grupos armados ilegales contin\u00faan afectando la movilidad de estas comunidades, sus procesos de retorno, sus derechos territoriales y el acceso a las medidas de reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El 36,5 % de la poblaci\u00f3n ind\u00edgena del pa\u00eds se encuentra inscrita en el Registro \u00danico de V\u00edctimas, frente a un promedio nacional del 19 %. En el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, la proporci\u00f3n asciende al 37 %. Entre 2023 y 2025, la Unidad para las V\u00edctimas report\u00f3 643 emergencias masivas, de las cuales 291 afectaron a poblaci\u00f3n ind\u00edgena y afrocolombiana, equivalente al 45 % del total. Choc\u00f3, Nari\u00f1o, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare figuran entre los departamentos con mayores afectaciones.<\/p>\n\n\n\n
Ante este panorama, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Contralor\u00eda y la Procuradur\u00eda insistieron en la necesidad de acelerar la implementaci\u00f3n de las medidas de atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n, fortalecer la coordinaci\u00f3n entre las instituciones y mejorar las capacidades de los territorios. Las entidades consideraron que la aplicaci\u00f3n de la Ley 2421 de 2024 ser\u00e1 determinante para enfrentar los rezagos acumulados y responder a las nuevas din\u00e1micas del conflicto armado que contin\u00faan afectando a las v\u00edctimas en distintas regiones del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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