El Gobierno nacional anunci\u00f3 que busca modificar el proceso de consulta previa con el prop\u00f3sito de agilizar proyectos de infraestructura que actualmente enfrentan demoras por los tr\u00e1mites. El vocero de la Presidencia, Miller Soto, explic\u00f3 que la consulta previa no ser\u00e1 eliminada, sino transformada para hacerla m\u00e1s clara, eficiente y garantista, manteniendo el derecho de las comunidades a participar cuando un proyecto pueda generarles una afectaci\u00f3n directa.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta plantea diferenciar y, al mismo tiempo, permitir que avancen de manera simult\u00e1nea los procesos de consulta previa y de licencia ambiental. Mientras la autoridad ambiental eval\u00faa los posibles impactos sobre r\u00edos, bosques, fauna, suelo y ecosistemas, la autoridad competente en consulta previa determinar\u00eda si existe una afectaci\u00f3n directa a comunidades ind\u00edgenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM.<\/p>\n\n\n\n
Soto se\u00f1al\u00f3 que el objetivo es reducir la burocracia y los tiempos de los tr\u00e1mites, pero aclar\u00f3 que una licencia ambiental no podr\u00e1 utilizarse como autorizaci\u00f3n para desconocer los derechos de las comunidades. En caso de existir una afectaci\u00f3n directa, las obras materiales en el territorio no podr\u00e1n ejecutarse hasta que se hayan cumplido las garant\u00edas correspondientes de la consulta previa.<\/p>\n\n\n\n
Entre los cambios planteados tambi\u00e9n se contempla mejorar los mecanismos de informaci\u00f3n y publicidad, fortalecer la participaci\u00f3n de las comunidades, garantizar la posibilidad de presentar recursos y aumentar la trazabilidad y los controles sobre el procedimiento. Seg\u00fan el Gobierno, estas medidas permitir\u00edan destrabar proyectos sin eliminar las garant\u00edas de participaci\u00f3n de las poblaciones que puedan resultar directamente afectadas.<\/p>\n\n\n\n
Como ejemplo reciente, el vocero presidencial mencion\u00f3 el caso del Terminal Muelle 13 del Puerto de Buenaventura, frente al cual la Autoridad Nacional de Consulta Previa determin\u00f3 el 31 de agosto de 2026 que, dadas las caracter\u00edsticas del proyecto, no proced\u00eda realizar una consulta previa. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo busca precisamente establecer con mayor claridad cu\u00e1ndo este mecanismo es necesario y permitir que los proyectos avancen sin desconocer los derechos de las comunidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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