El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San Jos\u00e9 del Guaviare admiti\u00f3 una acci\u00f3n de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo S\u00e1nchez para proteger los derechos fundamentales de ni\u00f1os y adolescentes v\u00edctimas de reclutamiento forzado en el departamento. Como medida provisional, el despacho orden\u00f3 suspender temporalmente los bombardeos contra objetivos militares cuando exista informaci\u00f3n de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de menores de edad que puedan resultar afectados en su vida o integridad f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n
La medida estar\u00e1 vigente mientras el juzgado adopta una decisi\u00f3n de fondo sobre la tutela. El despacho explic\u00f3 que su decisi\u00f3n tiene un car\u00e1cter preventivo, al considerar que no puede descartarse el riesgo de que un ni\u00f1o o adolescente reclutado por un grupo armado resulte muerto o herido durante una operaci\u00f3n militar. Para el juez, una eventual afectaci\u00f3n de la vida o integridad de un menor constituir\u00eda un da\u00f1o irreversible que no podr\u00eda ser reparado posteriormente mediante una decisi\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n
Entre los elementos analizados, el juzgado tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad fallecidos durante operaciones militares. En el auto se cita informaci\u00f3n de Medicina Legal seg\u00fan la cual, desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos en diferentes operaciones y los an\u00e1lisis forenses determinaron que 15 correspond\u00edan a ni\u00f1os o adolescentes. No obstante, el despacho aclar\u00f3 que la decisi\u00f3n no implica la suspensi\u00f3n total de los bombardeos ni significa que toda operaci\u00f3n militar en la que pueda haber menores sea autom\u00e1ticamente ilegal, pues se trata de una medida excepcional, temporal y limitada a las circunstancias establecidas en la orden.<\/p>\n\n\n\n
Como parte del tr\u00e1mite, el juez orden\u00f3 al Ministerio de Defensa, el Ej\u00e9rcito, la Fuerza A\u00e9rea y el ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen sobre las medidas y protocolos implementados para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares. Las entidades tambi\u00e9n deber\u00e1n explicar c\u00f3mo verifican la informaci\u00f3n de inteligencia sobre ni\u00f1os y adolescentes reclutados, c\u00f3mo eval\u00faan los riesgos para la poblaci\u00f3n civil antes de las operaciones a\u00e9reas y qu\u00e9 mecanismos aplican para garantizar una protecci\u00f3n especial a esta poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las dem\u00e1s entidades vinculadas tendr\u00e1n igualmente 48 horas para responder los hechos expuestos en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias. El proceso continuar\u00e1 con la participaci\u00f3n de organismos como la Procuradur\u00eda, la Defensor\u00eda del Pueblo, personer\u00edas municipales, autoridades ind\u00edgenas y organizaciones campesinas del Guaviare, adem\u00e1s de entidades internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF. Mientras se analiza toda la informaci\u00f3n y se adopta una decisi\u00f3n definitiva, la orden de suspender determinados bombardeos se mantendr\u00e1 como una medida provisional para prevenir posibles afectaciones a ni\u00f1os y adolescentes.<\/p>\n\n\n\n
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