La Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026 establece las condiciones jur\u00eddicas para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales entreguen sus armas, se sometan a la Constituci\u00f3n y la ley y avancen hacia la legalidad. La normativa modifica disposiciones de la Ley 418 de 1997 y contempla beneficios judiciales y programas de reincorporaci\u00f3n, condicionados al cumplimiento de compromisos verificables con el Estado y a la garant\u00eda de los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
El proceso podr\u00e1 desarrollarse de manera individual o colectiva. En este \u00faltimo caso, tendr\u00e1 una primera etapa administrativa, bajo responsabilidad del Gobierno, que deber\u00e1 recibir las solicitudes y establecer las condiciones del sometimiento. Entre los compromisos exigidos est\u00e1n la entrega de armas, municiones y explosivos, la identificaci\u00f3n de bienes provenientes de actividades ilegales, la informaci\u00f3n sobre personas desaparecidas y secuestradas y la ubicaci\u00f3n de zonas contaminadas con minas antipersonal. Esta fase tendr\u00e1 una duraci\u00f3n m\u00e1xima de tres meses, prorrogable una sola vez por un periodo igual.<\/p>\n\n\n\n
Una vez suscrita el acta de sometimiento, comenzar\u00e1 la etapa judicial, en la que las autoridades determinar\u00e1n las responsabilidades individuales y evaluar\u00e1n los aportes a la verdad. La ley contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas acumuladas, dependiendo de la colaboraci\u00f3n con la justicia, la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas y la contribuci\u00f3n al desmantelamiento de las organizaciones. Para quienes hayan ejercido funciones de mando o liderazgo, la reducci\u00f3n ser\u00e1 del 30 %. Tambi\u00e9n se establece la posibilidad de acceder a libertad condicional despu\u00e9s de cumplir las cuatro quintas partes de la condena, siempre que se acrediten los requisitos legales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, los beneficios no ser\u00e1n autom\u00e1ticos. Los sometidos deber\u00e1n reconocer su responsabilidad, entregar informaci\u00f3n completa y verificable sobre los delitos, abstenerse de cometer nuevas conductas criminales y aportar informaci\u00f3n sobre las fuentes de financiaci\u00f3n, redes de apoyo y bienes obtenidos ilegalmente. Los antiguos mandos deber\u00e1n cumplir al menos diez a\u00f1os de privaci\u00f3n efectiva de la libertad. Esta misma exigencia se aplicar\u00e1 a quienes hayan tenido un papel determinante en el reclutamiento de menores, mientras que las personas condenadas por reclutamiento il\u00edcito o utilizaci\u00f3n de menores en delitos no podr\u00e1n acceder al tratamiento penal diferenciado.<\/p>\n\n\n\n
La normativa tambi\u00e9n crea los Programas de Tr\u00e1nsito a la Legalidad, que contemplan formaci\u00f3n laboral, educaci\u00f3n superior, acompa\u00f1amiento psicosocial y oportunidades de empleo, bajo la coordinaci\u00f3n de la Agencia para la Reincorporaci\u00f3n y la Normalizaci\u00f3n, junto con otras entidades estatales. Adem\u00e1s, establece garant\u00edas especiales para v\u00edctimas de violencia sexual y de g\u00e9nero, as\u00ed como medidas de protecci\u00f3n y atenci\u00f3n integral para ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes reclutados o utilizados por organizaciones ilegales. La ley tendr\u00e1 una vigencia de cuatro a\u00f1os, durante los cuales el Ministerio de Justicia deber\u00e1 presentar informes anuales al Congreso sobre su implementaci\u00f3n y resultados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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