El gerente general del Banco de la Rep\u00fablica, Leonardo Villar, solicit\u00f3 a la Corte Constitucional una serie de aclaraciones sobre la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional, en caso de que sea declarada exequible. La petici\u00f3n fue dirigida al magistrado ponente y presidente de la Corte, Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez.<\/p>\n\n\n\n
El Banco busca precisar la fecha exacta en la que entrar\u00eda en vigor la nueva ley y el Sistema de Protecci\u00f3n Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte por origen com\u00fan. Esto, debido a que la normativa asigna al emisor la responsabilidad de administrar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), una \u201ccuenta especial\u201d que financiar\u00e1 las pensiones del componente de prima media.<\/p>\n\n\n\n
Dicho fondo recibir\u00e1 los aportes de los trabajadores afiliados y ser\u00e1 clave para garantizar la sostenibilidad del nuevo sistema. Sin embargo, para asumir esta tarea, el Banco debe conocer con claridad los tiempos legales y la reglamentaci\u00f3n que debe expedir el Gobierno nacional.<\/p>\n\n\n\n
Entre las inquietudes planteadas por la entidad est\u00e1n: la fecha precisa de entrada en vigencia de la Ley 2381, si es posible diferir la implementaci\u00f3n del sistema, y si se puede otorgar un plazo adicional.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, el Banco pidi\u00f3 que se considere una entrada en vigor del Sistema de Protecci\u00f3n Social tres meses despu\u00e9s de publicada la eventual sentencia de exequibilidad. Este tiempo, seg\u00fan el emisor, es necesario para adelantar la reactivaci\u00f3n de procesos operativos y de contrataci\u00f3n vinculados al manejo del FAPC.<\/p>\n\n\n\n
Aunque la C\u00e1mara de Representantes ya corrigi\u00f3 los vicios de tr\u00e1mite de la ley, la Corte a\u00fan no se ha pronunciado, pues sigue a la espera del informe que debe remitir dicha corporaci\u00f3n legislativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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