La nueva intervenci\u00f3n forzosa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Nueva EPS dej\u00f3 en evidencia el agravamiento de su crisis estructural desde la primera medida aplicada en abril de 2024. Lejos de mejorar, los indicadores financieros muestran un deterioro progresivo que pone en duda la viabilidad de la entidad, que atiende a cerca de 11,5 millones de afiliados.<\/p>\n\n\n\n
Al inicio de la intervenci\u00f3n, la EPS ya registraba un d\u00e9ficit de $1,25 billones en capital m\u00ednimo y de $2,43 billones en patrimonio adecuado, adem\u00e1s de un faltante de $2,97 billones en reservas t\u00e9cnicas. A esto se sumaron problemas de transparencia en la informaci\u00f3n financiera, como la no aprobaci\u00f3n de los estados de 2023 y la ausencia de reportes oficiales desde marzo de 2024, lo que dificult\u00f3 dimensionar la magnitud real de la crisis.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los puntos m\u00e1s cr\u00edticos ha sido el colapso en el procesamiento de cuentas m\u00e9dicas. Mientras al inicio se acumulaban facturas por $5,7 billones, a finales de 2025 la cifra ascendi\u00f3 a $14,9 billones, con m\u00e1s de 14,2 millones de cuentas represadas.<\/p>\n\n\n\n
Este rezago impact\u00f3 directamente a la red de salud. Las deudas con cl\u00ednicas, hospitales y proveedores crecieron un 24% en menos de un a\u00f1o, pasando de $18,38 billones en diciembre de 2024 a $26,09 billones en noviembre de 2025. Seg\u00fan la Superintendencia, esto obedece a fallas en el procesamiento oportuno de cuentas, debilidades en los mecanismos de pago y falta de control en la ejecuci\u00f3n de contratos.<\/p>\n\n\n\n
Como consecuencia, aumentaron las restricciones en la atenci\u00f3n a los afiliados, con suspensi\u00f3n de servicios no urgentes en varias instituciones y un incremento del 37% en las quejas por falta de pago.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n evidenci\u00f3 que la EPS recurri\u00f3 masivamente a anticipos para sostener el flujo de recursos, los cuales crecieron 115% hasta alcanzar $17,1 billones, sin lograr solucionar los problemas de fondo relacionados con la legalizaci\u00f3n de pagos y conciliaci\u00f3n de deudas.<\/p>\n\n\n\n
El deterioro financiero se traslad\u00f3 a la calidad del servicio, con fallas en la red de atenci\u00f3n, demoras en citas especializadas, dificultades en la entrega de medicamentos y resultados deficientes en programas de vacunaci\u00f3n, control de enfermedades cr\u00f3nicas y detecci\u00f3n temprana de c\u00e1ncer.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la Superintendencia advirti\u00f3 un aumento sostenido en las reclamaciones de los usuarios, con un crecimiento anual del 14,25% y una tasa de quejas superior al promedio nacional, lo que refleja problemas persistentes en la oportunidad y acceso a los servicios.<\/p>\n\n\n\n
Ante este panorama, el interventor designado, Jorge Iv\u00e1n Ospina, deber\u00e1 liderar un plan para recuperar la solvencia de la entidad, que incluye estrategias de capitalizaci\u00f3n, cumplimiento de reservas t\u00e9cnicas y acuerdos con acreedores bajo el marco legal vigente.<\/p>\n\n\n\n
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