«La Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó cuatro puntos de velocidad en Aipe», dijo la Alcaldía de Aipe a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal en entrevista con LUCHO NOTICIAS.

El alcalde Luis Ángel Ramírez Vargas a través de la secretaria de tránsito, María Ximena Martin Charry, despeja las dudas por el proyecto de instalaciones de fotomultas qué ha causado polémica en la comunidad.

¿Cuáles son los estudios técnicos y las cifras de accidentalidad que justifican la instalación de estas cámaras?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) autorizó cuatro puntos de control de velocidad en Aipe mediante las Resoluciones 1090 del 23 de septiembre, 1101 y 1103 del 29 de septiembre, y 1415 del 19 de diciembre de 2025.

Lo hizo después de evaluar estudios de velocidad, siniestralidad y usuarios vulnerables. En los cuatro puntos, la ANSV calificó el nivel de riesgo como “intolerable”. Estas son las mediciones que constan en las resoluciones.

En el sector del PR 26, donde el límite es de 80 km/h: en el PR 26+200, sentido norte–sur, el 75 % de los conductores superó ese límite; en el PR 26+800, sentido sur–norte, lo superó el 73 %, con velocidades de operación de 116 km/h. En el sector del PR 38, donde el límite es de 60 km/h: en el PR 38+980 lo superó el 65 % de los conductores, y en el PR 38+840, sentido sur–norte, el 83 %.
En el sector del PR 26 los estudios registraron además siniestros graves, incluidos accidentes con personas fallecidas, y un tránsito semanal de entre 18.200 y 18.600 usuarios, de los cuales entre 5.100 y 5.500 son motociclistas que comparten la vía con vehículos de carga pesada, en una zona con retornos y accesos a fincas. Los estudios identifican a los motociclistas como los usuarios más expuestos.

Los límites de velocidad no los fija la Alcaldía, resultan de la metodología oficial del Ministerio de Transporte y quedaron fijados en cada resolución de la ANSV. Con tres de cada cuatro conductores por encima del límite, y motociclistas y carga pesada en el mismo espacio, cualquier error puede costar una vida. Ese es el problema que buscamos resolver. Creemos que, si logramos comenzar a transmitir estos conocimientos en edades

¿Por qué su administración interpuso una tutela contra la ANI y cuál es la actuación para poner en marcha los trámites pendientes?

El 12 de agosto de 2026 la ANI concedió, mediante la Resolución 20263040010905, un permiso temporal para intervenir la vía en el sector del PR 26, que cubre dos de los cuatro puntos. Ese permiso está condicionado, las obras solo pueden empezar cuando la ANI apruebe las pólizas.

El 22 de septiembre el municipio radicó las pólizas corregidas según las observaciones de la ANI (radicado 20264091234882).
Pasó un mes sin respuesta de fondo y el trámite quedó detenido. Toda entidad, como todo ciudadano, tiene derecho a que la administración decida, sea a favor o en contra. Por eso la Secretaría de Tránsito presentó una tutela el 22 de octubre.
El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, en sentencia del 4 de noviembre de 2026 (radicado 41001-3333-010-2026-00327-00), protegió el debido proceso del municipio porque la ANI no justificó su demora, y le ordenó pronunciarse de fondo en 48 horas.
El juez no ordenó aprobar las pólizas: esa decisión sigue siendo de la ANI, y la respetamos. Los pasos que siguen son, en este orden: aprobación de las pólizas, firma del acta de inicio, obras de instalación y señalización, calibración certificada de los equipos y registro del inicio de operación ante la ANSV.

Para los dos puntos del sector del PR 38 todavía falta el permiso de la ANI. Ni la tutela ni ningún trámite permite por sí solo imponer un comparendo; antes del primero tendrán que estar cumplidos todos esos pasos, además de la señalización y el periodo pedagógico.

¿Quién operará y administrará estos dispositivos? ¿Será el municipio o un operador privado, y qué participación tiene?

Los equipos se operan a través de la Gestora Municipal de Tránsito de Aipe, una sociedad de economía mixta en la que el municipio tiene el 30 % y un socio privado el 70 %.
El socio privado pone la tecnología y asume su costo y el del soporte técnico. Lo que el socio privado no puede hacer es decidir sobre las multas. Una cámara no impone multas: registra un hecho.

Revisar cada registro, expedir el comparendo, adelantar el proceso y sancionar son funciones exclusivas de la autoridad de tránsito del municipio, y la ley prohíbe entregarlas a particulares.
Sobre el dinero, la regla es clara: la Ley 1843 de 2017 dispone que la remuneración del privado por su inversión no puede superar el 10 % del recaudo, y como Alcalde no voy a permitir que esa cifra se supere por ningún concepto.

El resto ingresa al presupuesto municipal y solo puede invertirse en seguridad vial. Este modelo no se diseñó en esta administración: la sociedad fue autorizada por el Acuerdo 006 de 2019, tuvo el aval del COMFIS mediante el Acta 011 de junio de 2019 y se formalizó con el Decreto 052 del 18 de junio de 2021. Nuestra responsabilidad es que funcione dentro de la ley.

¿Cómo se manejan los recursos recaudados por multas y en qué se deben invertir según la ley?

Lo que se recaude no es plata de libre uso. Primero se descuentan los porcentajes que la ley asigna por fuera del municipio, como el que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios por el SIMIT, y la remuneración del socio privado, que no puede superar el 10 %. El resto ingresa al presupuesto municipal.

Ese dinero tiene destinación específica. El artículo 160 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 306 de la Ley 1955 de 2019, obliga a invertirlo en el sector movilidad: planes de tránsito, educación vial, dotación de equipos y seguridad vial.
No puede usarse para otros fines. Todo quedará en el presupuesto, a la vista de la ciudadanía, el Concejo y la Contraloría. Además, cada año publicaremos cuánto se recaudó, en qué se invirtió y cómo cambió la accidentalidad en los puntos con cámaras. Para nosotros el éxito no se mide en lo que se recauda, sino en que bajen los siniestros.

¿Qué socialización, periodo pedagógico y señalización habrá antes de imponer sanciones?

Nadie recibirá una multa sin haber sido avisado. Antes de encender los equipos se instalarán las señales de velocidad máxima y las de aviso de detección electrónica a 500 metros, a 250 metros y en el punto de inicio, y publicaremos la ubicación exacta de cada equipo. Cuando empiecen a operar, habrá un periodo pedagógico de quince días.

Durante ese tiempo, quien supere el límite no recibirá comparendo ni multa, sino un aviso informativo para que conozca el límite y corrija su conducta. Al mismo tiempo haremos jornadas de cultura vial con motociclistas, transportadores y la comunidad También queremos que todos conozcan sus derechos.

La orden de comparendo se notifica dentro de los tres días hábiles siguientes a su validación. La persona puede comparecer de forma virtual.

Y el propietario de un vehículo no responde automáticamente por la infracción que cometa otro conductor, como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C-038 de 2020.