La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) reveló que entre 2020 y 2025 se han registrado más de 17 mil denuncias ambientales en el Huila. El informe evidencia que la tala ilegal de árboles y la captación irregular de agua son las infracciones más recurrentes en el departamento, afectando de manera significativa los ecosistemas locales.
El aprovechamiento ilegal de los bosques encabeza la lista con 7.200 casos, equivalentes al 42% del total de denuncias, e incluye prácticas como la tala sin permiso, la quema de coberturas vegetales y el comercio no autorizado de productos forestales.
De acuerdo con Juan Carlos Ortiz, subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, estas cifras reflejan dos realidades: por un lado, la persistencia de afectaciones al medio ambiente, y por otro, el creciente compromiso ciudadano por denunciar y proteger el patrimonio natural del Huila.
“Esto demuestra avances en la denuncia ciudadana y un reto para la Corporación en la atención de los casos, reflejando la confianza de la comunidad en la institución”, señaló el funcionario.
El recurso hídrico ocupa el segundo lugar entre las infracciones, con 5.523 casos (32%), relacionados con captaciones ilegales, contaminación por vertimientos, afectaciones a rondas de ríos y ocupaciones de cauces sin permiso. La problemática es especialmente crítica en el norte del departamento, donde la demanda de agua para actividades agropecuarias aumenta durante las temporadas secas.
Las afectaciones a la fauna silvestre registraron 2.169 denuncias (13%), en su mayoría por tenencia y tráfico ilegal de especies, mientras que las infracciones al suelo sumaron 1.606 casos (9%) y las relacionadas con el aire, 297 (2%).
El análisis territorial muestra que el sur del Huila concentra la mayor cantidad de reportes con 7.445 denuncias (44%), seguidas por el norte con 4.798 (28%), el centro con 3.160 (19%) y el occidente con 1.634 (10%).
Desde la CAM se insistió en fortalecer el control, la educación ambiental y la articulación interinstitucional como estrategias clave para reducir las infracciones y consolidar una cultura de respeto por los recursos naturales.
