El gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció un plan de rescate para el sistema de salud que contempla la movilización de hasta 10 billones de pesos durante los primeros 90 días de mandato. La estrategia busca atender la crisis que enfrenta el sector, estabilizar sus finanzas y garantizar la continuidad en la atención de millones de pacientes.

El anuncio fue realizado por Iván Sánchez, vocero del equipo de salud del gobierno entrante, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas. El funcionario explicó que los primeros reportes del proceso de empalme muestran un panorama crítico, con cientos de miles de pacientes que tendrían tratamientos pendientes, entre ellos personas con cáncer, enfermedades crónicas y pacientes trasplantados que podrían enfrentar interrupciones en el suministro de medicamentos. No obstante, aclaró que estas cifras aún deberán ser verificadas mediante auditorías.

Como primera medida, el Ejecutivo destinará hasta 4 billones de pesos para saldar deudas urgentes y el pago de nóminas atrasadas en hospitales y clínicas. Otros 3 billones estarán dirigidos a garantizar la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos médicos, mientras que 2 billones se invertirán en reducir la lista de espera de pacientes con enfermedades de alto costo. El billón de pesos restante será utilizado para atender otras necesidades prioritarias del sistema. Según Sánchez, todos los desembolsos estarán sujetos a auditorías, cronogramas públicos y mecanismos de seguimiento que permitan garantizar la transparencia en el uso de los recursos.

El vocero también confirmó que el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional de concertación con la participación del Gobierno, EPS, IPS, ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, proveedores, representantes de los pacientes y sociedades científicas. El objetivo será establecer una metodología para depurar las deudas acumuladas entre 2022 y 2026, diferenciando las obligaciones plenamente certificadas de aquellas que presentan inconsistencias, están en litigio o carecen de los soportes necesarios.

En materia de financiación, el nuevo gobierno aseguró que garantizará el giro oportuno de los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y a los presupuestos máximos, separando la atención de la deuda histórica del funcionamiento corriente del sistema. Además, a partir del 7 de agosto se instalará una mesa técnica para definir la UPC de 2027 con base en criterios como la carga real de enfermedad, el envejecimiento de la población, la ruralidad y los costos efectivos de prestación de los servicios. Incluso, no se descartó un ajuste extraordinario para la UPC de 2026, siempre que exista sustento técnico y disponibilidad de recursos.

Sánchez afirmó que la recuperación del sistema de salud requerirá el compromiso de todos los actores del sector. En ese sentido, señaló que el Gobierno liderará la coordinación y financiación del plan de rescate, mientras que EPS, IPS, la industria farmacéutica, los profesionales de la salud y las sociedades científicas deberán fortalecer la transparencia, garantizar la continuidad de la atención y contribuir a la estabilización del sistema sanitario del país.