El Gobierno Nacional eliminó los subsidios al diésel utilizado en quemadores industriales mediante el Decreto 0268 de 2026, con el objetivo de proteger la sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

La medida establece que los combustibles derivados del petróleo usados como materia prima para producir otros energéticos no podrán acceder al mecanismo de estabilización, cerrando así el acceso a estos beneficios para procesos industriales.

Según el Ejecutivo, la decisión busca garantizar que los recursos del FEPC cumplan su finalidad: proteger a los consumidores finales frente a las variaciones internacionales en los precios de los combustibles, evitando que los subsidios terminen favoreciendo eslabones intermedios de la producción.

El Gobierno también advirtió sobre un fuerte incremento en el consumo de diésel para uso industrial, que pasó de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones en 2024, generando presiones fiscales sobre el fondo.

Entre enero y abril de 2025, este tipo de consumo representó un impacto cercano a $131.000 millones, lo que llevó a la adopción de medidas para mejorar la focalización de los subsidios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la decisión apunta a un uso responsable de los recursos públicos y reiteró que el FEPC debe destinarse a estabilizar los precios para los ciudadanos, no a subsidiar procesos industriales que no benefician directamente al consumidor final.