El presidente Iván Duque sancionó la ley de desconexión laboral el pasado 6 de enero. Con su firma hizo oficial la entrada en vigor de la norma aprobada en el Congreso en noviembre de 2021, la cual busca que los trabajadores o servidores públicos puedan disfrutar plenamente de su tiempo de descanso y balancear así su vida personal y familiar con la laboral.
El documento que le da vida a la ley es claro en que será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra de la misma o desmejore esta garantía. No obstante, el ejercicio de esta disposición depende de la naturaleza del cargo, y si es privado o público. Por ello, en su trámite en el Congreso, los legisladores incluyeron unas excepciones en las cuales no aplica la norma.
Quienes desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo no están sujetos a la ley de desconexión laboral. Tampoco las personas que, por la actividad o función que desempeñan, deban estar en conexión permanente, como la Fuerza Pública y los organismos de socorro, personal que debe responder a imprevistos de último minuto. Finalmente, tampoco se acogen a esta legislación las situaciones de fuerza mayor, necesarias para dar continuidad a un servicio o para solucionar imprevistos urgentes “siempre y cuando se justifique la inexistencia de otra alternativa viable”, dice el artículo seis del documento.
