La polémica en torno a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), continúa creciendo tras conocerse denuncias sobre presunta ayuda recibida para refugiarse en Nicaragua, pese a tener cuentas pendientes con la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La controversia estalló luego de que el exministro de Justicia y precandidato presidencial, Wilson Ruiz, denunciara ante la Corte Suprema de Justicia a la excanciller Laura Sarabia y al exembajador en Managua, León Fredy Muñoz, por supuestamente haber facilitado el asilo del exfuncionario.
De acuerdo con Ruiz, desde el Gobierno se habría montado una operación diplomática para proteger a González, requerido por corrupción y con orden de captura vigente. Según la denuncia, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada en Nicaragua habrían intervenido para garantizar su permanencia en ese país bajo amparo diplomático. Ruiz calificó este hecho como una “vergüenza nacional”, al advertir que usar la diplomacia para encubrir a un prófugo convierte a la política exterior en cómplice de la corrupción.
La denuncia incluye presuntos delitos de favorecimiento, fraude a resolución judicial y traición diplomática, y pide a la Corte Suprema investigar sin dilaciones. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro respondió desde el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, asegurando que no protege “amigotes que se roban la plata” y recalcó que siempre ha pedido cárcel para quienes cometen actos de corrupción. Petro también aclaró que el exembajador Muñoz terminó su gestión antes de que González fuera requerido por la justicia.
Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que González fue el líder de una red de sobornos a congresistas para agilizar las reformas sociales del Gobierno. Según la investigación, habría gestionado, a través de Olmedo López, pagos por más de $4.000 millones a expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, hoy detenidos en La Picota.
La audiencia sobre el caso continúa, y podría derivar en una orden de captura contra González, la cual, de confirmarse, sería notificada a Interpol. El proceso judicial fue aplazado y se reanudará de manera virtual el próximo martes 17 de junio.
