El exfiscal Eduardo Montealegre aseguró que la política de paz total no puede ser desmontada de manera unilateral por el presidente electo Abelardo De La Espriella, al considerar que fue consolidada como una política de Estado y no únicamente como una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro.

Según explicó, la Constitución establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, por lo que las autoridades tienen la obligación de privilegiar las soluciones negociadas frente a la confrontación armada. En ese sentido, sostuvo que un eventual decreto para poner fin a los procesos de paz sería contrario al ordenamiento constitucional.

«Las decisiones sobre la paz no dependen de las posturas del presidente de la República. La paz total quedó establecida como una política de Estado. El presidente electo no podría, vía decreto, terminar un proceso de paz porque sería inconstitucional», afirmó Montealegre.

El exfiscal también se refirió al anuncio de De La Espriella de otorgar un plazo a los grupos armados ilegales para organizar su sometimiento a la justicia. A su juicio, esa propuesta debe analizarse dentro del marco constitucional, ya que el Estado colombiano tiene el deber de buscar salidas negociadas al conflicto antes de optar por otras alternativas.