La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la aplicación de la Ley de Amnistía “llega a su fin”, apenas dos meses después de su aprobación, pese a que organizaciones no gubernamentales aseguran que aún permanecen al menos 473 presos políticos en el país.

La mandataria no precisó el alcance de esta decisión ni explicó cómo se implementará el cierre del proceso. Sin embargo, indicó que los casos excluidos de la normativa podrán ser atendidos a través de otros mecanismos institucionales, como programas gubernamentales y una comisión creada para reformar la justicia penal.

Rodríguez defendió los resultados de la medida y aseguró que ha tenido una amplia cobertura en términos de beneficiarios, a pesar de las críticas. De acuerdo con cifras oficiales divulgadas previamente, más de 8.600 personas fueron amnistiadas, entre ellas cientos que se encontraban privadas de la libertad, mientras que el resto tenía medidas cautelares.

No obstante, persisten cuestionamientos por la falta de información detallada sobre los beneficiados, ya que no se ha publicado un listado oficial con sus identidades, pese a solicitudes de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según la ONG Foro Penal, menos del 25 % de las excarcelaciones registradas en lo corrido del año estarían relacionadas directamente con la Ley de Amnistía, lo que pone en duda su impacto real. Además, la normativa establece que quienes reincidan en delitos posteriores a su entrada en vigencia podrán ser procesados nuevamente.

La administración también puso en marcha una comisión encargada de impulsar una reforma al sistema de justicia penal, con el objetivo de atender problemas estructurales como el retardo en los procesos y hechos de corrupción.

La Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, abarcaba un periodo amplio desde 1999, pero limitaba su aplicación a determinados hechos ocurridos en años específicos, dejando por fuera varios casos, incluidos delitos graves y situaciones vinculadas a operaciones militares o violaciones de derechos humanos.