Un juez de control de garantías de Villavicencio declaró persona ausente a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, presunto cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes, decisión que permitió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con la imputación de cargos por una serie de delitos que habrían sido cometidos entre 2022 y 2026.

De acuerdo con el ente acusador, alias ‘Calarcá’ fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. La Fiscalía sostiene que el procesado tendría responsabilidad en el homicidio de seis firmantes del Acuerdo de Paz, dos homicidios agravados en persona protegida y el desplazamiento forzado de varias familias en el departamento del Meta.

La investigación también lo vincula con tres masacres ocurridas en el departamento del Guaviare. Entre ellas figuran los hechos registrados el 18 de enero en Miravalle, donde murieron 20 personas, incluidos siete menores de edad; el ataque del 27 de abril de 2025, en el que fueron asesinados siete militares y otros tres resultaron heridos; y una tercera acción violenta ocurrida el 16 de enero de 2026, que dejó 25 víctimas mortales, entre ellas cuatro menores de edad.

Durante la audiencia, el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas, explicó que el material probatorio proviene de las labores de policía judicial y del análisis de los dispositivos electrónicos incautados durante un operativo realizado contra una caravana en la que se movilizaban integrantes de esa estructura armada en Antioquia. Según indicó, las evidencias también documentan actuaciones posteriores atribuidas al grupo ilegal.

La Fiscalía aseguró, además, que entre las pruebas recopiladas existen elementos que evidenciarían el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como un caso de presunta desaparición forzada. De acuerdo con el ente investigador, imágenes y conversaciones halladas en los equipos electrónicos incautados darían cuenta de la retención de una persona que, hasta la fecha, continúa reportada como desaparecida.