La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó los beneficios de suspensión de capturas otorgados entre 2022 y 2023 a 31 miembros del ELN reconocidos como voceros por el Gobierno Nacional para las mesas de diálogo de paz.
La decisión se basa en los actos criminales cometidos por el grupo armado en la región del Catatumbo y el incumplimiento de las condiciones establecidas para mantener la suspensión de las órdenes de captura. Entre los voceros afectados por esta medida están figuras como Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, entre otros.
A partir del 22 de enero de 2025, las órdenes de captura contra estos representantes quedan nuevamente en vigor. La Fiscalía notificó de inmediato a la Presidencia de la República, al comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial, instruyéndolas para actuar conforme a la Resolución 00015 de 2025.
Este giro representa un importante cambio en la estrategia frente a las negociaciones de paz con el ELN y plantea interrogantes sobre el futuro de los diálogos.
