La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó nuevas medidas contra Tesla en Colombia tras detectar retrasos en la entrega de vehículos y recibir múltiples quejas por parte de consumidores afectados.

La decisión fue confirmada por la superintendente Cielo Rusinque, quien explicó que la compañía deberá implementar ajustes en su operación comercial en el país, especialmente en temas relacionados con entregas, garantías y atención al cliente.

Según la funcionaria, la SIC emitió una orden administrativa luego de recopilar reclamos e iniciar una indagación preliminar sobre la operación de Tesla en Colombia, mercado en el que la marca comenzó operaciones oficialmente en noviembre de 2025.

La investigación encontró presuntos incumplimientos relacionados con las fechas prometidas para la entrega de vehículos. De acuerdo con Rusinque, existen al menos 1.800 automóviles pendientes de entrega que debían llegar a sus compradores entre febrero y marzo de 2026, pero que seguían sin ser entregados hasta abril.

La superintendente también señaló que varios consumidores reportaron afectaciones económicas derivadas de los retrasos, entre ellas gastos en tiquetes aéreos, inconvenientes con créditos y desembolsos financieros, además de la falta de información clara sobre nuevas fechas de entrega.

Ante esta situación, la SIC ordenó a Tesla presentar un cronograma detallado para cumplir con las entregas pendientes y contactar directamente a los compradores afectados.

Uno de los puntos principales de la medida tiene que ver con los reembolsos. Según explicó la entidad, la empresa deberá devolver el dinero completo a quienes decidan desistir de la compra debido a los incumplimientos registrados.

“En caso de no poder cumplir, deberán hacerse los reembolsos respectivos sin ningún tipo de descuento”, indicó la superintendente durante la entrevista.

Además, la SIC ordenó a Tesla ajustar las condiciones bajo las cuales comercializa sus vehículos en Colombia, particularmente en lo relacionado con comercio electrónico, garantías y protección al consumidor.