El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres figura en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, mediante el cual se contempla su ascenso al grado de mayor general a partir del próximo primero de diciembre. El oficial, quien ha estado al frente de operaciones militares contra estructuras armadas ilegales en el Cauca, especialmente en la región del Cañón del Micay, hace parte del grupo de uniformados incluidos en el proceso de promoción dentro de las Fuerzas Militares.

Mejía integra la lista de 18 oficiales que ascenderían a los grados de mayor general o vicealmirante. Entre los nombres también aparecen Óscar Leonel Murillo Díaz, Javier Hernando Africano López, Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, Rodolfo Morales Franco, Edilberto Cortés Moncada, Carlos Alberto Padilla Cepeda, Gerardo Ortiz Ramírez, Yor William Cotua Muñoz, Eduardo Alberto Arias Rojas, Luz Adriana Tabares Trujillo, José Benjamín Perdomo Álvarez, Wilson Mauricio Martínez Londoño, Víctor Alexander Celis Herrera, Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, Danysh Adey Forero Camacho y Alejandro Vélez Ospina, además del contralmirante Omar Yesid Moreno Oliveros.

La promoción del brigadier general está prevista para el primero de diciembre, pese a que el oficial enfrenta una investigación penal por hechos ocurridos en enero de 2024 en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca. El caso está relacionado con la captura de un hombre que, según la investigación, habría sido devuelto posteriormente a esa población junto con la sustancia que le había sido incautada durante el procedimiento.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Mejía cuatro delitos: prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El general no aceptó los cargos. La investigación busca establecer las responsabilidades correspondientes por las decisiones adoptadas después de la captura y por los informes elaborados para documentar lo sucedido.

El expediente también involucra las actuaciones de otros integrantes de las Fuerzas Militares que participaron en el procedimiento. Según la información conocida sobre el caso, 36 uniformados habrían tenido algún grado de participación en el traslado y la posterior liberación del capturado. Mientras avanza el proceso judicial, el nombre de Mejía permanece incluido en el decreto que contempla su ascenso, una situación que pone de relieve la coexistencia entre el trámite de promoción militar y la investigación penal en curso.