El Gobierno nacional anunció que busca modificar el proceso de consulta previa con el propósito de agilizar proyectos de infraestructura que actualmente enfrentan demoras por los trámites. El vocero de la Presidencia, Miller Soto, explicó que la consulta previa no será eliminada, sino transformada para hacerla más clara, eficiente y garantista, manteniendo el derecho de las comunidades a participar cuando un proyecto pueda generarles una afectación directa.

La propuesta plantea diferenciar y, al mismo tiempo, permitir que avancen de manera simultánea los procesos de consulta previa y de licencia ambiental. Mientras la autoridad ambiental evalúa los posibles impactos sobre ríos, bosques, fauna, suelo y ecosistemas, la autoridad competente en consulta previa determinaría si existe una afectación directa a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM.

Soto señaló que el objetivo es reducir la burocracia y los tiempos de los trámites, pero aclaró que una licencia ambiental no podrá utilizarse como autorización para desconocer los derechos de las comunidades. En caso de existir una afectación directa, las obras materiales en el territorio no podrán ejecutarse hasta que se hayan cumplido las garantías correspondientes de la consulta previa.

Entre los cambios planteados también se contempla mejorar los mecanismos de información y publicidad, fortalecer la participación de las comunidades, garantizar la posibilidad de presentar recursos y aumentar la trazabilidad y los controles sobre el procedimiento. Según el Gobierno, estas medidas permitirían destrabar proyectos sin eliminar las garantías de participación de las poblaciones que puedan resultar directamente afectadas.

Como ejemplo reciente, el vocero presidencial mencionó el caso del Terminal Muelle 13 del Puerto de Buenaventura, frente al cual la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinó el 31 de agosto de 2026 que, dadas las características del proyecto, no procedía realizar una consulta previa. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo busca precisamente establecer con mayor claridad cuándo este mecanismo es necesario y permitir que los proyectos avancen sin desconocer los derechos de las comunidades.