El Gobierno nacional intensificó su estrategia política y jurídica para asegurar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, ante el inminente vencimiento del plazo fijado por la Corte Constitucional —en menos de 48 días— para subsanar los vicios de procedimiento señalados el año pasado y evitar la eventual desaparición de la entidad.

En ese contexto, el debate fue reactivado en el Congreso de la República bajo mensaje de urgencia, especialmente en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras. Allí no solo se discute la viabilidad jurídica del ministerio, sino también su rol dentro de la estructura del Estado. No obstante, el trámite enfrenta dificultades por la radicación de cerca de 190 proposiciones presentadas por congresistas.

De forma paralela, el Ministerio de Igualdad activó varios frentes jurídicos para blindar su permanencia. Entre ellos, solicitudes ante la Corte Constitucional para ampliar el plazo de cumplimiento, consultas al Consejo de Estado y peticiones de aclaración sobre el alcance de la sentencia.

Estas acciones buscan ganar margen de maniobra y evitar un eventual vacío institucional que afecte la ejecución de políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables.

Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, la iniciativa ha enfrentado obstáculos tanto procedimentales como políticos, en medio de la falta de consensos en el Congreso y de críticas a la gestión de la cartera. A esto se suma el desgaste institucional reflejado en los cambios de liderazgo, con al menos tres ministros tras la salida de la vicepresidenta Francia Márquez.