El Gobierno nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y liberar $3,9 billones destinados a atender dos situaciones consideradas prioritarias: la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto y la crisis financiera que enfrenta el sistema eléctrico. La iniciativa contempla redistribuir recursos públicos para responder a ambas emergencias.

Del total, $1,2 billones serían trasladados desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte hacia el sector energético. Los recursos serían administrados a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y estarían destinados a cubrir obligaciones pendientes de empresas intervenidas frente a los agentes del Mercado de Energía Mayorista. En la práctica, el dinero permitiría atender parte de las deudas con las compañías generadoras mientras se define una solución estructural para Air-e.

La propuesta está relacionada con la situación financiera de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno nacional. De acuerdo con las cifras incluidas en el proyecto, a agosto la compañía acumulaba una deuda superior a $4 billones con los generadores de electricidad, mientras que la Superintendencia proyecta que su déficit operacional podría llegar a $5,4 billones durante el primer semestre de 2027. El Gobierno advierte que, sin medidas, la crisis podría afectar las transacciones del mercado mayorista y generar consecuencias sobre la prestación del servicio eléctrico en distintas regiones del país.

El Ministerio de Hacienda también señala que la situación de Air-e podría generar un efecto financiero sobre al menos 18 empresas y terminar comprometiendo a compañías que atienden cerca del 40 % de los usuarios de energía del país. Actualmente, los generadores están obligados a continuar suministrando electricidad a Air-e, debido a que no se han aplicado mecanismos de limitación de suministro contemplados en el funcionamiento del mercado eléctrico.

Por otra parte, el proyecto contempla destinar $2,7 billones al Fondo Milagro para atender las necesidades de reconstrucción derivadas del terremoto del 10 de agosto. Estos recursos provendrían del plan de amnistía tributaria incluido en uno de los decretos expedidos por el Gobierno de De la Espriella en el marco de la emergencia económica. La iniciativa deberá ahora avanzar en el trámite legislativo para definir si las modificaciones presupuestales propuestas son aprobadas.