El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno garantizar los recursos necesarios para pagar los subsidios de energía y gas a millones de usuarios de estratos 1, 2, 3 y de zonas rurales de bajos ingresos, correspondientes a los años 2024 y 2025. Los ministerios de Hacienda y Minas tienen un plazo de 10 días para gestionar estos recursos y cumplir con los pagos pendientes.
La decisión del Tribunal surge por una deuda acumulada cercana a 1,5 billones de pesos, correspondiente a subsidios ya aprobados pero no pagados por falta de disponibilidad en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Esta situación pone en riesgo la estabilidad de los servicios de energía y gas para las familias más vulnerables del país.
Según el fallo, de no resolverse la falta de pago, millones de hogares podrían enfrentar incrementos en sus facturas de hasta el 150% o incluso la suspensión del servicio. Además, el Tribunal advirtió sobre inconsistencias en las cifras reportadas, ya que no está claro si el Ministerio de Minas cumplió con su anuncio de haber pagado el 100% de las deudas.
Por su parte, los gremios de los sectores de electricidad y gas natural manifestaron su preocupación ante la ausencia de asignación de recursos para los años 2025 y 2026. Aunque reconocen los pagos realizados hasta diciembre de 2024, advierten de un déficit proyectado de 4,4 billones de pesos para 2025 y de 5,3 billones para 2026.
Los gremios alertan que, si el Gobierno no asigna los recursos necesarios, los usuarios de los estratos más bajos podrían ver aumentos significativos en sus facturas, no por alzas en las tarifas, sino por la falta de subsidios. Además, algunas empresas ya no tendrían capacidad financiera para seguir adelantando estos pagos debido a otras deudas acumuladas.
